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Cervando Flores asumió presidencia de CEDH: Visión «al ras del suelo»

17 Mayo 2026 at 09:00

En entrevista con Ruiz Quirrín, el nuevo ombudsman afirmó que no llega con “machete” ni a “incendiar la pradera”, sino que buscará establecer su propia dinámica de trabajo que implica brindar resultados a la gente 

 

Por Redacción

Ante los 33 diputados del Congreso del Estado, Cervando Flores Castelo alzó la mano y rindió protesta como nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para el periodo 2026-2030. Su compromiso inicial fue establecer una dinámica de trabajo que rompa con el «romanticismo» de los derechos humanos y se enfoque en beneficios reales y visibles para la población.

En entrevista para Noticiero De Primera Mano con Ruiz Quirrín, el nuevo Ombudsman de Sonora enfatizó que su presidencia marcará una ruptura con el pasado, buscando transformar una institución percibida como «de élite» en una entidad cercana a las causas sociales.

“Se trata de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos deje de ser del estatus quo o la bolsa de trabajo de castas doradas y se baje a la gente. Que sea una institución al ras del suelo y que le permita a la gente tener una percepción de algo y de alguien que produce resultados tangibles en beneficio de la gente, es decir, bajarnos al nivel de la gente, pero que no que no sea como algo romántico los derechos humanos”.

 

Detrás de la legitimidad del cargo

 

Ante los cuestionamientos sobre su llegada al cargo, Flores defendió la legalidad y transparencia del proceso realizado por el Congreso del Estado, calificándolo como el ejercicio más vigilado y abierto en la historia de la Comisión.

Comentó que el proceso se desarrolló bajo la supervisión de un poder constitucional autónomo. Explicó que hubo filtros para llegar al resultado.

La primera aduana fue la revisión de los diputados de la documentación donde se validó el registro de 30 aspirantes iniciales que cumplían con los requisitos legales.

En una segunda etapa, de los 30 perfiles aptos, se seleccionó a un grupo de seis finalistas. Esta decisión fue tomada por unanimidad dentro de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Y en la designación final, Flores fue elegido por el pleno del Congreso con el respaldo de más de las dos terceras partes de los legisladores, cumpliendo con el rigor constitucional requerido.

En este sentido, el nuevo presidente de la CEDH desestimó las críticas que señalan su pasado partidista en el PRD o su reciente labor en el gobierno estatal como impedimentos para el cargo.

“En ese supuesto que me marcan, ¿cómo puede ser posible si hablan de 25 años atrás? ¿Será posible pensar que eso sea impedimento para que a estas alturas yo no pueda ocupar este cargo?”, cuestionó.

Además, refirió que se trata de un partido que ya perdió su registro y no existe.

Argumentó que no existen requisitos de “temporalidad eterna” en la Constitución que prohíban a un ciudadano ocupar cargos públicos de por vida por actividades pasadas.

Explicó que, ante la falta de tiempos específicos en la ley local, se debe aplicar de manera supletoria la ley nacional, la cual establece un periodo de solo un año de separación de otros cargos para ocupar una comisionaduría.

Aseguró que su designación es “absolutamente viable y legítima”, sugiriendo que cualquier juicio en su contra resultaría en una orden judicial para que el Congreso elimine artículos locales que contravengan la Constitución Nacional por ser “absurdos e irresponsables”.

 

Reestructuración interna

 

Cervando Flores inició su gestión revisando la documentación y el estado administrativo de la CEDH. Respecto a los rumores sobre solicitudes de renuncia masivas en su primer día, el comisionado aclaró que su trato inicial fue exclusivamente con el expresidente Luis Fernando Rentería durante el proceso de entrega-recepción. Sin embargo, fue contundente respecto a sus facultades normativas para conformar su equipo de trabajo.

Flores defendió su derecho de nombrar a funcionarios de su confianza en áreas estratégicas y mandos básicos. “Entra un equipo y tengo que proponer a personas que me han acompañado… que son de mi confianza y con las que coincidimos en una perspectiva”, señaló. No obstante, aseguró que este proceso se realizará con respeto absoluto a los derechos laborales y sin “incendiar la pradera”.

 

Autonomía frente Palacio

 

Cervando fue cuestionado por la capacidad que tendrá desde la CEDH para confrontar al gobierno en turno. Flores aseguró no tener ninguna disyuntiva al respecto, afirmando que su encomienda es defender a la gente y denunciar cualquier abuso o negligencia de funcionarios públicos.

Aunque reconoció haber mantenido conversaciones “sensibles y de reflexión” con el gobernador, Alfonso Durazo, enfatizó que nunca ha recibido una instrucción o mensaje que comprometa su autonomía.

