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Inflación de 2.3% en BCS no refleja realidad de precios en Los Cabos: Canaco

Pese a que Baja California Sur reportó una inflación anual de 2.3 por ciento en enero de 2026, una de las más bajas del país, el sector comercio en Los Cabos considera que esta cifra no refleja la realidad de los precios en el municipio.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la inflación general anual en México fue de 3.79 por ciento en enero, superior al 3.69 por ciento registrado en diciembre, lo que evidenció el impacto de la llamada “cuesta de enero” en mercancías y servicios. En contraste, Baja California Sur se ubicó entre las entidades con menor variación, junto con Baja California, Tlaxcala, Sinaloa y Tabasco.

Sin embargo, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Los Cabos, Vicente Ruiz Piña, explicó que los indicadores oficiales de inflación se construyen con base en productos seleccionados, principalmente de la canasta básica, cuyos precios en algunos casos están regulados.

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“Muchas veces el gobierno mide la inflación en base a productos seleccionados, y los productos seleccionados muchas veces son de la canasta básica, que es un precio controlado. Pero en Los Cabos, en el tema del arrendamiento y la gentrificación, no manejamos un nivel mínimo de inflación. No somos de los más altos, pero tampoco podemos decir que somos el municipio con menor inflación”, señaló.

El dirigente empresarial indicó que factores como el alto costo del arrendamiento en Los Cabos, la gentrificación y el flete adicional de mercancías impactan directamente en los precios finales al consumidor.

Finalmente, la Canaco advirtió que este escenario ha modificado los hábitos de consumo en Los Cabos: aunque la derrama económica puede ser mayor por el incremento en precios, los ciudadanos están comprando menos productos, lo que refleja una disminución en el volumen real de ventas.

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Seguros médicos para adultos mayores: un colapso anunciado

Para quienes dependen de ingresos fijos, el seguro se vuelve insostenible. No se trata de una salida voluntaria, sino de una exclusión por precio

 

Por Mario Robinson Bours

Cada año se repite la misma historia: llega la renovación del seguro de gastos médicos y, con ella, aumentos exorbitantes que resultan difíciles de absorber. Para miles de adultos mayores en México no se trata de un número más, sino de una amenaza directa a su economía y a una expectativa construida a lo largo de muchos años. Muchos pagaron su seguro durante buena parte de su vida con la convicción de que, si llegaban a enfermar, contarían con un respaldo médico.

Cuando la prima deja de ser pagable, la necesidad de atención médica no desaparece; simplemente se traslada a un sistema público que ya se encuentra saturado. Así se va configurando, casi sin ruido, una crisis que expulsa a los adultos mayores del seguro justo cuando más lo necesitan.

El mecanismo es implacable. A partir de cierta edad, los modelos actuariales ajustan automáticamente las primas para reflejar un mayor riesgo de uso del seguro, sin considerar que muchos asegurados han pagado durante décadas con la expectativa legítima de contar con protección en la vejez. Este proceso, que no se anuncia ni se reconoce como tal, termina operando como un abuso silencioso contra quienes ya no tienen margen para absorber nuevos incrementos. A ello se suma la inflación médica.

Además, las reformas fiscales de 2026 introdujeron cambios que agravan aún más esta situación. En particular, se eliminó la posibilidad de que las aseguradoras acrediten el IVA pagado al cubrir siniestros, un impuesto que antes podía recuperarse y que ahora se convierte en un gasto definitivo. Esta modificación incrementa los costos operativos de las compañías y termina trasladándose al usuario final mediante primas cada vez más altas.

El desenlace es previsible. Justo cuando el riesgo se vuelve real, muchos adultos mayores se ven forzados a cancelar su póliza porque simplemente ya no pueden pagarla. Para quienes dependen de ingresos fijos, el seguro se vuelve insostenible. No se trata de una salida voluntaria, sino de una exclusión por precio. En los hechos, estos incrementos desproporcionados parecen operar como una estrategia para expulsar a los adultos mayores del seguro médico.

La solución es posible y exige mayor firmeza institucional. Resulta indispensable reconsiderar este tratamiento fiscal y permitir que las aseguradoras acrediten ese IVA cuando se trate de pólizas de adultos mayores, a fin de evitar que dicho impuesto se traslade de manera automática a primas cada vez más altas. Además de revisar el tratamiento fiscal de los seguros médicos para adultos mayores, es indispensable fortalecer la supervisión de los incrementos a través de la CNSF y la CONDUSEF. Las aseguradoras deben estar obligadas a justificar de manera transparente, detallada y verificable cualquier aumento aplicado a estas pólizas. Sin una supervisión estricta, los incrementos se normalizan y el abuso permanece oculto.

Cierro con esto.

Lo que enfrentan hoy miles de adultos mayores es una ruptura injusta de la promesa implícita del seguro médico. Defender su derecho a mantener una cobertura accesible no solo es una obligación ética con quienes cumplieron durante años, sino también una decisión responsable para evitar una mayor presión sobre el sistema de salud.

La Cámara de Diputados y el Senado de la República tienen la responsabilidad y la palabra, antes de que esta exclusión silenciosa se convierta en una crisis abierta.

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