En los casi ocho años que lleva gobernando la llamada Cuarta Transformación, la han agarrado contra puros exgobernadores de las oposiciones

 

Por Bulmaro Pacheco

Ángel Aguirre Rivero fue priista por un buen tiempo. Hizo su carrera en el estado de Guerrero a la sombra de José Francisco Ruiz Massieu y de Rubén Figueroa Alcocer, y le fue bien.

Ocupó todas las posiciones políticas locales y federales habidas, hasta que en 1996 le llegó la oportunidad de ser gobernador sustituto, al reemplazar a Rubén Figueroa Alcocer (1993-1996), quien dejó el cargo tras la matanza de Aguas Blancas, donde perdieron la vida 17 campesinos. Aguirre cubrió el periodo de 1996 a 1999.

La historia moderna de México registra que Ángel Aguirre, al igual que Víctor Cervera Pacheco, de Yucatán, han sido los únicos que, después de llegar al cargo por designación del Congreso (interinos), volvieron por la vía de la elección popular a ocupar la gubernatura.

Cervera sustituyó en 1984 al general Graciliano Alpuche Pinzón, quien solo pudo estar dos años al frente del gobierno de Yucatán (1982-1984), ante la falta de oficio político para lidiar con los conflictos postelectorales en la entidad. Cervera gobernó primero de 1984 a 1988 y después fue postulado por el PRI para gobernar de 1995 a 2001. Años más tarde buscó la alcaldía de Mérida, que perdió, y murió en 2004.

Aguirre volvió a ser gobernador —ahora electo— de 2011 a 2014, pero por un partido distinto al PRI. Ganó mediante la coalición Guerrero nos Une, integrada por el PRD, el PT y Convergencia, y renunció al PRI para tratar de convertirse en el líder de las izquierdas en esa entidad.

Aguirre cubrió solo tres años de su periodo y se vio obligado a dejar el cargo, presionado por la dirigencia nacional del PRD, tras la desaparición de los jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Después de los acontecimientos y de los escándalos de la pareja perredista que gobernaba Iguala, Aguirre no supo manejar las cosas y acusó a la dirigencia nacional del PRD de haberlo sacrificado y empujado fuera del gobierno de Guerrero, negando a cada rato alguna responsabilidad en los hechos relacionados con los jóvenes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

Confiado en su militancia perredista, quiso acercarse a la presidenta Sheinbaum y a Morena, enviándole, a través de interpósita persona, un regalo que la presidenta rechazó de inmediato: “Mándale saludos y dígale que no, gracias. No recibo regalos de ellos”. De ese tamaño.

Como exgobernador de oposición —quizá Aguirre se confió en que nada iba a pasarle después de casi 12 años de los acontecimientos por los que ahora se le involucra— es acusado de haber ordenado desaparecer los videos de aquella noche. La Fiscalía General de la República le imputa delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas por presuntamente haber ordenado ocultar y destruir las grabaciones captadas por las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando policías municipales y estatales detuvieron el autobús en el que viajaban los normalistas. Un juez le impuso prisión preventiva oficiosa y deberá permanecer en el penal del Altiplano mientras se resuelve si es vinculado a proceso.

El exmandatario de Guerrero se confió en los años transcurridos y creyó que le había bastado aquella declaración que dio meses atrás, cuando dijo que, como gobernador, había apoyado a la Escuela Normal con la donación de un camión. Nada dijo de las autoridades municipales de Iguala —la gota que derramó el vaso—, que, al igual que él, pertenecían al PRD y tenían el sello del expresidente López Obrador.

Con esa militancia, Aguirre pensó que nunca le iba a suceder lo que le pasó a Rosario Robles, exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (1999-2000), quien pasó injustamente tres años en la cárcel. Ella había sido antes secretaria de Gobierno del Distrito Federal (1997-1999).

O que la iba a librar ignorando lo que le sucedió al exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez (2010-2016), extraditado de Estados Unidos en 2022 y nuevamente detenido en 2025, acusado de lavado de dinero y desvío de recursos públicos.

O el caso del exgobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam (1993-1998), procesado también por el caso Ayotzinapa, pero por haber desempeñado el cargo de procurador general de la República en el gobierno de Enrique Peña Nieto durante el año de los acontecimientos en Guerrero.

