No habrá represalias contra los trabajadores del Instituto Nacional Electoral que se sumaron este lunes al paro nacional de labores en Sinaloa, aseguró Felipe Bernardo Quintanar González, Vocal del Registro Federal de Electores en Sinaloa y responsable de los módulos de atención ciudadana en la entidad.

Informó que alrededor de 160 trabajadores participaron en esta manifestación, en la que exigen mejores salarios y condiciones laborales.

Señaló que, a nivel nacional, la Consejera Presidenta provisional del INE, Blanca Yassahara Cruz García, informó que no se tomarán medidas en contra del personal que decidió suspender actividades.

Quintanar González dijo reconocer el derecho de los trabajadores a manifestar su inconformidad y destacó el compromiso con el que desempeñan sus funciones, al señalar que el personal del instituto siempre ha respondido a sus responsabilidades en Sinaloa.

“Hacer incluso un reconocimiento a ellos, son personal muy comprometido, muy profesional. Ellos conocen la importancia de dar un buen servicio y este servicio se mide con encuestas a la ciudadanía, tienen una aceptación de arriba del 96 por ciento en que la ciudad manifiesta su conformidad con el trámite que recibieron en los módulos”, mencionó.

Respecto a la atención ciudadana, informó que algunos módulos continúan trabajando, entre ellos los ubicados en Salvador Alvarado, Sinaloa de Leyva y Navolato, mientras que el resto se sumó a la suspensión de actividades.

Sobre las condiciones de los espacios donde se brinda el servicio, reconoció que hay módulos que requieren mejores instalaciones y aseguró que se trabaja para atender estas necesidades dentro de las posibilidades de la Junta Local.

En cuanto a las demandas salariales, explicó que se trata de un tema que debe resolverse a nivel nacional, aunque desde la representación estatal buscan brindar apoyo al personal en los asuntos que están dentro de sus atribuciones.

“Si tenemos módulos que requieren un mejoramiento y estamos trabajando en ello. De hecho, en este año hemos cambiado de inmueble en tres módulos de atención, uno en Mazatlán, otro en Eldorado y otro en Navolato. Hay inmuebles que tienen mejores condiciones, tanto para ellos para que realicen su labor como para que la ciudadanía reciba el servicio”, expresó.

También informó que los trabajadores tienen previsto reanudar sus actividades este martes, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía que tenía citas programadas para este lunes a acudir nuevamente a los módulos, al tiempo que ofreció una disculpa por los inconvenientes ocasionados.

Agregó que las personas que tenían una cita programada para este lunes fueron notificadas mediante correo electrónico sobre la suspensión del servicio y reiteró que, de acuerdo con lo expresado por los propios colaboradores, mañana retomarán la atención a los ciudadanos.

Un aumento salarial que corresponda a las actividades que desempeñan y mejores condiciones laborales son parte de las demandas de los trabajadores del Instituto Nacional Electoral que este lunes se sumaron al paro nacional de labores.

Laura López, colaboradora del módulo de atención ciudadana ubicado sobre la Avenida Vicente Riva Palacio, a un costado del Hospital Pediátrico de Sinaloa, explicó que la inconformidad se debe a que cada año, cuando se autorizan incrementos salariales para los trabajadores a nivel nacional, el personal del INE recibe aumentos menores.

Señaló que la mayoría de los empleados percibe un salario mínimo, por lo que mediante esta manifestación buscan que sus demandas sean escuchadas y se les garanticen condiciones laborales dignas.

“Como se han enterado, nuestro salario es el mínimo. Podríamos decir que antes teníamos un mejor sueldo, pero como a nosotros no nos aumentan en la misma proporción que al salario mínimo, nos vamos quedando por debajo”, expresó.

Indicó que la suspensión de actividades está contemplada únicamente para este lunes; sin embargo, una vez que sus compañeros informen sobre los resultados de las gestiones que realizan en la Ciudad de México, analizarán si continúan con el paro.

Laura López también mencionó que tiene conocimiento de que algunos trabajadores han recibido amenazas relacionadas con la protesta y que existe la posibilidad de que se les descuente el día de salario por no presentarse a laborar.

No obstante, consideró que esta manifestación es necesaria para visibilizar la situación que enfrenta el personal y buscar una respuesta a sus exigencias.

“La versión es que a muchos compañeros los han amenazado, pero a nosotros no nos han informado nada. También está el rumor de que podrían descontarnos el día; sin embargo, creemos que, si queremos conseguir algo, también tenemos que sacrificar algo”, mencionó.

Silvia Herrera, trabajadora del módulo correspondiente al Distrito 5, ubicado en la salida hacia la carretera Navolato, señaló que el personal recibe incrementos salariales de apenas 50 pesos al año, por lo que aseguró que continuarán manifestándose hasta conseguir mejores ingresos.

Explicó que uno de los motivos que los llevó a sumarse al paro fue la inconformidad ante lo que consideran una falta de congruencia entre los recursos que se destinan a contratos millonarios a nivel nacional y las condiciones laborales que enfrenta el personal del INE.

“La gota que derramó el vaso fue ver que en México se despachan con la cuchara grande; nos dicen que no tenemos para darles, pero sí tienen para contratos millonarios. Esto fue lo que nos unió a todos. Tenemos quejas, pero no hemos sido escuchados”.

Laura López ofreció una disculpa a los ciudadanos por los inconvenientes que la suspensión pueda ocasionar en sus trámites y los invitó a acudir este martes a los módulos, cuando se prevé que se reanude la atención.

Asimismo, pidió comprensión, al señalar que los trabajadores también tienen derecho a manifestarse y defender sus demandas laborales.

Los trabajadores del Instituto Nacional Electoral en Sinaloa se sumaron este lunes al paro nacional de labores, con la suspensión de actividades en 17 de los 23 Módulos de Atención Ciudadana que operan en la entidad, como parte de una protesta en la que exigen salarios justos y mejores condiciones de trabajo.

De acuerdo con el reporte estatal, cinco módulos mantienen sus actividades de manera normal y uno más opera parcialmente, por lo que la atención a los ciudadanos se encuentra limitada en distintos puntos del estado.

En Culiacán, uno de los módulos que permanece cerrado es el ubicado en la Colonia Gabriel Leyva, donde los trabajadores colocaron cartulinas con distintos mensajes para expresar su inconformidad con el incremento salarial del 6 por ciento que les ofrece el órgano electoral a nivel nacional, al considerar que no responde a sus demandas laborales.

El paro se mantiene a nivel nacional pese a que, durante este fin de semana, el INE ofreció un incremento salarial del 6 por ciento para el personal de los Módulos de Atención Ciudadana y operadores de equipo tecnológico, que entraría en vigor a partir de enero de 2027.

Sin embargo, los trabajadores no aceptaron esta propuesta y mantienen sus exigencias, entre ellas establecer un salario mayor para el personal y garantizar condiciones laborales dignas.

A través de redes sociales se difundió la convocatoria para suspender actividades este lunes, luego de que los empleados entregaran un pliego petitorio a las autoridades electorales.

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación con sede en Culiacán se manifestaron este lunes en rechazo al Acuerdo General 25/2026, publicado el 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se establecen evaluaciones al personal que, de acuerdo con los inconformes, podrían derivar en la separación de sus empleos.

La protesta fue encabezada por empleados de los juzgados de distrito, tribunales colegiados y del Centro de Justicia Penal Federal en Culiacán, quienes señalaron que no están en contra de someterse a evaluaciones ni de recibir capacitación, sino de que los resultados puedan utilizarse como argumento para terminar su relación laboral.

Ramiro de León Cantú, secretario de juzgado y uno de los trabajadores que participó en la manifestación, explicó que el personal ya cuenta con mecanismos de evaluación y capacitación para acceder a determinados cargos dentro del Poder Judicial.

“Nosotros nunca le hemos temido a las evaluaciones ni a la capacitación. Incluso la mayoría, yo como secretario de juzgado para acceder al cargo, tuve que presentar un examen de oposición y después un curso que duró todo un año”, expuso.

