Por Mónica Calles Miramontes

¡¡¡Escándalo!!! Fuentes fidedignas afirman que el árbitro de la final de futbol mexicano se reunió con el equipo ganador para festejar el penal que marcó y llevó a la victoria al equipo. Según los informes, el árbitro —ese personaje que debía cuidar la correcta aplicación de las reglas del juego—, acudió a las instalaciones del ahora campeón para celebrar el “buen arbitraje que hizo en el partido”.

Lo anterior debe ser causa de indignación del equipo perdedor. Seguramente exigirá llevar a ese árbitro a la Comisión de Arbitraje, buscará que lo sancionen y, sobre todo, evitará que vuelva a pitar un solo partido en la liga. ¡Ese árbitro ha perdido toda imparcialidad, respeto y dignidad para aplicar las reglas!

Lamentablemente, lo anterior en realidad no se trata de futbol, sino de las elecciones en México; este símil sirve para ilustrar lo que pasa con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tribunal Electoral). Un paralelismo que refleja la realidad de quien hoy tiene la última palabra en los comicios en nombre de la Constitución y la ley.

En 2024, el Tribunal Electoral avaló la sobrerrepresentación indebida de Morena y aliados en la Cámara de Diputados. Gracias a esa súper mayoría, el oficialismo ha podido demoler uno a uno los pilares de la democracia mexicana: destruyó al Poder Judicial de la Federación, eliminó a los órganos constitucionales autónomos y ahora quiere cambiar las reglas electorales para perpetuarse en el poder a como dé lugar.

La subordinación de los magistrados electorales Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Mónica Soto no es oculta ni un secreto a voces, es abierta y descarada. Lo evidencian en cada resolución parcial que toman. Han sido “juez y parte”, pero como si no fuera esto suficiente, los magistrados también editan libros para justificar la sobrerrepresentación que le entregaron a Morena y luego acuden a San Lázaro o a la Cámara Alta a presentarlos entre aplausos de los beneficiarios de sus propias sentencias. ¡Así de destruida está la justicia electoral en México!

Regresando al futbol, sería inconcebible e indignante que el árbitro fuera a festejar con el campeón a quien benefició en el último momento, ¿no? La indignación surgiría de saber que el árbitro se vendió y arrebató —por la mala— lo que debió ganarse de forma limpia; no sólo daña a un equipo, traiciona a una afición y desmorona un sistema.

Asimismo, cuando un árbitro electoral sirve al poder político no solo condena a un sector político, traiciona a una nación, destruye la confiabilidad de un sistema y roba a los millones de mexicanos que confiaban en que su voto tendría el poder de definir el rumbo del país.

A pesar de ello, en México indigna más una final del futbol robada, que un árbitro electoral coludido con un régimen que día a día nos arrebata más derechos y libertades. ¿Por qué nadie dice nada? ¿Por qué los partidos políticos opositores, sus dirigentes, senadores, diputados de oposición, academia y la ciudadanía no están unidos protestando en una sola voz para que ese árbitro (el Tribunal Electoral) no vuelva a decidir sobre la constitucionalidad y legalidad de las elecciones?

Ahora mismo, porque así lo dispuso el oficialismo, en periodo extraordinario se discuten varias iniciativas de reforma electoral y judicial que entregarán un poder inmenso a esos magistrados para que decidan sobre las siguientes elecciones, y, al mismo tiempo, a esos mismos magistrados les prorrogan por tercera vez el cargo que por mandato constitucional no debe ser extendido.

¿Por qué eso no causa indignación? ¿Por qué, tal como ocurre en el futbol, no indigna de la misma manera que los conflictos en los próximos comicios serán resueltos por seis magistrados electorales que sirven a un partido político? Cuatro magistrados cuyo silencio y sumisión nuevamente se está comprando con el premio de otra prórroga y dos más que hoy tienen una toga gracias a las trampas de acordeones y los pactos con Morena.

Es verdad que la oposición debe rechazar esas nuevas reformas electorales oficialistas donde se pretende instaurar una absurda “Comisión de Integridad de Candidaturas”, así como los desastrosos intentos de enmienda de la reforma judicial y las peligrosas causales de nulidad de elección por “intervención extranjera”.

