El gobierno federal otra vez anunció una inversión millonaria para limpiar la cuenca tras el derrame tóxico ocurrido en 2014; los pobladores denuncian simulación  

Por Rigo Gutiérrez E.

El 6 de agosto de 2014, el cauce de los ríos Sonora y Bacanuchi se tiñó de naranja tras el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en un represo aguas arriba, perteneciente a la Mina de Cananea. Hoy, 12 años después, lo que para el Gobierno de Sonora representa el inicio de una «etapa definitiva» de soluciones, para los habitantes organizados en los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) no es más que la continuación de un rosario de promesas incumplidas.

El pasado miércoles en pleno corazón de Ures, el gobernador Alfonso Durazo y la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, anunciaron el arranque de una nueva fase de remediación. Anunciaron la asignación de 654 millones de pesos para limpiar suelos y sedimentos en una primera etapa que concluiría a finales de este año.

Justifican que a diferencia de administraciones pasadas, hoy existe un programa con tiempos, recursos y responsables, todo bajo el denominado “Plan de Justicia para Cananea-Río Sonora”. Y es que los ribereños ya han escuchado promesas de remediación tanto de las administraciones de Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Con todos hubo esperanza, pero con nadie han visto solución. 

En esta ocasión, de acuerdo a lo declarado por las autoridades, se han tomado muestras en las presas Abelardo L. Rodríguez y El Molinito, y se comprometieron a construir un hospital especializado y garantizar agua limpia. «No somos iguales», afirmó el gobernador Durazo ante una población que, tras 12 años, mantiene una duda legítima.

Comités acusan política de simulación

El informe «La simulación como política pública», presentado por los CCRS, brinda una radiografía de la situación de abandono en toda la zona. Los pobladores señalan que el Estado ha sustituido la reparación real por una «apariencia de cumplimiento».06 Informe Cuenca

El documento denuncia que los planes de justicia y los convenios con la empresa minera se mantienen en secrecía, sin sustento legal en el Diario Oficial de la Federación. Para los afectados, la justicia quedó estancada entre diagnósticos y reuniones, lejos de los hechos.

Diagnóstico alarmante

A lo largo del Río Sonora todavía está latente una crisis de salud pública. De acuerdo al informe, mediante estudios oficiales del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (CENAPRECE) han identificado que casi la totalidad de la población de la cuenca está en riesgo de exposición a metales como plomo, arsénico, cadmio y mercurio.

A pesar de que el propio Estado reconoce que se requieren más de 1,700 millones de pesos solo para atención médica, el reciente convenio con Grupo México apenas alcanza los 1,500 millones para todas las acciones (remediación, agua y salud).

El reporte destaca que entre 2021 y 2022 CENAPRECE muestreó a 1,500 personas, de las cuales, 705 casos fueron identificados con plomo en sangre y requieren tratamiento de por vida. Sin embargo, los resultados fueron clasificados como reservados, no se entregó diagnóstico a las personas afectadas y no se ha brindado atención médica especializada. Las 705 personas siguen sin tratamiento.

Los habitantes denuncian que las personas siguen muriendo sin diagnósticos toxicológicos claros y que no hay personal capacitado en la región para atender enfermedades complejas derivadas de la contaminación.

Agua: derecho ausente

El acceso a agua segura CCRS sigue siendo una ficción. Estudios recientes y la Recomendación 50/2024 de la CNDH confirman que los pozos siguen contaminados y rebasan los límites permisibles. 

La promesa original de 36 plantas se redujo a 16 en los anuncios más recientes, sin que se expliquen los criterios técnicos para este recorte ni se garantice que las nuevas plantas realmente puedan filtrar metales pesados.

En el caso del Río Sonora la justicia se ha escurrido como agua a lo largo de 12 años actualmente las autoridades apuesta por una nueva inversión de 654 millones de pesos para intentar cerrar una herida de 12 años. Sin embargo, para los Comités de Cuenca, la reparación no se mide en promesas, sino en la eliminación efectiva de la contaminación en sus ríos y el plomo en su sangre. 

Cuatro promesas incumplidas:

-Unidad de Vigilancia (UVEAS) y hospital especializado. Este año otra vez iniciaron con la construcción de otro hospital sobre las ruinas del inconcluso.  

-Instalación de 36 plantas potabilizadoras fijas. Solo instalaron una planta móvil en San Rafael de Ures.