Sin embargo, advirtió que el acuerdo establece la posibilidad de separar del empleo a quienes no acrediten las evaluaciones, lo que consideró una amenaza para la estabilidad laboral de quienes cuentan con una base sindical o nombramientos indefinidos.

“Eso va a una controversia clara en contra de la estabilidad laboral que ya tenemos aquellas personas que ya gozamos de base, una base sindical, o los compañeros que son de confianza, ya cuando tienen el nombramiento indefinido equivale como a una base”, manifestó.

De León Cantú señaló que, aunque representantes de los tres sindicatos del Poder Judicial sostuvieron una reunión con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente del Órgano de Administración Judicial y magistrados, y se informó sobre un acuerdo para retirar del documento las referencias a la separación del cargo, consideran que esto no resuelve el problema de fondo.

Explicó que el artículo 35, fracción cuarta, de la Ley de Carrera Judicial contempla como causa de separación del empleo no acreditar las evaluaciones que realice el Órgano de Administración Judicial.

“De ahí que solamente nosotros sentimos que son palabras para apaciguar el movimiento y para meternos a laborar”, sostuvo.

Por ello, los trabajadores demandan que se modifique la legislación para eliminar la posibilidad de que reprobar una evaluación sea motivo de terminación laboral.

“Nosotros lo que decimos, ok, si dejan las evaluaciones o no, tenemos ningún problema, pero queremos que se suprima todo aquel indicio de que pueda llegarse a una terminación laboral por causa de esas evaluaciones”, afirmó.

Otro de los aspectos que genera preocupación entre los empleados son los criterios considerados subjetivos, pues parte de la calificación dependerá de la evaluación de superiores jerárquicos y compañeros de trabajo.

El secretario de juzgado explicó que, en el caso de quienes ocupan ese cargo, serán evaluados por jueces o magistrados, pero también por sus pares, incluso mediante comparaciones de productividad entre trabajadores que pueden tener funciones distintas.

“Tus compañeros, tus otros siete secretarios también te van a evaluar y te van a hacer una comparativa en productividad con los demás compañeros, siendo que a veces por las formas de organización todos tienen distintas funciones”, señaló.

Agregó que la falta de claridad sobre los criterios de evaluación podría abrir espacio a decisiones influenciadas por conflictos personales o diferencias con los superiores jerárquicos.

“Si llega a haber alguna cuestión personal que sea ajena a las labores, pues puede influir en esos resultados”, advirtió.

Sobre la continuidad de la protesta en Culiacán, De León Cantú indicó que los trabajadores decidieron mediante una consulta interna mantener el paro de labores, aunque reconoció que otras sedes del País optaron por no continuar debido a las presiones que enfrentan.

Precisó que los empleados permanecerán en sus centros de trabajo, pero concentrarán sus actividades en hacer visible su inconformidad desde el exterior de las instalaciones.

“Nosotros vamos a estar aquí en el centro de trabajo, atendiendo, dependiendo ya cada órgano jurisdiccional, van a dar sus indicaciones, pero la narrativa principal es estar aquí afuera, haciendo visible nuestra protesta”, explicó.

Señaló que la inconformidad alcanza a trabajadores sindicalizados y de confianza, pues estimó que entre 50 mil y 54 mil empleados del Poder Judicial de la Federación podrían estar sujetos a estas evaluaciones a nivel nacional.

“Esto es por un mejor Poder Judicial que exige que vuelva a retomar el profesionalismo que existía antes de la reforma judicial”, expresó.

Choferes del transporte urbano se manifestaron este lunes en Culiacán para exigir una revisión del esquema de descuento estudiantil, al considerar que la tarifa preferencial actual afecta sus ingresos y los de los concesionarios.

Los trabajadores se concentraron inicialmente en la Catedral de Culiacán y posteriormente se movilizaron hacia las instalaciones de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, donde expusieron sus inconformidades.

Flavio Rolando Ibarra Hernández, líder del Sindicato de Choferes del Transporte Urbano de Culiacán, explicó que desde 1992, luego de una lucha encabezada por estudiantes, se consiguió un descuento del 50 por ciento en el transporte urbano. Sin embargo, señaló que entre 2010 y 2012 se estableció mediante un decreto una tarifa preferencial de 3.50 pesos, la cual, afirmó, ha permanecido sin modificaciones durante aproximadamente 12 o 14 años.

“De hace años, de 1992, los estudiantes lucharon por un descuento a la tarifa del transporte urbano, la cual se logró. Ellos estaban pidiendo el 50 por ciento, el cual se obtuvo desde ese tiempo”, recordó.

Ibarra Hernández sostuvo que el esquema actual ha reducido las ganancias de los choferes y ha afectado la capacidad de los concesionarios para adquirir unidades nuevas.

“Los choferes pierden su ganancia a causa de esto. No alcanza el dinero para comprar unidad nueva”, expresó.

El dirigente sindical señaló que no buscan eliminar el descuento estudiantil, sino que se aplique el porcentaje que, aseguran, establece la legislación estatal.

“No estamos queriendo que se aumente el 100 por ciento, que aumente lo que dice la ley nada más, el 50 por ciento; el 50 por ciento, pues serían siete pesos con 50 centavos”, manifestó.

Explicó que, de acuerdo con sus cálculos, un chofer debería recibir el 20 por ciento de los 15 pesos que cuesta actualmente el pasaje completo, equivalente a tres pesos por usuario; sin embargo, aseguró que actualmente obtiene entre 70 y 80 centavos por usuario.

“El chofer debe ganar el 20 por ciento, ¿no? El 20 por ciento de 15 pesos son tres pesos. Él ahorita solamente gana 70 centavos, 80 centavos”, afirmó.

Añadió que esta diferencia representa una pérdida de entre 2.20 y 2.30 pesos por pasajero y que, al acumularse durante el mes, puede significar cerca de 10 mil pesos menos para cada trabajador.

También cuestionó que las decisiones sobre las tarifas se tomen únicamente entre autoridades y concesionarios, sin considerar la opinión de los choferes.

“Los concesionarios es una cosa y los choferes son otra. Los choferes son los que andan dando la espalda, subiendo al pasaje, peleando con ellos allí y no los toman en cuenta”, reclamó.

Ibarra Hernández indicó que ya tuvo comunicación con la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, quien, según su versión, le respondió que analizaría la situación.

“La Gobernadora ya da contestación, dice que ella va a analizar esta situación. Ya me comuniqué con ella, ya le dije lo que está pasando y me dijo que estaba bien, que ella lo va a analizar”, comentó.

Los trabajadores adelantaron que entregarían escritos en el Ayuntamiento de Culiacán y en Palacio de Gobierno para solicitar la intervención de las autoridades y una respuesta a sus demandas.

Ofrecieron disculpas a los usuarios que pudieran sentirse afectados por la manifestación y reiteraron que no buscan retirar el beneficio a los estudiantes.

“También le decimos a la ciudadanía que no estamos diciendo que nosotros queremos quitarles el descuento. No es quitarle el descuento, es lo que marca la ley y eso debemos de entender”, puntualizó.

Invariablemente se le ve sonriendo a la Gobernadora Graciela Domínguez Nava en los 75 días de desempeñar el cargo en medio de las crisis social, económica y política que, reconoce ella, es de complejidad mayor y necesita de la contribución de todos “desde nuestra trinchera y en nuestras funciones para que nuestro estado recupere la tranquilidad”. Sin embargo, los crímenes aumentan, el miedo colectivo no cesa y las autoridades estructuran en tal escenario de violencia extrema eventos masivos como el de la Feria Ganadera de Culiacán que ya recibió de parte de la delincuencia la correspondiente acción de amedrentamiento.

Graciela Domínguez es una mujer que siempre trae la sonrisa a flor de labios y su equipo de imagen la ha remarcado como estrategia de empatía social, sin importar la naturaleza de los eventos que preside. En una reciente fotografía en la que aparece acompañada por el boxeador Marco Verde, durante la Jornada por la paz y contra las adicciones en Culiacán, se le percibe riendo a carcajadas al igual que el deportista, proyectándola como una Mandataria feliz frente a una sociedad desdichada.

