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Exgobernadores presos: ¿Quién sigue?
En los casi ocho años que lleva gobernando la llamada Cuarta Transformación, la han agarrado contra puros exgobernadores de las oposiciones
Por Bulmaro Pacheco
Ángel Aguirre Rivero fue priista por un buen tiempo. Hizo su carrera en el estado de Guerrero a la sombra de José Francisco Ruiz Massieu y de Rubén Figueroa Alcocer, y le fue bien.
Ocupó todas las posiciones políticas locales y federales habidas, hasta que en 1996 le llegó la oportunidad de ser gobernador sustituto, al reemplazar a Rubén Figueroa Alcocer (1993-1996), quien dejó el cargo tras la matanza de Aguas Blancas, donde perdieron la vida 17 campesinos. Aguirre cubrió el periodo de 1996 a 1999.
La historia moderna de México registra que Ángel Aguirre, al igual que Víctor Cervera Pacheco, de Yucatán, han sido los únicos que, después de llegar al cargo por designación del Congreso (interinos), volvieron por la vía de la elección popular a ocupar la gubernatura.
Cervera sustituyó en 1984 al general Graciliano Alpuche Pinzón, quien solo pudo estar dos años al frente del gobierno de Yucatán (1982-1984), ante la falta de oficio político para lidiar con los conflictos postelectorales en la entidad. Cervera gobernó primero de 1984 a 1988 y después fue postulado por el PRI para gobernar de 1995 a 2001. Años más tarde buscó la alcaldía de Mérida, que perdió, y murió en 2004.
Aguirre volvió a ser gobernador —ahora electo— de 2011 a 2014, pero por un partido distinto al PRI. Ganó mediante la coalición Guerrero nos Une, integrada por el PRD, el PT y Convergencia, y renunció al PRI para tratar de convertirse en el líder de las izquierdas en esa entidad.
Aguirre cubrió solo tres años de su periodo y se vio obligado a dejar el cargo, presionado por la dirigencia nacional del PRD, tras la desaparición de los jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Después de los acontecimientos y de los escándalos de la pareja perredista que gobernaba Iguala, Aguirre no supo manejar las cosas y acusó a la dirigencia nacional del PRD de haberlo sacrificado y empujado fuera del gobierno de Guerrero, negando a cada rato alguna responsabilidad en los hechos relacionados con los jóvenes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.
Confiado en su militancia perredista, quiso acercarse a la presidenta Sheinbaum y a Morena, enviándole, a través de interpósita persona, un regalo que la presidenta rechazó de inmediato: “Mándale saludos y dígale que no, gracias. No recibo regalos de ellos”. De ese tamaño.
Como exgobernador de oposición —quizá Aguirre se confió en que nada iba a pasarle después de casi 12 años de los acontecimientos por los que ahora se le involucra— es acusado de haber ordenado desaparecer los videos de aquella noche. La Fiscalía General de la República le imputa delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas por presuntamente haber ordenado ocultar y destruir las grabaciones captadas por las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando policías municipales y estatales detuvieron el autobús en el que viajaban los normalistas. Un juez le impuso prisión preventiva oficiosa y deberá permanecer en el penal del Altiplano mientras se resuelve si es vinculado a proceso.
El exmandatario de Guerrero se confió en los años transcurridos y creyó que le había bastado aquella declaración que dio meses atrás, cuando dijo que, como gobernador, había apoyado a la Escuela Normal con la donación de un camión. Nada dijo de las autoridades municipales de Iguala —la gota que derramó el vaso—, que, al igual que él, pertenecían al PRD y tenían el sello del expresidente López Obrador.
Con esa militancia, Aguirre pensó que nunca le iba a suceder lo que le pasó a Rosario Robles, exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (1999-2000), quien pasó injustamente tres años en la cárcel. Ella había sido antes secretaria de Gobierno del Distrito Federal (1997-1999).
O que la iba a librar ignorando lo que le sucedió al exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez (2010-2016), extraditado de Estados Unidos en 2022 y nuevamente detenido en 2025, acusado de lavado de dinero y desvío de recursos públicos.
O el caso del exgobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam (1993-1998), procesado también por el caso Ayotzinapa, pero por haber desempeñado el cargo de procurador general de la República en el gobierno de Enrique Peña Nieto durante el año de los acontecimientos en Guerrero.
O el caso del exgobernador de Puebla, Mario Marín (2005-2011), detenido en 2021 y encarcelado por su presunta responsabilidad en la tortura de la periodista Lydia Cacho, muchos años después de dejar el poder.
Y, en el caso más reciente, el del primer gobernador de oposición que ganó la gubernatura de Baja California en 1989: Ernesto Ruffo Appel, detenido en julio de 2026 y vinculado a proceso por los presuntos delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos, en el caso conocido como “huachicol fiscal”.
Por lo visto, en los casi ocho años que lleva gobernando la llamada Cuarta Transformación, la han agarrado contra puros exgobernadores de las oposiciones: PRI, PAN y PRD. Todo, como una estrategia de manejo político-electoral para tratar de borrarlos del mapa político —mensaje para el proceso electoral de 2027— y como reafirmación de su tesis de los años “perdidos” (sic) en que gobernó la oposición en México; una justificación para la falta de respuestas y soluciones a los grandes e importantes problemas nacionales, a casi ocho años de que llegaron al poder.
Creemos que las cosas no van a parar ahí y la pregunta obligada ante esa estrategia política es: ¿quién sigue?
Ahí está Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán por el PRD (2015-2021), quien ya es buscado: enfrenta órdenes de aprehensión y una ficha roja de Interpol por acusaciones federales y estatales.
También está Francisco García Cabeza de Vaca (2016-2022), exgobernador panista de Tamaulipas, quien reside en Estados Unidos y cuya extradición ya solicitó el gobierno mexicano.
También está Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco por Movimiento Ciudadano (2018-2024), al que, al parecer, ya traen en la mira.
Y está Maru Campos, gobernadora de Chihuahua (2021-2027), contra quien legisladores de Morena promovieron acusaciones de “traición a la patria” y un juicio político —que no prosperó—, aunque seguramente esperarán a que termine su periodo en 2027 y deje de tener fuero.
También se ha mencionado a Miguel Ángel Mancera, exjefe de Gobierno de la Ciudad de México por el PRD, de 2012 a 2018.
¿Y los exgobernadores de Morena? ¿Y los señalados por su vinculación con la delincuencia organizada y el huachicol fiscal? Nada. Actualicemos la frase atribuida a Juárez: “A los enemigos, la ley; a los amigos, justicia y gracia”. A ellos no se les toca ni con el pétalo de un expediente judicial, porque se desgranaría la mazorca.
Así las cosas, en el México de la presumida “Revolución de las Conciencias”.
