El gobierno federal otra vez anunció una inversión millonaria para limpiar la cuenca tras el derrame tóxico ocurrido en 2014; los pobladores denuncian simulación  

 

Por Rigo Gutiérrez E.

El 6 de agosto de 2014, el cauce de los ríos Sonora y Bacanuchi se tiñó de naranja tras el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en un represo aguas arriba, perteneciente a la Mina de Cananea. Hoy, 12 años después, lo que para el Gobierno de Sonora representa el inicio de una «etapa definitiva» de soluciones, para los habitantes organizados en los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) no es más que la continuación de un rosario de promesas incumplidas.

El pasado miércoles en pleno corazón de Ures, el gobernador Alfonso Durazo y la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, anunciaron el arranque de una nueva fase de remediación. Anunciaron la asignación de 654 millones de pesos para limpiar suelos y sedimentos en una primera etapa que concluiría a finales de este año.

Justifican que a diferencia de administraciones pasadas, hoy existe un programa con tiempos, recursos y responsables, todo bajo el denominado “Plan de Justicia para Cananea-Río Sonora”. Y es que los ribereños ya han escuchado promesas de remediación tanto de las administraciones de Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Con todos hubo esperanza, pero con nadie han visto solución. 

En esta ocasión, de acuerdo a lo declarado por las autoridades, se han tomado muestras en las presas Abelardo L. Rodríguez y El Molinito, y se comprometieron a construir un hospital especializado y garantizar agua limpia. «No somos iguales», afirmó el gobernador Durazo ante una población que, tras 12 años, mantiene una duda legítima.

Comités acusan política de simulación

El informe «La simulación como política pública», presentado por los CCRS, brinda una radiografía de la situación de abandono en toda la zona. Los pobladores señalan que el Estado ha sustituido la reparación real por una «apariencia de cumplimiento».06 Informe Cuenca

El documento denuncia que los planes de justicia y los convenios con la empresa minera se mantienen en secrecía, sin sustento legal en el Diario Oficial de la Federación. Para los afectados, la justicia quedó estancada entre diagnósticos y reuniones, lejos de los hechos.

 

Diagnóstico alarmante

A lo largo del Río Sonora todavía está latente una crisis de salud pública. De acuerdo al informe, mediante estudios oficiales del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (CENAPRECE) han identificado que casi la totalidad de la población de la cuenca está en riesgo de exposición a metales como plomo, arsénico, cadmio y mercurio.

A pesar de que el propio Estado reconoce que se requieren más de 1,700 millones de pesos solo para atención médica, el reciente convenio con Grupo México apenas alcanza los 1,500 millones para todas las acciones (remediación, agua y salud).

El reporte destaca que entre 2021 y 2022 CENAPRECE muestreó a 1,500 personas, de las cuales, 705 casos fueron identificados con plomo en sangre y requieren tratamiento de por vida. Sin embargo, los resultados fueron clasificados como reservados, no se entregó diagnóstico a las personas afectadas y no se ha brindado atención médica especializada. Las 705 personas siguen sin tratamiento.

Los habitantes denuncian que las personas siguen muriendo sin diagnósticos toxicológicos claros y que no hay personal capacitado en la región para atender enfermedades complejas derivadas de la contaminación.

 

Agua: derecho ausente

El acceso a agua segura CCRS sigue siendo una ficción. Estudios recientes y la Recomendación 50/2024 de la CNDH confirman que los pozos siguen contaminados y rebasan los límites permisibles. 

La promesa original de 36 plantas se redujo a 16 en los anuncios más recientes, sin que se expliquen los criterios técnicos para este recorte ni se garantice que las nuevas plantas realmente puedan filtrar metales pesados.

En el caso del Río Sonora la justicia se ha escurrido como agua a lo largo de 12 años actualmente las autoridades apuesta por una nueva inversión de 654 millones de pesos para intentar cerrar una herida de 12 años. Sin embargo, para los Comités de Cuenca, la reparación no se mide en promesas, sino en la eliminación efectiva de la contaminación en sus ríos y el plomo en su sangre. 

 

Cuatro promesas incumplidas:

-Unidad de Vigilancia (UVEAS) y hospital especializado. Este año otra vez iniciaron con la construcción de otro hospital sobre las ruinas del inconcluso.  

