La Fiscalía General de la República (FGR) presentó notas periodísticas como parte de los elementos utilizados para solicitar una orden de aprehensión contra Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, por presuntos vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos, de acuerdo con una revisión de la resolución judicial realizada por El Financiero.

La documentación analizada señala que la fiscalía expuso ante el juez Mario Elizondo, del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, publicaciones que hacen referencia a supuestos nexos entre Aguirre y la organización criminal. Sin embargo, según El Financiero, la solicitud no incluyó un informe ministerial ni una investigación oficial que respaldara de manera independiente esas versiones periodísticas.

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Entre los señalamientos incorporados al expediente aparecen versiones según las cuales Guerreros Unidos habría financiado la segunda campaña de Aguirre a la gubernatura de Guerrero. La FGR también presentó declaraciones de testigos protegidos que atribuyen presuntos vínculos con esa organización tanto al exmandatario como a personas de su entorno, incluido su sobrino Ernesto Aguirre.

El expediente forma parte del caso relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. La acusación contra el exgobernador no se limita a los presuntos vínculos con la delincuencia organizada, sino que sostiene que habría ordenado ocultar o destruir información relevante relacionada con la desaparición de los normalistas.

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La utilización de publicaciones periodísticas como parte de los elementos presentados ante un juez no significa por sí misma que los hechos narrados en esas notas hayan sido acreditados judicialmente. El señalamiento adquiere relevancia porque, según la revisión de El Financiero, la FGR no habría acompañado esas referencias con documentación ministerial que corroborara de manera directa las acusaciones sobre los supuestos vínculos de Aguirre con Guerreros Unidos.

Ángel Aguirre rechazó durante la audiencia en la que fue vinculado a proceso cualquier relación con organizaciones criminales. El exgobernador afirmó que tiene la conciencia tranquila y sostuvo que, si se acredita judicialmente que tuvo vínculos con la delincuencia organizada, deberá asumir las consecuencias correspondientes.

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Aguirre también se refirió directamente a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos y negó conocer el paradero de los estudiantes. Dijo comprender el dolor de los padres y recordó que él mismo perdió a un hijo hace seis años, al tiempo que aseguró que, si supiera dónde se encuentran los jóvenes, lo revelaría.

El exgobernador permanece recluido en el penal federal de máxima seguridad de El Altiplano mientras se desarrolla la investigación complementaria. Su situación jurídica deberá definirse conforme avance el proceso y se desahoguen los elementos presentados por la fiscalía, incluidos los testimonios y las referencias periodísticas incorporadas al expediente.

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El cargo FGR usó notas periodísticas para acusar a Ángel Aguirre de nexos con el narco apareció primero en Tribuna de México.

En los casi ocho años que lleva gobernando la llamada Cuarta Transformación, la han agarrado contra puros exgobernadores de las oposiciones

Por Bulmaro Pacheco

Ángel Aguirre Rivero fue priista por un buen tiempo. Hizo su carrera en el estado de Guerrero a la sombra de José Francisco Ruiz Massieu y de Rubén Figueroa Alcocer, y le fue bien.

Ocupó todas las posiciones políticas locales y federales habidas, hasta que en 1996 le llegó la oportunidad de ser gobernador sustituto, al reemplazar a Rubén Figueroa Alcocer (1993-1996), quien dejó el cargo tras la matanza de Aguas Blancas, donde perdieron la vida 17 campesinos. Aguirre cubrió el periodo de 1996 a 1999.

La historia moderna de México registra que Ángel Aguirre, al igual que Víctor Cervera Pacheco, de Yucatán, han sido los únicos que, después de llegar al cargo por designación del Congreso (interinos), volvieron por la vía de la elección popular a ocupar la gubernatura.

Cervera sustituyó en 1984 al general Graciliano Alpuche Pinzón, quien solo pudo estar dos años al frente del gobierno de Yucatán (1982-1984), ante la falta de oficio político para lidiar con los conflictos postelectorales en la entidad. Cervera gobernó primero de 1984 a 1988 y después fue postulado por el PRI para gobernar de 1995 a 2001. Años más tarde buscó la alcaldía de Mérida, que perdió, y murió en 2004.

Aguirre volvió a ser gobernador —ahora electo— de 2011 a 2014, pero por un partido distinto al PRI. Ganó mediante la coalición Guerrero nos Une, integrada por el PRD, el PT y Convergencia, y renunció al PRI para tratar de convertirse en el líder de las izquierdas en esa entidad.