Sin embargo, la oposición no debe pasar por alto que el riesgo más grave está en que todo eso será operado y definido por los mismos magistrados a los que, en la misma reforma, se les está sobornando con una prórroga de mandato.

Todas las fuerzas políticas de oposición deben alzar la voz, evidenciar esta embestida y exigir, sin titubeos, que no se entregue esta prórroga. Los magistrados de la Sala Superior no deben ser recompensados, una vez más, por haber vendido la alta dignidad de su cargo y su imparcialidad, a cambio de poder, la impunidad y los privilegios que obtienen con la toga.

De no hacerlo, de permitir que se mantenga el mismo árbitro y que esos magistrados cooptados continúen en el cargo, poco importará que las reglas del juego (las leyes electorales) pretendan garantizar elecciones auténticas, porque será el árbitro el que se haga de la vista gorda, el que no vea los penales, el que no marque el fuera de lugar y, lo peor de todo, quien valide goles indebidos o triunfos electorales que no se ganen en las urnas.

Así, tal como pasó en 2016 y en 2024, está pasando en 2026. Nuevamente están comprando al árbitro y nadie dice nada…

Al final, la historia recordará a aquellos que llegaron al poder y engañaron por ambición, recordará también a aquellos tribunales que, debiendo cuidar de la Constitución, la pisotearon buscando su salvación; pero habrá de ser igual de implacable para aquellos que guardaron silencio.

*Abogada electoral y constitucional; Columnista; Análisis político

Directora del observatorio LupaReforma2026.mx

Web: defensaelectoral.com.mx

X: moni_calles

Noticiero De Primera Mano en @tvdprimeraplana 03/Junio/2026 https://t.co/jphKmns6Go

— Ruiz Quirrín (@rquirrin) June 3, 2026

Por Ileana Bernal de la R.

Los procesos electorales en México operarán bajo nuevas reglas tras la entrada en vigor de tres reformas que buscan fortalecer los controles sobre candidaturas, blindar las elecciones contra injerencias extranjeras y reestructurar la elección judicial.

Entre los cambios destaca la posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral (INE) integre una comisión para revisar, con apoyo de autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia, los antecedentes de aspirantes a cargos públicos y detectar posibles vínculos con actividades delictivas.

Además, la elección judicial prevista originalmente para 2027 fue reprogramada para el 4 de junio de 2028, con el objetivo de simplificar el proceso, reducir el número de candidaturas y facilitar la participación ciudadana.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que se mantiene el principio de que sea la ciudadanía quien elija a jueces, magistrados y ministros.

Rechazó las versiones que advierten posibles anulaciones arbitrarias de elecciones y sostuvo que las nuevas disposiciones buscan fortalecer la democracia y garantizar procesos más transparentes.

Otra de las reformas establece que una elección federal o local podrá ser anulada cuando se compruebe una intervención extranjera que haya influido en los resultados.

Por su parte, Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, explicó desde Palacio Nacional,  que la reforma busca homologar la metodolgía de los  comités de evaluación de los tres Poderes, para certificar la participación.

“Se homologa la metodología y criterios de evaluación de los comités de evaluación de los tres poderes y se incluye el examen de conocimientos para poderse aplicar para todos aquellos que quieran participar”, informó.

Informó que el Congreso tendrá un plazo de hasta 90 días para discutir las leyes secundarias que definirán los criterios y mecanismos de aplicación.

Por Antonio López Moreno

Diversas voces de la sociedad civil organizada y analistas en Sonora coincidieron en que el trabajo del Congreso del Estado ha sido insuficiente, particularmente en funciones como la fiscalización, el manejo presupuestal y la producción legislativa.

Lejos de mantener una imagen de “diputados del pueblo”, los luchadores sociales los observan ajenos y con prácticas del pasado.

El analista en asuntos legislativos, Oscar Serrato, cuestionó el cumplimiento de las responsabilidades constitucionales de los diputados al señalar que han fallado en tareas fundamentales. 

“Fiscalizar, presupuestar, legislar. No cumplieron con sus obligaciones constitucionales en los primeros dos rubros”. 

“No fiscalizan y en materia de presupuesto solo aprueban lo que el Ejecutivo les manda”, afirmó. 

