En los casi ocho años que lleva gobernando la llamada Cuarta Transformación, la han agarrado contra puros exgobernadores de las oposiciones

Por Bulmaro Pacheco

Ángel Aguirre Rivero fue priista por un buen tiempo. Hizo su carrera en el estado de Guerrero a la sombra de José Francisco Ruiz Massieu y de Rubén Figueroa Alcocer, y le fue bien.

Ocupó todas las posiciones políticas locales y federales habidas, hasta que en 1996 le llegó la oportunidad de ser gobernador sustituto, al reemplazar a Rubén Figueroa Alcocer (1993-1996), quien dejó el cargo tras la matanza de Aguas Blancas, donde perdieron la vida 17 campesinos. Aguirre cubrió el periodo de 1996 a 1999.

La historia moderna de México registra que Ángel Aguirre, al igual que Víctor Cervera Pacheco, de Yucatán, han sido los únicos que, después de llegar al cargo por designación del Congreso (interinos), volvieron por la vía de la elección popular a ocupar la gubernatura.

Cervera sustituyó en 1984 al general Graciliano Alpuche Pinzón, quien solo pudo estar dos años al frente del gobierno de Yucatán (1982-1984), ante la falta de oficio político para lidiar con los conflictos postelectorales en la entidad. Cervera gobernó primero de 1984 a 1988 y después fue postulado por el PRI para gobernar de 1995 a 2001. Años más tarde buscó la alcaldía de Mérida, que perdió, y murió en 2004.

Aguirre volvió a ser gobernador —ahora electo— de 2011 a 2014, pero por un partido distinto al PRI. Ganó mediante la coalición Guerrero nos Une, integrada por el PRD, el PT y Convergencia, y renunció al PRI para tratar de convertirse en el líder de las izquierdas en esa entidad.

Aguirre cubrió solo tres años de su periodo y se vio obligado a dejar el cargo, presionado por la dirigencia nacional del PRD, tras la desaparición de los jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Después de los acontecimientos y de los escándalos de la pareja perredista que gobernaba Iguala, Aguirre no supo manejar las cosas y acusó a la dirigencia nacional del PRD de haberlo sacrificado y empujado fuera del gobierno de Guerrero, negando a cada rato alguna responsabilidad en los hechos relacionados con los jóvenes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

Confiado en su militancia perredista, quiso acercarse a la presidenta Sheinbaum y a Morena, enviándole, a través de interpósita persona, un regalo que la presidenta rechazó de inmediato: “Mándale saludos y dígale que no, gracias. No recibo regalos de ellos”. De ese tamaño.

Como exgobernador de oposición —quizá Aguirre se confió en que nada iba a pasarle después de casi 12 años de los acontecimientos por los que ahora se le involucra— es acusado de haber ordenado desaparecer los videos de aquella noche. La Fiscalía General de la República le imputa delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas por presuntamente haber ordenado ocultar y destruir las grabaciones captadas por las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando policías municipales y estatales detuvieron el autobús en el que viajaban los normalistas. Un juez le impuso prisión preventiva oficiosa y deberá permanecer en el penal del Altiplano mientras se resuelve si es vinculado a proceso.

El exmandatario de Guerrero se confió en los años transcurridos y creyó que le había bastado aquella declaración que dio meses atrás, cuando dijo que, como gobernador, había apoyado a la Escuela Normal con la donación de un camión. Nada dijo de las autoridades municipales de Iguala —la gota que derramó el vaso—, que, al igual que él, pertenecían al PRD y tenían el sello del expresidente López Obrador.

Con esa militancia, Aguirre pensó que nunca le iba a suceder lo que le pasó a Rosario Robles, exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (1999-2000), quien pasó injustamente tres años en la cárcel. Ella había sido antes secretaria de Gobierno del Distrito Federal (1997-1999).

O que la iba a librar ignorando lo que le sucedió al exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez (2010-2016), extraditado de Estados Unidos en 2022 y nuevamente detenido en 2025, acusado de lavado de dinero y desvío de recursos públicos.

O el caso del exgobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam (1993-1998), procesado también por el caso Ayotzinapa, pero por haber desempeñado el cargo de procurador general de la República en el gobierno de Enrique Peña Nieto durante el año de los acontecimientos en Guerrero.

