El 8 de octubre, las autoridades recurrieron al apoyo de fuerzas federales y estatales para recuperar el control del Penal El Castillo, en Mazatlán. Una riña con armas de fuego al interior del presidio dejó 10 personas muertas, entre ellas un niño de 2 años que se encontraba de visita familiar. Otros 16 internos resultaron lesionados. Al día siguiente, dos internos más fueron asesinados durante otro enfrentamiento. En menos de 48 horas, la violencia había cobrado 12 vidas dentro de una instalación bajo custodia del Estado.
Mazatlán es el episodio más reciente de una crisis que lleva años manifestándose en distintas prisiones del País.
En diciembre de 2019, una riña en Cieneguillas, Zacatecas, dejó 16 internos muertos. En enero de 2023, un ataque al Centro de Reinserción Social número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, derivó en 17 asesinatos, incluidos los de 10 custodios, y permitió la fuga de 25 reclusos. En marzo de 2024, un motín en La Pila, San Luis Potosí, terminó con dos policías y un interno muertos. En agosto de 2025, nueve personas fallecieron durante un motín en Tuxpan, Veracruz.
En todos estos acontecimientos, grupos de internos han conseguido disputar espacios, resistir decisiones institucionales y ejercer violencia dentro de instalaciones donde las autoridades deberían garantizar el orden.
Los motines son la expresión más visible de una crisis institucional en el funcionamiento cotidiano de las prisiones. Los censos penitenciarios del Inegi permiten identificar tres problemas: la persistencia de incidentes que alteran el orden interno, la sobrepoblación y las limitaciones para garantizar una vigilancia adecuada.
Sobre el primer problema, entre 2021 y 2025 se registraron 12 mil 744 incidentes en centros federales, estatales y especializados. De ellos, aproximadamente dos de cada tres (8 mil 548) ocurrieron en instalaciones estatales y especializadas. Tan solo en 2025, estos últimos establecimientos reportaron mil 579 incidentes, incluidas 893 riñas y cuatro motines, un incremento de 41.7 por ciento respecto de 2024. La frecuencia de estas alteraciones revela dificultades de las autoridades para prevenir conflictos y garantizar el orden dentro de instalaciones bajo su responsabilidad.
El segundo problema, la sobrepoblación, dificulta la separación de internos según sus perfiles de riesgo, incrementa las exigencias de vigilancia y presiona los servicios penitenciarios. Estas condiciones pueden favorecer los conflictos y reducir la capacidad de las autoridades para prevenirlos.
En 2021, los centros estatales y especializados alojaban 106.7 personas por cada 100 espacios disponibles; para 2025, la relación alcanzó 119.2. En contraste, los centros federales registraron una ocupación de 72.4 personas por cada 100 espacios en 2025. Esta comparación debe considerar que el último censo no incluyó las prisiones para adultos de Ciudad de México.
El tercer problema corresponde a las capacidades de vigilancia y custodia.
En 2025, los sistemas estatales y centros especializados reportaron 33 mil 337 trabajadores, de los cuales 62.9 por ciento desempeñaban estas funciones. Aunque el dato no permite establecer un déficit nacional de custodios, tampoco garantiza que su distribución responda a las necesidades de cada prisión. La suficiencia del personal depende del número de internos, sus perfiles de riesgo, los turnos, la capacitación y las condiciones de trabajo. Cuando estas capacidades resultan insuficientes, se debilitan la supervisión cotidiana, la prevención de conflictos y la capacidad de respuesta ante episodios violentos.
Estos problemas ayudan a explicar la fragilidad institucional de las prisiones, pero dejan abierta una cuestión central: cómo consiguen determinados grupos criminales aprovechar esas vulnerabilidades para ejercer autoridad dentro de instalaciones que formalmente permanecen bajo control del Estado.
La respuesta a la pregunta anterior exige investigar la gobernanza criminal dentro de las cárceles.
Las organizaciones delictivas pueden construir autoridad mediante la corrupción de servidores públicos, las amenazas contra el personal y la violencia ejercida sobre otros internos.
Estos mecanismos pueden combinarse hasta producir arreglos relativamente estables. Las autoridades conservan la responsabilidad formal del establecimiento, mientras determinados grupos criminales ejercen poder sobre parte de su funcionamiento cotidiano.
La información disponible impide conocer con precisión la extensión de estas prácticas y las relaciones que las sostienen.
Hace falta determinar quién controla los espacios, cómo circulan el dinero y los objetos prohibidos, qué funcionarios facilitan esas actividades y qué amenazas enfrenta el personal penitenciario. Conocer estas relaciones es indispensable para diseñar intervenciones que debiliten las estructuras criminales de poder.
Algunos antecedentes muestran la pertinencia de esta tarea.
En La Pila, las autoridades atribuyeron el motín a la resistencia frente al traslado a otro Penal de un interno señalado por cobrar cuotas a otros reclusos.
Después de los acontecimientos de Tuxpan, tres funcionarios penitenciarios fueron detenidos por su probable responsabilidad en delitos relacionados con el ejercicio de sus funciones.
En Mazatlán, la presencia de armas de fuego y la violencia letal dentro del penal plantean interrogantes sobre el control efectivo de los espacios y la circulación de objetos prohibidos.
Las investigaciones deberán determinar las responsabilidades correspondientes y las posibles relaciones entre el poder criminal y la administración penitenciaria.
La intervención debe comenzar por identificar las redes que permiten a las organizaciones criminales ejercer autoridad dentro de las prisiones. Se necesita un mecanismo permanente de investigación de corrupción penitenciaria, coordinado entre fiscalías, autoridades de seguridad y órganos de control. Su trabajo debe incluir inteligencia financiera, investigación patrimonial, seguimiento del ingreso de armas y dinero, protección efectiva a custodios que denuncien amenazas y supervisión externa de las decisiones administrativas más sensibles.
La rotación de personal, los traslados de internos y los cambios de directivos también deben someterse a controles que permitan identificar posibles redes de protección.
La investigación penal debe acompañarse de reformas en el funcionamiento cotidiano de los centros. De poco serviría detener a funcionarios corruptos si permanecen intactos los mecanismos que permitieron sustituirlos y mantener las mismas prácticas. El objetivo debe ser desarticular las relaciones que hacen posible el gobierno criminal y evitar su reconstrucción.
Tras los hechos de Mazatlán, el Gobierno federal anunció la construcción de seis nuevas cárceles, con capacidad conjunta para 18 mil 480 personas. La primera se proyecta en Sinaloa. Los establecimientos incorporarán tecnología de vigilancia, bloqueo de comunicaciones y espacios para actividades de reinserción.
La ampliación de infraestructura puede contribuir a reducir la sobrepoblación y mejorar las condiciones de internamiento. Sin embargo, las nuevas instalaciones estarán expuestas a las mismas vulnerabilidades si no se investigan las redes de corrupción, se protege al personal y se establecen mecanismos permanentes de supervisión.
La crisis penitenciaria mexicana tiene una dimensión material que requiere inversión pública y otra relacionada con el ejercicio de la autoridad que exige desmantelar las estructuras de gobernanza criminal. Construir más cárceles puede ampliar la capacidad del Estado para encerrar personas. Recuperar el control de las que ya existen exige impedir que las organizaciones criminales sigan gobernando dentro de ellas.
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El autor es Armando Vargas (@BaVargash), doctor en Ciencia Política, profesor universitario en la UNAM y el Tecnológico de Monterrey y coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa (@mexevalua)
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