Por Guillermo Moreno

Recibimos en el Consejo Integrador de la Construcción, la Industria y el Desarrollo INCIDE a la senadora Lorenia Iveth Valles Sampedro con un objetivo concreto: abrir un espacio de diálogo directo entre el sector productivo, los colegios de profesionistas, la academia y el Poder Legislativo, con la mirada puesta en el desarrollo regional.

El encuentro, dentro del marco de las reuniones periódicas de nuestro Consejo, inició con un minuto de silencio por los mineros sonorenses privados de la vida recientemente en el vecino estado de Sinaloa y en congruencia con el desplegado publicado el pasado 14 de febrero. Porque antes de hablar de crecimiento económico, es indispensable reconocer el valor de la vida y la urgencia de fortalecer la seguridad laboral y social.

El foro Sonora Competitivo: Agenda Legislativa para el Desarrollo Regional, reunió a liderazgos empresariales, gremiales, profesionales y sociales que presentaron planteamientos en salud, productividad, seguridad, educación y economía. Se abordaron temas como la protección a la niñez; esquemas de aseguramiento masivo por pago de predial de viviendas ante la desaparición del FONDEN; licencias oncológicas con goce de sueldo; la creciente informalidad de las MiPyMES frente a la sobrerregulación; la comunicación estratégica como motor económico y la necesidad urgente de fortalecer la seguridad en el sector minero.

Desde Juventud INCIDE se habló de dignificar el descanso como factor de productividad; desde industria y comercio, de la necesidad de condiciones reales para permanecer en la formalidad. También se pusieron sobre la mesa asuntos de educación superior, infraestructura hospitalaria, legislación minera, talento local y los retos asociados al T-MEC.

En su intervención, la senadora destacó el enfoque de infraestructura con sentido social, la simplificación administrativa, la digitalización de trámites y los esquemas de inversión mixta como herramientas para detonar crecimiento. Subrayó además la posición estratégica de Sonora por su vocación industrial, minera y exportadora.

Se mencionaron reformas orientadas a fortalecer la política industrial, atraer inversión y modernizar marcos normativos en competencia económica, telecomunicaciones, economía circular y comercio exterior, así como la visión de prosperidad compartida impulsada desde la presidencia de Claudia Sheinbaum, con énfasis en crecimiento económico, empleo y desarrollo regional.

Desde INCIDE fuimos claros: el sector privado no pide privilegios; pide reglas claras, certidumbre jurídica y participación en las decisiones que impactan directamente la competitividad del estado. La infraestructura no puede verse solo como obra pública: sin prevención, sin gestión del riesgo y sin seguridad laboral, cualquier estrategia de desarrollo queda incompleta. No basta con atraer inversión; es indispensable proteger a quienes sostienen la economía con su trabajo.

Al cierre del foro, la senadora manifestó su disposición y compromiso de dar seguimiento a las propuestas presentadas, señalando que este encuentro representa un primer paso hacia una agenda permanente donde sociedad civil, industria, academia y gobierno puedan trabajar con mayor coordinación.

Coincidimos en algo fundamental: México y Sonora necesitan menos polarización y más mesas técnicas; menos discurso y más seguimiento; menos reacción y más planeación.

Las participaciones de los asistentes fueron diagnósticos técnicos acompañados de propuestas viables, justo en la línea de trabajo que INCIDE ha impulsado desde su origen. Hubo apertura para escuchar lo que duele, pero también para discutir cómo resolverlo. Se asumió el compromiso de revisar cada planteamiento y se constató, una vez más, lo que la sociedad organizada puede aportar cuando se le da espacio. No hubo llamados unilaterales, sino propuestas integrales, entendiendo que somos vasos comunicantes y que cada decisión impacta al conjunto.

En el contexto actual, sentarse a dialogar con sectores productivos y sociales, atender diagnósticos técnicos y abrir la puerta a soluciones concretas ya marca una diferencia. Ahora, el reto es convertir este ejercicio en resultados medibles.

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En 2026 el proyecto de reforma luce diferente: en siete años no ha habido diálogo con las oposiciones; la autoridad electoral luce supeditada al gobierno

Por Bulmaro Pacheco

La prometida y cacareada reforma política anunciada por el gobierno federal no llega todavía a las manos de quienes, interesados en ella, quisieran opinar y participar en su elaboración.