Pero en tal contexto la política chametlense estructuró lo que es quizá el más sincero posicionamiento respecto a la crisis de la seguridad pública que hoy llega a los 26 meses ininterrumpidos. Al referirse a los más de 20 mil efectivos del Ejército, Marina, Guardia Nacional y policías federales y estatales que tratan de pacificar a Sinaloa agregó la expresión de “bien lo dicen, a pesar de eso sigue habiendo homicidios. ¿Por qué? Porque la complejidad es mayor”.

Habrá que revisar con la potente lente del microscopio social la agenda de la Gobernadora durante las 10 semanas al frente del timón de la nave sinaloense para determinar que el tiempo lo ha invertido en la dispersión de apoyos a través del programa Sinaloa Equipa y de ayuda emergente a comunidades costeras afectadas por el fenómeno mar de fondo, la limpia en el Gabinete de miembros del grupo político denominado “rochistas”, asistencia a las Mesas de Seguridad, reuniones con sectores productivos, y gestión de recursos públicos para cerrar el año fiscal. Destaca también la perfecta subordinación a lo que le sea dispuesto desde Palacio Nacional.

Es decir, lo que hace es ajustarse exactamente al margen de acción que le permite la realidad que permanece desde que el 9 de septiembre de 2024 estalló el choque atroz entre los hijos de Ismael “El Mayo” Zambada y los de Joaquín “El Chapo” Guzmán por la disputa del control del Cártel de Sinaloa, traducido en la enorme herida social de más de 4 mil homicidios dolosos, 4 mil 500 privaciones ilegales de la libertad y daños incuantificables a la economía de las familias y actividades productivas. El mismo estrecho espacio de operación que tuvieron el hoy Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y también Geraldine Bonilla que ocupó la titularidad del Ejecutivo estatal de manera provisoria.

Una Gobernadora y quienes desempeñan los puestos de alcaldes muy poco pueden hacer frente a un conflicto criminal de tal magnitud que ni el Gobierno federal ha sido eficaz en contener la violencia exacerbada que deriva. A los políticos a cargo de instituciones estatales y municipales les compete atemperar el sentimiento colectivo de desamparo y ausencia de autoridad, labor nada fácil cuando a la escena trágica entran intereses políticos y mentalidades enfermizas que le apuestan a mayor barbarie que les facilite imponer la premisa oportunista de piérdase toda esperanza.

En este punto de complicada resolución resulta pertinente esclarecer si los equipos de comunicación y relaciones públicas de Domínguez Nava analizan qué tanto deben difundir a la Gobernadora con la sonrisa que no le es nueva y en qué situaciones mostrarla como la Mandataria que sufre tanto como las familias de los muertos, los desaparecidos, los desplazados y los que tenían un negocio o empresa y lo perdieron por la narcoguerra. ¿En qué medida y para qué un Gobierno que es tan víctima del crimen como cualquier ciudadano debe mostrar semblantes alegres ante la adversidad?

Y más cuando la mujer que tomó en sus manos el colosal desafió de la gobernabilidad sinaloense nombra al problema como lo que es, omite matizarlo con frases huecas, y emplaza a los ciudadanos en general a participar en la nada fácil encomienda de recuperar la tranquilidad. Esto sería lo encomiable sin caer en la seducción de presentar caras contentas a lo que de antemano es aflictivo.

La mujer que nos gobierna,

quizás en soledad ora,

y a veces hasta llora,

Por la guerra que consterna.

A Graciela Domínguez, por cierto, le corresponde la responsabilidad, porque lo que suceda se le atribuirá a ella, de decidir si se realiza o no la tradicional Feria Ganadera 2026 de Culiacán, tomando en cuenta que el festejo del sector pecuario deja de ser fiesta cuando está sitiado por centenas de soldados y policías. Primero, antes que cualquier otra cosa, está la seguridad de las familias asistentes. Importa bastante tomar definiciones con base a lo que el entorno plantea, como es el caso de los disparos contra las instalaciones de la Expo que civiles armados perpetraron el 2 de noviembre, al iniciar la venta de boletos para el Palenque.

La Feria Internacional del Libro de Culiacán 2026 comenzará este lunes 9 de noviembre con una semana de actividades literarias, culturales y artísticas en el Centro de la ciudad, donde se espera la asistencia de más de 160 mil personas.

La cuarta edición de la FIL se desarrollará hasta el domingo 15 de noviembre y tendrá como principales escenarios la Plazuela General Álvaro Obregón, el Teatro MIA y otras sedes alternas.

Para esta edición se anunció la participación de 106 escritores, de los cuales 71 son sinaloenses, 31 proceden de otras entidades del País y cuatro son invitados internacionales.

Además, los visitantes podrán recorrer 65 puestos de exhibición y venta de libros, con la participación de 47 casas editoriales, entre ellas Grupo Planeta, Océano, Penguin Random House, Fondo de Cultura Económica, Trillas, Siglo XXI Editores y Anagrama. También se instalarán 12 espacios para la venta de artesanías.

Una de las novedades de este año será la incorporación de un pabellón juvenil, con actividades de lectura y literatura dirigidas a adolescentes, que se sumará al espacio infantil destinado a niñas y niños.

Entre los escritores invitados se encuentran David Toscana, Verónica Murguía, Martín Solares, Socorro Venegas y Francisco Hinojosa. También se contempla un encuentro dedicado a Sor Juana Inés de la Cruz, con la participación de la académica Sara Poot Herrera.

La programación incluirá presentaciones de libros, charlas, encuentros con autores y actividades musicales en un foro principal y otro al aire libre.

¿Qué calles están cerradas por la Feria del Libro?

Debido a los trabajos de instalación de la infraestructura para la feria, el Ayuntamiento de Culiacán anunció cierres a la circulación en dos vialidades del primer cuadro de la ciudad.

La calle Ángel Flores fue cerrada desde las 8:00 horas del viernes 6 de noviembre, para permitir el montaje de las carpas.

Asimismo, la calle Ruperto L. Paliza comenzó a cerrarse desde las 8:00 horas del sábado 7 de noviembre.

Las autoridades municipales recomendaron a los automovilistas tomar precauciones, anticipar sus traslados y utilizar vías alternas para evitar contratiempos al circular por el Centro.

La FIL Culiacán contempla actividades para públicos de distintas edades durante siete días, con entrada libre y una oferta que busca reunir a lectores, escritores, editoriales y artistas en la capital sinaloense.

Este 2026, el Ayuntamiento de Culiacán puso en marcha el sistema de bicicletas compartidas Bixie, cuatro años después de que comenzó a plantearse como proyecto de movilidad urbana, con bicicletas adquiridas desde 2023 y apenas 81 usuarios registrados entre febrero y octubre de este año, de acuerdo con información proporcionada mediante una solicitud de acceso a la información pública.

Además del reducido número de usuarios reportados, la respuesta municipal expone vacíos en el seguimiento del programa: la Dirección de Movilidad reconoció que no cuenta con información sobre los parámetros utilizados para medir su efectividad en beneficio de la población y tampoco dispone de datos sobre el costo unitario de las bicicletas ni de los aparadores del sistema.

Bixie, promocionado bajo el lema “Bixie, tu baika Culichi”, fue anunciado desde 2022 como una alternativa de transporte sustentable para la capital sinaloense. Aunque las bicicletas fueron adquiridas en 2023, el sistema comenzó a funcionar hasta el 10 de febrero de 2026.

En enero de este año, el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil anunció que el proyecto piloto de bicicletas eléctricas y ciclovías iniciaría operaciones en febrero, luego de completar actividades de socialización con la comunidad estudiantil.

En ese momento también señaló que se analizaban alternativas para financiar su operación, entre ellas la renta de espacios publicitarios en las cicloestaciones.

