En los casi ocho años que lleva gobernando la llamada Cuarta Transformación, la han agarrado contra puros exgobernadores de las oposiciones

 

Por Bulmaro Pacheco

Ángel Aguirre Rivero fue priista por un buen tiempo. Hizo su carrera en el estado de Guerrero a la sombra de José Francisco Ruiz Massieu y de Rubén Figueroa Alcocer, y le fue bien.

Ocupó todas las posiciones políticas locales y federales habidas, hasta que en 1996 le llegó la oportunidad de ser gobernador sustituto, al reemplazar a Rubén Figueroa Alcocer (1993-1996), quien dejó el cargo tras la matanza de Aguas Blancas, donde perdieron la vida 17 campesinos. Aguirre cubrió el periodo de 1996 a 1999.

La historia moderna de México registra que Ángel Aguirre, al igual que Víctor Cervera Pacheco, de Yucatán, han sido los únicos que, después de llegar al cargo por designación del Congreso (interinos), volvieron por la vía de la elección popular a ocupar la gubernatura.

Cervera sustituyó en 1984 al general Graciliano Alpuche Pinzón, quien solo pudo estar dos años al frente del gobierno de Yucatán (1982-1984), ante la falta de oficio político para lidiar con los conflictos postelectorales en la entidad. Cervera gobernó primero de 1984 a 1988 y después fue postulado por el PRI para gobernar de 1995 a 2001. Años más tarde buscó la alcaldía de Mérida, que perdió, y murió en 2004.

Aguirre volvió a ser gobernador —ahora electo— de 2011 a 2014, pero por un partido distinto al PRI. Ganó mediante la coalición Guerrero nos Une, integrada por el PRD, el PT y Convergencia, y renunció al PRI para tratar de convertirse en el líder de las izquierdas en esa entidad.

Aguirre cubrió solo tres años de su periodo y se vio obligado a dejar el cargo, presionado por la dirigencia nacional del PRD, tras la desaparición de los jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Después de los acontecimientos y de los escándalos de la pareja perredista que gobernaba Iguala, Aguirre no supo manejar las cosas y acusó a la dirigencia nacional del PRD de haberlo sacrificado y empujado fuera del gobierno de Guerrero, negando a cada rato alguna responsabilidad en los hechos relacionados con los jóvenes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

Confiado en su militancia perredista, quiso acercarse a la presidenta Sheinbaum y a Morena, enviándole, a través de interpósita persona, un regalo que la presidenta rechazó de inmediato: “Mándale saludos y dígale que no, gracias. No recibo regalos de ellos”. De ese tamaño.

Como exgobernador de oposición —quizá Aguirre se confió en que nada iba a pasarle después de casi 12 años de los acontecimientos por los que ahora se le involucra— es acusado de haber ordenado desaparecer los videos de aquella noche. La Fiscalía General de la República le imputa delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas por presuntamente haber ordenado ocultar y destruir las grabaciones captadas por las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando policías municipales y estatales detuvieron el autobús en el que viajaban los normalistas. Un juez le impuso prisión preventiva oficiosa y deberá permanecer en el penal del Altiplano mientras se resuelve si es vinculado a proceso.

El exmandatario de Guerrero se confió en los años transcurridos y creyó que le había bastado aquella declaración que dio meses atrás, cuando dijo que, como gobernador, había apoyado a la Escuela Normal con la donación de un camión. Nada dijo de las autoridades municipales de Iguala —la gota que derramó el vaso—, que, al igual que él, pertenecían al PRD y tenían el sello del expresidente López Obrador.

Con esa militancia, Aguirre pensó que nunca le iba a suceder lo que le pasó a Rosario Robles, exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (1999-2000), quien pasó injustamente tres años en la cárcel. Ella había sido antes secretaria de Gobierno del Distrito Federal (1997-1999).

O que la iba a librar ignorando lo que le sucedió al exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez (2010-2016), extraditado de Estados Unidos en 2022 y nuevamente detenido en 2025, acusado de lavado de dinero y desvío de recursos públicos.

O el caso del exgobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam (1993-1998), procesado también por el caso Ayotzinapa, pero por haber desempeñado el cargo de procurador general de la República en el gobierno de Enrique Peña Nieto durante el año de los acontecimientos en Guerrero.

O el caso del exgobernador de Puebla, Mario Marín (2005-2011), detenido en 2021 y encarcelado por su presunta responsabilidad en la tortura de la periodista Lydia Cacho, muchos años después de dejar el poder.

Y, en el caso más reciente, el del primer gobernador de oposición que ganó la gubernatura de Baja California en 1989: Ernesto Ruffo Appel, detenido en julio de 2026 y vinculado a proceso por los presuntos delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos, en el caso conocido como “huachicol fiscal”.

Por lo visto, en los casi ocho años que lleva gobernando la llamada Cuarta Transformación, la han agarrado contra puros exgobernadores de las oposiciones: PRI, PAN y PRD. Todo, como una estrategia de manejo político-electoral para tratar de borrarlos del mapa político —mensaje para el proceso electoral de 2027— y como reafirmación de su tesis de los años “perdidos” (sic) en que gobernó la oposición en México; una justificación para la falta de respuestas y soluciones a los grandes e importantes problemas nacionales, a casi ocho años de que llegaron al poder.

Creemos que las cosas no van a parar ahí y la pregunta obligada ante esa estrategia política es: ¿quién sigue?