-Instalación de 36 plantas potabilizadoras fijas. Solo instalaron una planta móvil en San Rafael de Ures.

-Limpieza total de la cuenca financiada por el Fideicomiso. Hay presencia de mercurio y arsénico en tomas domiciliarias.

-Reparación integral y sanciones a Grupo México. El monto de los llamados convenios «solidarios» solo cubren el 7.5% del daño estimado.

Por Ileana Bernal de la R.

El alcalde de Hermosillo, Antonio «Toño» Astiazarán Gutiérrez afirmó que la elección de 2027 será “durísima”, pero sostuvo que su principal argumento frente a Morena serán los resultados obtenidos durante su administración en Hermosillo.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, Astiazarán fue cuestionado sobre la eventual participación de Luis Donaldo Colosio Riojas en la contienda por la gubernatura de Sonora. Dijo tener respeto y aprecio por el senador y reconoció que, si decide participar, está en todo su derecho.

El presidente municipal recordó que Hermosillo fue la única capital del noroeste mexicano que no ganó Morena en las elecciones de 2021 y 2024.

«Porque fuimos capaces de entender que todas y todos nos necesitamos, que más allá de los partidos, de las ideologías, de las militancias, están las personas y yo creo que a final de cuentas la gente es lo que va a terminar decidiendo, no en función de promesas, no en función de movimientos, no en función de ideologías, no en función de militancias», enfatizó.

Las declaraciones se producen en medio de los movimientos políticos rumbo a 2027, donde el nombre de Colosio ha comenzado a tomar fuerza como posible contendiente por Sonora.

“Cuando uno anda en campaña, compite para ganar, pero cuando ganas, ganas para cumplir”, sostuvo Astiazarán, quien insistió en que la ciudadanía terminará evaluando resultados y soluciones, más que promesas o estructuras partidistas.

Tan convencido está el gobierno federal de que debe ser el “censor de la verdad”, que ya ha expresado que, después de emitir los Lineamientos para radio y televisión, podrían hacer algo similar para los medios digitales y alternativos  

 

Por Mónica Calles Miramontes

México vive un complejo contexto de erosión democrática. Tras la elección de 2024, con una ilegítima mayoría calificada en el Congreso, el poder político ha ido desmantelando uno a uno los contrapesos del Estado. Importantes órganos autónomos fueron eliminados, el árbitro electoral fue colonizado y la reforma judicial nos dejó sin un Poder Judicial independiente.

Ante la pérdida de tribunales capaces de actuar como un escudo para proteger a la sociedad de los abusos del poder, la libertad de expresión queda como la posibilidad real de retornar al camino de reconstrucción de la República.

No se trata solo de un derecho individual; es la última trinchera que le queda a la sociedad para señalar la injusticia cuando las vías institucionales dejan de funcionar, es la forma de denunciar la corrupción, es la voz que evidencia los datos y confronta la mentira oficial.

Por eso, dentro de este patrón de captura institucional, el paso siguiente es el control de los medios de comunicación, restringiendo nuestro derecho a expresarnos e informarnos libremente.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que depende del gobierno federal, ha anunciado la próxima emisión de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. Estos lineamientos fueron presentados por el Ejecutivo como un “noble esfuerzo” por proteger al espectador de la información que recibe de los distintos medios de comunicación. La realidad es que estamos frente a la fiscalización de la información y un grave intento de censura.

Es importante destacar que, los derechos de las audiencias que se pretenden regular hoy no son un tema nuevo en México. Al menos en la última década, en varios momentos se han suscitado controversias por su regulación. Muchos de los temas que hoy se presentan como una novedad —tanto por voces a favor como en contra— son aspectos que ya habían sido analizados por la Suprema Corte (Amparo en Revisión 499/2020), el Poder Legislativo, o incluso regulados por el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en 2025. 

Sin embargo, todas estas controversias y análisis surgieron en un contexto muy distinto, porque existía el IFT —un órgano autónomo, técnico y especializado— que era el encargado de reglamentar (y vigilar respetando la autorregulación editorial) el cumplimiento del derecho de las audiencias. Todo ello, dentro de un sistema que aún contaba con un Poder Judicial independiente, que podría proteger a la sociedad y a los medios de comunicación de un posible abuso.   

