En los casi ocho años que lleva gobernando la llamada Cuarta Transformación, la han agarrado contra puros exgobernadores de las oposiciones

Por Bulmaro Pacheco

Ángel Aguirre Rivero fue priista por un buen tiempo. Hizo su carrera en el estado de Guerrero a la sombra de José Francisco Ruiz Massieu y de Rubén Figueroa Alcocer, y le fue bien.

Ocupó todas las posiciones políticas locales y federales habidas, hasta que en 1996 le llegó la oportunidad de ser gobernador sustituto, al reemplazar a Rubén Figueroa Alcocer (1993-1996), quien dejó el cargo tras la matanza de Aguas Blancas, donde perdieron la vida 17 campesinos. Aguirre cubrió el periodo de 1996 a 1999.

La historia moderna de México registra que Ángel Aguirre, al igual que Víctor Cervera Pacheco, de Yucatán, han sido los únicos que, después de llegar al cargo por designación del Congreso (interinos), volvieron por la vía de la elección popular a ocupar la gubernatura.

Cervera sustituyó en 1984 al general Graciliano Alpuche Pinzón, quien solo pudo estar dos años al frente del gobierno de Yucatán (1982-1984), ante la falta de oficio político para lidiar con los conflictos postelectorales en la entidad. Cervera gobernó primero de 1984 a 1988 y después fue postulado por el PRI para gobernar de 1995 a 2001. Años más tarde buscó la alcaldía de Mérida, que perdió, y murió en 2004.

Aguirre volvió a ser gobernador —ahora electo— de 2011 a 2014, pero por un partido distinto al PRI. Ganó mediante la coalición Guerrero nos Une, integrada por el PRD, el PT y Convergencia, y renunció al PRI para tratar de convertirse en el líder de las izquierdas en esa entidad.

Aguirre cubrió solo tres años de su periodo y se vio obligado a dejar el cargo, presionado por la dirigencia nacional del PRD, tras la desaparición de los jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Después de los acontecimientos y de los escándalos de la pareja perredista que gobernaba Iguala, Aguirre no supo manejar las cosas y acusó a la dirigencia nacional del PRD de haberlo sacrificado y empujado fuera del gobierno de Guerrero, negando a cada rato alguna responsabilidad en los hechos relacionados con los jóvenes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

Confiado en su militancia perredista, quiso acercarse a la presidenta Sheinbaum y a Morena, enviándole, a través de interpósita persona, un regalo que la presidenta rechazó de inmediato: “Mándale saludos y dígale que no, gracias. No recibo regalos de ellos”. De ese tamaño.

Como exgobernador de oposición —quizá Aguirre se confió en que nada iba a pasarle después de casi 12 años de los acontecimientos por los que ahora se le involucra— es acusado de haber ordenado desaparecer los videos de aquella noche. La Fiscalía General de la República le imputa delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas por presuntamente haber ordenado ocultar y destruir las grabaciones captadas por las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando policías municipales y estatales detuvieron el autobús en el que viajaban los normalistas. Un juez le impuso prisión preventiva oficiosa y deberá permanecer en el penal del Altiplano mientras se resuelve si es vinculado a proceso.

El exmandatario de Guerrero se confió en los años transcurridos y creyó que le había bastado aquella declaración que dio meses atrás, cuando dijo que, como gobernador, había apoyado a la Escuela Normal con la donación de un camión. Nada dijo de las autoridades municipales de Iguala —la gota que derramó el vaso—, que, al igual que él, pertenecían al PRD y tenían el sello del expresidente López Obrador.

Con esa militancia, Aguirre pensó que nunca le iba a suceder lo que le pasó a Rosario Robles, exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (1999-2000), quien pasó injustamente tres años en la cárcel. Ella había sido antes secretaria de Gobierno del Distrito Federal (1997-1999).

O que la iba a librar ignorando lo que le sucedió al exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez (2010-2016), extraditado de Estados Unidos en 2022 y nuevamente detenido en 2025, acusado de lavado de dinero y desvío de recursos públicos.

O el caso del exgobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam (1993-1998), procesado también por el caso Ayotzinapa, pero por haber desempeñado el cargo de procurador general de la República en el gobierno de Enrique Peña Nieto durante el año de los acontecimientos en Guerrero.

O el caso del exgobernador de Puebla, Mario Marín (2005-2011), detenido en 2021 y encarcelado por su presunta responsabilidad en la tortura de la periodista Lydia Cacho, muchos años después de dejar el poder.

Y, en el caso más reciente, el del primer gobernador de oposición que ganó la gubernatura de Baja California en 1989: Ernesto Ruffo Appel, detenido en julio de 2026 y vinculado a proceso por los presuntos delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos, en el caso conocido como “huachicol fiscal”.