O el caso del exgobernador de Puebla, Mario Marín (2005-2011), detenido en 2021 y encarcelado por su presunta responsabilidad en la tortura de la periodista Lydia Cacho, muchos años después de dejar el poder.

Y, en el caso más reciente, el del primer gobernador de oposición que ganó la gubernatura de Baja California en 1989: Ernesto Ruffo Appel, detenido en julio de 2026 y vinculado a proceso por los presuntos delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos, en el caso conocido como “huachicol fiscal”.

Por lo visto, en los casi ocho años que lleva gobernando la llamada Cuarta Transformación, la han agarrado contra puros exgobernadores de las oposiciones: PRI, PAN y PRD. Todo, como una estrategia de manejo político-electoral para tratar de borrarlos del mapa político —mensaje para el proceso electoral de 2027— y como reafirmación de su tesis de los años “perdidos” (sic) en que gobernó la oposición en México; una justificación para la falta de respuestas y soluciones a los grandes e importantes problemas nacionales, a casi ocho años de que llegaron al poder.

Creemos que las cosas no van a parar ahí y la pregunta obligada ante esa estrategia política es: ¿quién sigue?

Ahí está Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán por el PRD (2015-2021), quien ya es buscado: enfrenta órdenes de aprehensión y una ficha roja de Interpol por acusaciones federales y estatales.

También está Francisco García Cabeza de Vaca (2016-2022), exgobernador panista de Tamaulipas, quien reside en Estados Unidos y cuya extradición ya solicitó el gobierno mexicano.

También está Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco por Movimiento Ciudadano (2018-2024), al que, al parecer, ya traen en la mira.

Y está Maru Campos, gobernadora de Chihuahua (2021-2027), contra quien legisladores de Morena promovieron acusaciones de “traición a la patria” y un juicio político —que no prosperó—, aunque seguramente esperarán a que termine su periodo en 2027 y deje de tener fuero.

También se ha mencionado a Miguel Ángel Mancera, exjefe de Gobierno de la Ciudad de México por el PRD, de 2012 a 2018.

¿Y los exgobernadores de Morena? ¿Y los señalados por su vinculación con la delincuencia organizada y el huachicol fiscal? Nada. Actualicemos la frase atribuida a Juárez: “A los enemigos, la ley; a los amigos, justicia y gracia”. A ellos no se les toca ni con el pétalo de un expediente judicial, porque se desgranaría la mazorca.

Así las cosas, en el México de la presumida “Revolución de las Conciencias”.

El gobierno federal otra vez anunció una inversión millonaria para limpiar la cuenca tras el derrame tóxico ocurrido en 2014; los pobladores denuncian simulación  

Por Rigo Gutiérrez E.

El 6 de agosto de 2014, el cauce de los ríos Sonora y Bacanuchi se tiñó de naranja tras el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en un represo aguas arriba, perteneciente a la Mina de Cananea. Hoy, 12 años después, lo que para el Gobierno de Sonora representa el inicio de una «etapa definitiva» de soluciones, para los habitantes organizados en los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) no es más que la continuación de un rosario de promesas incumplidas.

El pasado miércoles en pleno corazón de Ures, el gobernador Alfonso Durazo y la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, anunciaron el arranque de una nueva fase de remediación. Anunciaron la asignación de 654 millones de pesos para limpiar suelos y sedimentos en una primera etapa que concluiría a finales de este año.

Justifican que a diferencia de administraciones pasadas, hoy existe un programa con tiempos, recursos y responsables, todo bajo el denominado “Plan de Justicia para Cananea-Río Sonora”. Y es que los ribereños ya han escuchado promesas de remediación tanto de las administraciones de Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Con todos hubo esperanza, pero con nadie han visto solución. 

En esta ocasión, de acuerdo a lo declarado por las autoridades, se han tomado muestras en las presas Abelardo L. Rodríguez y El Molinito, y se comprometieron a construir un hospital especializado y garantizar agua limpia. «No somos iguales», afirmó el gobernador Durazo ante una población que, tras 12 años, mantiene una duda legítima.

