Hay nuevas reglas sobre el nepotismo y la reelección, y la Presidenta de la República está en camino de asumir la dirigencia política de su partido al promover los cambios recientes 

Por Bulmaro Pacheco

De cara a las próximas elecciones, el tránsfuga político se prepara para el siguiente salto y se pregunta a sí mismo: ¿Qué sigue para mí en el futuro inmediato?

¿Sabrán quienes me convencieron de abandonar a mi antiguo partido político que todavía valgo en el mercado de las machicuepas políticas? ¿Sabrán aquellos que operaron mi cambio de colores partidistas que todavía conservo nombre y algunas clientelas políticas?

El tránsfuga presume de sus libertades, se sobrevalora a sí mismo e imagina una fuerza y un poder del que ya prescindió desde hace buen rato. Quienes en un tiempo lo utilizaron, quizá ya no lo necesiten y no lo promuevan. Es su drama, es su dilema.

Y son varias las razones que quizá el tránsfuga ignora: ya no son las condiciones que se dieron cuando se le invitó a cambiarse de bandera política. Los gobiernos que lo invitaron a cambiarse no salieron tan buenos como él lo imaginó. Lo que le prometieron no se cumplió y observa con terror la posibilidad de quedarse solo en los afectos de los que llegan y ser olvidado por los que se van. Lo peor es que aunque se promuevan, no los mencionan para nada entre los nuevos aspirantes a candidaturas.

Ignora quizá que lo utilizaron para debilitar a los adversarios políticos. Lo utilizaron para enviar señales de que el nuevo gobierno que llegó al poder desde el 2018 iba a capturar de todo lo que se pudiera entre las oposiciones para debilitarlas y tratar de postrarlas ante el poder.

En algunos casos lo lograron, en otros no. Hubo gobernadores que no tardaron en negociar con el mejor postor —opositor— a cambio de lentejas políticas que los exhibieron de cuerpo entero.

Legisladores que se prestaron para la integración de mayorías a cambio de canonjías y promociones políticas, así como de perdones por desfalcos, malos manejos u órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar.

Otros casos más visibles: los que se hicieron candidatos de otros partidos para afectar a los adversarios de la llamada 4T, quitarle votos a los de enfrente y hacerlos perder, para que se les perdonaran malos manejos y persecuciones por delitos de corte administrativo; es decir, rebajarse hasta niveles ínfimos de dignidad a cambio de seguridad y no persecución. Algo no visto en otras épocas con ese nivel de degradación.

Otros más, producto de la cultura del privilegio en materia de nombramientos y ascensos, no tuvieron empacho en cambiar de bandera política para autojustificarse y aparentar un cambio basado en una pureza imaginaria que se autoadjudican al pasar de un bando a otro, creyendo que, con ese solo hecho, al bañarse en el Ganges de la política partidista “los purificó de cuerpo entero”.

Venden modernidad y alegan autocrítica como una forma de promoverse. Utilizan las redes para seguido anunciar: “Aquí estamos” y también buscan posicionarse como aspirantes.

Los próximos comicios representan un verdadero dilema para los tránsfugas. Ya no son las mismas condiciones que los motivaron a la migración política; ahora hay nuevas reglas sobre el nepotismo y la reelección, y la Presidenta de la República está en camino de asumir la dirigencia política de su partido al promover los cambios recientes. Por lo pronto, ya le mandaron decir al boxeador Jorge “el Travieso” Arce que no será bienvenido en Morena a pesar del padrinazgo político que lo anunció con bombo y platillos.

También hay señales para la familia Monreal en Zacatecas, donde el hermano menor, Saúl, soñaba con la candidatura de Morena al gobierno estatal para sustituir a su hermano David, que a su vez ocupa el cargo que su otro hermano, Ricardo, desempeñó de 1998 al 2004. Pero a Saúl lo pararon en seco. Él mismo ha dicho que lo va a pensar y que no descarta nada, tratándose de su derecho constitucional a aspirar, a pesar de que la dirigente nacional de Morena ya dijo que no lo postularán candidato.

El otro caso es el de Guerrero, donde Félix Salgado Macedonio aspira a relevar a su hija Evelyn en el cargo; este ya recibió el mensaje de que esa gubernatura está reservada para la exConsejera Jurídica de la Presidencia de la República, María Esthela Ríos González, quien al renunciar recientemente a su cargo anunció que se iba a hacer política a su tierra, Guerrero. Salgado Macedonio se resiste a aceptar y quizá veamos ahí una sorpresa.

El otro caso es el de San Luis Potosí, donde el actual gobernador José Ricardo Gallardo Cardona no ha dejado de impulsar a su esposa, la senadora Ruth Miriam González Silva, y ya declaró que irá de candidata por el Partido Verde Ecologista y que solos, sin aliados, pueden ganar la elección. En Morena guardan silencio y cuidan sus cartas para el mismo estado. Saben que de atacarlos pueden poner en riesgo la alianza que se cuarteó en el pasado inmediato.