Aguirre cubrió solo tres años de su periodo y se vio obligado a dejar el cargo, presionado por la dirigencia nacional del PRD, tras la desaparición de los jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Después de los acontecimientos y de los escándalos de la pareja perredista que gobernaba Iguala, Aguirre no supo manejar las cosas y acusó a la dirigencia nacional del PRD de haberlo sacrificado y empujado fuera del gobierno de Guerrero, negando a cada rato alguna responsabilidad en los hechos relacionados con los jóvenes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

Confiado en su militancia perredista, quiso acercarse a la presidenta Sheinbaum y a Morena, enviándole, a través de interpósita persona, un regalo que la presidenta rechazó de inmediato: “Mándale saludos y dígale que no, gracias. No recibo regalos de ellos”. De ese tamaño.

Como exgobernador de oposición —quizá Aguirre se confió en que nada iba a pasarle después de casi 12 años de los acontecimientos por los que ahora se le involucra— es acusado de haber ordenado desaparecer los videos de aquella noche. La Fiscalía General de la República le imputa delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas por presuntamente haber ordenado ocultar y destruir las grabaciones captadas por las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando policías municipales y estatales detuvieron el autobús en el que viajaban los normalistas. Un juez le impuso prisión preventiva oficiosa y deberá permanecer en el penal del Altiplano mientras se resuelve si es vinculado a proceso.

El exmandatario de Guerrero se confió en los años transcurridos y creyó que le había bastado aquella declaración que dio meses atrás, cuando dijo que, como gobernador, había apoyado a la Escuela Normal con la donación de un camión. Nada dijo de las autoridades municipales de Iguala —la gota que derramó el vaso—, que, al igual que él, pertenecían al PRD y tenían el sello del expresidente López Obrador.

Con esa militancia, Aguirre pensó que nunca le iba a suceder lo que le pasó a Rosario Robles, exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (1999-2000), quien pasó injustamente tres años en la cárcel. Ella había sido antes secretaria de Gobierno del Distrito Federal (1997-1999).

O que la iba a librar ignorando lo que le sucedió al exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez (2010-2016), extraditado de Estados Unidos en 2022 y nuevamente detenido en 2025, acusado de lavado de dinero y desvío de recursos públicos.

O el caso del exgobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam (1993-1998), procesado también por el caso Ayotzinapa, pero por haber desempeñado el cargo de procurador general de la República en el gobierno de Enrique Peña Nieto durante el año de los acontecimientos en Guerrero.

O el caso del exgobernador de Puebla, Mario Marín (2005-2011), detenido en 2021 y encarcelado por su presunta responsabilidad en la tortura de la periodista Lydia Cacho, muchos años después de dejar el poder.

Y, en el caso más reciente, el del primer gobernador de oposición que ganó la gubernatura de Baja California en 1989: Ernesto Ruffo Appel, detenido en julio de 2026 y vinculado a proceso por los presuntos delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos, en el caso conocido como “huachicol fiscal”.

Por lo visto, en los casi ocho años que lleva gobernando la llamada Cuarta Transformación, la han agarrado contra puros exgobernadores de las oposiciones: PRI, PAN y PRD. Todo, como una estrategia de manejo político-electoral para tratar de borrarlos del mapa político —mensaje para el proceso electoral de 2027— y como reafirmación de su tesis de los años “perdidos” (sic) en que gobernó la oposición en México; una justificación para la falta de respuestas y soluciones a los grandes e importantes problemas nacionales, a casi ocho años de que llegaron al poder.

Creemos que las cosas no van a parar ahí y la pregunta obligada ante esa estrategia política es: ¿quién sigue?

Ahí está Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán por el PRD (2015-2021), quien ya es buscado: enfrenta órdenes de aprehensión y una ficha roja de Interpol por acusaciones federales y estatales.

También está Francisco García Cabeza de Vaca (2016-2022), exgobernador panista de Tamaulipas, quien reside en Estados Unidos y cuya extradición ya solicitó el gobierno mexicano.

También está Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco por Movimiento Ciudadano (2018-2024), al que, al parecer, ya traen en la mira.

Y está Maru Campos, gobernadora de Chihuahua (2021-2027), contra quien legisladores de Morena promovieron acusaciones de “traición a la patria” y un juicio político —que no prosperó—, aunque seguramente esperarán a que termine su periodo en 2027 y deje de tener fuero.