Comités acusan política de simulación

El informe «La simulación como política pública», presentado por los CCRS, brinda una radiografía de la situación de abandono en toda la zona. Los pobladores señalan que el Estado ha sustituido la reparación real por una «apariencia de cumplimiento».06 Informe Cuenca

El documento denuncia que los planes de justicia y los convenios con la empresa minera se mantienen en secrecía, sin sustento legal en el Diario Oficial de la Federación. Para los afectados, la justicia quedó estancada entre diagnósticos y reuniones, lejos de los hechos.

Diagnóstico alarmante

A lo largo del Río Sonora todavía está latente una crisis de salud pública. De acuerdo al informe, mediante estudios oficiales del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (CENAPRECE) han identificado que casi la totalidad de la población de la cuenca está en riesgo de exposición a metales como plomo, arsénico, cadmio y mercurio.

A pesar de que el propio Estado reconoce que se requieren más de 1,700 millones de pesos solo para atención médica, el reciente convenio con Grupo México apenas alcanza los 1,500 millones para todas las acciones (remediación, agua y salud).

El reporte destaca que entre 2021 y 2022 CENAPRECE muestreó a 1,500 personas, de las cuales, 705 casos fueron identificados con plomo en sangre y requieren tratamiento de por vida. Sin embargo, los resultados fueron clasificados como reservados, no se entregó diagnóstico a las personas afectadas y no se ha brindado atención médica especializada. Las 705 personas siguen sin tratamiento.

Los habitantes denuncian que las personas siguen muriendo sin diagnósticos toxicológicos claros y que no hay personal capacitado en la región para atender enfermedades complejas derivadas de la contaminación.

Agua: derecho ausente

El acceso a agua segura CCRS sigue siendo una ficción. Estudios recientes y la Recomendación 50/2024 de la CNDH confirman que los pozos siguen contaminados y rebasan los límites permisibles. 

La promesa original de 36 plantas se redujo a 16 en los anuncios más recientes, sin que se expliquen los criterios técnicos para este recorte ni se garantice que las nuevas plantas realmente puedan filtrar metales pesados.

En el caso del Río Sonora la justicia se ha escurrido como agua a lo largo de 12 años actualmente las autoridades apuesta por una nueva inversión de 654 millones de pesos para intentar cerrar una herida de 12 años. Sin embargo, para los Comités de Cuenca, la reparación no se mide en promesas, sino en la eliminación efectiva de la contaminación en sus ríos y el plomo en su sangre. 

Cuatro promesas incumplidas:

-Unidad de Vigilancia (UVEAS) y hospital especializado. Este año otra vez iniciaron con la construcción de otro hospital sobre las ruinas del inconcluso.  

-Instalación de 36 plantas potabilizadoras fijas. Solo instalaron una planta móvil en San Rafael de Ures.

-Limpieza total de la cuenca financiada por el Fideicomiso. Hay presencia de mercurio y arsénico en tomas domiciliarias.

-Reparación integral y sanciones a Grupo México. El monto de los llamados convenios «solidarios» solo cubren el 7.5% del daño estimado.

El reforzamiento de la seguridad anunciado recientemente es para todo el sur del Estado, aunque Mazatlán ha estado más afectado en las últimas semanas por la violencia, también se reforzó la seguridad en las carreteras de Escuinapa a este puerto, dijo el director de Seguridad Pública Municipal del Rosario, Martín Roberto Curiel Ceballos.

“Cuando se pide refuerzos zona sur se habla de todos los tres, cuatro municipios no nada más Mazatlán, en este caso desgraciadamente Mazatlán ha estado más afectada que en los tres municipios; Concordia, Escuinapa y El Rosario”, añadió en entrevista tras la reunión de la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de Paz en C4, en este puerto.

“En lo que respecta a mi allá en Rosario tengo una base militar ahí cerquita de Seguridad Pública, es la que me brinda apoyo, son alrededor de 60, 70 elementos de la Defensa, son los que me ayudan a mi a hacer recorridos, cualquier cosa, cualquier situación de reporte de la delincuencia organizada son los que me ayudan, ya los reportes de lo administrativo ya nos encargamos nosotros”.

Agregó que el miércoles se hicieron recorridos en la Carretera Internacional 15 México-Nogales, en el tramo Rosario-Villa Unión, por el rumbo de La Higuera con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y estaba tranquilo.