Además, criticó decisiones como el freno a multas en Hermosillo por motivos políticos y sin análisis de fondo, así como la falta de debate en reformas aprobadas bajo línea partidista. 

“La independencia del Legislativo, que debería ser, no existe bajo este gobierno”, sostuvo.

Desde la sociedad civil, Pamela Ibarra, presidenta de la asociación Cultura Verde, advirtió sobre deficiencias en la elaboración de leyes que no consideran la realidad de los municipios. 

Explicó que frecuentemente se legisla como si todos contaran con las mismas condiciones que Hermosillo, lo que provoca que disposiciones sean inviables al momento de aplicarse. 

“Hay leyes que no se pueden ejecutar porque un municipio no cuenta con la infraestructura necesaria”, señaló.

Por su parte, Lizeth Villalobos, presidenta de la organización Conservando los Valores Familiares (COVAFAM), vinculó la falta de respuesta institucional con medidas extremas de protesta. 

“Las maestras, mujeres y madres de Sonora tomamos una decisión dolorosa con la huelga de hambre, pero no llegamos a ese punto por ligereza, sino por la falta de vías. Ya agotamos las mesas de diálogo, las vías legales y todo”, expresó.

En el ámbito estudiantil, Paul Medellín, presidente de la Asociación de Estudiantes de la Universidad de Sonora (ADEUS), consideró que el Congreso pudo haber hecho más durante su primer periodo legislativo, 

Mientras que Ignacio Peinado Luna dirigente de la Unión de Usuarios de Hermosillo, coincidió en que los legisladores “quedan a deber” en su desempeño.

Las críticas apuntan a una percepción generalizada de desconexión entre el Congreso local y las necesidades reales de la ciudadanía, así como a la falta de autonomía en la toma de decisiones y de resultados tangibles en beneficio de la población.

Uno de los cambios que más polémica generó fue la aprobación de una reserva presentada por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, que permitirá a los magistrados electorales actualmente en funciones competir por un nuevo periodo de seis años en la elección de 2028.

Por Ileana Bernal de la R.

Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció este jueves que existe un riesgo real de intervención extranjera en los procesos electorales mexicanos, la Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada una reforma constitucional que incorpora esa figura como nueva causal para anular elecciones en el país.

«Si veo un riesgo real, sí puede haber un riesgo de intervención extranjera en las elecciones en México», declaró la mandataria durante su conferencia matutina al ser cuestionada sobre los cambios impulsados por la mayoría legislativa.

 

La reforma, del artículo 41 constitucional, presentada por el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, establece que una elección podrá ser anulada cuando se acredite la intervención de actores extranjeros en el proceso electoral.

Con una mayoría calificada de 307 votos a favor de Morena, PT y PVEM; 128 en contra del PAN, PRI y MC, y con una abstención de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, será remitida al Senado para su revisión y votación.

Durante la misma sesión, los diputados también aprobaron modificaciones a la reforma judicial que aplazan la próxima elección de jueces, magistrados y ministros de 2027 a 2028, bajo el argumento de perfeccionar el modelo implementado este año y evitar su coincidencia con otros procesos electorales.

Asimismo, se incorporan nuevos mecanismos de revisión para las candidaturas judiciales, aunque la oposición sostiene que los cambios no corrigen de fondo cuestionamientos surgidos durante la primera elección judicial, entre ellos la calidad de algunos perfiles y la influencia de grupos políticos en la selección de aspirantes.

Uno de los cambios que más polémica generó fue la aprobación de una reserva presentada por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, que permitirá a los magistrados electorales actualmente en funciones competir por un nuevo periodo de seis años en la elección de 2028.

De concretarse, algunos integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral podrían permanecer en el cargo hasta 2034. La modificación fue aprobada junto con la reforma judicial por 322 votos a favor, 132 en contra y 22 abstenciones, estas últimas provenientes principalmente de legisladores de Morena.

Medida que Morena defendió como necesaria para garantizar estabilidad institucional, mientras que la oposición advirtió riesgos para la renovación periódica de los órganos jurisdiccionales.

La nueva causal de nulidad electoral ha provocado posiciones encontradas, ya que sus promotores argumentan que busca proteger la soberanía nacional frente a posibles injerencias externas, mientras que críticos consideran indispensable definir con claridad los criterios y mecanismos para acreditar una eventual intervención extranjera.