-Limpieza total de la cuenca financiada por el Fideicomiso. Hay presencia de mercurio y arsénico en tomas domiciliarias.

-Reparación integral y sanciones a Grupo México. El monto de los llamados convenios «solidarios» solo cubren el 7.5% del daño estimado.

Una nueva visión para la protección integral de la vida

Por Guillermo Moreno Ríos

La iniciativa impulsada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño y que contó con la participación de la sociedad civil, para elevar la Protección Civil y la Gestión Integral del Riesgo a la categoría de derecho humano en la Constitución Política del Estado de Sonora representa, probablemente, una de las transformaciones jurídicas más trascendentes en esta materia. Más que una reforma administrativa, propone un cambio de paradigma: dejar atrás una visión centrada en la respuesta a las emergencias para construir un modelo permanente de protección de la vida.

Si esta reforma se consolida, Sonora podría colocarse a la vanguardia nacional al reconocer que la prevención no es sólo una función gubernamental, sino una obligación constitucional. Con ello, la Protección Civil deja de centrarse exclusivamente en los desastres para proteger de manera integral a la persona, su vida, su integridad, su patrimonio y las condiciones necesarias para su desarrollo. En consecuencia, la Gestión Integral del Riesgo también debe evolucionar: además de responder a las emergencias, deberá identificar, reducir y prevenir toda condición que incremente la vulnerabilidad humana.

Los riesgos ya no pueden evaluarse únicamente por su origen natural, físico o tecnológico, sino también por su impacto sobre la persona. Es en ese punto donde la Protección Civil converge con la bioética, ya que ambas comparten un mismo propósito: prevenir el daño y proteger la vida como el bien jurídico fundamental.

Desde esta perspectiva, elevar la Protección Civil a derecho humano abre un nuevo campo de reflexión jurídica. Si el Estado asume la protección de la vida como una obligación constitucional permanente, resulta legítimo preguntarse cuál es el alcance de ese deber cuando los riesgos provienen no sólo de la naturaleza, sino también de decisiones humanas. La Gestión Integral del Riesgo, la bioética y los derechos humanos convergen así en un mismo propósito: fortalecer una cultura preventiva orientada a la defensa integral de la vida.

Esta reflexión trasciende la ingeniería y la administración pública para adentrarse en el terreno de la bioética. Temas como la manipulación genética, la investigación con embriones, la eutanasia, la reproducción asistida, la inteligencia artificial aplicada a la salud y la interrupción voluntaria del embarazo dejan de ser exclusivamente asuntos médicos o jurídicos para dialogar con una visión preventiva centrada en la protección de la vida.

Ello no implica que la Protección Civil sustituya al derecho constitucional, sanitario o penal, sino que todas estas disciplinas converjan en un mismo propósito: fortalecer el deber del Estado de proteger la vida frente a riesgos previsibles y evitables. Desde esta perspectiva, la Gestión Integral del Riesgo trasciende la administración de amenazas para convertirse en un principio preventivo que invita a replantear, desde una nueva óptica, los grandes debates bioéticos de nuestro tiempo.

Si el nuevo paradigma consiste en colocar la protección de la vida como eje rector de toda política pública preventiva, entonces también resulta válido preguntarse cuál es el alcance de esa obligación cuando la vida humana se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo.

La constitucionalización de la Protección Civil deja de ser únicamente una reforma administrativa para convertirse en una invitación a repensar el alcance del deber estatal de proteger la vida.

En consecuencia, la Gestión Integral del Riesgo del siglo XXI no puede limitarse a elaborar atlas de riesgo o coordinar cuerpos de emergencia. Debe consolidarse como una política pública transversal que dialogue con la salud, la educación, el urbanismo, el medio ambiente, la ingeniería, la bioética, el derecho constitucional y los derechos humanos. Toda decisión que incremente innecesariamente la vulnerabilidad humana constituye un riesgo que el Estado tiene el deber de prevenir.

La verdadera trascendencia de esta reforma no radica únicamente en reconocer un nuevo derecho humano, sino en establecer que la protección de la vida debe convertirse en el eje articulador de todas las políticas públicas de prevención. Cuando la Protección Civil trasciende la atención de desastres para asumir la defensa integral de la vida, deja de ser una función administrativa y se convierte en un principio rector del Estado constitucional. Ese podría ser, sin duda, el mayor legado de esta reforma.