O el caso del exgobernador de Puebla, Mario Marín (2005-2011), detenido en 2021 y encarcelado por su presunta responsabilidad en la tortura de la periodista Lydia Cacho, muchos años después de dejar el poder.

Y, en el caso más reciente, el del primer gobernador de oposición que ganó la gubernatura de Baja California en 1989: Ernesto Ruffo Appel, detenido en julio de 2026 y vinculado a proceso por los presuntos delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos, en el caso conocido como “huachicol fiscal”.

Por lo visto, en los casi ocho años que lleva gobernando la llamada Cuarta Transformación, la han agarrado contra puros exgobernadores de las oposiciones: PRI, PAN y PRD. Todo, como una estrategia de manejo político-electoral para tratar de borrarlos del mapa político —mensaje para el proceso electoral de 2027— y como reafirmación de su tesis de los años “perdidos” (sic) en que gobernó la oposición en México; una justificación para la falta de respuestas y soluciones a los grandes e importantes problemas nacionales, a casi ocho años de que llegaron al poder.

Creemos que las cosas no van a parar ahí y la pregunta obligada ante esa estrategia política es: ¿quién sigue?

Ahí está Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán por el PRD (2015-2021), quien ya es buscado: enfrenta órdenes de aprehensión y una ficha roja de Interpol por acusaciones federales y estatales.

También está Francisco García Cabeza de Vaca (2016-2022), exgobernador panista de Tamaulipas, quien reside en Estados Unidos y cuya extradición ya solicitó el gobierno mexicano.

También está Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco por Movimiento Ciudadano (2018-2024), al que, al parecer, ya traen en la mira.

Y está Maru Campos, gobernadora de Chihuahua (2021-2027), contra quien legisladores de Morena promovieron acusaciones de “traición a la patria” y un juicio político —que no prosperó—, aunque seguramente esperarán a que termine su periodo en 2027 y deje de tener fuero.

También se ha mencionado a Miguel Ángel Mancera, exjefe de Gobierno de la Ciudad de México por el PRD, de 2012 a 2018.

¿Y los exgobernadores de Morena? ¿Y los señalados por su vinculación con la delincuencia organizada y el huachicol fiscal? Nada. Actualicemos la frase atribuida a Juárez: “A los enemigos, la ley; a los amigos, justicia y gracia”. A ellos no se les toca ni con el pétalo de un expediente judicial, porque se desgranaría la mazorca.

Así las cosas, en el México de la presumida “Revolución de las Conciencias”.

Juan Carlos Anaya, director general del GCMA, advierte que el campo mexicano cada vez produce menos granos básicos; Sonora enfrenta una de las peores crisis en 50 años, no sólo por la sequía, sino por políticas públicas erradas     

 

Por Rigo Gutiérrez E.

La producción de los principales granos básicos en nuestra tierra se ha reducido, la superficie sembrada continúa retrocediendo y, en regiones que antes eran estratégicas, como Sonora, cada vez resulta menos rentable producir.

Pero la crisis del campo mexicano va más allá de una mala temporada. Existen informes y análisis, apuntando a diversos factores que desentierran una realidad inocultable: las políticas públicas del sector agroalimentario, en los últimos años van en camino equivocado.

En entrevista para “Primera Plana”, Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), no se anduvo entre las ramas y pintó claramente el sombrío panorama con datos y cifras actualizados.

En 2025 la producción conjunta de maíz, sorgo, trigo, arroz palay, frijol y soya cayó a 31.02 millones de toneladas, 5.9% menos que un año antes y 16.2% por debajo de 2023. Para 2026 se anticipa una recuperación de apenas 2.2%, hasta 31.71 millones de toneladas, todavía 14.3% por debajo del máximo registrado tres años atrás.

La tendencia de largo plazo tampoco es alentadora: entre 2018 y 2026, la producción de estos granos disminuyó 13%, la superficie cosechada cayó 11.4% y el rendimiento retrocedió 1.8%. 

Desgranan el orgullo de nuestra tierra  

El trigo es uno de los casos más preocupantes. En un solo año, a nivel nacional se dejaron de sembrar cerca de 180 mil hectáreas y su producción se contrajo 35%.

En Sonora, de acuerdo a lo declarado por Álvaro Bours Cabrera, presidente del Sistema Producto Trigo en Sonora, en el Valle del Mayo el rendimiento promedio fue de alrededor de 4.1 toneladas por hectárea, cuando históricamente era de aproximadamente 6.5 toneladas.