El caso de Nuevo León es patético. Un gobernador como Samuel García, que ha gobernado en medio de escándalos, tratará de imponer a su esposa Mariana Rodríguez como candidata a la gubernatura estatal, y él —dicho por él mismo— se reserva el derecho a aspirar a la Presidencia de la República para el próximo 2030. Una verdadera crisis para Movimiento Ciudadano.

¿Nuevos estilos políticos o falta de control de los partidos sobre sus militantes? Constitucionalmente, nadie está impedido de aspirar a un cargo público. El problema es para los partidos y sus procesos internos que en Morena, ya con la intervención directa de Claudia Sheinbaum, se cierran más, dejando inconformidades visibles.

Lo que se ve es desesperación por los tiempos. En el pasado, la gente veía que las candidaturas se repartían de acuerdo a los intereses de los grupos, más allá de los méritos, las encuestas y las capacidades. Ahora también.

Los que dijeron que iban a ser diferentes a los del pasado no lo han sido, —la transformación ha sido puro cuento—, y por eso sus crisis. Los procesos de decisión política son los mismos del pasado y los métodos no cambiaron. Muchos personajes ya no están dispuestos a hacer cola en las oportunidades a nombre de una exigua y cada vez más maltrecha disciplina de partido, y por eso manifiestan sus inconformidades y a veces amenazas veladas.

El problema tiene factores externos (los intereses regionales) e internos (los procesos internos de los partidos), y en eso están actualmente las tensiones, porque en el caso de las gubernaturas estatales —hablando de Morena— se repetirá el fenómeno que antes combatieron: la decisión presidencial combinada con la opinión de aquellos gobernadores que tengan cierta ascendencia con la jefa del Estado mexicano sin descartar la influencia de los compromisos asumidos con el crimen organizado que también querrá influir en las decisiones sobre todo donde ejerce control territorial.

Porque aun cuando importan las candidaturas a los gobiernos estatales, la verdadera manzana de la discordia será la integración de la nueva Cámara de Diputados por las facultades exclusivas que le señala la Constitución en materia de presupuesto de egresos. Ahí estará la gran batalla. Ya lo veremos.

bulmarop@gmail.com

El servicio público dejó de ser una gran responsabilidad social para convertirse en una lotería de favorecidos por cuestiones de parentesco y relaciones familiares

Por Bulmaro Pacheco

En el pasado, México tuvo grandes reformadores de la política y la administración pública. Hoy no se ven por ningún lado.

Reformaron creando instituciones; abrieron el sistema político para darle viabilidad y reconocer la pluralidad de México. Reformaron para evitar y procesar conflictos, así como para asegurar la paz social y combatir las desigualdades sociales a través del desarrollo.

De repente, el sistema político y administrativo enfrentaba sus crisis y sus sacudidas, y ahí estaban ellos para impulsar los cambios. Hoy —Y a pesar de tanta crisis—nada de eso ocurre. El sistema reformó sus instituciones para garantizar e impulsar dos de los compromisos fundamentales del movimiento revolucionario: la educación y la salud. Hoy los retrocesos y los fracasos de proyectos de gobierno están a la vista (Insabi, Megafarmacia, Pemex, obras emblemáticas) con altos costos, pero no hay reformas.

Con el tiempo, se avanzó con la creación del IMSS y la Secretaría de Salud, y se erradicaron enfermedades mortales. En educación, crearon la SEP y una diversidad de sistemas educativos —como la UNAM y el Politécnico— para combatir el analfabetismo y ampliar la cobertura educativa en todos los niveles, apoyando con ello los programas de desarrollo económico.

Antonio Ortiz Mena, Jaime Torres Bodet, Jesús Reyes Heroles, Fernando Solana, Ignacio Pichardo, Guillermo Soberón, Gustavo Baz y Jesús Kumate, entre otros, formaron parte de esa generación de mexicanos que apoyaron con su talento y capacidades el avance de México y las grandes reformas que impulsaron los principales cambios del país durante la mayor parte del siglo XX. Hoy no se ven personajes de ese nivel de formación y capacidades. ¿Por qué?

Ahora, las administraciones públicas en México —federal, estatal y municipal— están en crisis y no se ve para cuándo una solución.

No tienen dinero; el poco que poseen no siempre se gasta bien y cada vez se les dificulta más cumplir con sus objetivos y funciones.

Están plagadas de problemas, vicios y excesos derivados de los cambios ocurridos en México en los últimos años.

No hay servicio civil de carrera y, en las pocas instituciones donde se había desarrollado, terminó por caer en los vicios generados por las alternancias de partidos y grupos políticos de poder.