Hoy, en cambio, la regulación se pretende ejercer desde el propio gobierno federal (la CRT). Hay una paradoja reveladora en esto: mientras la propaganda oficial nos presenta los Lineamientos como la protección de las audiencias para recibir información veraz, se le miente a la audiencia para promoverlos; porque detrás del discurso paternalista y protector, se pretenden ocultar los verdaderos riesgos, sin agotarlos, nos centraremos en los siguientes:

•El gobierno como el “Tribunal de la Verdad”. El gobierno federal ha señalado que habrá una “auto vigilancia” de los medios de comunicación porque son los defensores de las audiencias nombrados por ellos mismos quienes decidirán cuándo se incumplen los Lineamientos, por lo que “nada hay que temer”. 

Sin embargo, no existe ni “auto vigilancia” ni “autorregulación” y todo se vuelve un espejismo, porque se omite decir que la CRT —que depende del Ejecutivo— es quien puede revisar las decisiones de las Defensorías de las Audiencias y en 72 horas decidir qué es falso, inexacto o violenta alguna disposición de los Lineamientos.  

•Amenaza económica: El artículo 54 establece multas desproporcionadas de hasta el 1% de los ingresos acumulables de las empresas concesionarias. Esto genera un efecto inhibidor. No necesitan retirar una concesión, porque la amenaza financiera bastará para lograr la autocensura. ¿Ante quién impugnarán estas multas? ¿Ante los tribunales que hoy no responden a la Constitución sino al poder político?

La amenaza no termina ahí, pues tan convencido está el gobierno federal de que debe ser el “censor de la verdad”, que ya ha expresado que, después de emitir los Lineamientos para radio y televisión, podrían hacer algo similar para los medios digitales y alternativos. 

La defensa de la democracia hoy está en la libertad de expresión. Quienes hemos dado la batalla en las aulas, en los foros y en las calles por la independencia del Poder Judicial debemos entender que esta no es una discusión ajena sobre empresas de televisión. Si permitimos que el gobierno federal se vuelva el censor de la verdad y decida qué se informa, habremos perdido el último dique de resistencia.

Sin tribunales independientes, la prensa y la opinión pública son nuestras únicas vías para denunciar la injusticia, la arbitrariedad y la mentira; si nos arrebatan eso, no solo habrán capturado las instituciones, habrán logrado el silencio de la sociedad.

* Abogada electoral y constitucional | Columnista | Análisis político

Una nueva visión para la protección integral de la vida

 

Por Guillermo Moreno Ríos

La iniciativa impulsada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño y que contó con la participación de la sociedad civil, para elevar la Protección Civil y la Gestión Integral del Riesgo a la categoría de derecho humano en la Constitución Política del Estado de Sonora representa, probablemente, una de las transformaciones jurídicas más trascendentes en esta materia. Más que una reforma administrativa, propone un cambio de paradigma: dejar atrás una visión centrada en la respuesta a las emergencias para construir un modelo permanente de protección de la vida.

Si esta reforma se consolida, Sonora podría colocarse a la vanguardia nacional al reconocer que la prevención no es sólo una función gubernamental, sino una obligación constitucional. Con ello, la Protección Civil deja de centrarse exclusivamente en los desastres para proteger de manera integral a la persona, su vida, su integridad, su patrimonio y las condiciones necesarias para su desarrollo. En consecuencia, la Gestión Integral del Riesgo también debe evolucionar: además de responder a las emergencias, deberá identificar, reducir y prevenir toda condición que incremente la vulnerabilidad humana.

Los riesgos ya no pueden evaluarse únicamente por su origen natural, físico o tecnológico, sino también por su impacto sobre la persona. Es en ese punto donde la Protección Civil converge con la bioética, ya que ambas comparten un mismo propósito: prevenir el daño y proteger la vida como el bien jurídico fundamental.

Desde esta perspectiva, elevar la Protección Civil a derecho humano abre un nuevo campo de reflexión jurídica. Si el Estado asume la protección de la vida como una obligación constitucional permanente, resulta legítimo preguntarse cuál es el alcance de ese deber cuando los riesgos provienen no sólo de la naturaleza, sino también de decisiones humanas. La Gestión Integral del Riesgo, la bioética y los derechos humanos convergen así en un mismo propósito: fortalecer una cultura preventiva orientada a la defensa integral de la vida.