Calculan que las pérdidas en este ciclo agrícola van entre 7 mil y 10 mil pesos por hectárea para los productores del sur de Sonora.

En el caso del maíz, representantes del Distrito de Riego Yaqui, también han establecido que la caída fue pronunciada, debido a que pasaron de 14 hectáreas en condiciones normales a llegar a las 9 toneladas este ciclo.

Las causas a fondo 

Para Juan Carlos Anaya, director general del GCMA, el problema tiene dos vertientes: la falta de agua y la pérdida de rentabilidad del campo. Pero detrás hay una política pública que no está atendiendo de manera integral las necesidades de los productores.

Anaya advierte que México está sustituyendo producción nacional por importaciones y cuestiona que los programas gubernamentales.

—¿Estamos ante una mala cosecha o qué ven en el campo mexicano?

No es solamente una mala cosecha. México está perdiendo terreno en la producción de granos básicos y hay dos factores fundamentales: la sequía y la falta de rentabilidad.

En las zonas de riego, la menor disponibilidad de agua está reduciendo la superficie sembrada. En las zonas de temporal, las lluvias irregulares disminuyen los rendimientos y aumentan el riesgo para los productores.

Pero también hay un problema económico. Los bajos precios, los costos de producción, la falta de financiamiento y la limitada cobertura de riesgos están expulsando hectáreas de la actividad agrícola.

El trigo es quizá el caso más severo. En un solo año se dejaron de sembrar casi 180 mil hectáreas y la producción cayó 35%.

—Entonces, ¿el problema no se resuelve simplemente sembrando más?

Exactamente. La solución no consiste únicamente en sembrar más. México necesita producir más por hectárea y recuperar la rentabilidad.

Eso exige mejores semillas, tecnificación del riego, financiamiento competitivo, seguros agrícolas, coberturas de precios, asistencia técnica y certidumbre comercial.

Las importaciones ayudan a complementar el abasto, pero no deben sustituir una política productiva nacional.

—¿Y qué está fallando en la política pública?

Hay programas que no están resolviendo el problema de fondo.

Tenemos un fuerte programa de fertilizantes que está dirigido únicamente a productores de menos de cinco hectáreas. También está Sembrando Vida, que es básicamente un programa de entrega de recursos, y tenemos los precios de garantía, que tienen una cobertura muy limitada.

En el caso del maíz, el apoyo se concentra a través de Alimentación para el Bienestar; en trigo, el único beneficiado es el trigo panificable. El trigo cristalino, el sorgo y regiones como Sonora prácticamente están fuera.

Lo mismo ocurre con los estados. Parece que solamente existen el Bajío y Sinaloa, cuando deberían apoyarse todos los estados productores del país.

—¿Qué es lo que están reclamando los productores?

Los productores están compitiendo en condiciones desiguales frente a nuestros socios comerciales.

En Estados Unidos existen programas que garantizan precios, seguros, infraestructura y financiamiento para los productores, para distintos productos y regiones. En México tenemos una política mucho más excluyente.

No puedes pedirle al productor mexicano que compita con el productor estadounidense si uno tiene acceso a financiamiento, seguros y coberturas de riesgo y el otro no.

—¿Las autoridades están viendo estos números? Porque la lógica indicaría que, si los datos muestran una caída de la producción y una política pública que no está funcionando, deberían tomarse decisiones.

Ellos no lo están viendo.

—¿Qué están viendo entonces?

Los votos.

Nosotros sacamos este reporte y no ha habido ninguna respuesta del gobierno. Porque no les preocupa. Les preocupa más el tema de los votos y seguir con sus programas asistenciales.

Mientras tanto, seguimos importando más.

—¿Y quién está aprovechando esa dependencia?

Principalmente nuestros socios comerciales. Los productores estadounidenses han pedido incluso que el tratado se renueve por 16 años porque México es su mayor comprador de maíz y también es un gran comprador de trigo, soya, leche en polvo, carne de cerdo, pollo, arroz y frijol.

Para ellos, que México deje de producir significa que ellos pueden vendernos más.

México actualmente es el segundo importador agroalimentario más grande del mundo, después de China. Y en el caso del maíz somos el mayor importador.

Eso es triste.

—¿Qué significa esto para la seguridad alimentaria?