Pese a la aprobación en San Lázaro, las reformas todavía deberán ser discutidas y votadas por el Senado de la República. Al tratarse de modificaciones constitucionales, también requerirán el aval de la mayoría de los congresos estatales antes de entrar en vigor.

Además, quedan pendientes las reformas a leyes secundarias que establecerán los procedimientos específicos para aplicar tanto los cambios en materia judicial como las nuevas reglas electorales.

El servicio público dejó de ser una gran responsabilidad social para convertirse en una lotería de favorecidos por cuestiones de parentesco y relaciones familiares

Por Bulmaro Pacheco

En el pasado, México tuvo grandes reformadores de la política y la administración pública. Hoy no se ven por ningún lado.

Reformaron creando instituciones; abrieron el sistema político para darle viabilidad y reconocer la pluralidad de México. Reformaron para evitar y procesar conflictos, así como para asegurar la paz social y combatir las desigualdades sociales a través del desarrollo.

De repente, el sistema político y administrativo enfrentaba sus crisis y sus sacudidas, y ahí estaban ellos para impulsar los cambios. Hoy —Y a pesar de tanta crisis—nada de eso ocurre. El sistema reformó sus instituciones para garantizar e impulsar dos de los compromisos fundamentales del movimiento revolucionario: la educación y la salud. Hoy los retrocesos y los fracasos de proyectos de gobierno están a la vista (Insabi, Megafarmacia, Pemex, obras emblemáticas) con altos costos, pero no hay reformas.

Con el tiempo, se avanzó con la creación del IMSS y la Secretaría de Salud, y se erradicaron enfermedades mortales. En educación, crearon la SEP y una diversidad de sistemas educativos —como la UNAM y el Politécnico— para combatir el analfabetismo y ampliar la cobertura educativa en todos los niveles, apoyando con ello los programas de desarrollo económico.

Antonio Ortiz Mena, Jaime Torres Bodet, Jesús Reyes Heroles, Fernando Solana, Ignacio Pichardo, Guillermo Soberón, Gustavo Baz y Jesús Kumate, entre otros, formaron parte de esa generación de mexicanos que apoyaron con su talento y capacidades el avance de México y las grandes reformas que impulsaron los principales cambios del país durante la mayor parte del siglo XX. Hoy no se ven personajes de ese nivel de formación y capacidades. ¿Por qué?

Ahora, las administraciones públicas en México —federal, estatal y municipal— están en crisis y no se ve para cuándo una solución.

No tienen dinero; el poco que poseen no siempre se gasta bien y cada vez se les dificulta más cumplir con sus objetivos y funciones.

Están plagadas de problemas, vicios y excesos derivados de los cambios ocurridos en México en los últimos años.

No hay servicio civil de carrera y, en las pocas instituciones donde se había desarrollado, terminó por caer en los vicios generados por las alternancias de partidos y grupos políticos de poder.

Las administraciones públicas enfrentan graves problemas que, en lugar de resolverse, se han agravado. Mencionaré algunos:

La corrupción. Por más proclamas que existan con relación al combate a la corrupción en todos los niveles, esta sigue creciendo y ampliándose a otras esferas donde antes parecía imposible que llegara. Se pensó que, con la militarización de instancias importantes de la administración —como las aduanas, los puertos y los aeropuertos—, la corrupción disminuiría, pero no fue así. En muchos casos se incrementó debido a los excesos y deformaciones en el manejo de las instituciones. Falló la experiencia y el fogueo para desempeñar cargos en la administración; se cambió por el cuatismo, la visión partidista y las cuotas para los allegados.

Los aparatos de regulación de las administraciones públicas sobre la actividad económica se han ido debilitando y cada vez se respetan menos. Sobran ejemplos de casos donde aparecen el dinero y los pagos realizados para eludir trámites mediante la corrupción de funcionarios públicos para evitar los tiempos de espera.

El contratismo de amigos y familiares incrustados en los aparatos de poder también ha quedado en evidencia, sobre todo en la licitación de obras públicas y servicios.

El nepotismo. Las alternancias en el poder convencieron a muchos de los que llegaron al control de las administraciones públicas de que incrustar familiares en las nóminas públicas era algo normal y merecido. El servicio público dejó de ser una gran responsabilidad social para convertirse en una lotería de favorecidos por cuestiones de parentesco y relaciones familiares.