Por lo visto, en los casi ocho años que lleva gobernando la llamada Cuarta Transformación, la han agarrado contra puros exgobernadores de las oposiciones: PRI, PAN y PRD. Todo, como una estrategia de manejo político-electoral para tratar de borrarlos del mapa político —mensaje para el proceso electoral de 2027— y como reafirmación de su tesis de los años “perdidos” (sic) en que gobernó la oposición en México; una justificación para la falta de respuestas y soluciones a los grandes e importantes problemas nacionales, a casi ocho años de que llegaron al poder.

Creemos que las cosas no van a parar ahí y la pregunta obligada ante esa estrategia política es: ¿quién sigue?

Ahí está Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán por el PRD (2015-2021), quien ya es buscado: enfrenta órdenes de aprehensión y una ficha roja de Interpol por acusaciones federales y estatales.

También está Francisco García Cabeza de Vaca (2016-2022), exgobernador panista de Tamaulipas, quien reside en Estados Unidos y cuya extradición ya solicitó el gobierno mexicano.

También está Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco por Movimiento Ciudadano (2018-2024), al que, al parecer, ya traen en la mira.

Y está Maru Campos, gobernadora de Chihuahua (2021-2027), contra quien legisladores de Morena promovieron acusaciones de “traición a la patria” y un juicio político —que no prosperó—, aunque seguramente esperarán a que termine su periodo en 2027 y deje de tener fuero.

También se ha mencionado a Miguel Ángel Mancera, exjefe de Gobierno de la Ciudad de México por el PRD, de 2012 a 2018.

¿Y los exgobernadores de Morena? ¿Y los señalados por su vinculación con la delincuencia organizada y el huachicol fiscal? Nada. Actualicemos la frase atribuida a Juárez: “A los enemigos, la ley; a los amigos, justicia y gracia”. A ellos no se les toca ni con el pétalo de un expediente judicial, porque se desgranaría la mazorca.

Así las cosas, en el México de la presumida “Revolución de las Conciencias”.

Editorial

Un comunicado de la ACJM de Guadalajara nos recuerda que “El día 31 de julio de 1926, el culto público fue suspendido en toda la nación, de acuerdo con la orden dada por el episcopado mejicano en su Segunda Carta Pastoral Colectiva. En los días anteriores a tan drástica medida, el pueblo fiel se volcó en los templos. Miles de matrimonios, bautizos y confirmaciones fueron hechas en todos los rincones de la República. El cumplimiento de tales disposiciones dio origen a que los católicos defendieran sus templos cuando los agentes del Gobierno se presentaron a posesionarse de ellos el mismo 31 de julio, lo que ocasionó los primeros atentados y choques armados en distintos lugares del país: Puebla, Pue., Torreón, Coah., Guadalajara, Jal., y Sahuayo, Mich”.

Así inició la llamada Guerra Cristera, en donde miles de mexicanos murieron en defensa de sus creencias religiosas. Una etapa que por muchos años ha sido ocultada por el cinismo del sistema oficial en sus diferentes manifestaciones. Una etapa que debe de llenar de vergüenza al gobierno, porque fue una real represión al pueblo católico mexicano. Esto no aparece en los libros de texto, en donde cínicamente destacan otras acciones represivas como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa o la masacre de Tlatelolco, donde murieron cientos de estudiantes. Sin embargo, guardan silencio ante los miles –porque eso fueron, miles– de asesinatos en católicos que defendieron su fe y creencias. 

Se cumplen ya 100 años del inicio de la Guerra Cristera (1926-2029), un conflicto armado en México provocado por las medidas anticlericales del presidente Plutarco Elías Calles y la entrada en vigor de la llamada «Ley Calles» el 31 de julio de 1926, lo que desató la suspensión del culto público y una profunda confrontación social. De acuerdo a las crónicas hay que recordar que todo inició cuando la Constitución de 1917 estableció restricciones a las iglesias y prohibió la participación política del clero. Luego llegó la llamada Ley Calles (1926), que reformó el Código Penal para limitar el número de sacerdotes y prohibir la educación y vestimenta religiosa pública. En respuesta a la agresión del gobierno, el clero decretó una suspensión de cultos y el 31 de julio de 1926, los obispos cerraron los templos y detuvieron los servicios religiosos visibles como protesta. 

Tras estas agresiones a la Iglesia Católica vino la resistencia armada. Campesinos y civiles católicos formaron el bando de los «cristeros» para defender su fe en estados como Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Colima. Las mujeres organizaron redes de apoyo logístico, aprovisionamiento y defensa de los espacios de culto clandestinos. El conflicto dejó decenas de miles de víctimas y combatientes caídos a lo largo de tres años de lucha. Después de años de violencia y cruel represión del gobierno de Elías Calles, el 21 de junio de 1929 se firmó un acuerdo entre la jerarquía católica y el gobierno de Emilio Portes Gil que permitió reabrir los templos bajo un nuevo entendimiento legal. En Sonora el conflicto religioso no terminó porque en 1931 llegó a la gubernatura Rodolfo Elías Calles, quien continuó con acciones represivas contra católicos.