Esta reflexión trasciende la ingeniería y la administración pública para adentrarse en el terreno de la bioética. Temas como la manipulación genética, la investigación con embriones, la eutanasia, la reproducción asistida, la inteligencia artificial aplicada a la salud y la interrupción voluntaria del embarazo dejan de ser exclusivamente asuntos médicos o jurídicos para dialogar con una visión preventiva centrada en la protección de la vida.

Ello no implica que la Protección Civil sustituya al derecho constitucional, sanitario o penal, sino que todas estas disciplinas converjan en un mismo propósito: fortalecer el deber del Estado de proteger la vida frente a riesgos previsibles y evitables. Desde esta perspectiva, la Gestión Integral del Riesgo trasciende la administración de amenazas para convertirse en un principio preventivo que invita a replantear, desde una nueva óptica, los grandes debates bioéticos de nuestro tiempo.

Si el nuevo paradigma consiste en colocar la protección de la vida como eje rector de toda política pública preventiva, entonces también resulta válido preguntarse cuál es el alcance de esa obligación cuando la vida humana se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo.

La constitucionalización de la Protección Civil deja de ser únicamente una reforma administrativa para convertirse en una invitación a repensar el alcance del deber estatal de proteger la vida.

En consecuencia, la Gestión Integral del Riesgo del siglo XXI no puede limitarse a elaborar atlas de riesgo o coordinar cuerpos de emergencia. Debe consolidarse como una política pública transversal que dialogue con la salud, la educación, el urbanismo, el medio ambiente, la ingeniería, la bioética, el derecho constitucional y los derechos humanos. Toda decisión que incremente innecesariamente la vulnerabilidad humana constituye un riesgo que el Estado tiene el deber de prevenir.

La verdadera trascendencia de esta reforma no radica únicamente en reconocer un nuevo derecho humano, sino en establecer que la protección de la vida debe convertirse en el eje articulador de todas las políticas públicas de prevención. Cuando la Protección Civil trasciende la atención de desastres para asumir la defensa integral de la vida, deja de ser una función administrativa y se convierte en un principio rector del Estado constitucional. Ese podría ser, sin duda, el mayor legado de esta reforma.

Por Mafe González

El debate sobre la eutanasia volvió a la agenda legislativa con los diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, quienes anunciaron que respaldarán la discusión de una iniciativa ciudadana para legalizar la muerte digna, dirigida a personas con enfermedades crónico-degenerativas o condiciones irreversibles que deseen decidir sobre el final de su vida.

La propuesta, impulsada por colectivos ciudadanos, busca reconocer el derecho de cada persona a elegir una muerte digna, consciente y voluntaria, además de eliminar el estigma que aún existe en torno a este tema. Sus promotores también mantienen una campaña de recolección de firmas para presentar formalmente la iniciativa ante el Congreso capitalino.

La coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, aseguró que la discusión deberá construirse escuchando a especialistas, organizaciones civiles y ciudadanos, mientras que el diputado Ángel Tamariz expresó que el derecho a morir dignamente merece un análisis serio y abierto.

Aunque la propuesta aún no inicia su proceso legislativo, el respaldo de la bancada mayoritaria coloca nuevamente sobre la mesa un tema que divide opiniones por sus implicaciones éticas, médicas, jurídicas y religiosas.

Al final del día, las puertas del INE podrán estar cerradas, pero la institución le pertenece a la sociedad mexicana, y esa misma ciudadanía será la encargada de vigilar, exigir y rescatar la democracia que nos pretenden arrebatar

 

Por Mónica Calles Miramontes

Hace más de treinta años en México nacía una institución destinada a cambiar el rumbo de la historia y que marcaría el inicio de la transición democrática. Una institución que sería ciudadana y rompería esos muros que existían entre la sociedad mexicana y la política. Era un órgano ciudadano y para los ciudadanos. Construir este camino democrático demoró más de tres décadas; pero han bastado solo tres años para que esa “casa de la ciudadanía” se convirtiera en un búnker autoritario inaccesible para la sociedad. El autoritarismo que hoy representa el INE se refleja de todas las maneras posibles: en sus decisiones, en su arbitrariedad, en el abierto sesgo político para beneficiar al partido en el poder. Sin embargo, también puede verse en sus puertas. El INE ya no es de la ciudadanía, le teme y le tiene pánico.