Que México está perdiendo seguridad alimentaria.

Se habla mucho de que “sin maíz no hay país”, pero en la práctica México cada día sigue incrementando sus importaciones y perdiendo capacidad productiva.

De acuerdo con los parámetros de la FAO, deberíamos estar produciendo alrededor de 70% a 75% de nuestros granos básicos. Actualmente solamente producimos alrededor de 42%.

Ese es el verdadero problema.

—¿Cómo se refleja esta pérdida de producción en el bolsillo?

El problema no está necesariamente en el precio que vemos hoy en el supermercado.

Muchas veces nos quedamos con los datos macroeconómicos, pero hay que ir a las regiones productoras y preguntar qué está pasando.

Pregúntales a los productores de Sonora cómo está la situación. La gente está dejando de sembrar. La gente que rentaba su tierra ya no encuentra quién se la rente porque no es rentable producir.

Muchas familias, particularmente personas mayores que rentaban sus tierras, ahora se están quedando sin esos ingresos.

Vete a Sinaloa y vas a ver la catástrofe que hay. Ve a Tamaulipas. En Baja California también se dejaron de sembrar cientos de miles de hectáreas.

Y en el Bajío ocurre algo similar.

—Es decir, la crisis puede no sentirse todavía de manera directa en el supermercado, pero sí está ocurriendo en las comunidades rurales.

Exactamente.

El tema no es solamente cuánto cuesta hoy una tortilla o cuánto cuesta un producto en el supermercado. El tema es que México está dejando de producir.

Son datos muy duros y muy fáciles de entender: cada día dependemos más de las importaciones y México deja de producir.

—¿Y por qué no se está generando una respuesta más contundente desde los estados y desde las organizaciones de productores?

Ese es otro problema. Tanto los gobiernos de los estados como los líderes de los productores no están haciendo el reclamo correspondiente.

Por eso en GCMA damos estos datos. No son datos técnicos difíciles de entender. Son datos muy duros que muestran una realidad: México está perdiendo producción y aumentando su dependencia de las importaciones.

—¿Qué tendría que cambiar para revertir esta tendencia?

México necesita una verdadera estrategia de administración de riesgos.

No basta con entregar apoyos. Necesitamos productividad, rentabilidad y certidumbre.

Hay que invertir en tecnología, mejorar las semillas, tecnificar el riego, facilitar el financiamiento, ampliar los seguros agrícolas y las coberturas de precios, fortalecer la asistencia técnica y generar certidumbre comercial.

El objetivo tiene que ser producir más por hectárea y hacer rentable la actividad agrícola.

El director general del GCMA afirmó que mientras las políticas nacionales sigan la inercia de este camino el campo continuará perdiendo superficie, y es que añadió, la seguridad alimentaria se construye con productividad y certidumbre, no solo con discursos.

Por Lluvia del Sol

Hermosillo tendrá este miércoles una jornada calurosa, con 37°C como temperatura máxima y 28°C como mínima, además de nubosidad matutina que tenderá a disminuir durante la tarde. Aunque la probabilidad de lluvia es de apenas 15%, no se descarta la presencia de algún chubasco o tormenta aislada. Los vientos serán del sureste, de 10 a 15 km/h.

En Sonora, el monzón mexicano continuará generando condiciones para lluvias y tormentas, especialmente en sectores del norte y la sierra. El pronóstico nacional contempla para el estado chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros, además de actividad eléctrica y rachas de viento.

El resto del país: lluvias fuertes a intensas

El panorama nacional será más lluvioso. El monzón mexicano mantendrá precipitaciones en el noroeste, mientras la onda tropical número 26 favorecerá lluvias en el sureste y la Península de Yucatán. Se esperan lluvias intensas de 75 a 150 mm en zonas de Jalisco, Colima, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche; así como lluvias muy fuertes en Chihuahua, Michoacán, Yucatán y Quintana Roo.

Al mismo tiempo, persistirá el ambiente muy caluroso, con temperaturas de 40 a 45°C en sectores de Sonora, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

La vigilancia permanece sobre tres zonas de baja presión en el Atlántico, de acuerdo con el reporte que compartiste de Conagua-SMN, aunque por ahora ninguna representa una amenaza inmediata para Sonora. El escenario seguirá marcado por el contraste entre calor extremo, humedad y tormentas.