Por muchos años esta parte de la historia de México trató de ocultarse. Cínicamente los gobiernos no tocaban el tema. Oficialmente la guerra cristera no aparecía en la historia de México. Terminaba la Revolución y de ahí se pasaba en los libros de texto al llamado México Moderno. Y así se archivó esta parte de la historia. Los gobiernos del PRI decidieron no tocar el tema porque, a querer o no, fueron cómplices de los crímenes contra el pueblo católico dado de que su fundador fue Plutarco Elías Calles. Con la llegada de la izquierda de Lázaro Cárdenas se trató de arreglar el conflicto, pero se archivó para efectos oficiales de la historia oficial. Y así siguió. Incluso cuando llegó el PAN a la presidencia tampoco se puso el tema en los textos oficiales. Para el gobierno mexicano se puede decir que la guerra cristera solo fue una anécdota, y con ello se buscó que la sociedad ignore el sacrificio de miles de mártires por su fe. 

Pero la Iglesia y la sociedad católica ahora buscan recordar el holocausto católico, a cien años del inicio de la guerra cristera. En un mensaje publicado en el Semanario Desde la Fe, de la Arquidiócesis de la Ciudad de México, los obispos aclaran que la Iglesia en México no conmemora una guerra ni exalta la violencia, sino que recuerda tres realidades fundamentales que dejó ese cruento episodio:

“Queremos decirlo con toda claridad, para que nadie se equivoque ni instrumentalice nuestra palabra. No conmemoramos una guerra ni celebramos una victoria; no exaltamos las armas ni idealizamos la violencia, de dondequiera que haya venido. No convocamos a la revancha, no alimentamos el resentimiento y no ponemos esta memoria al servicio de ningún proyecto político ni partidista”.

Pero sí es importante rescatar esa parte de la historia de México que han mantenido oculta por muchos años. Así como piden justicia para los caídos del 68 y los desaparecidos de Ayotzinapa, más justo es reconocer el heroísmo de miles de mexicanos que dieron su vida por su fe. Es momento de rescatar su memoria y que por fin haya monumentos a su sacrificio. Es tiempo de que se haga justicia y les den un lugar en la historia.

No deja de ser retórica hueca y solo publicitaria para efectos políticos y para tratar de conservarse en el poder

Por Bulmaro Pacheco

En el discurso oficial la llamada “Cuarta Transformación” se trata como la continuación de las grandes transformaciones que México ha experimentado en su historia, fundamentalmente desde 1824 con la consumación de la Independencia. ¿Realidad o mito? Más mito que realidad y una interpretación muy simplista de la historia que busca adornar a un movimiento político-partidista que en sus orígenes, en 2014, con su abundante publicidad trató de dar la imagen de que venían en serio a transformar las realidades del México contemporáneo.

Todo el discurso oficial desde que llegaron al gobierno en el 2018 está impregnado del concepto 4T y lo usan para todo; para campañas políticas y el mensaje de sus aspirantes a cargos públicos, para obras oficiales, para pintar con el color guinda las obras y edificios públicos —una estrategia que ya ha fracasado en el pasado— para utilizar chalecos del mismo color francamente de muy mal gusto —así como muy cursis— para presidir eventos oficiales y para justificar su condena constante a un pasado que no se les quita de la mente en primer lugar, porque no han superado realizaciones que otros gobiernos lograron y en segundo lugar, porque a pesar de las críticas constantes al pasado inmediato —que ya no les alcanzan después de 8 años en el poder—, viven obsesionados por el tiempo que piensan durar en el poder, ante tanta crisis y tantos problemas ocasionados por las debilidades humanas que se les han presentado así como por la ineptitud e improvisación en las tareas de gobierno y no ha sido gratuito.

Las revoluciones experimentadas en México, desde el siglo XIX en adelante, fueron procesos que estuvieron madurando con el tiempo logrando despertar la conciencia de la gente para cambiar el estado de cosas en circunstancias francamente difíciles por lo que significaba ser disidente del oficialismo que en aquellos tiempos se pagaba con la muerte, la cárcel, exilios forzados —o con excomuniones— dado el caso. Cuando se celebra a los héroes nacionales la historia oficial moderna solo registra sus aportaciones y sus actos de heroísmo pero no sus muertes: por ejemplo, las muertes de Hidalgo y Morelos condenados por su rebeldía ante el poder y la persecución de que fueron objeto. El sacrificio de los liberales de la Reforma, algunos de ellos perseguidos y fusilados por los conservadores, los exilios con las dificultades de aquellos tiempos para sobrevivir con solo ideas en el extranjero, y más recientemente los asesinatos y persecuciones políticas provocados en toda la etapa de la Revolución Mexicana, cuyo ejemplo más claro —y culminante— fue el de Presidente y Vicepresidente de México, Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, en febrero de 1913, para dar paso a uno de los golpes de Estado más crueles y sangrientos que la historia de México registra.