Sin embargo, los datos oficiales entregados en octubre contrastan con las cifras que se habían difundido sobre la aceptación del programa. En junio, a tres meses de su puesta en marcha, se reportaron alrededor de 2 mil 700 usuarios inscritos y más de mil 550 viajes realizados.

La solicitud de información, identificada con el folio SISAI 250484800052326 e ingresada el 6 de octubre, requirió al Ayuntamiento datos sobre contratos, costos de adquisición, parámetros de evaluación y el padrón de usuarios.

En respuesta, mediante el oficio MOV/685/2026, firmado por el director de Movilidad, Jesús Aurelio García López, la dependencia informó que contaba con un registro de apenas 81 usuarios entre febrero y octubre de este año.

La misma Dirección de Movilidad señaló que, conforme a sus atribuciones, no realiza contratos ni cuenta con información relativa al valor unitario de las bicicletas y los aparadores. También manifestó que no dispone de información sobre los parámetros empleados para medir la efectividad del programa en beneficio de la población.

La falta de información sobre los costos tampoco fue resuelta por la Tesorería Municipal. Mediante el oficio TM560/26, fechado el 8 de octubre, el enlace de transparencia de esa dependencia informó que no contaba con el reporte del programa ni con la información contractual solicitada.

Por su parte, la Dirección de Servicios Generales, Bienes y Suministros remitió al solicitante al expediente de adquisición del sistema de bicicletas eléctricas, disponible en el portal de transparencia municipal.

De esta manera, aunque existe un antecedente de adquisición de las unidades en 2023 y el sistema ya se encuentra en funcionamiento, las respuestas de las dependencias municipales no permiten establecer con claridad el costo unitario de los bienes ni los indicadores con los que el Ayuntamiento pretende evaluar el desempeño de Bixie.

El programa ofrece membresías gratuitas para estudiantes y planes de pago para el público en general. Las tarifas van desde 35 pesos por un viaje hasta 365 pesos por una suscripción anual. Cada trayecto permite utilizar una bicicleta durante un máximo de 30 minutos y las unidades pueden utilizarse de lunes a domingo, de 06:00 a 20:00 horas.

Para acceder al servicio, las personas deben registrarse mediante la aplicación móvil, localizar una cicloestación y desbloquear una bicicleta mediante un código QR. Los estudiantes pueden solicitar una membresía gratuita con vigencia durante el año escolar.

EL COSTO DEL PROGRAMA

El Ayuntamiento de Culiacán gastó 6 millones 952 mil 170 pesos en la compra de 155 bicicletas eléctricas para el programa Bixie, de acuerdo con información publicada por Noroeste el 3 de marzo de 2025. Esto representa un costo promedio de 44 mil 852 pesos por bicicleta.

A lo anterior debería sumarse la inversión en infraestructura para el programa, sin embargo se carece de información pública que lo exponga. A casi cuatro años de su planteamiento y a 9 meses de que inició operaciones no se cuenta con indicadores institucionales para demostrar su impacto en la movilidad urbana.

Las presas de Sinaloa se encuentran al 55 por ciento de su capacidad de almacenamiento, mientras que las autoridades estatales mantienen expectativas de que las lluvias pronosticadas para noviembre contribuyan a recuperar las reservas de agua.

El titular de Protección Civil de Sinaloa, Roy Navarrete Cuevas, señaló que el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional contempla precipitaciones por encima del promedio climatológico durante este mes, con anomalías positivas que podrían representar hasta 32 por ciento a nivel estatal.

El funcionario consideró que las condiciones meteorológicas representan una perspectiva favorable para la entidad, particularmente por la necesidad de que continúe el ingreso de agua a las presas.

“Y eso pues todavía nosotros nos deja con esperanza de que nuestras presas pues se sigan recuperando, ya que ahorita las tenemos al 55 por ciento”, declaró.

Navarrete Cuevas explicó que el pronóstico de noviembre mantiene expectativas de lluvias por encima de la media, aunque precisó que las autoridades todavía revisarán las actualizaciones de los modelos meteorológicos para confirmar la tendencia.

“El Servicio Meteorológico Nacional prevé que en noviembre se esperan lluvias por arriba del promedio climatológico, el cual pudiera representar hasta un 32 por ciento a nivel estatal”, indicó.

La dependencia, afirmó, estará atenta a las actualizaciones meteorológicas para conocer cómo evolucionarán las condiciones durante las próximas semanas y anticipar posibles escenarios para Sinaloa.

El funcionario manifestó su expectativa de que las precipitaciones continúen durante noviembre y contribuyan a mejorar el almacenamiento de las presas.

“Afortunadamente se ve una muy buena perspectiva por el Servicio Meteorológico Nacional”, sostuvo.

La disponibilidad de agua en las presas es un factor relevante para Sinaloa por su relación con las actividades agrícolas y el abastecimiento de agua. Por ello, la continuidad de las precipitaciones durante los próximos meses será importante para la recuperación de las reservas estatales.

Las lluvias en Sinaloa podrían mantenerse durante noviembre y alcanzar niveles hasta 32 por ciento superiores al promedio climatológico, de acuerdo con las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional, informó el titular de Protección Civil estatal, Roy Navarrete Cuevas.

El funcionario señaló que los pronósticos mantienen anomalías positivas de precipitación prácticamente en todos los estados del País, lo que representa una perspectiva favorable para que continúen las lluvias en la entidad durante las próximas semanas.

“Todavía en noviembre analizamos noviembre lluvioso. De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional prevé que noviembre mantiene anomalías positivas y prácticamente en todos los estados, es decir, se esperan lluvias por arriba del promedio climatológico, el cual pudiera representar hasta un 32 por ciento a nivel estatal”, explicó.

Navarrete Cuevas indicó que estas condiciones mantienen la expectativa de que las precipitaciones contribuyan a mejorar los niveles de almacenamiento de las presas de Sinaloa, que actualmente se encuentran al 55 por ciento de su capacidad.

Señaló que las autoridades estatales también revisarán las actualizaciones de los modelos meteorológicos para determinar si coinciden con las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional.

El funcionario adelantó que los modelos serían actualizados para contar con una perspectiva más precisa sobre el comportamiento de las lluvias en el estado.

“Hay probabilidad. Sí, todo lo que es noviembre”, respondió al ser cuestionado sobre la posibilidad de que continúen las precipitaciones durante este mes.

Agregó que existe una expectativa favorable para Sinaloa, debido a la necesidad de mantener la recuperación de las reservas de agua, particularmente ante las condiciones que ha enfrentado el estado en materia de disponibilidad hídrica.

“Afortunadamente se ve una muy buena perspectiva por el Servicio Meteorológico Nacional”, expresó.

CULIACÁN._ Lluvias comenzaron a registrarse durante la mañana de este domingo 8 de noviembre en Culiacán, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó intervalos de chubascos para Sinaloa a lo largo de la jornada.

En su pronóstico meteorológico general, emitido a las 06:00 horas de este domingo, el organismo de la Comisión Nacional del Agua informó que una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera y una vaguada en altura sobre el noroeste de México, en combinación con la corriente en chorro subtropical, favorecerán las condiciones para la presencia de lluvias en la región.

Para Sinaloa se estiman intervalos de chubascos con precipitaciones de entre 5 y 25 milímetros, que podrían estar acompañados de descargas eléctricas.

En el pronóstico regional para el Pacífico Norte, el SMN anticipó cielo de medio nublado a nublado durante el día, con ambiente templado a cálido por la mañana y condiciones cálidas a calurosas durante la tarde.

Aunque se esperan precipitaciones, las temperaturas máximas en el sur de Sinaloa podrían alcanzar entre 35 y 40 grados.

El organismo también pronosticó vientos de dirección variable de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 30 kilómetros por hora en territorio sinaloense.

El SMN recomendó mantenerse atentos a los avisos meteorológicos, debido a que las precipitaciones pueden acompañarse de actividad eléctrica y rachas de viento.