Insistió que su postura es de diálogo y resolución, pero con la firmeza necesaria para señalar y observar a cualquier autoridad que violente derechos humanos. “No se trata de andar incendiando praderas, se trata de que se resuelva”, añadió.

Sinaloa 2021: La victoria del crimen y el fracaso de las instituciones

16 Mayo 2026 at 14:26

Nada que se haya logrado con la intervención del crimen organizado debería considerarse válido; porque lo verdaderamente aplastante no es el triunfo, sino la consecuencia de tener gobiernos que negociaron nuestra paz y seguridad

 

Por Mónica Calles Miramontes

La reciente acusación de Estados Unidos contra Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza, junto a otros ocho funcionarios públicos, no hace más que evidenciar lo que ya era un secreto a voces: la profunda injerencia del crimen organizado en las elecciones.

En el proceso electoral de 2021, donde Rocha Moya obtuvo la gubernatura, estas organizaciones criminales fueron los actores políticos. Eligieron a los candidatos: aportaron el financiamiento, influyeron en los participantes y decidieron quién sería el ganador.

Siempre se nos dijo que fue una victoria aplastante. Rocha Moya obtuvo el 56.6% de los votos, mientras su más cercano contrincante postulado por el PAN-PRI-PRD obtuvo el 32.49%.

Sin embargo, a cinco años de ese “triunfo democrático” y frente a las graves acusaciones del gobierno de EE.UU. contra Rocha Moya, regresa la inevitable pregunta: ¿a qué costo y con qué métodos se ganaron esas elecciones?

En el 2021 el PRI impugnó los resultados ante el Tribunal Electoral de Sinaloa, denunciando una jornada marcada por la violencia generalizada, comandos armados robando material electoral, intimidación de la población y privación de la libertad de opositores, empresarios y funcionarios.

Asimismo, hombres armados secuestraron al hermano de la candidata a la alcaldía de Badiraguato, quien se postulaba por la coalición PRI-PAN-PRD, lo que ocasionó que ella abandonara la contienda para pedir que lo devolvieran con vida.

El terror se extendió por todo el estado y se documentó en más de notas periodísticas, así como en actas de funcionarios electorales. La crisis fue innegable, el propio el INE y el Instituto Electoral de Sinaloa reconocieron los actos de violencia y solicitaron la intervención de la Guardia Nacional para el día de la jornada electoral y días posteriores.

Pese a todo, el Tribunal Electoral de Sinaloa desestimó la solicitud de nulidad de la elección que realizó el PRI.

El Tribunal de Sinaloa minimizó la crisis, concluyendo que solo se habían acreditado actos de violencia aislados en el 0.46% de las 4,986 casillas instaladas, y bajo este argumento decidieron que la “voluntad del pueblo” no se alteraba ante esas “minucias”.

Habría que preguntar: ¿Cuál voluntad? ¿La voluntad obtenida con balas, secuestros, campañas financiadas por el narcotráfico e intimidando a los sinaloenses?

La opacidad del proceso judicial genera aún más dudas. La impugnación sobre la elección fue turnada a la magistrada Aida Inzunza Cazarez, hermana del senador Enrique Inzunza, quien en ese entonces fungía como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Sinaloa. Tras consolidarse la “victoria”, Enrique Inzunza pasó a ser el secretario general de gobierno en el gabinete del Rocha Moya.

Hoy ambos, Rocha e Inzunza, son prófugos de la justicia estadounidense y la punta del iceberg que empieza a desmoronar la llamada “cuarta transformación” del partido Morena.

Lamentablemente, el caso de Sinaloa no es algo aislado, es la radiografía de un sistema que no protege a la ciudadanía. Los tribunales electorales fallan a favor de elecciones controladas por el crimen organizados, bajo el pretexto de que los ciudadanos no recabaron pruebas “contundentes” contra los sicarios que los amenazaron.

Una sentencia que valida una “narco elección” condena a la población a vivir sometida al crimen organizado en los siguientes años.

No importa lo “aplastante” del triunfo electoral; nada que se haya logrado con la intervención del crimen organizado debería considerarse válido; porque lo verdaderamente aplastante no es el triunfo, sino la consecuencia de tener gobiernos que negociaron con el crimen organizado nuestra paz y seguridad.

Sinaloa cierra el ciclo de Rocha Moya con más de 4 mil homicidios y con un aumento descomunal de violencia traducido en tortura, desaparición de personas, extorsión y secuestros.

Una elección ganada por la intervención del crimen organizado jamás debería considerarse válida, porque deja de ser un asunto de pruebas y se vuelve complicidad. La complicidad de condenar a un pueblo a vivir entre balas.

Abogada electoral y constitucional | Columnista | Análisis político

Web: defensaelectoral.com.mx

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