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El poder de no hacer nada
La Suprema Corte acaba de ordenar a Claudia Sheinbaum expedir el reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. El dato que debería alarmarnos no es el reglamento en sí, sino el plazo: 18 años de omisión, a través de cuatro presidentes, para cumplir un mandato legal que tomaría seis meses.
El caso pesquero no es una anomalía, sino el síntoma más visible de una patología recurrente del presidencialismo mexicano: la capacidad del Ejecutivo de neutralizar al Legislativo simplemente absteniéndose de actuar.
Esta parálisis deliberada opera en dos frentes distintos, pero emparentados.
El primero es la omisión reglamentaria, que la Corte acaba de sancionar en materia pesquera. El Congreso aprueba una ley, fija principios y directrices generales, y delega al Ejecutivo la tarea de “aterrizar” esos mandatos en reglas operativas. Cuando el Ejecutivo simplemente no reglamenta, la ley queda con motor pero sin transmisión: existe en el papel, pero no puede moverse en la práctica. La Corte tuvo que recordar algo que debería ser obvio: la vigencia de una norma anterior, pensada para un paradigma distinto, no puede usarse como pretexto para congelar indefinidamente un mandato legislativo posterior.
El segundo frente es más grave, porque no se trata de reglamentar los detalles de una ley ya vigente, sino de impedir que una reforma constitucional nazca a la vida jurídica. Es el caso de la reforma al artículo 123 que garantiza un salario base digno a policías, guardias nacionales, militares, médicos, enfermeras y maestros. Aprobada por el Congreso de la Unión desde octubre de 2024 y ratificada por prácticamente la totalidad de las legislaturas estatales, la reforma lleva casi dos años suspendida en el limbo administrativo. Formalmente, el trámite pendiente es la declaratoria de constitucionalidad en el Senado; en los hechos, la Presidenta ha anunciado públicamente en más de una ocasión -agosto de 2025 y de nuevo este año- que la publicación era inminente, sin que eso se haya traducido en la entrada en vigor de la norma. El resultado práctico, más allá de a qué órgano corresponda formalmente el siguiente paso, es idéntico al de un veto: una reforma con respaldo legislativo unánime y validación federalista plena, que policías y médicos no pueden invocar.
Lo que conecta ambos casos es una lógica común: cuando publicar una ley o emitir un reglamento resulta incómodo -porque implica costo fiscal, porque limita discrecionalidad, porque contradice la narrativa oficial de austeridad- el Ejecutivo mexicano ha aprendido que la inacción es políticamente más barata que el veto expreso. No hay que justificar una decisión que nunca se toma.
La sentencia de la Corte en materia pesquera es un precedente valioso porque, al fijar un plazo perentorio de 180 días, reconoce que la omisión también es una forma de gobernar. Falta ver si ese mismo criterio, aplicado con la misma firmeza, alcanza algún día a la reforma salarial de policías y médicos, donde el costo de la parálisis no se mide en biodiversidad marina, sino en la dignidad laboral de quienes sostienen la seguridad y la salud pública del País.
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El autor es abogado y Diputado federal.
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