De la misma mente que concibió la disparatada propuesta de que Sinaloa produjera opioides con fines medicinales (iniciativa que lo llevó de gira por Ginebra, Nueva York, y Washington D. C.), ahora Mario Zamora nos trae la idea de replicar el modelo penitenciario del CECOT en El Salvador (destino al cual también viajará). Al parecer, cuando se agotan las ocurrencias locales, siempre queda un destino internacional al cual turistear para importar la siguiente. La propuesta de mirar hacia El Salvador para encontrar soluciones a los problemas de inseguridad que enfrenta Sinaloa resulta comprensible, pero carece de raciocinio.

Después de años de violencia, homicidios, desapariciones y expansión de organizaciones criminales, cualquier experiencia que aparentemente haya conseguido reducir la criminalidad merece ser estudiada. El modelo de Nayib Bukele se ha convertido precisamente en uno de esos referentes, particularmente por la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como CECOT, una prisión de máxima seguridad diseñada para albergar a decenas de miles de personas vinculadas con las pandillas salvadoreñas. Sin embargo, hay una gran diferencia que conviene establecer antes de pensar en reproducirlo, construir una cárcel semejante no significa reproducir los resultados de seguridad que ha conseguido el gobierno salvadoreño. Confundir ambas cosas sería atribuirle a una infraestructura penitenciaria los efectos de una estrategia de seguridad mucho más amplia y compleja.

El gobierno de Bukele declaró un régimen de excepción que permitió realizar detenciones masivas y restringir determinadas garantías constitucionales. A partir de entonces, decenas de miles de personas fueron detenidas bajo sospecha de pertenecer o colaborar con la Mara Salvatrucha y Barrio 18, principalmente. Paralelamente, se desplegaron fuerzas policiales y militares, se intensificó el control territorial y se modificó sustancialmente la administración penitenciaria. El CECOT, inaugurado en febrero de 2023, se incorporó posteriormente como una de las principales instalaciones de este sistema.

La reducción de homicidios reportada por el gobierno salvadoreño ha sido extraordinaria. Diversas investigaciones académicas también han identificado una asociación importante entre las políticas de mano dura y la disminución de determinados delitos. Un estudio publicado en 2026 en Defence and Peace Economics (https://doi.org/10.1080/10242694.2025.2460457), encontró efectos significativos de las intervenciones de seguridad salvadoreñas sobre la reducción de homicidios y otros delitos, así como después de la implementación de la política de encarcelamiento masivo. Estos resultados sugieren que la incapacitación de integrantes de organizaciones criminales puede reducir su capacidad inmediata para ejercer violencia. Sin embargo, es importante señalar que estos estudios evalúan intervenciones de seguridad y encarcelamiento, no el efecto independiente de construir una prisión como el CECOT. De hecho, el régimen de excepción comenzó aproximadamente once meses antes de que esta instalación fuera inaugurada. Por lo tanto, una parte importante de la reducción de homicidios ya se había producido antes de que el centro penitenciario comenzara a funcionar.

Esta diferencia adquiere todavía mayor relevancia cuando se intenta trasladar la experiencia salvadoreña a Sinaloa. Aunque ambos territorios enfrentan problemas relacionados con organizaciones criminales, sus estructuras y mecanismos de operación presentan diferencias sustanciales. En El Salvador, las principales organizaciones contra las que se dirigió la estrategia de Bukele eran pandillas con una fuerte presencia territorial, cuya capacidad de ejercer violencia dependía en buena medida de sus integrantes y de sus redes locales de control. En Sinaloa, el fenómeno del crimen organizado tiene características distintas. Las organizaciones del narcotráfico operan mediante redes de producción, distribución, transporte, financiamiento, lavado de dinero, corrupción y conexiones transnacionales. Su capacidad operativa no depende exclusivamente de los individuos que ejecutan directamente los delitos, sino de una estructura económica y logística que puede mantenerse, reorganizarse y sustituir a sus integrantes.

Por esta razón, concentrar a determinados operadores criminales en una prisión de máxima seguridad puede reducir algunas de sus capacidades, pero no necesariamente desarticular las redes que sostienen sus actividades. Una organización que conserva sus recursos financieros, sus proveedores, sus mecanismos de distribución y sus conexiones internacionales puede continuar operando incluso cuando una parte importante de sus integrantes se encuentra privada de la libertad. El problema no es únicamente quién está dentro de la cárcel, sino qué ocurre con las estructuras que permanecen fuera de ella. Si no existe una estrategia paralela de inteligencia financiera, investigación patrimonial, persecución de redes de corrupción, identificación de operadores logísticos y desmantelamiento de mercados ilícitos, la construcción de una prisión puede terminar atendiendo solamente una parte del fenómeno criminal.

La evidencia científica sobre los efectos del encarcelamiento también obliga a distinguir entre reducir temporalmente la capacidad delictiva y conseguir una disminución sostenida de la reincidencia. La criminología ha demostrado que el encarcelamiento, por sí mismo, no constituye necesariamente un mecanismo de rehabilitación. El efecto de la prisión sobre la reincidencia es variable y que, en determinados contextos, puede incluso incrementarla. La reinserción requiere intervenciones específicas relacionadas con educación, capacitación laboral, atención psicológica, tratamiento de adicciones, fortalecimiento de vínculos familiares y oportunidades de integración social. Una prisión diseñada exclusivamente para aislar y neutralizar a sus internos puede cumplir una función de contención mientras permanecen recluidos, pero eso no significa que esté resolviendo los factores que pueden conducirlos nuevamente a participar en actividades criminales.

La pregunta, entonces, no debería ser si Sinaloa necesita una cárcel como la de Bukele, sino qué tipo de sistema penitenciario necesita para enfrentar las características específicas de su criminalidad. Para eso se necesitan propuestas basadas en evidencias y no en ocurrencias.

Conocer el modelo salvadoreño, estudiar sus mecanismos y evaluar sus resultados es perfectamente razonable. Lo que no resulta científicamente justificable es asumir que reproducir su novedosa infraestructura penitenciaria permitirá obtener automáticamente los mismos resultados de seguridad. El Salvador adoptó una estrategia de seguridad integral, sustentada en condiciones políticas, territoriales y criminales muy particulares. Sus resultados, así como los costos sociales, institucionales y humanitarios que ha implicado, todavía requieren una evaluación independiente y de largo plazo, especialmente ante los señalamientos de organismos internacionales sobre posibles violaciones sistemáticas de derechos humanos que incluso podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Sinaloa enfrenta una realidad sustancialmente distinta y, por tanto, necesita soluciones diseñadas a partir de su propio contexto, no la reproducción automática de modelos ajenos.

La Coordinación Municipal de Protección Civil descartó que se haya registrado un ataque de cocodrilo en el sector Villas del Río, en Culiacán, luego de que se difundió esa información en redes sociales este sábado.

El titular de la dependencia, Jesús Bil Mendoza Ontiveros, indicó que luego de verificar las imágenes que circularon en redes sociales determinaron que corresponden a un accidente vehicular ocurrido el pasado 31 de octubre.

“Verificando la información y el contenido en plataformas digitales, así como en una revisión de campo, resulta contenido falso”, señaló.

Ante la circulación de estas versiones, llamó a la ciudadanía a no compartir información sin verificar.

“Reiteramos a la ciudadanía evitar reproducir o replicar información que resulta fake news y que muchas veces provoca confusión entre la misma ciudadanía”, expresó.

Tres obras públicas financiadas con recursos provenientes de deuda contratada por el Gobierno de Sinaloa rebasaron sus fechas de entrega sin estar concluidas, mientras que un cuarto proyecto presenta un rezago que pone en riesgo su terminación antes del vencimiento del contrato, en diciembre de 2026.

De acuerdo con los registros del portal de la Secretaría de Obras Públicas, actualizados a noviembre de 2026, los cuatro proyectos representan una inversión contratada de mil 107 millones 989 mil 559.41 pesos y se desarrollan en Culiacán y Guasave.