El recorrido se hizo porque en esa zona se han reportado robos violentos de vehículos, pero también personal de la Guardia Nacional reforzó la seguridad en las carreteras tanto libre como de cuota de Escuinapa hasta a Mazatlán.

“En lo que va del mes en lo que a mí respecta en mi municipio, que es hasta el kilómetro 225 carretera pista ahí solamente un vehículo me han despejado en carretera, en lo que es el municipio a mi no me han despejado ni un vehículo”.

Reiteró que sí se ha reforzado la vigilancia en las carreteras de Escuinapa a Mazatlán.

Por Francisco Javier Ruiz Quirrín

NO PODEMOS adentrarnos a la causa penal en la que está envuelto el exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, porque no tenemos información, lo que sí podemos exponer sin duda alguna, es que continúa en esta “4-T”, vigente, la frase de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos la Ley a secas”.

De hecho, Ruffo es ahora un preso político por tres razones fundamentales: El régimen acusa como resultado de una investigación por “huachicol fiscal”, a una figura de la oposición y de esa manera busca golpear a dos partidos, al PAN y al naciente “SomosMX”. Aparte, convertir el hecho en una “caja china” para desviar la atención en escándalos como el de Marina del Pilar, actual gobernadora de Baja California y sus contactos clandestinos con agentes de seguridad de los Estados Unidos.

Ruffo fue el primer gobernador de la oposición del entonces hegemónico PRI en 1989, abriendo con ello una fisura que al paso del tiempo creció hasta sacar a ese partido gobernante de Los Pinos en el año 2000. Sin embargo, para “MORENA” y sus jefes, todo aquel que no piense como ellos es un enemigo y de ahí su visión de que existe solo un “PRIAN” opositor.

Quizá y ahora esta Fiscalía General de la República haya encontrado elementos certeros para meter a la cárcel al exgobernador, pero ese no es el punto. El cuestionamiento ahora es por qué, si teniendo elementos en sus manos, el gobierno federal no solo no ha actuado contra algunas de sus prominentes figuras, sino por los hechos, los ha perdonado.

Tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum, han repetido mil veces que “no se protegerá a nadie, trate de quien se trate”. Eso es una mentira. Los hechos están a la vista.

El mismo AMLO reconoció el fraude cometido en Segalmex, el más grande en la historia de México en ese momento y que alcanzó los 15 mil millones de pesos en detrimento del patrimonio nacional. Sin embargo, para el presidente entonces, el director de ese organismo, Ignacio Ovalle Fernández, “había sido engañado”. Éste último dio el primer trabajo en el gobierno para el tabasqueño en el sexenio del presidente José López Portillo. Eso convirtió a Ovalle en “intocable”.

¿Y qué decir de los hijos de López Obrador, envueltos en “tráfico de influencias” para hacer negocios con sus amigos? ¿Y un hermano del mismo presidente, recibiendo dinero público enviado por el gobierno de Chiapas? ¿Y los jugosos contratos obtenidos por una prima del presidente y por un hijo de Manuel Bartlett Díaz, “pegándole a la tesorería” de la Comisión Federal de Electricidad? ¿Hubo alguna investigación sobre ellos? Ninguna.

Escándalos mayores se han presentado en el gobierno asumido por la señora Sheinbaum a partir del 2024 y habrá qué decirlo con claridad, como consecuencia de los excesos cometidos por su antecesor.

¿Por qué no se ha investigado acerca de las ligas de Pedro Carmona, llamado el “rey del huachicol”, de sus aportaciones a las campañas de candidatos de “MORENA” y asesinado hace tres años? ¿Acaso el gobierno federal no tiene conocimiento de las operaciones llevadas a cabo con Carmona por parte del dirigente del partido oficial, Mario Delgado, o del ahora gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal?

¿Por qué el gobierno de la “4-T” guarda silencio y protege al almirante Rafael Ojeda, —exsecretario de la Marina Armada de México y tío de los hermanos Farías Laguna, considerados operadores del “huachicol” fiscal—, cuyas ganancias en el pasado sexenio representaron un desfalco a la nación por 600 mil millones de pesos?