Hoy, cualquier ciudadano que pretenda ir a las oficinas centrales del INE para realizar un simple trámite, entregar documentos o ejercer su derecho a estar presente en una sesión pública —o algún otro derecho—, es tratado como un peligroso sospechoso. Registros con fotografía obligatoria y datos personales —sin aviso de privacidad—, revisión invasiva de los documentos por parte de elementos de seguridad, un trato sumamente hostil y torniquetes en cada área con vigilancia constante para que nadie camine un metro más del que “se autorizó”. Así es como se recibe a la ciudadanía cuando acude a esta institución. Para colmo, la Oficialía de Partes cierra recepción física a las 7:00 p.m. inventando procedimientos por correo fuera de norma, que no son más que una barrera para el acceso a la justicia; barrera que muchas veces resulta insuperable para quienes viajan de otros estados. Este cambio no es casualidad. Coincide con la llegada de perfiles más políticos que técnicos a puestos clave de la institución, quienes han priorizado la obediencia sobre la autonomía y hoy tienen pánico a la vigilancia ciudadana. Es muy claro, la colonización del INE no solo está en sus decisiones, hoy alcanzó cada pasillo, cada oficina y cada espacio que debería ser una vitrina donde la sociedad pueda observar

Estamos a poco más de un mes de que inicien los procesos electorales 2026-2027, y en lugar de prepararse para enfrentar los mayores retos sociales y políticos que se han visto en décadas, el INE está más ocupado en cerrar sus puertas, poner torniquetes, esconderse tras grandes muros y amedrentar a la ciudadanía. Esto no solo es una señal del camino autoritario que México está transitando, es la muestra más evidente del fin de la legitimidad de esta institución. Hoy enfrentamos una paradoja sumamente peligrosa, iniciará “la elección más compleja de la historia” y será organizada por un grupo de personas en quienes la ciudadanía ya no reconoce autoridad, conocimiento, legitimidad y mucho menos confianza. El árbitro se atrincheró entre la burocracia y su propia paranoia, porque sabe que le ha fallado a México. Al final del día, las puertas del INE podrán estar cerradas, pero la institución le pertenece a la sociedad mexicana, y esa misma ciudadanía será la encargada de vigilar, exigir y rescatar la democracia que nos pretenden arrebatar. Ningún muro será lo suficientemente alto para ocultar el deterioro institucional que en tres años ha causado la colonización del INE. Porque si de muros hablamos, hay que recordarles a los consejeros del INE que incluso el Muro de Berlín cayó, porque ningún muro que pretenda defender la tiranía se ha mantenido de pie y siempre son los ciudadanos quienes los derrumban. ¡Recuperaremos la ciudadanía del INE!

 

*Abogada electoral y constitucional | Columnista | Análisis político Web: defensaelectoral.com.mx Directora del observatorio LupaReforma2026.mx X: moni_calles

 

 

En entrevista exclusiva, el presidente del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores advierte riesgos para la libertad de expresión

 

Por Redacción

El Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores manifestó su rechazo a la consulta pública nacional impulsada por el Gobierno Federal para analizar posibles mecanismos de regulación de los medios de comunicación, al considerar que representa un riesgo para la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en México.

En entrevista para el Noticiero De Primera Mano con Ruiz Quirrín, el presidente del organismo, Iván Duarte, informó que la organización mantiene reuniones con representantes de distintos estados del país para definir una postura común ante la iniciativa, la cual, aseguró, ha generado preocupación entre periodistas de diversas entidades.

“Estamos en constantes reuniones con los compañeros a nivel nacional y el ánimo coincide en el mismo tenor: existe preocupación porque estas consultas pueden convertirse en un instrumento de opinión que eventualmente sea utilizado a favor del gobierno”, señaló.

Duarte sostuvo que el Foro respalda el derecho de las audiencias a recibir información con transparencia, ética y respeto; sin embargo, se pronunció en contra de que el Estado asuma funciones de regulación sobre los contenidos periodísticos.