Las tres obras que ya incumplieron sus plazos corresponden a la primera y segunda etapa del Malecón margen izquierda y enlaces con puentes del sector Pedro Infante, así como al enlace Agricultores a Libramiento Benito Juárez, todas en Culiacán.

La primera etapa del Malecón tenía como fecha de conclusión el 19 de septiembre de 2026, pero registra un avance físico de 84 por ciento, mientras que su avance financiero alcanza 99.9 por ciento, equivalente a prácticamente la totalidad de los 295 millones 054 mil 377.03 pesos contratados.

Esto significa que, aunque quedan pendientes 16 puntos porcentuales de trabajos físicos, prácticamente todo el presupuesto ya fue ejercido.

En el caso del enlace Agricultores a Libramiento Benito Juárez, cuyo contrato ascendió a 257 millones 153 mil 309.19 pesos, el plazo de entrega venció el 27 de septiembre. La plataforma reporta un avance físico de 84 por ciento y uno financiero de 90.1 por ciento, sin que aparezca una fecha real de conclusión.

La segunda etapa del Malecón margen izquierda tenía como fecha límite el 11 de octubre de 2026. Sin embargo, presenta un avance físico de apenas 61 por ciento y financiero de 72 por ciento, pese a que se contrataron 306 millones 52 mil 803.90 pesos para su construcción.

Esta obra es la que mantiene la mayor proporción de trabajos pendientes entre los tres proyectos con plazos vencidos, con 39 por ciento de ejecución física todavía por realizar.

A estos rezagos se suma el puente Las Glorias-Bellavista, en el municipio de Guasave, que tiene una inversión contratada de 249 millones 729 mil 69.29 pesos y cuya fecha de entrega está programada para el 10 de diciembre de este año.

A un mes de vencer el plazo contractual, la obra registra apenas 38 por ciento de avance físico, frente a un avance financiero de 61.9 por ciento. El proyecto comenzó el 9 de abril de 2025 y fue adjudicado a la empresa MERIBO, S.A. de C.V.

En conjunto, las cuatro obras muestran una diferencia entre los recursos financieros reportados y los trabajos físicos ejecutados, particularmente en la primera etapa del Malecón y en el puente Las Glorias-Bellavista.

Los proyectos forman parte de las obras realizadas durante la actual administración estatal con recursos provenientes de financiamientos autorizados por el Congreso local.

Al asumir el Gobierno de Sinaloa en 2021, la actual administración recibió deudas y pasivos heredados de los gobiernos de Mario López Valdez y Quirino Ordaz Coppel por 17 mil 141 millones de pesos, de acuerdo con información divulgada por el propio Gobierno estatal en enero de 2025, durante la conferencia La Semanera.

Entre esos compromisos se encontraba una multa de 2 mil 300 millones de pesos impuesta por el Servicio de Administración Tributaria, derivada de irregularidades en auditorías fiscales de la administración anterior.

Para cubrirla, el Congreso del Estado autorizó en enero de 2025 la contratación de un financiamiento por hasta 2 mil 300 millones de pesos, cuyos recursos serían destinados a obra pública.

Posteriormente, en diciembre de 2025, el Poder Legislativo aprobó otro dictamen para permitir al Gobierno estatal contratar financiamientos por hasta 2 mil 200 millones de pesos, destinados a proyectos productivos y obra pública en los 20 municipios de Sinaloa.

De acuerdo con los antecedentes de la administración estatal, para el cierre de 2027 se proyecta haber abonado 14 mil 262 millones de pesos a los compromisos financieros heredados, mientras que el resto permanecería pendiente para el siguiente Gobierno.

Entre las obras ejecutadas con recursos de estos financiamientos se encuentran la construcción de una escuela en Valle Alto, en Culiacán, por 65 millones 805 mil 335.89 pesos; las dos etapas del Malecón margen izquierda, por más de 601 millones de pesos, y el enlace Agricultores a Libramiento Benito Juárez, por 257 millones 153 mil pesos.

También se han destinado recursos a pavimentaciones, puentes y obras hidráulicas en diferentes municipios. Una de las zonas con mayor concentración de proyectos es Ahome, particularmente el área costera de Topolobampo, presentada por el Gobierno federal como un polo de desarrollo.

Mientras el Gobierno estatal ha planteado la obra pública como uno de los destinos de los financiamientos contratados, los registros oficiales muestran que tres de los proyectos de mayor inversión en Culiacán no cumplieron con sus fechas de entrega y que el puente Las Glorias-Bellavista enfrenta un rezago importante a pocas semanas de su vencimiento contractual.

Sinaloa registró un incremento del 90.5 por ciento en las víctimas de extorsión durante los primeros nueve meses de 2026, al pasar de 74 personas en el mismo periodo de 2025 a 141, la cifra más alta desde 2015, de acuerdo con un análisis de México Evalúa elaborado con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El informe señala que la entidad alcanzó una tasa de 4.40 víctimas de extorsión por cada 100 mil habitantes, con lo que se ubicó en el lugar 14 a nivel nacional y en el segundo puesto de la región del noroeste exportador, integrada también por Baja California, Baja California Sur y Sonora.

El crecimiento de este delito ocurre en un contexto en el que Sinaloa mantiene una elevada incidencia de violencia letal, pese a que la tasa de homicidio doloso disminuyó 24.2 por ciento respecto al mismo periodo de 2025. México Evalúa advierte que esta reducción no necesariamente representa una recuperación de la seguridad, pues puede coexistir con la expansión de otros delitos que afectan directamente las actividades económicas.

El análisis plantea que, ante una menor intensidad de los enfrentamientos armados, los grupos criminales pueden transitar hacia esquemas de extracción de rentas mediante el cobro de cuotas y la extorsión a los sectores productivos, una modalidad que les permite obtener recursos sin recurrir necesariamente a confrontaciones violentas.

Mazatlán y Ahome, con tasas más altas

En la distribución municipal, Mazatlán y Ahome destacan por sus tasas de extorsión. El puerto registró 35 víctimas y una tasa de 6.7 por cada 100 mil habitantes, mientras que Ahome contabilizó 30 víctimas y una tasa de 6.0. Ambos municipios se encuentran entre los de mayor incidencia de este delito en la región.

Por su parte, Culiacán acumuló 47 víctimas, la cifra absoluta más alta de los tres municipios, aunque su tasa fue de 4.3 por cada 100 mil habitantes, debido a su mayor población. Para México Evalúa, esta distribución muestra que la extorsión también está presente en territorios vinculados con la actividad turística, comercial y agroindustrial.

Sinaloa, primero en tasa de feminicidio

En otros indicadores de seguridad, Sinaloa ocupó el primer lugar nacional en la tasa de feminicidio, con 3.02 víctimas por cada 100 mil habitantes, un incremento de 147.1 por ciento respecto a 2025 y de 538.1 por ciento frente a 2024.

Asimismo, se ubicó en el segundo lugar nacional en desaparición de personas, con una tasa de 13.90 casos por cada 100 mil habitantes, y en el tercero en homicidio doloso, con 30.77 víctimas por cada 100 mil habitantes. Aunque este último indicador disminuyó respecto al año anterior, permanece 102.5 por ciento por encima del nivel registrado en 2024.

Otros delitos

El estado también ocupó el cuarto lugar nacional en robo de vehículo, con una tasa de 94.89 delitos por cada 100 mil habitantes, y el quinto en el indicador compuesto de violencia letal de México Evalúa, que integra homicidios dolosos y culposos, feminicidios, otros delitos contra la vida y desapariciones.

En la comparación regional, Baja California Sur presentó la tasa más alta de extorsión, con 15.51 víctimas por cada 100 mil habitantes, seguido de Sinaloa, con 4.40; Baja California, con 1.91, y Sonora, con 1.07. Sin embargo, Sinaloa registró el crecimiento más acelerado del delito entre las cuatro entidades, con un aumento anual de 89.3 por ciento en su tasa.

México Evalúa también advierte que los registros oficiales no necesariamente reflejan la dimensión real de la extorsión. Como ejemplo, señala que en Baja California la cifra oculta de este delito alcanza 91.3 por ciento, de acuerdo con la ENVIPE 2025, lo que evidencia las dificultades para denunciar y la posible existencia de un subregistro en las estadísticas.