Se ha ampliado en los gobiernos la presencia de amigos y familiares sin las capacidades suficientes para desempeñar los cargos. En el sexenio de López Obrador se llegó al extremo de afirmar que, para desempeñar un cargo público, se requería “90% de lealtad partidista y 10% de capacidad para el cargo” (sic).

Esa nefasta concepción del poder público surgió del desprecio y los resentimientos con los que llegaron los nuevos gobiernos a partir de la elección de 2018. Sin querer saber nada del pasado —al que todavía condenan cuando algo les sale mal—, también condenaron a la administración pública que, a lo largo de la historia, ya había consolidado estructuras y servidores públicos profesionales encargados de tareas administrativas cada vez más complejas, sobre todo en áreas sensibles del poder público como el servicio exterior, la estructura fiscal y la organización educativa.

La improvisación. Estamos viendo, en primer lugar, premios administrativos otorgados por pertenecer a determinado partido político, por haber financiado campañas electorales, por ser pariente de quienes mandan o por relaciones personales derivadas de haber trabajado en equipo en cargos anteriores. Así, se otorgan oportunidades en el servicio público olvidándose de los perfiles adecuados para los cargos.

Con ello se han fortalecido la improvisación y la ineficiencia. Todo esto ha provocado que las cosas no funcionen, que se retrasen, que los proyectos no avancen o que las obras y los servicios fallen por la mala calidad en la supervisión de los responsables. ¡Qué casos! ¿Que antes era igual? Es su disculpa, pero es una tesis falsa. Con el tiempo en México llegó a legislarse contra el nepotismo y la improvisación así como para avanzar en la transparencia, pero esas medidas hoy son letra muerta, ante quienes se sienten “en el lado correcto de la historia” que nunca ha existido.

El gobierno actual cree que gastando lo que no tiene resolverá muchos problemas, pero no es así. Se niega a reconocer lastres como PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad, que llevan años funcionando con amplios déficits financieros y dificultan el correcto manejo de las finanzas públicas. También se niega a reconocer los altos costos —vía excesos y subsidios— de las obras emblemáticas realizadas en el sexenio pasado, que hoy son un lastre para el nuevo gobierno, el cual no haya cómo salir de esos compromisos.

No se ve por ninguna parte a reformadores de la política y la administración pública que hablen con la verdad.

Tampoco se observan ideas originales y eficaces que influyan en la compleja realidad de México para tratar de resolver problemas que, por ahora, parecen insolubles: los tiempos de espera en hospitales, la sobresaturación de instituciones, la mala calidad de la educación pública, el déficit de las finanzas públicas y la pobreza de las administraciones municipales. Tampoco hay propuestas para combatir la pobreza urbana, la inseguridad pública en las calles y la penetración cada vez más obvia del crimen organizado en las instituciones de gobierno.

En las administraciones públicas, el interés de partido superó la racionalidad en la toma de decisiones, y las reformas realizadas hasta ahora solo han servido para fortalecer un modelo de gobierno cerrado y concentrador del poder. Y lo peor, sin rumbo seguro.

Los reformadores hoy brillan por su ausencia, así como los mexicanos de excepción que en otras épocas se la jugaron por México y no por un partido político. Por eso tienen su lugar en la historia y no han sido superados.

Nada más, nada menos.

bulmarop@gmail.com

La propuesta ya fue aprobada por la comisión de asuntos constitucionales en el congreso estatal.

Por Antonio López Moreno

Los diputados locales del Congreso del Estado de Sonora, aprobaron este día en comisiones la propuesta de Plan B de Reforma Electoral, que impulsó la presidenta Claudia Sheinbaum.

David Figueroa integrante de la comisión, detalló que fue remitida al pleno, a fin de ser votada en una sesión posterior.

“Hoy votamos el dictamen para la armonización del plan B de la reforma electoral, donde se establecen algunas modificaciones en el tema de buscar ponerle freno a esos excesos que hay desde la función pública”, dijo.

El Plan B de la reforma electoral impulsado por la presidenta, es un paquete de reformas legales enfocado supuestamente en la austeridad, el ahorro de recursos y la eliminación de privilegios.