Por eso la retórica de la autollamada Cuarta Transformación no deja de ser retórica hueca y solo publicitaria para efectos políticos y para tratar de conservarse en el poder a través de un imaginario y superficial “segundo piso” (sic). A diferencia de otras batallas políticas, la llegada al poder de Morena fue diferente y nada que ver con las tres anteriores. Encontraron ya la mesa servida con las sucesivas reformas que el sistema político promovió para consolidar la pluralidad y ampliar las libertades después de tremendos esfuerzos y conciliaciones que México registró en su evolución democrática.

Casi todos los miembros del partido Morena, surgido en 2014, pertenecieron en el pasado inmediato al PRI y al PRD. El PRD les dio todo hasta que se lo acabaron al perder el registro nacional en la elección del 2024. Creado en 1989, Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador fueron sus candidatos presidenciales en 1994, 2000, 2006 y 2012 con todo y sus aliados. Como partido político, el PRD casi nunca tuvo una elección interna de dirigente satisfactoria y en unidad. Seguido aparecían las llamadas corrientes internas (o tribus) que se disputaban candidaturas —básicamente para familiares y allegados— y espacios partidistas —para liderazgos que no acreditaban en los hechos representación de mayorías— hasta que el modelo terminó por agotarse y fracturarse con la salida de los creadores originales del Partido. En muy pocos años, renunciaron a su militancia en el PRD Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador por no estar de acuerdo con la línea del partido de apoyar las reformas de los gobiernos panistas y priistas que terminó de hacer crisis en el gobierno de Enrique Peña Nieto con el “Pacto por México”.

La Independencia de México en el siglo XIX provocó poco más de 30 años de inestabilidad política en una lucha eterna por el poder entre los dos factores dominantes entonces: la Iglesia y el Ejército. Pocos han estudiado el fenómeno político que dio lugar a que los Estados Unidos de América se apropiaran de más de la mitad del territorio nacional y nos invadieran en la guerra de 1847.

Si la Independencia provocó la separación del gobierno de España, la Reforma promovió la separación de la Iglesia del Estado con todo y los costos humanos y políticos que enfrentó la mejor generación política que ha dado México: la de Juárez y sus aliados. Aun así, los conservadores de México promovieron al llamado Segundo Imperio que por apenas tres años encabezara Maximiliano de Habsburgo, fusilado en Querétaro en 1867. Juárez muere en 1872, Porfirio Díaz llega al poder en 1876, y aquel que había participado en campañas en contra de la reelección permanece en el poder hasta 1911. Durante años, las Leyes de Reforma fueron letra muerta y se restableció la figura de la vicepresidencia en 1904. México, si es cierto, alcanzó una etapa prolongada de paz política —muy costosa—, y avances en la economía y la infraestructura. La Revolución Mexicana fue al fondo de los problemas y por años, desde 1920 México alcanzó etapas de crecimiento jamás vistas en su historia, junto con los avances sociales que rompieron esquemas y promovieron cambios reales en la sociedad.

Pero la llamada Cuarta Transformación, ¿qué ha promovido? ¿Qué avances? ¿Qué logros? Al contrario, ha habido regresiones: la polarización política porque no reconocen a otras fuerzas políticas más que a las suyas. Se niegan a dialogar con los adversarios porque se sienten únicos. Han desmantelado a las instituciones que actuaban como contrapeso del poder y México ha regresado a etapas superadas de concentración del poder en una sola persona. No le encuentran la cuadratura al círculo de la seguridad pública y hoy la delincuencia organizada —asociada casi siempre con ellos—disputa el poder político en cerca del 60% del territorio nacional. También: no han podido superar el modelo político de transmisión del poder que se ha visto en México desde 1934. Han dejado intactas a las estructuras sociales y políticas que se han servido del sistema para beneficio de sus propios dirigentes. Han aislado a México del mundo, con una política exterior errática y sin rumbo y siguen las crisis en sectores tan sensibles como la salud y la educación.

No hay ni ha habido tal “Cuarta” transformación y, como afirma Fareed Zakaria: “la buena gestión de los cambios conduce a resultados estables y satisfactorios, mientras que los cambios mal gestionados se encaminan hacia un fracaso estrepitoso… a pesar de su audacia política (de capturar opositores), (Morena) no transformó inmediatamente las estructuras más profundas de la sociedad…”. ¿Cuál Cuarta Transformación, pues? Como cliché político —el concepto publicitario— suena atractivo, pero la realidad los desmiente a cada momento.

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