No será así, porque desde que la anunciaron, el encargado de elaborarla, plancharla y decorarla, Pablo Gómez, recibió indicaciones de que solo consultara a los aliados del gobierno.

Anunciaron foros de consulta y diálogos para recibir propuestas, pero no pasaron de simulaciones entre ellos mismos, lo que dejó al descubierto las inconformidades de sus aliados fundamentales, como el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista.

Esas inconformidades encendieron las alarmas en el gobierno, porque al hacer cálculos sobre el número de votos que ambos partidos representan en el Congreso de la Unión —y tratándose de proyectos de reformas constitucionales—, no les alcanzaba para completar la mayoría calificada que requiere Morena en ambas cámaras, y el proyecto se ha retardado mientras avanzan las negociaciones con ambos partidos.

Desde el gobierno se han esbozado algunos temas que ya están en la opinión pública: la desaparición de legisladores de representación proporcional, la disminución del gasto en los partidos políticos y la centralización de las funciones electorales, metiéndole mano a las autoridades estatales que, en mayor o menor medida, han funcionado en los últimos procesos electorales, agilizando registros y resultados.

De seguir así, el proyecto de reforma se va a retrasar aún más, y el gobierno tiene en contra el tiempo, porque el artículo 105 constitucional establece que una reforma que no se realice tres meses antes de iniciar el proceso electoral —que comienza en septiembre— no tendría aplicación en el proceso electoral siguiente (2027). Por eso están contra el tiempo.

Por primera vez en la historia de México, las oposiciones (PAN, PRI y MC) no han sido tomadas en cuenta para elaborar la reforma anunciada. Sí, por primera vez desde que en los sesenta del siglo pasado se crearon los llamados “diputados de partido” que tuvieron su aplicación por primera ocasión en la elección de 1964, y que dieron lugar a que entraran como diputados federales Vicente Lombardo Toledano por el PPS, Juan Barragán por el PARM y Adolfo Christlieb Ibarrola por el PAN, entre otros.

Fue en 1977 cuando el secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, convocó a las oposiciones y a los intelectuales a una consulta general para elaborar la reforma política, muy necesaria en aquellos años ante la crisis política generada por la alta votación recibida por José López Portillo, candidato único a la Presidencia de la República. Tiempos en que el PAN, en 1976, por conflictos internos, no postuló candidato presidencial.

Tiempos en los que solo había cuatro partidos políticos nacionales (PAN, PRI, PARM y PPS) y uno en la clandestinidad desde 1919: el Partido Comunista Mexicano.

El sistema político lucía casi agotado y la legitimidad de los gobiernos emanados del PRI enfrentaba serios problemas por la crisis de la representación política y la violencia post electoral en las calles al igual que la guerrilla rural y urbana.

La reforma política de don Jesús Reyes Heroles cuajó con la creación de la representación proporcional en la Cámara de Diputados (100 diputados) y en los congresos locales, así como con la creación de nuevos partidos políticos como el PDM, el PRT, el PST y el Partido Comunista Mexicano.

Esa reforma llevó el conflicto político de las calles a los órganos de representación política y le dio estabilidad al sistema político, en tiempos en que la violencia política urbana y rural estaba en su máxima expresión mediante enfrentamientos, secuestros y balaceras en algunas regiones. La reforma atenuó esas crisis.

Posteriormente vinieron otras reformas —en la mayoría de las ocasiones a iniciativa de las propias oposiciones—: la ampliación de la Cámara de Diputados con 100 diputados más para completar 500; la creación de los senadores de primera minoría para ampliar la representación de los estados a tres senadores por entidad; y posteriormente la incorporación de los senadores de lista por partido político para sumar 128.

La creación de la credencial para votar con fotografía; la ampliación de las funciones del Tribunal Federal Electoral; la creación de un órgano autónomo del gobierno para organizar las elecciones (el IFE, después el INE); el fortalecimiento de los órganos electorales en las entidades federativas; el financiamiento público a los partidos políticos y la flexibilización de los requisitos para crearlos; la autorización de las candidaturas independientes; y la reforma del “voto por voto, casilla por casilla”, como resultado de la crisis electoral de 2006, cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar en la elección presidencial fue menor a un punto porcentual.