Ahí está Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán por el PRD (2015-2021), quien ya es buscado: enfrenta órdenes de aprehensión y una ficha roja de Interpol por acusaciones federales y estatales.

También está Francisco García Cabeza de Vaca (2016-2022), exgobernador panista de Tamaulipas, quien reside en Estados Unidos y cuya extradición ya solicitó el gobierno mexicano.

También está Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco por Movimiento Ciudadano (2018-2024), al que, al parecer, ya traen en la mira.

Y está Maru Campos, gobernadora de Chihuahua (2021-2027), contra quien legisladores de Morena promovieron acusaciones de “traición a la patria” y un juicio político —que no prosperó—, aunque seguramente esperarán a que termine su periodo en 2027 y deje de tener fuero.

También se ha mencionado a Miguel Ángel Mancera, exjefe de Gobierno de la Ciudad de México por el PRD, de 2012 a 2018.

¿Y los exgobernadores de Morena? ¿Y los señalados por su vinculación con la delincuencia organizada y el huachicol fiscal? Nada. Actualicemos la frase atribuida a Juárez: “A los enemigos, la ley; a los amigos, justicia y gracia”. A ellos no se les toca ni con el pétalo de un expediente judicial, porque se desgranaría la mazorca.

Así las cosas, en el México de la presumida “Revolución de las Conciencias”.

CULIACÁN._ Mientras continúan las bajas de elementos en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, el Ayuntamiento apenas registra la incorporación de 30 nuevos agentes de los 400 que el Alcalde con licencia, Juan de Dios Gámez Mendívil, prometió sumar durante 2026.

La Presidenta Municipal interina, Ana Miriam Ramos Villarreal, informó que la convocatoria para reclutar nuevos policías permanece abierta y actualmente hay dos grupos de aspirantes en formación en la Universidad de la Policía.

Indicó que un grupo de de 30 cadetes egresará a inicios de octubre, mientras que otro grupo, también de 30 elementos, inició su preparación en agosto y concluirá su formación en diciembre.

“Sí, la convocatoria sigue abierta, hemos pues estado haciéndole difusión para las personas que deseen integrarse a la Academia policial. Recordemos que en el mes de mayo se formó un grupo, el cual egresa ahora a finales de a inicios de octubre, y ahora en agosto se acaba de formar otro grupo, el cual ya se encuentra de 30, el cual ya se encuentra en este momento en la Unipol y este grupo egresa en diciembre”, expresó.

La Alcaldesa señaló que el reclutamiento continúa como parte de las acciones para fortalecer la corporación y que la convocatoria se difunde también durante las Jornadas por la Paz y actividades en colonias.

“Entonces, pues seguimos con la convocatoria abierta, invitando pues a todas las personas que deseen unirse, igual en las jornadas que mantenemos en las colonias, en las jornadas de paz, están las fuerzas Armadas y nosotros también como municipio, así como la policía estatal, pues con todas estas convocatorias abiertas a cualquier ciudadano que desee incorporarse a las fuerzas policiales”, dijo.

En enero de este año, Gámez Mendívil anunció la meta de incorporar 400 nuevos policías durante 2026 para reducir el déficit de elementos de la corporación.

Sin embargo, a la fecha únicamente 30 agentes han concluido su formación y se han integrado a las labores operativas, mientras otros 60 permanecen en capacitación y se prevé que su incorporación ocurra hasta el último trimestre del año.

El proceso de reclutamiento ocurre en medio de una disminución del estado de fuerza de la Policía Municipal. Desde septiembre de 2024, al menos 165 elementos han dejado la corporación mediante jubilaciones y retiros anticipados, de acuerdo con los acuerdos aprobados por el Cabildo.

CULIACÁN._ Otros ocho elementos de la Policía Preventiva, al servicio de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, solicitaron su retiro anticipado.

Con ello, suman 165 elementos que han dejado la corporación mediante jubilación o retiro anticipado desde el inicio de la guerra interna del Cártel de Sinaloa, el 9 de septiembre de 2024.

Durante la sesión ordinaria de este 6 de agosto, el Pleno aprobó un dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social correspondiente a ocho solicitudes de pensión por retiro anticipado de elementos de la Policía Municipal Preventiva.

De acuerdo con los acuerdos de Cabildo, desde septiembre de 2024 se han autorizado 113 retiros anticipados y 52 jubilaciones de policías municipales.

Las bajas se han registrado en un contexto de violencia que ha golpeado al municipio.

Uno de los casos que más impactó ocurrió el 28 de febrero de 2025, cuando tres elementos, entre ellos la agente Petra Emilia, fueron privados de la libertad mientras atendían un reporte en la sindicatura de Costa Rica. Sus cuerpos fueron localizados dos días después, hecho que derivó en una manifestación de policías para exigir mayores condiciones de seguridad.

Sobre las solicitudes de retiro, la Presidenta Municipal interina, Ana Miriam Ramos Villarreal, ha señalado que se trata de un derecho laboral de los elementos que cumplen con los requisitos para pensionarse, por lo que el Ayuntamiento atiende y somete a consideración del Cabildo cada una de las peticiones conforme son presentadas.

“Todo policía que cumple con su antigüedad, tiene el derecho de ejercer una jubilación. Estos que se presentan ahorita, algunos pues ya concluyeron con su edad, con su tiempo de elaborado o muchos otros por algún tipo de enfermedad. Todo está bajo derecho que les corresponde y conforme a las cuestiones que lo marca la ley de seguridad pública”, aseguró.