¿Por qué se ha protegido al senador Adán Augusto López, a pesar de sus evidentes relaciones con bandas delincuenciales, empezando por el detenido Hernán Bermúdez, quien fuera secretario de seguridad durante el gobierno de Adán en Tabasco?

¿Por qué la extraordinaria protección al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a pesar de las evidencias conocidas por todos de sus ligas con el crimen organizado en su entidad?

¿Por qué la presidenta ha exonerado a la gobernadora de Baja California, a pesar de que Marina del Pilar ha protagonizado un inocultable escándalo al contactarse con funcionarios de oficinas de seguridad de los Estados Unidos, ofreciendo información que le permita recuperar su “visa”?

Desde luego hay múltiples “botones” más de muestra, pero con los expuestos aquí podemos concluir que aquella frase de “todos los caminos conducen a Roma”, podría aplicarse aquí al señalar que “todos los caminos conducen a Palenque” y que la presidenta Sheinbaum ha tomado la decisión de proteger a su antecesor.

¿Hay más enemigos de la “cuarta transformación” perseguidos por el régimen? Claro.

Está el caso de Rosario Robles Berlanga, encarcelada dos años por López Obrador para saciar una venganza que tenía guardada desde que se filtraron los videos de su secretario René Bejarano recibiendo fajos de dinero de un empresario argentino.

Tenemos ahora el acoso político contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos. Si tuviera mayores elementos para actuar contra ella, le habrían dado luz verde a la iniciativa de iniciarse un juicio de procedencia y quitarle el fuero para meterla a la cárcel.

Finalmente, no está de más señalar que son decenas de periodistas que al ejercer su crítica al gobierno, les ha sido colocada la cachucha de enemigos.

¿Recuerdan las dos principales banderas de AMLO en su campaña para llegar a la Presidencia: “Contra la corrupción y la impunidad”?

Ahora el régimen es el más corrupto de la historia y la impunidad cabalga por todo lo largo y ancho del país.

Los avisos y advertencias de Estados Unidos, continúan

HA SIDO ahora Terry Cole, director de la DEA (agencia antidrogas de los Estados Unidos) quien se ha encargado de reiterar los mensajes dirigidos al gobierno de México acerca de la posibilidad de actuar contra los políticos coludidos con el narcotráfico… Sus declaraciones se agregan a las múltiples expresiones del presidente Donald Trump, de Marco Rubio, secretario de Estado y del secretario de seguridad, Markwayne Mullin, responsabilizando a la presidenta Claudia Sheinbaum porque —dicen— está dominada por los cárteles de la droga, “que son los que mandan en México”… La mandataria de nuestro país niega esa aseveración desde luego y asegura que la relación con el presidente Trump es muy buena, tanto así que la invitó a estar presente en el juego de fútbol en el que España se convirtió en campeón mundial al vencer a Argentina… La verdad es que nada es previsible con el presidente de los Estados Unidos… A ese juego estelar también fue invitado el primer ministro de Canadá, Mark Carney y horas después recibió la noticia de la imposición del 50 por ciento de aranceles en las importaciones canadienses a suelo norteamericano… A lo anterior deberá agregarse la enérgica reacción estadounidense al anuncio del dictador comunista de Nicaragua, Daniel Ortega, quien se atrevió a anunciar una reforma legislativa para eliminar las elecciones en su país de manera permanente… A través de Marco Rubio, la administración Trump advirtió a Ortega que ante los hechos no se quedarán con los brazos cruzados… Esta respuesta significa que no solo mueve a Trump el propósito económico en América Latina, sino también se preocupa por la forma de gobierno de sus vecinos… Pero de regreso a México, quien apueste a la continuación de estos escándalos en los que están envueltos políticos de la “cuarta transformación” en relación con Estados Unidos, tiene altas probabilidades de ganar, sobre todo porque el próximo mes de noviembre habrá elecciones para renovar el Congreso en Washington y urge al jefe de la Casa Blanca y al Partido Republicano, conservar sus controles en las cámaras… Eso quiere decir que no extrañará a nadie algún anuncio del Departamento de Justicia dando a conocer nombres de políticos mexicanos ligados con el crimen o bien, atreverse a detener a alguna figura dentro de nuestro país… ¿Cuándo? ¿En septiembre? ¿En octubre?