Las alternancias partidistas en los gobiernos, que iniciaron con la gubernatura de Baja California en 1989 y se consolidaron con la alternancia en la Presidencia de la República en el año 2000, no detuvieron las reformas políticas, en su mayor parte y casi siempre, siempre impulsadas por las oposiciones.

La autorización para crear, en más de 40 años, más de 30 partidos políticos dio lugar al sistema de partidos —unos más, unos menos— que fueron apareciendo y desapareciendo en función del porcentaje de votos (3 %) señalado en la ley. Ese sistema hoy se concentra en el PAN, PRI, Morena, PT, Verde y Movimiento Ciudadano.

Después, ya avanzada la primera década del siglo XXI, se dieron reformas —a iniciativa de las oposiciones— para derrumbar prohibiciones históricas como la de la reelección, eliminada en 1933 tras el asesinato del presidente electo para un segundo periodo, Álvaro Obregón Salido, dando lugar a la reelección (o elección consecutiva) de alcaldes, diputados locales, diputados federales y senadores.

La colaboración, vía consensos y negociaciones entre el gobierno y las oposiciones, dio frutos incluso en la transición política de 2018: paz política y estabilidad social, alternancias civilizadas en los gobiernos (federal, estatal y municipal), crecimiento económico modesto —pero crecimiento real—, disminución de los conflictos postelectorales que ahora se canalizan a través de las leyes y las instituciones, y un sistema político-electoral —no exento de problemas—, pero con credibilidad construida a lo largo de los años (1977-2014).

Ahora, en 2026, el proyecto de reforma luce diferente: en siete años no ha habido diálogo con las oposiciones; el gobierno de Morena ha centralizado el ejercicio de los tres poderes; la autoridad electoral luce supeditada al gobierno; la mayoría calificada en las cámaras fue alcanzada mediante mecanismos tramposos; y el proyecto de reforma que se dice se aprobará, luce arreglado entre el gobierno y sólo sus aliados, sin participación de las oposiciones, por primera vez en la historia de las reformas políticas que vienen desde 1964.

¿Por qué no sale la reforma todavía?

Porque está atorada por los aliados de Morena: el Verde y el partido del Trabajo. ¿Qué piden? Solo ellos lo saben, pero quieren sobrevivir y seguir con las concesiones que les dan desde el poder para mantener las franquicias hasta ahora privilegiadas. Nada más, nada menos.

¿Y Las oposiciones? Fuera del Proyecto, muy al estilo de la autollamada 4T.

¿Regresión o avance? A como lucen las cosas por ahora y en el futuro inmediato, más lo primero que lo segundo.

bulmarop@gmail.com

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Por Redacción

El Gobierno estatal destinará más de 940 millones de pesos este año para la rehabilitación y mantenimiento de caminos y carreteras en diversos municipios, con el propósito de fortalecer la movilidad, la seguridad vial y el desarrollo económico.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, informó a través de su cuenta de X, que estas acciones forman parte de una estrategia para modernizar la infraestructura carretera y garantizar traslados más seguros y eficientes para la población, además de facilitar la actividad productiva en la entidad.

También que se espera que los trabajos contribuyan a mejorar la conectividad regional y consoliden a Sonora como un punto clave para el crecimiento económico del noroeste del país.

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Por Redacción

Santiago René Gluyas Ozuna rindió protesta como nuevo presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Sonora, donde reafirmó el compromiso del sector con la ciudadanía mediante soluciones técnicas que contribuyan a mejorar la calidad de vida en el estado.

Durante su mensaje, destacó que la construcción debe consolidarse como un pilar del bienestar social, al tiempo que aseguró que su gestión buscará fortalecer el desarrollo de infraestructura y el crecimiento económico de la entidad.

El dirigente entrante también reconoció el trabajo realizado por el expresidente de CMIC Sonora, Adrián Camou Loera, y reiteró su intención de continuar trabajando por el bien del estado en coordinación con los afiliados de la cámara empresarial.

La toma de protesta estuvo a cargo de Jorge Aguirre Robles, quien acudió en representación de Luis Méndez Jaled, presidente nacional de CMIC. En el evento también estuvo presente Roberto Sitten Ayala, presidente del Comité Consultivo de CMIC Sonora.

Gluyas Ozuna agradeció el respaldo de los integrantes del organismo para encabezar este proyecto de unidad y concluyó que una CMIC sólida es garantía de un Sonora más próspero, moderno y con mejor infraestructura.

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