 

Seis ejemplares de una cactácea protegida fueron localizados en una empresa de paquetería; el cargamento viajaba de Coahuila a Baja California

 

Por El Reportero 911

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación tras el aseguramiento de seis ejemplares de peyote (Lophophora williamsii) localizados dentro de un paquete en una empresa de paquetería en Hermosillo.

El hallazgo se realizó luego de una denuncia anónima y con apoyo de un binomio canino de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

De acuerdo con la investigación, el envío provenía de Torreón, Coahuila, y tenía como destino Rosarito, Baja California. Las plantas quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará las indagatorias para determinar la responsabilidad de quienes participaron en el traslado.

El peyote es una especie nativa de México protegida por la legislación ambiental debido a su lento crecimiento, la extracción ilegal de ejemplares silvestres y su importancia cultural para el pueblo Wixárika. Su extracción, transporte y comercialización sin autorización constituyen una violación a la normatividad ambiental vigente.

El caso se suma a otros aseguramientos recientes de flora protegida detectados en servicios de mensajería, una modalidad que también ha sido utilizada para el tráfico ilegal de especies silvestres.

Editorial

La justicia en México ha sido, históricamente, un terreno donde se cruzan los intereses políticos y las aspiraciones de justicia. El reciente proceso contra Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California y figura vinculada al PAN, contrasta de manera evidente con la ausencia de procesos judiciales contra Rubén Rocha Moya, actual gobernador de Sinaloa y aliado de la llamada Cuarta Transformación.

Este contraste obliga a poner sobre la balanza el siguiente dilema: ¿la justicia mexicana se aplica con el mismo rigor a todos o depende de la cercanía con el poder político?

En el caso de Ruffo Appel, la Fiscalía General de la República actuó con severidad: vinculación a proceso por delincuencia organizada y huachicol ferroviario, prisión preventiva en el Altiplano y una audiencia maratónica de más de 30 horas.

La imagen de su detención en Tijuana quedó para los archivos: en medio de un fuerte operativo, el exgobernador, de 74 años, ingresó a las oficinas de la Fiscalía. Esposado, con las manos al frente. Vistiendo jeans y camisa. Agachado a la fuerza por un corpulento agente de lentes negros.

Con este caso, desde Palacio Nacional buscan forzar la narrativa de la desarticulación de una peligrosa red de «huachicol», aunque el juicio apenas inicia.

Pero la sola acción de la detención, en esta administración, ya cuenta para presumirse como un «trofeo» en su lucha contra el crimen organizado.

Sin embargo, cuando se observan las denuncias de corrupción y nepotismo que rodean a Rocha Moya y a otros gobernadores afines a Morena, el panorama es distinto.

No hay vinculación a proceso, no hay prisión preventiva y las acusaciones se diluyen en el discurso político de la «guerra sucia» o de los ataques de adversarios.

Este doble rasero no es nuevo. La historia política mexicana está marcada por episodios en los que la justicia se aplicó de manera selectiva. Durante el régimen priista del siglo XX, los opositores solían enfrentar procesos judiciales severos, mientras que los aliados del sistema gozaban de protección.

Recordemos el caso de Demetrio Sodi de la Tijera, perseguido en los años setenta por su oposición al PRI, mientras que figuras cercanas al poder podían cometer irregularidades sin consecuencias.

En los años noventa, el proceso contra Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente, fue interpretado por muchos como un sacrificio político para salvar la legitimidad del sistema, más que como un acto de justicia imparcial.

La llegada de la alternancia en el año 2000 no erradicó esta práctica. Gobiernos panistas también fueron acusados de usar la justicia como herramienta política, como ocurrió con los procesos contra líderes sindicales opositores, mientras se protegía a aliados estratégicos.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto, el caso de la «Casa Blanca» mostró cómo las investigaciones podían ser minimizadas cuando tocaban directamente al círculo presidencial.

Hoy, bajo el gobierno morenista, la narrativa oficial insiste en que la justicia se aplica «sin distingos». Sin embargo, los hechos muestran que la severidad se concentra en opositores, mientras que los aliados enfrentan un camino más suave.

La prisión preventiva de Ruffo Appel contrasta con la ausencia de medidas contra Rocha Moya o Marina del Pilar Ávila, pese a las denuncias públicas de corrupción. La justicia, entonces, parece seguir siendo un instrumento político, más que un poder autónomo.