“Condenamos totalmente que exista el Estado como rector o juez y parte para determinar qué es correcto o incorrecto en el ejercicio periodístico, e incluso promover sanciones. Eso desplaza la libertad de expresión», afirmó.

El dirigente consideró que una regulación de esta naturaleza podría inhibir la crítica hacia las autoridades y limitar la función del periodismo como mecanismo de vigilancia del poder público.

Asimismo, recordó que la legislación mexicana ya contempla mecanismos para sancionar conductas como la extorsión, la difamación —en las entidades donde aplica— y el daño moral, por lo que estimó que no sería necesaria una nueva figura que, desde su perspectiva, pudiera utilizarse para restringir el trabajo de los medios de comunicación.

Durante la entrevista también expresó preocupación por las condiciones de seguridad que enfrentan los periodistas en el país. Señaló que la vulnerabilidad del gremio continúa siendo un tema pendiente, debido a los hechos de violencia registrados contra comunicadores y a las investigaciones que permanecen abiertas.

En ese contexto, Duarte indicó que el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores prepara un pronunciamiento que será distribuido entre sus delegaciones estatales para que pueda ser difundido por quienes deseen sumarse a la postura del organismo.

Además, informó que se busca establecer vínculos con organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa de la libertad de expresión, con el propósito de fortalecer las acciones de difusión y concientización sobre los alcances de la propuesta.

Respecto al sentir de los integrantes del Foro, señaló que la inquietud no se presenta con la misma intensidad en todas las entidades; sin embargo, afirmó que en la Ciudad de México y en estados del centro y centro-norte del país varios periodistas han expresado preocupación ante la posibilidad de que este tipo de medidas puedan replicarse posteriormente en las legislaciones locales.

Finalmente, Duarte reiteró que el objetivo del organismo será mantener una postura pública en defensa de la libertad de expresión y del ejercicio periodístico, al considerar que cualquier regulación debe garantizar el respeto a los derechos fundamentales sin afectar la labor informativa.

 

Julieta del Río analiza las prácticas recurrentes en la clasificación de datos patrimoniales; además critica que el INE sea «juez y parte» en transparencia

 

Por Rigo Gutiérrez E.

La ex comisionada presidenta del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Julieta del Río Venegas, advierte que existe un uso excesivo de la protección de datos personales en las declaraciones patrimoniales de servidores públicos, práctica que, consideró desvirtúa el objetivo de estos instrumentos, concebidos para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

En entrevista para Semanario “Primera Plana”, Del Río sostuvo que el debate no debe limitarse a la cantidad de bienes que reportan los funcionarios, sino a verificar que la información declarada sea veraz.

“La discusión no debería centrarse únicamente en quién tiene más o quién tiene menos, sino también en la veracidad de lo que ponen en las declaraciones patrimoniales y que las revisiones sean parejas y no por intereses políticos”, señaló.

La ex comisionada explicó que tanto la legislación en materia de transparencia como la Ley General de Responsabilidades Administrativas establecen que las declaraciones patrimoniales y de intereses son públicas y deben difundirse mediante versiones públicas.

 

Los límites de la protección de datos personales

 

Precisó que datos como cuentas bancarias, la CURP o información de terceros sí deben reservarse; sin embargo, sostuvo que otros elementos deben permanecer visibles para la ciudadanía, como el número de propiedades, vehículos, ingresos, percepciones adicionales, participación en empresas y bienes adquiridos durante el año.

«Si yo tengo cinco, seis o siete propiedades, las debo de poner en mi declaración pública. También deben aparecer los vehículos, los ingresos, los honorarios y los bienes adquiridos. Eso no es privado», afirmó.

Del Río recordó que la obligación de publicar estas versiones públicas está prevista en la Ley General de Transparencia y que las declaraciones patrimoniales constituyen información de oficio, por lo que su difusión no depende de criterios discrecionales de las instituciones.

 

INE es “juez y parte”

 

La excomisionada también criticó el esquema de transparencia que entró en vigor tras la desaparición del INAI en marzo de 2025, al considerar que organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE) ahora resuelven recursos relacionados con solicitudes dirigidas contra ellos mismos.

Explicó que el INE funge actualmente como autoridad garante en materia de transparencia para los asuntos de su competencia y que las inconformidades son analizadas por una comisión integrada por consejerías designadas por el propio Consejo General.