¿Hospital en Ures?, a casi 12 años de la contaminación del Río Sonora

COMENZARÍAMOS por lanzar un reproche porque la licitación para construir el hospital prometido por el gobierno federal en Ures como parte del proyecto de remediación de la contaminación del Río Sonora en 2014, no fue otorgada a una empresa sonorense, a pesar de que la capacidad de los contratistas locales estuvo plasmada en la presentación de la oferta… Finalmente, la obra de 452 millones de pesos fue otorgada a una empresa con socios ligados a España, en coordinación con una compañía de Monterrey… “ASCH” S.A de C.V., es la nueva razón social de “Hispánica”, la misma empresa que logró en el sexenio de López Obrador jugosos contratos de obra pública y quizá cambió de nombre al recibir varios señalamientos de irregularidades por parte de auditorías del gobierno federal… En participación conjunta con “Regiomontana de Construcción y Servicios”, será la encargadas de edificar este hospital que en abril del 2027 espera ser inaugurado bajo el dominio del programa “IMSS-Bienestar”… Por cierto, esas mismas firmas fueron beneficiadas en la designación directa para la construcción del acueducto yaqui, dentro del plan de justicia de esa etnia implementado por AMLO… Así que saque sus propias conclusiones… Es reveladora por los datos que ofrece la investigación periodística del director editorial de nuestro Semanario “Primera Plana”, Rigo Gutiérrez Escalante, tanto por las precisiones del monto de la licitación, como por sus antecedentes de abandono en obra negra de un primer proyecto iniciado y jamás terminado… Es lógico pensar que los pobladores del Río Sonora mantienen su desconfianza en el gobierno federal, luego de las desesperanzadoras mentiras que a través de los años han dejado los presidentes Peña Nieto, López Obrador y sus funcionarios… Ahora se espera que con Claudia Sheinbaum se aterricen dichas promesas, las que contemplan no solo un nuevo hospital, sino también la construcción de potabilizadoras y el uso de un fondo especial para aplicarlo en la remediación de la zona, incluida una clínica de desintoxicación y la conservación de la flora y la fauna… Ya veremos… Por lo pronto no hay fecha para la ceremonia en la que se colocará la primera piedra del hospital, aunque el contrato entre los representantes legales de las empresas y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, fue firmado el pasado 14 de julio.

La danza de las “corcholatas sonorenses”

EL GOBERNADOR Alfonso Durazo está alcanzando su propósito de posicionar a sus proyectos políticos rumbo al 2027… Sus seis propuestas trabajando formalmente para buscar la candidatura de MORENA al Gobierno del Estado y este proceso que no tiene nada de interno del partido oficial, le está brindando muy buenos resultados… Sobre el escritorio tendrá los nombres de las y los aspirantes y la relevancia en la elección de la candidata o candidato a presidente municipal de Hermosillo… Será como un tablero de ajedrez… Para el movimiento en el “sixpack morenista” esperaría la decisión final de la presidenta Claudia Sheinbaum: Insistir en Javier Lamarque o cambiar de opinión… A partir de ahí tendrá a su disposición figuras para la postulación de diputaciones federales, diputados locales y más allá de todo eso, la alcaldía “naranjera”, la que no pudo tener en sus manos en todo el sexenio… La trascendencia de dominar el palacio municipal de la capital de 2027 al 2030, es que tendría a la mano a la o el futuro aspirante a llegar a palacio de gobierno… También deberá esperar a que la oposición designe a su candidata o candidato… Célida López Cárdenas y su arrastre podría ser contemplada en caso de que Alejandro López Caballero sea el elegido por el PAN y aliados… También contará con Lorenia Valles en caso de que no sea candidata a la gubernatura, aunque ella insista en rechazar esa posibilidad y aún tiene varias cartas para elegir, entre Paulina Ocaña, Fernando Rojo de la Vega, Froylán Gámez y Omar de Valle, porque difícilmente repetiría en la candidatura María Dolores del Río… Por lo pronto, será la última semana de agosto cuando se decida a la coordinadora o coordinador “para la defensa de la cuarta transformación y la soberanía nacional” en Sonora… La elegida o elegido, tendrá un pie en la candidatura al Gobierno del Estado.