Más allá de exhibir la detención de Ernesto Ruffo, lo que la autoridad no debe echar en saco roto es que la justicia selectiva termina por erosionar la confianza ciudadana en las instituciones y perpetúa la percepción de que la ley no es pareja.

La justicia deja de ser un pilar de la democracia y se convierte en un arma de legitimación política. En un país donde la corrupción y la impunidad son problemas estructurales, la aplicación desigual de la ley refuerza la idea de que el poder político sigue siendo el verdadero árbitro de la justicia.

Por eso, México necesita una justicia que se aplique con el mismo rigor a todos, sin importar la filiación política. La historia nos muestra que, mientras la justicia siga siendo selectiva, la democracia será incompleta. El reto es construir instituciones que resistan la tentación del poder y que actúen con imparcialidad, incluso cuando los acusados sean aliados del gobierno en turno. Solo así, la justicia dejará de ser un espejo de doble rasero y se convertirá en un verdadero instrumento de equidad y confianza social.

 

Por Francisco Javier Ruiz Quirrín

NO PODEMOS adentrarnos a la causa penal en la que está envuelto el exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, porque no tenemos información, lo que sí podemos exponer sin duda alguna, es que continúa en esta “4-T”, vigente, la frase de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos la Ley a secas”.

De hecho, Ruffo es ahora un preso político por tres razones fundamentales: El régimen acusa como resultado de una investigación por “huachicol fiscal”, a una figura de la oposición y de esa manera busca golpear a dos partidos, al PAN y al naciente “SomosMX”. Aparte, convertir el hecho en una “caja china” para desviar la atención en escándalos como el de Marina del Pilar, actual gobernadora de Baja California y sus contactos clandestinos con agentes de seguridad de los Estados Unidos.

Ruffo fue el primer gobernador de la oposición del entonces hegemónico PRI en 1989, abriendo con ello una fisura que al paso del tiempo creció hasta sacar a ese partido gobernante de Los Pinos en el año 2000. Sin embargo, para “MORENA” y sus jefes, todo aquel que no piense como ellos es un enemigo y de ahí su visión de que existe solo un “PRIAN” opositor.

Quizá y ahora esta Fiscalía General de la República haya encontrado elementos certeros para meter a la cárcel al exgobernador, pero ese no es el punto. El cuestionamiento ahora es por qué, si teniendo elementos en sus manos, el gobierno federal no solo no ha actuado contra algunas de sus prominentes figuras, sino por los hechos, los ha perdonado.

Tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum, han repetido mil veces que “no se protegerá a nadie, trate de quien se trate”. Eso es una mentira. Los hechos están a la vista.

El mismo AMLO reconoció el fraude cometido en Segalmex, el más grande en la historia de México en ese momento y que alcanzó los 15 mil millones de pesos en detrimento del patrimonio nacional. Sin embargo, para el presidente entonces, el director de ese organismo, Ignacio Ovalle Fernández, “había sido engañado”. Éste último dio el primer trabajo en el gobierno para el tabasqueño en el sexenio del presidente José López Portillo. Eso convirtió a Ovalle en “intocable”.

¿Y qué decir de los hijos de López Obrador, envueltos en “tráfico de influencias” para hacer negocios con sus amigos? ¿Y un hermano del mismo presidente, recibiendo dinero público enviado por el gobierno de Chiapas? ¿Y los jugosos contratos obtenidos por una prima del presidente y por un hijo de Manuel Bartlett Díaz, “pegándole a la tesorería” de la Comisión Federal de Electricidad? ¿Hubo alguna investigación sobre ellos? Ninguna.

Escándalos mayores se han presentado en el gobierno asumido por la señora Sheinbaum a partir del 2024 y habrá qué decirlo con claridad, como consecuencia de los excesos cometidos por su antecesor.

¿Por qué no se ha investigado acerca de las ligas de Pedro Carmona, llamado el “rey del huachicol”, de sus aportaciones a las campañas de candidatos de “MORENA” y asesinado hace tres años? ¿Acaso el gobierno federal no tiene conocimiento de las operaciones llevadas a cabo con Carmona por parte del dirigente del partido oficial, Mario Delgado, o del ahora gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal?

¿Por qué el gobierno de la “4-T” guarda silencio y protege al almirante Rafael Ojeda, —exsecretario de la Marina Armada de México y tío de los hermanos Farías Laguna, considerados operadores del “huachicol” fiscal—, cuyas ganancias en el pasado sexenio representaron un desfalco a la nación por 600 mil millones de pesos?