«El INE regula a los partidos políticos y también se autorregula. Si un ciudadano presenta una inconformidad por la reserva de información de la presidenta del INE o de cualquier consejero, el propio instituto resuelve esa queja. Es juez y parte», sostuvo.

Añadió que, si una persona no está conforme con la resolución emitida por el instituto, puede promover un medio de impugnación ante el Tribunal especializado en materia de transparencia dentro del plazo legal de 15 días.

 

Ve un retroceso en Transparencia

 

Como reflexión final, Del Río aseguró que la desaparición del INAI representó un retroceso para el acceso a la información pública en México.

Argumentó que la nueva legislación incrementó de 13 a 17 las causales para reservar información y eliminó la disposición que impedía clasificar información relacionada con presuntos actos de corrupción, criterio que anteriormente permitió hacer públicos expedientes de casos como Odebrecht y diversas investigaciones sobre Pemex.

Asimismo, advirtió que el nuevo modelo fragmentó el sistema nacional de transparencia al sustituir a los organismos especializados por cientos de autoridades garantes dentro de los propios poderes e instituciones públicas.

«Antes había un organismo nacional y 32 organismos locales especializados. Hoy existen cerca de 300 autoridades responsables. Se complicó la vida al ciudadano y muchas de esas instancias no cuentan con personal especializado para garantizar el derecho de acceso a la información», afirmó.

Finalmente, la ex comisionada dijo que este nuevo esquema favorece que las instituciones resuelvan sus propias controversias en materia de transparencia, situación que, a su juicio, debilita la confianza ciudadana y facilita una mayor reserva de información pública.

En entrevista exclusiva, el presidente del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores advierte riesgos para la libertad de expresión

 

Por Redacción

El Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores manifestó su rechazo a la consulta pública nacional impulsada por el Gobierno Federal para analizar posibles mecanismos de regulación de los medios de comunicación, al considerar que representa un riesgo para la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en México.

En entrevista para el Noticiero De Primera Mano con Ruiz Quirrín, el presidente del organismo, Iván Duarte, informó que la organización mantiene reuniones con representantes de distintos estados del país para definir una postura común ante la iniciativa, la cual, aseguró, ha generado preocupación entre periodistas de diversas entidades.

“Estamos en constantes reuniones con los compañeros a nivel nacional y el ánimo coincide en el mismo tenor: existe preocupación porque estas consultas pueden convertirse en un instrumento de opinión que eventualmente sea utilizado a favor del gobierno”, señaló.

Duarte sostuvo que el Foro respalda el derecho de las audiencias a recibir información con transparencia, ética y respeto; sin embargo, se pronunció en contra de que el Estado asuma funciones de regulación sobre los contenidos periodísticos.

“Condenamos totalmente que exista el Estado como rector o juez y parte para determinar qué es correcto o incorrecto en el ejercicio periodístico, e incluso promover sanciones. Eso desplaza la libertad de expresión», afirmó.

El dirigente consideró que una regulación de esta naturaleza podría inhibir la crítica hacia las autoridades y limitar la función del periodismo como mecanismo de vigilancia del poder público.

Asimismo, recordó que la legislación mexicana ya contempla mecanismos para sancionar conductas como la extorsión, la difamación —en las entidades donde aplica— y el daño moral, por lo que estimó que no sería necesaria una nueva figura que, desde su perspectiva, pudiera utilizarse para restringir el trabajo de los medios de comunicación.

La entrevista completa:

Acá la entrevista del maestro @rquirrin con Iván Duarte, presidente del Foro Nacional de Periodistas.

Respetamos el derecho de la audiencia, pero condenamos que el Estado se convierta en rector de medios.#DePrimeraMano @pplanadigital @Ehui pic.twitter.com/Zj0EPhUOcc

— Rigo Gutiérrez E. (@gtzrigo) July 30, 2026

A propósito del 12 de Julio. 

Breve ensayo. Parte II

 

Por Héctor Rodríguez Espinoza

VI.- EN SONORA. Extrapolación a la realidad rural-urbana en 2026. Sonora, como estado fronterizo del norte de México, ofrece un contexto particularmente interesante y matizado para el poema. Combina una agricultura y ganadería relativamente próspera (Valle del Yaqui, Mayo, Costa de Hermosillo) con fuerte migración, brecha rural-urbana y dinámicas transfronterizas.

