
La odisea anual de la renovación del seguro de gastos médicos se ha convertido en una verdadera pesadilla para miles de adultos mayores en México. Lo que debería ser un respaldo en la vejez se transforma en un castigo económico, con aumentos tan descabellados que dejan a muchos sin aliento. Es una cruel ironía que tras décadas de pagar puntualmente, justo cuando la necesidad de atención médica se agudiza, el sistema los escupa sin remordimientos. Esto no es solo un problema financiero; es una declaración silenciosa de la incapacidad del gobierno para proteger a sus ciudadanos más vulnerables.
Cuando las primas se elevan al punto de lo impagable, nuestros mayores son arrojados sin piedad a un sistema de salud público que, gracias a la gestión de nuestros gobernantes, ya colapsó hace mucho tiempo. Es el ciclo perfecto de la negligencia: el gobierno implementa reformas que encarecen el servicio privado y luego se desentiende de las consecuencias en el ámbito público. Es casi admirable la consistencia con la que se ignoran las señales de alarma, permitiendo que esta crisis silenciosa se convierta en una bomba de tiempo.
Las reformas fiscales de 2026, una joya de la legislación mexicana, han cimentado esta exclusión. Eliminar la acreditación del IVA para las aseguradoras en el pago de siniestros no fue una medida aislada; fue un golpe directo al bolsillo de los adultos mayores. Con una perspicacia digna de aplauso, el gobierno logró que los costos operativos de las compañías se inflaran, y por supuesto, ¿quién cree que terminó pagando la factura? Correcto, los mismos que se suponía que estaban protegidos. Es un juego de manos digno de un ilusionista, solo que aquí la magia es hacer desaparecer la cobertura médica.
La falta de una supervisión contundente por parte de la CNSF y la CONDUSEF es otro eslabón en esta cadena de despropósitos. Estas instituciones, aparentemente decorativas, permiten que los incrementos desproporcionados se normalicen, dejando a los adultos mayores a merced de aseguradoras que parecen operar sin freno. Es evidente que, en lugar de defender al consumidor, están ocupadas contemplando el paisaje mientras el barco se hunde. La Cámara de Diputados y el Senado de la República tienen la palabra, pero si su historial sirve de algo, la expectación no es precisamente alta. Es su responsabilidad evitar que esta exclusión por precio se consolide, pero al parecer, algunas responsabilidades son más divertidas de ignorar que de asumir.