¿Por qué se ha protegido al senador Adán Augusto López, a pesar de sus evidentes relaciones con bandas delincuenciales, empezando por el detenido Hernán Bermúdez, quien fuera secretario de seguridad durante el gobierno de Adán en Tabasco?

¿Por qué la extraordinaria protección al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a pesar de las evidencias conocidas por todos de sus ligas con el crimen organizado en su entidad?

¿Por qué la presidenta ha exonerado a la gobernadora de Baja California, a pesar de que Marina del Pilar ha protagonizado un inocultable escándalo al contactarse con funcionarios de oficinas de seguridad de los Estados Unidos, ofreciendo información que le permita recuperar su “visa”?

Desde luego hay múltiples “botones” más de muestra, pero con los expuestos aquí podemos concluir que aquella frase de “todos los caminos conducen a Roma”, podría aplicarse aquí al señalar que “todos los caminos conducen a Palenque” y que la presidenta Sheinbaum ha tomado la decisión de proteger a su antecesor.

¿Hay más enemigos de la “cuarta transformación” perseguidos por el régimen? Claro.

Está el caso de Rosario Robles Berlanga, encarcelada dos años por López Obrador para saciar una venganza que tenía guardada desde que se filtraron los videos de su secretario René Bejarano recibiendo fajos de dinero de un empresario argentino.

Tenemos ahora el acoso político contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos. Si tuviera mayores elementos para actuar contra ella, le habrían dado luz verde a la iniciativa de iniciarse un juicio de procedencia y quitarle el fuero para meterla a la cárcel.

Finalmente, no está de más señalar que son decenas de periodistas que al ejercer su crítica al gobierno, les ha sido colocada la cachucha de enemigos.

¿Recuerdan las dos principales banderas de AMLO en su campaña para llegar a la Presidencia: “Contra la corrupción y la impunidad”?

Ahora el régimen es el más corrupto de la historia y la impunidad cabalga por todo lo largo y ancho del país.

 

Los avisos y advertencias de Estados Unidos, continúan

 

HA SIDO ahora Terry Cole, director de la DEA (agencia antidrogas de los Estados Unidos) quien se ha encargado de reiterar los mensajes dirigidos al gobierno de México acerca de la posibilidad de actuar contra los políticos coludidos con el narcotráfico… Sus declaraciones se agregan a las múltiples expresiones del presidente Donald Trump, de Marco Rubio, secretario de Estado y del secretario de seguridad, Markwayne Mullin, responsabilizando a la presidenta Claudia Sheinbaum porque —dicen— está dominada por los cárteles de la droga, “que son los que mandan en México”… La mandataria de nuestro país niega esa aseveración desde luego y asegura que la relación con el presidente Trump es muy buena, tanto así que la invitó a estar presente en el juego de fútbol en el que España se convirtió en campeón mundial al vencer a Argentina… La verdad es que nada es previsible con el presidente de los Estados Unidos… A ese juego estelar también fue invitado el primer ministro de Canadá, Mark Carney y horas después recibió la noticia de la imposición del 50 por ciento de aranceles en las importaciones canadienses a suelo norteamericano… A lo anterior deberá agregarse la enérgica reacción estadounidense al anuncio del dictador comunista de Nicaragua, Daniel Ortega, quien se atrevió a anunciar una reforma legislativa para eliminar las elecciones en su país de manera permanente… A través de Marco Rubio, la administración Trump advirtió a Ortega que ante los hechos no se quedarán con los brazos cruzados… Esta respuesta significa que no solo mueve a Trump el propósito económico en América Latina, sino también se preocupa por la forma de gobierno de sus vecinos… Pero de regreso a México, quien apueste a la continuación de estos escándalos en los que están envueltos políticos de la “cuarta transformación” en relación con Estados Unidos, tiene altas probabilidades de ganar, sobre todo porque el próximo mes de noviembre habrá elecciones para renovar el Congreso en Washington y urge al jefe de la Casa Blanca y al Partido Republicano, conservar sus controles en las cámaras… Eso quiere decir que no extrañará a nadie algún anuncio del Departamento de Justicia dando a conocer nombres de políticos mexicanos ligados con el crimen o bien, atreverse a detener a alguna figura dentro de nuestro país… ¿Cuándo? ¿En septiembre? ¿En octubre?