Características clave: El padre rural sacrificado

Muchos padres y abuelos son agricultores, ganaderos o jornaleros en zonas como el Valle del Yaqui (uno de los graneros de México: trigo, maíz, hortalizas), la sierra o el desierto. Han invertido en pozos, maquinaria o ganado, a menudo bajo condiciones difíciles (sequías, altos costos de agua y energía, variabilidad climática).

Al igual que en el poema, muchos han “trabajado bastante” para sacar adelante a la familia, enviando hijos a estudiar o trabajar. Las remesas desde Estados Unidos (Sonora tiene fuerte migración a Arizona y California) o desde ciudades sonorenses (Hermosillo, Ciudad Obregón, Nogales, San Luis Río Colorado) sostienen hogares rurales.

Los hijos “señoritos” urbanos o migrantes. Los jóvenes sonorenses rurales migran hacia: Ciudades estatales (Hermosillo ofrece 40 universidades, gobierno, servicios y maquiladoras). 

Otras ciudades del norte (Monterrey, Tijuana, Mexicali, Ensenada). 

Estados Unidos (vías legales o irregulares cada vez más restringidas).

Logran mejor educación, empleos en industria, comercio o servicios, y un estilo de vida más “moderno” (coches, consumo, tecnología). Sin embargo, muchos se alejan del campo. En el poema, los hijos viven “en sus glorias” gracias al padre; aquí, el contraste es entre el esfuerzo en el agro-ganadero sonorense (duro, expuesto al clima) y la vida urbana o estadounidense.

Presiones familiares y control

En comunidades rurales sonorenses, es común la expectativa de que los padres mantengan la tierra productiva (“No la vendas”, “Sigue con el rancho”) para que sirva de respaldo o herencia. Hay tensiones por la distribución de remesas, el cuidado de los abuelos o la venta de propiedades. El “abogado” del poema se traduce en intermediarios familiares, notarios o presiones emocionales vía teléfono o Internet.

“Ahora me toca a mí”: la reivindicación

En Sonora, algunos adultos mayores rurales logran “disfrutar” vendiendo parte de la tierra, invirtiendo en una casa en el pueblo o ciudad pequeña, viajando o simplemente descansando. Otros enfrentan sequías prolongadas, costos altos y soledad en asilos públicos y privados.

El poema resuena en rancheros o agricultores mayores que, tras décadas de trabajo bajo el sol sonorense, quieren disfrutar de cabalgatas (Sonora tiene fuerte tradición ganadera), fiestas, familia o un merecido retiro.

Contexto sonorense específico hacia 2026

Agricultura y ganadería — Sonora es potencia agroexportadora, pero enfrenta estrés hídrico (río Yaqui, presas), cierre de frontera por el gusano barrenador y cambio climático. El campo genera riqueza, pero requiere mucha inversión y mano de obra que escasea.

Migración y envejecimiento rural — Los jóvenes se van por mejores oportunidades educativas y laborales. Quedan poblaciones más envejecidas en ejidos y rancherías. Remesas -disminuyen gradualmente- son importantes en muchos municipios.

Brecha rural-urbana — Ciudades como Hermosillo y Obregón concentran servicios, universidades y empleo formal. El campo ofrece ingresos por agricultura/ganadería/minería, pero con mayor precariedad en salud, educación y conectividad (aunque mejora).

Dinámica fronteriza — Proximidad con Arizona influye: migración temporal, comercio y cultura binacional. Algunos retornados traen capital y modernizan ranchos.

En resumen para Sonora, el poema captura la tensión entre un campo sonorense productivo pero exigente (que “alimenta” a familias y al país) y una generación joven que busca progreso urbano o estadounidense, a veces dejando atrás a los padres. El “Ahora me toca a mí” representa el deseo de muchos sonorenses mayores de disfrutar los logros de su trabajo en un estado donde el campo aún es motor económico, pero donde el relevo generacional es un reto real. Es un reflejo local de la desigualdad territorial mexicana: el norte próspero, pero con contrastes internos fuertes entre valles agrícolas modernos y zonas más marginadas en el sur sureste.