El estudio cuestiona además que Sinaloa haya quedado fuera de las ocho entidades prioritarias de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, pese al crecimiento registrado durante 2026. Ante este escenario, plantea que la evaluación de la seguridad no debe concentrarse únicamente en la reducción de homicidios, sino también en la capacidad de las autoridades para contener las cuotas criminales impuestas a comercios, productores agrícolas y prestadores de servicios.

Entre las medidas propuestas se encuentran establecer intervenciones en corredores económicos, fortalecer la policía de proximidad en municipios como Mazatlán y Ahome, habilitar mecanismos seguros de denuncia e impulsar investigaciones de inteligencia financiera para desmantelar las estructuras económicas de las organizaciones criminales.

A seis meses de que Estados Unidos acusó al Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y ex funcionarios de presuntos vínculos con el narcotráfico, Sinaloa ha tenido cambios en la titularidad del Poder Ejecutivo, el Ayuntamiento de Culiacán y la Vicefiscalía General del Estado.

Aunque algunos de los señalados se separaron de sus cargos, las investigaciones continúan y las licencias de algunos de ellos llegaron a su límite legal.

La acusación que provocó los primeros relevos

El 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra diez sinaloenses por presuntamente colaborar con integrantes de Los Chapitos. Entre los señalados se encuentran Rocha Moya; el Senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez; el Alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil; el ex Secretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega; el Vicefiscal Dámaso Castro Saavedra; el ex Secretario de Seguridad Pública Gerardo Mérida Sánchez; y mandos policiales estatales y municipales.

Las acusaciones también alcanzan a Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, José Antonio Dionisio Hipólito y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”. Los señalamientos incluyen conspiración para importar narcóticos, posesión de armas y delitos relacionados con el secuestro y asesinato de una fuente confidencial de la DEA, en el caso de Valenzuela Millán.

El 1 de mayo, Rocha Moya solicitó licencia al cargo de Gobernador. Un día después, el Congreso de Sinaloa aprobó su separación temporal y designó a Yeraldine Bonilla Valverde como Gobernadora interina.

Ese mismo 1 de mayo, el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, también pidió licencia. El Cabildo nombró a Ana Miriam Ramos Villarreal como Presidenta Municipal provisional.

El 5 de mayo, Dámaso Castro solicitó licencia sin goce de sueldo como Vicefiscal General del Estado.

Comparecencias ante la FGR y entregas a Estados Unidos

El 26 de mayo, cinco de los señalados fueron reportados en las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Culiacán, donde acudieron a una entrevista relacionada con la investigación.

Entre ellos estuvieron Rocha Moya, Enrique Inzunza, Dámaso Castro, el ex jefe de la Policía de Investigación Marco Antonio Almanza y Juan de Dios Gámez.

Rocha e Inzunza confirmaron su asistencia mediante publicaciones en redes sociales. Dámaso Castro y Almanza hablaron con medios de comunicación al salir de las instalaciones.

“Yo no serviría de testigo protegido. Hice las cosas bien, yo le doy la cara al que sea”, declaró Almanza.

Por su parte, Dámaso Castro respondió: “No tenemos nada que decir. Nada que ver con eso”.

La asistencia de Gámez también fue reportada por medios de comunicación, aunque el Alcalde con licencia no la confirmó públicamente. Inzunza informó que acudió sin acompañamiento legal y que actuó “como abogado de mí mismo”.

Dos días después, el senador solicitó una licencia de 22 horas en el Senado, en medio de la atención pública sobre las acusaciones.

Mientras avanzaban las diligencias en México, dos de los señalados quedaron bajo custodia de autoridades estadounidenses.

El 11 de mayo, el ex Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, ingresó a Estados Unidos por Nogales, Arizona, y quedó bajo custodia. Posteriormente se declaró no culpable de los cargos en su contra.

El 15 de mayo, Enrique Díaz Vega, ex Secretario de Administración y Finanzas, se entregó a las autoridades estadounidenses en Nueva York. El Gabinete de Seguridad de México confirmó ese día que el ex funcionario se había puesto a disposición de ese país.

Rocha vuelve a la gubernatura y se separa otra vez

Después de 112 días separado del cargo, Rocha Moya retomó sus funciones como Gobernador el 21 de agosto.

Sin embargo, su regreso duró alrededor de 34 horas. El 22 de agosto solicitó una segunda licencia, también por tiempo indefinido.

La decisión generó cuestionamientos políticos. Legisladores de Morena señalaron que no habían sido informados previamente de su regreso, mientras que el coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, le pidió reconsiderar su decisión.

El 25 de agosto, el Congreso del Estado designó a Graciela Domínguez Nava como Gobernadora interina para concluir el periodo constitucional, que termina el 31 de octubre de 2027.

Con ese nombramiento, Sinaloa tuvo tres titulares del Poder Ejecutivo en menos de cuatro meses: Rocha Moya, Yeraldine Bonilla y Graciela Domínguez, además del breve regreso del Gobernador con licencia.

Las licencias llegan a seis meses

En el Ayuntamiento de Culiacán también surgieron diferencias sobre la situación legal de Juan de Dios Gámez, cuya licencia cumplió seis meses el 1 de noviembre.

La regidora del PRI, Erika Sánchez Martínez, solicitó que se declarara la ausencia definitiva del Alcalde y se notificara al Congreso estatal. Argumentó que el artículo 148 de la Constitución de Sinaloa establece que ninguna licencia puede concederse por más de seis meses.

Sin embargo, el Secretario del Ayuntamiento, José Ernesto Peñuelas Castellanos, sostuvo que la licencia continúa vigente porque fue aprobada por el Cabildo por un periodo mayor a diez días, sin establecer una fecha de conclusión.

Por ahora, Ana Miriam Ramos Villarreal continúa al frente del Ayuntamiento como Presidenta Municipal provisional.

En el caso de Dámaso Castro, su licencia como Vicefiscal cumplió seis meses el 5 de noviembre. La Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, había advertido que, si no se reincorporaba al concluir ese periodo, legalmente tendría que presentar su renuncia.

“La licencia de él vence en noviembre de este año. Es una licencia por ley que son seis meses y se concluye en el mes de noviembre. Si se concluye y él no regresa, lo que procede legalmente es la renuncia”, declaró en agosto.

Durante su ausencia, José Roberto Quiñonez Coronado ha estado al frente de la Vicefiscalía.

La investigación sigue abierta

A medio año de la acusación, las investigaciones continúan tanto en Estados Unidos como en México. La FGR ha señalado que requiere más elementos de prueba para avanzar en el procedimiento relacionado con la solicitud estadounidense.

En estos seis meses, la acusación provocó la salida temporal de funcionarios de sus cargos, cambios en la estructura de gobierno y la entrega de dos de los señalados a autoridades de Estados Unidos. Sin embargo, todavía no existe una resolución definitiva sobre las acusaciones.

La Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO) arrastra un déficit financiero de 105 millones de pesos desde 2024 y todavía no tiene garantizados los recursos para pagar los aguinaldos de sus trabajadores, reconoció el Rector Pedro Flores Leal.

Explicó que el desequilibrio financiero se relaciona con los incrementos salariales que la institución ha tenido que aplicar a partir de la política federal de recuperación del salario mínimo.

“Desde entonces hemos tenido un déficit que hemos podido solventar; este año traemos un déficit de 105 millones que ya hemos estado revisando con las autoridades federales y estatales desde el principio de año”, señaló.

Flores Leal indicó que desde principios de 2026 mantienen gestiones con autoridades federales y estatales para encontrar alternativas de financiamiento que permitan cubrir las necesidades de la universidad.

Mencionó que han trabajado con la Secretaría de Educación Pública y que recientemente abordó la situación con la Gobernadora Graciela Domínguez, de quien reconoció la disposición para apoyar a la institución.