 

¿Hospital en Ures?, a casi 12 años de la contaminación del Río Sonora

 

COMENZARÍAMOS por lanzar un reproche porque la licitación para construir el hospital prometido por el gobierno federal en Ures como parte del proyecto de remediación de la contaminación del Río Sonora en 2014, no fue otorgada a una empresa sonorense, a pesar de que la capacidad de los contratistas locales estuvo plasmada en la presentación de la oferta… Finalmente, la obra de 452 millones de pesos fue otorgada a una empresa con socios ligados a España, en coordinación con una compañía de Monterrey… “ASCH” S.A de C.V., es la nueva razón social de “Hispánica”, la misma empresa que logró en el sexenio de López Obrador jugosos contratos de obra pública y quizá cambió de nombre al recibir varios señalamientos de irregularidades por parte de auditorías del gobierno federal… En participación conjunta con “Regiomontana de Construcción y Servicios”, será la encargadas de edificar este hospital que en abril del 2027 espera ser inaugurado bajo el dominio del programa “IMSS-Bienestar”… Por cierto, esas mismas firmas fueron beneficiadas en la designación directa para la construcción del acueducto yaqui, dentro del plan de justicia de esa etnia implementado por AMLO… Así que saque sus propias conclusiones… Es reveladora por los datos que ofrece la investigación periodística del director editorial de nuestro Semanario “Primera Plana”, Rigo Gutiérrez Escalante, tanto por las precisiones del monto de la licitación, como por sus antecedentes de abandono en obra negra de un primer proyecto iniciado y jamás terminado… Es lógico pensar que los pobladores del Río Sonora mantienen su desconfianza en el gobierno federal, luego de las desesperanzadoras mentiras que a través de los años han dejado los presidentes Peña Nieto, López Obrador y sus funcionarios… Ahora se espera que con Claudia Sheinbaum se aterricen dichas promesas, las que contemplan no solo un nuevo hospital, sino también la construcción de potabilizadoras y el uso de un fondo especial para aplicarlo en la remediación de la zona, incluida una clínica de desintoxicación y la conservación de la flora y la fauna… Ya veremos… Por lo pronto no hay fecha para la ceremonia en la que se colocará la primera piedra del hospital, aunque el contrato entre los representantes legales de las empresas y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, fue firmado el pasado 14 de julio.

 

La danza de las “corcholatas sonorenses”

 

EL GOBERNADOR Alfonso Durazo está alcanzando su propósito de posicionar a sus proyectos políticos rumbo al 2027… Sus seis propuestas trabajando formalmente para buscar la candidatura de MORENA al Gobierno del Estado y este proceso que no tiene nada de interno del partido oficial, le está brindando muy buenos resultados… Sobre el escritorio tendrá los nombres de las y los aspirantes y la relevancia en la elección de la candidata o candidato a presidente municipal de Hermosillo… Será como un tablero de ajedrez… Para el movimiento en el “sixpack morenista” esperaría la decisión final de la presidenta Claudia Sheinbaum: Insistir en Javier Lamarque o cambiar de opinión… A partir de ahí tendrá a su disposición figuras para la postulación de diputaciones federales, diputados locales y más allá de todo eso, la alcaldía “naranjera”, la que no pudo tener en sus manos en todo el sexenio… La trascendencia de dominar el palacio municipal de la capital de 2027 al 2030, es que tendría a la mano a la o el futuro aspirante a llegar a palacio de gobierno… También deberá esperar a que la oposición designe a su candidata o candidato… Célida López Cárdenas y su arrastre podría ser contemplada en caso de que Alejandro López Caballero sea el elegido por el PAN y aliados… También contará con Lorenia Valles en caso de que no sea candidata a la gubernatura, aunque ella insista en rechazar esa posibilidad y aún tiene varias cartas para elegir, entre Paulina Ocaña, Fernando Rojo de la Vega, Froylán Gámez y Omar de Valle, porque difícilmente repetiría en la candidatura María Dolores del Río… Por lo pronto, será la última semana de agosto cuando se decida a la coordinadora o coordinador “para la defensa de la cuarta transformación y la soberanía nacional” en Sonora… La elegida o elegido, tendrá un pie en la candidatura al Gobierno del Estado.