Las administraciones públicas enfrentan graves problemas que, en lugar de resolverse, se han agravado. Mencionaré algunos:

La corrupción. Por más proclamas que existan con relación al combate a la corrupción en todos los niveles, esta sigue creciendo y ampliándose a otras esferas donde antes parecía imposible que llegara. Se pensó que, con la militarización de instancias importantes de la administración —como las aduanas, los puertos y los aeropuertos—, la corrupción disminuiría, pero no fue así. En muchos casos se incrementó debido a los excesos y deformaciones en el manejo de las instituciones. Falló la experiencia y el fogueo para desempeñar cargos en la administración; se cambió por el cuatismo, la visión partidista y las cuotas para los allegados.

Los aparatos de regulación de las administraciones públicas sobre la actividad económica se han ido debilitando y cada vez se respetan menos. Sobran ejemplos de casos donde aparecen el dinero y los pagos realizados para eludir trámites mediante la corrupción de funcionarios públicos para evitar los tiempos de espera.

El contratismo de amigos y familiares incrustados en los aparatos de poder también ha quedado en evidencia, sobre todo en la licitación de obras públicas y servicios.

El nepotismo. Las alternancias en el poder convencieron a muchos de los que llegaron al control de las administraciones públicas de que incrustar familiares en las nóminas públicas era algo normal y merecido. El servicio público dejó de ser una gran responsabilidad social para convertirse en una lotería de favorecidos por cuestiones de parentesco y relaciones familiares.

Se ha ampliado en los gobiernos la presencia de amigos y familiares sin las capacidades suficientes para desempeñar los cargos. En el sexenio de López Obrador se llegó al extremo de afirmar que, para desempeñar un cargo público, se requería “90% de lealtad partidista y 10% de capacidad para el cargo” (sic).

Esa nefasta concepción del poder público surgió del desprecio y los resentimientos con los que llegaron los nuevos gobiernos a partir de la elección de 2018. Sin querer saber nada del pasado —al que todavía condenan cuando algo les sale mal—, también condenaron a la administración pública que, a lo largo de la historia, ya había consolidado estructuras y servidores públicos profesionales encargados de tareas administrativas cada vez más complejas, sobre todo en áreas sensibles del poder público como el servicio exterior, la estructura fiscal y la organización educativa.

La improvisación. Estamos viendo, en primer lugar, premios administrativos otorgados por pertenecer a determinado partido político, por haber financiado campañas electorales, por ser pariente de quienes mandan o por relaciones personales derivadas de haber trabajado en equipo en cargos anteriores. Así, se otorgan oportunidades en el servicio público olvidándose de los perfiles adecuados para los cargos.

Con ello se han fortalecido la improvisación y la ineficiencia. Todo esto ha provocado que las cosas no funcionen, que se retrasen, que los proyectos no avancen o que las obras y los servicios fallen por la mala calidad en la supervisión de los responsables. ¡Qué casos! ¿Que antes era igual? Es su disculpa, pero es una tesis falsa. Con el tiempo en México llegó a legislarse contra el nepotismo y la improvisación así como para avanzar en la transparencia, pero esas medidas hoy son letra muerta, ante quienes se sienten “en el lado correcto de la historia” que nunca ha existido.

El gobierno actual cree que gastando lo que no tiene resolverá muchos problemas, pero no es así. Se niega a reconocer lastres como PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad, que llevan años funcionando con amplios déficits financieros y dificultan el correcto manejo de las finanzas públicas. También se niega a reconocer los altos costos —vía excesos y subsidios— de las obras emblemáticas realizadas en el sexenio pasado, que hoy son un lastre para el nuevo gobierno, el cual no haya cómo salir de esos compromisos.

No se ve por ninguna parte a reformadores de la política y la administración pública que hablen con la verdad.

Tampoco se observan ideas originales y eficaces que influyan en la compleja realidad de México para tratar de resolver problemas que, por ahora, parecen insolubles: los tiempos de espera en hospitales, la sobresaturación de instituciones, la mala calidad de la educación pública, el déficit de las finanzas públicas y la pobreza de las administraciones municipales. Tampoco hay propuestas para combatir la pobreza urbana, la inseguridad pública en las calles y la penetración cada vez más obvia del crimen organizado en las instituciones de gobierno.

En las administraciones públicas, el interés de partido superó la racionalidad en la toma de decisiones, y las reformas realizadas hasta ahora solo han servido para fortalecer un modelo de gobierno cerrado y concentrador del poder. Y lo peor, sin rumbo seguro.

Los reformadores hoy brillan por su ausencia, así como los mexicanos de excepción que en otras épocas se la jugaron por México y no por un partido político. Por eso tienen su lugar en la historia y no han sido superados.

Nada más, nada menos.

bulmarop@gmail.com