Sin embargo, no tienen garantizado, aún, el pago de prestaciones de fin de año.

“Ahorita no lo tenemos garantizado”, expresó.

El rector confió en que durante noviembre y diciembre puedan completar el financiamiento mediante las aportaciones de ambos gobiernos.

“Consideramos que al final que queda este mes de noviembre y diciembre, podemos obtener el total y poder garantizar todo lo que se tiene que pagar al final de año, incluyendo los aguinaldos”, dijo.

Detalló que la universidad necesita alrededor de 86 millones de pesos para cubrir los aguinaldos y que, al sumar la prima correspondiente, el monto se acerca a los 100 millones de pesos, aparte del dinero necesario para las quincenas ordinarias.

Con la instalación de 24 macetas inteligentes, fue inaugurada la primera etapa del Andador de la Salud, un proyecto ciudadano y empresarial que busca mejorar la imagen urbana y fortalecer la actividad económica en el centro de Culiacán.

Durante el acto, realizado el viernes 6 de noviembre, el secretario de Economía de Sinaloa, Diego Aguerrebere, reconoció la participación de empresarios, médicos, profesionistas y vecinos que han impulsado acciones para recuperar este sector de la ciudad durante más de 20 años.

Al acto no fueron convocados medios de comunicación de manera abierta.

El funcionario estatal señaló que el corredor representa una importante actividad económica y de servicios médicos, al concentrar más de 180 consultorios, alrededor de 360 médicos especialistas, 17 establecimientos y más de 200 empleos.

Aguerrebere expresó la disposición del Gobierno estatal para acompañar iniciativas ciudadanas y empresariales enfocadas en la recuperación de espacios públicos.

“Este andador es de todos”, expresó al reconocer el trabajo de José Valenzuela García, presidente del Patronato de Revitalización de los Centros Históricos, quien ha encabezado la organización de este proyecto.

Por su parte, Valenzuela García explicó que esta primera etapa contempla 24 macetas fabricadas con acero, equipadas con sistemas automatizados de riego por goteo e iluminación.

Detalló que estos elementos permiten incorporar áreas verdes al corredor sin intervenir la infraestructura subterránea existente.

El proyecto busca consolidar un espacio que facilite el acceso de pacientes y visitantes a consultorios, laboratorios, farmacias y establecimientos relacionados con los servicios de salud.

Durante el evento, Aguerrebere también reconoció que los empresarios han mantenido sus inversiones en esta zona pese a las dificultades que ha enfrentado Culiacán.

Añadió que el Gobierno estatal mantiene coordinación con las instituciones de seguridad de los distintos órdenes de gobierno y ofreció gestionar ante las dependencias correspondientes las necesidades del sector empresarial.

En la inauguración participaron Janet Tostado Noriega, secretaria de Desarrollo Económico de Culiacán; el doctor Luis Soto; Gustavo Gaxiola Meza, presidente del Grupo CEMSI; representantes del IMPLAN, de la Asociación de Estacionamientos Privados y de la comunidad médica.

Con presentaciones de drag queens sinaloenses, baile K-pop, música y comedia, Sinaloa Incluyente realizará el próximo domingo 15 de noviembre el Brunch Revolucionario, un encuentro multicultural con el que busca recaudar fondos para la organización del Pride 2027.

Merlin Salcedo, integrante de Sinaloa Incluyente, explicó que esta actividad forma parte de los eventos que realizan anualmente para reunir recursos destinados a la coordinación y organización de la marcha de la diversidad en Culiacán.

Se trata de una actividad que, de acuerdo con Salcedo, se realiza por cuarto o quinto año consecutivo y que en esta ocasión tendrá como sede Mamma Mia Queen Bar. Debido a que el establecimiento es un espacio para mayores de edad, el acceso estará limitado a personas de 18 años en adelante.

“Es un evento multicultural donde vamos a tener talento de la diversidad. Esto es el primer evento para recaudar fondos para el Pride del año que entra del 2027, lo hacemos todos los años”, explicó.

Para esta edición se contempla la participación de las drag queens sinaloenses Meki Kunan, Julian Efex y Allison Rosé, además de Aetrix, un grupo de baile K-pop. También se presentará Azael Aguirre con una rutina de stand up y se prevé la participación de la cantante Marilyn, talento local de Culiacán.

Salcedo indicó que se trata de un espacio abierto al público general, no exclusivamente dirigido a integrantes de la comunidad de la diversidad sexual, sino también a personas interesadas en conocer y disfrutar distintas expresiones artísticas.

“Es un espacio abierto para el público general, tratamos de organizar eventos inclusivos, espacios seguros para todas las personas”, señaló.

El costo de los boletos será de 200 pesos en preventa y 250 pesos el día del evento. La entrada incluirá una taquiza, preparada de acuerdo con la temática revolucionaria que da nombre a esta edición del brunch.

La actividad comenzará a las 16:00 horas y se extenderá durante la tarde y parte de la noche, con música de un DJ para amenizar el encuentro. La organización no contempla una hora límite para concluir, pues dependerá de la asistencia y del ambiente que se genere entre los participantes.

“Empieza a las 4 de la tarde. Si no te gusta desvelarte, pues está perfecto, si te gusta desvelarte también porque pues va a durar toda la tarde y parte de la noche, no tenemos un límite de hasta cierta hora”, comentó.

La integrante de Sinaloa Incluyente destacó que la recaudación de este tipo de actividades representa una parte importante de los recursos que necesita la organización para preparar la marcha de la diversidad, además de que permite generar espacios para promover y dar visibilidad al talento artístico local.

“Es muy importante que nos ayuden en la apoyen en estos eventos porque pues de aquí sale parte importante del dinero que necesitamos para la coordinación y organización de la marcha de la diversidad. Y además que pues sirve que conocen a talento local, que se les apoya y se les da visibilidad”, expresó.

Salcedo aclaró que el brunch no está dirigido únicamente a personas jóvenes ni a integrantes de la comunidad LGBTQ+, sino a cualquier persona mayor de edad que tenga interés en asistir, convivir y acercarse a expresiones artísticas como el drag.

Incluso, mencionó que entre quienes suelen acudir a estas actividades también hay mujeres adultas y figuras de la política que asisten acompañadas de sus amistades para disfrutar de los espectáculos y apoyar a las artistas.

Sobre el desarrollo del arte drag en Sinaloa, Salcedo consideró que durante los últimos años ha ganado fuerza y visibilidad, impulsado también por plataformas y programas de entretenimiento como La Más Draga, que han contribuido a acercar esta expresión artística a nuevas audiencias.

“El arte del drag está tomando mucha fuerza, sobre todo en los últimos años y sobre todo con plataformas como La Más Draga aquí en México, Latinoamérica”, comentó.

Afirmó que actualmente existe talento tanto emergente como consolidado en distintas ciudades de la entidad, con artistas que no solamente realizan presentaciones, sino que también desarrollan vestuarios, conducen eventos y participan en diferentes espacios de expresión.

“La verdad es que aquí en Sinaloa ya se puede decir que tenemos mucho talento, mucho talento nuevo, pero también ya estamos llegando a esa parte de tener drag queens consolidadas, drag queens 360, que te hacen show, te hacen vestuario, te pueden conducir un evento”.

Además de Culiacán, mencionó que hay exponentes en Guamúchil, Guasave y Los Mochis, donde también se ha fortalecido la presencia del transformismo y de nuevas generaciones de artistas.

“Culiacán tiene muy buenas exponentes, pero pues también tenemos exponentes en Guamúchil, en Guasave, incluso en Los Mochis, también el transformismo está agarrando otra vez fuerza en Sinaloa”.

Para quienes deseen asistir al Brunch Revolucionario, la organización puso a disposición sus redes sociales, particularmente las cuentas de Instagram @sinaloaincluyente, donde pueden solicitar información sobre los boletos y realizar el proceso de compra.

Salcedo explicó que quienes realicen transferencias pueden enviar su comprobante a través de mensajes directos para quedar registrados en la lista de acceso al establecimiento.