También se ha mencionado a Miguel Ángel Mancera, exjefe de Gobierno de la Ciudad de México por el PRD, de 2012 a 2018.

¿Y los exgobernadores de Morena? ¿Y los señalados por su vinculación con la delincuencia organizada y el huachicol fiscal? Nada. Actualicemos la frase atribuida a Juárez: “A los enemigos, la ley; a los amigos, justicia y gracia”. A ellos no se les toca ni con el pétalo de un expediente judicial, porque se desgranaría la mazorca.

Así las cosas, en el México de la presumida “Revolución de las Conciencias”.

Por Mafe González

El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, permanecerá en el penal de máxima seguridad del Altiplano luego de que un juez federal determinó vincularlo a proceso por su probable participación en el delito de desaparición forzada relacionado con los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La resolución, emitida tras una audiencia de más de 15 horas, establece que existen elementos para continuar investigando al exmandatario por la presunta ocultación de información y evidencias vinculadas con los hechos ocurridos en Iguala el 26 de septiembre de 2014.

La Fiscalía General de la República sostiene que uno de los elementos centrales de la acusación es un disco con imágenes de cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, material que habría registrado movimientos de los estudiantes y la presencia de policías y personas armadas aquella noche.

El juez mantuvo la prisión preventiva oficiosa y concedió 120 días para la investigación complementaria, periodo en el que la FGR podrá ampliar sus indagatorias y la defensa presentar nuevas pruebas.

La defensa de Aguirre ha rechazado las acusaciones y sostiene que el exgobernador no recibió el material señalado por la Fiscalía en la fecha que se le atribuye. La vinculación a proceso no constituye una sentencia condenatoria; el proceso deberá determinar si existe responsabilidad penal.

El exgobernador de Guerrero Ángel “N” fue vinculado a proceso por el caso Ayotzinapa, relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas ocurrida en septiembre de 2014.

La resolución judicial implica que el exmandatario enfrentará formalmente un proceso penal, después de haber sido detenido la semana pasada como parte de una nueva línea de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).

La Fiscalía acusa a Aguirre de obstrucción de la justicia y desaparición forzada de personas, debido a su presunta intervención en el ocultamiento y destrucción de evidencia que podría haber resultado relevante para esclarecer lo ocurrido con los estudiantes.

Acusan a Aguirre de ordenar destrucción de videos

Uno de los principales elementos de la investigación está relacionado con grabaciones de cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala.

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De acuerdo con la investigación de la FGR, las imágenes habrían registrado el momento en que uno de los autobuses donde viajaban los normalistas fue interceptado por policías durante la noche del 26 de septiembre de 2014.

La Fiscalía sostiene que el exgobernador habría participado en una reunión con funcionarios de su administración en la que presuntamente se ordenó desaparecer evidencia relacionada con esos videos.

Nuevos testimonios llevaron a su detención

La investigación contra el exgobernador tomó fuerza a partir de nuevos testimonios recabados durante 2026, entre ellos el de una persona considerada testigo protegido.

Según la fiscal general Ernestina Godoy, las declaraciones permitieron establecer una posible intervención de Aguirre en la desaparición de evidencia después de los ataques contra los estudiantes.

Aguirre había negado anteriormente cualquier responsabilidad relacionada con la desaparición de los normalistas.

Aguirre gobernaba Guerrero durante desaparición de los 43

Ángel “N” era gobernador de Guerrero cuando ocurrieron los ataques de Iguala y la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

La crisis derivada del caso provocó que solicitara licencia al cargo en octubre de ese mismo año.

Durante años, el exgobernador había comparecido ante las autoridades por el caso sin enfrentar un proceso penal. Su detención en agosto de 2026 modificó esa situación y lo convirtió en uno de los exfuncionarios de mayor nivel investigados judicialmente por los hechos de Ayotzinapa.

La vinculación a proceso no representa una sentencia de culpabilidad. El procedimiento continuará mientras la Fiscalía desarrolla la investigación y presenta las pruebas con las que busca sustentar las acusaciones contra el exgobernador.

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El cargo Vinculan a proceso a Ángel “N”, exgobernador de Guerrero, por caso Ayotzinapa apareció primero en Tribuna de México.

Noticiero De Primera Mano en @tvdprimeraplana 06/Agosto/2026 https://t.co/dGoSWP37d1

— Ruiz Quirrín (@rquirrin) August 6, 2026