De la misma mente que concibió la disparatada propuesta de que Sinaloa produjera opioides con fines medicinales (iniciativa que lo llevó de gira por Ginebra, Nueva York, y Washington D. C.), ahora Mario Zamora nos trae la idea de replicar el modelo penitenciario del CECOT en El Salvador (destino al cual también viajará). Al parecer, cuando se agotan las ocurrencias locales, siempre queda un destino internacional al cual turistear para importar la siguiente. La propuesta de mirar hacia El Salvador para encontrar soluciones a los problemas de inseguridad que enfrenta Sinaloa resulta comprensible, pero carece de raciocinio.

Después de años de violencia, homicidios, desapariciones y expansión de organizaciones criminales, cualquier experiencia que aparentemente haya conseguido reducir la criminalidad merece ser estudiada. El modelo de Nayib Bukele se ha convertido precisamente en uno de esos referentes, particularmente por la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como CECOT, una prisión de máxima seguridad diseñada para albergar a decenas de miles de personas vinculadas con las pandillas salvadoreñas. Sin embargo, hay una gran diferencia que conviene establecer antes de pensar en reproducirlo, construir una cárcel semejante no significa reproducir los resultados de seguridad que ha conseguido el gobierno salvadoreño. Confundir ambas cosas sería atribuirle a una infraestructura penitenciaria los efectos de una estrategia de seguridad mucho más amplia y compleja.

El gobierno de Bukele declaró un régimen de excepción que permitió realizar detenciones masivas y restringir determinadas garantías constitucionales. A partir de entonces, decenas de miles de personas fueron detenidas bajo sospecha de pertenecer o colaborar con la Mara Salvatrucha y Barrio 18, principalmente. Paralelamente, se desplegaron fuerzas policiales y militares, se intensificó el control territorial y se modificó sustancialmente la administración penitenciaria. El CECOT, inaugurado en febrero de 2023, se incorporó posteriormente como una de las principales instalaciones de este sistema.

La reducción de homicidios reportada por el gobierno salvadoreño ha sido extraordinaria. Diversas investigaciones académicas también han identificado una asociación importante entre las políticas de mano dura y la disminución de determinados delitos. Un estudio publicado en 2026 en Defence and Peace Economics (https://doi.org/10.1080/10242694.2025.2460457), encontró efectos significativos de las intervenciones de seguridad salvadoreñas sobre la reducción de homicidios y otros delitos, así como después de la implementación de la política de encarcelamiento masivo. Estos resultados sugieren que la incapacitación de integrantes de organizaciones criminales puede reducir su capacidad inmediata para ejercer violencia. Sin embargo, es importante señalar que estos estudios evalúan intervenciones de seguridad y encarcelamiento, no el efecto independiente de construir una prisión como el CECOT. De hecho, el régimen de excepción comenzó aproximadamente once meses antes de que esta instalación fuera inaugurada. Por lo tanto, una parte importante de la reducción de homicidios ya se había producido antes de que el centro penitenciario comenzara a funcionar.

Esta diferencia adquiere todavía mayor relevancia cuando se intenta trasladar la experiencia salvadoreña a Sinaloa. Aunque ambos territorios enfrentan problemas relacionados con organizaciones criminales, sus estructuras y mecanismos de operación presentan diferencias sustanciales. En El Salvador, las principales organizaciones contra las que se dirigió la estrategia de Bukele eran pandillas con una fuerte presencia territorial, cuya capacidad de ejercer violencia dependía en buena medida de sus integrantes y de sus redes locales de control. En Sinaloa, el fenómeno del crimen organizado tiene características distintas. Las organizaciones del narcotráfico operan mediante redes de producción, distribución, transporte, financiamiento, lavado de dinero, corrupción y conexiones transnacionales. Su capacidad operativa no depende exclusivamente de los individuos que ejecutan directamente los delitos, sino de una estructura económica y logística que puede mantenerse, reorganizarse y sustituir a sus integrantes.

Por esta razón, concentrar a determinados operadores criminales en una prisión de máxima seguridad puede reducir algunas de sus capacidades, pero no necesariamente desarticular las redes que sostienen sus actividades. Una organización que conserva sus recursos financieros, sus proveedores, sus mecanismos de distribución y sus conexiones internacionales puede continuar operando incluso cuando una parte importante de sus integrantes se encuentra privada de la libertad. El problema no es únicamente quién está dentro de la cárcel, sino qué ocurre con las estructuras que permanecen fuera de ella. Si no existe una estrategia paralela de inteligencia financiera, investigación patrimonial, persecución de redes de corrupción, identificación de operadores logísticos y desmantelamiento de mercados ilícitos, la construcción de una prisión puede terminar atendiendo solamente una parte del fenómeno criminal.

La evidencia científica sobre los efectos del encarcelamiento también obliga a distinguir entre reducir temporalmente la capacidad delictiva y conseguir una disminución sostenida de la reincidencia. La criminología ha demostrado que el encarcelamiento, por sí mismo, no constituye necesariamente un mecanismo de rehabilitación. El efecto de la prisión sobre la reincidencia es variable y que, en determinados contextos, puede incluso incrementarla. La reinserción requiere intervenciones específicas relacionadas con educación, capacitación laboral, atención psicológica, tratamiento de adicciones, fortalecimiento de vínculos familiares y oportunidades de integración social. Una prisión diseñada exclusivamente para aislar y neutralizar a sus internos puede cumplir una función de contención mientras permanecen recluidos, pero eso no significa que esté resolviendo los factores que pueden conducirlos nuevamente a participar en actividades criminales.

La pregunta, entonces, no debería ser si Sinaloa necesita una cárcel como la de Bukele, sino qué tipo de sistema penitenciario necesita para enfrentar las características específicas de su criminalidad. Para eso se necesitan propuestas basadas en evidencias y no en ocurrencias.

Conocer el modelo salvadoreño, estudiar sus mecanismos y evaluar sus resultados es perfectamente razonable. Lo que no resulta científicamente justificable es asumir que reproducir su novedosa infraestructura penitenciaria permitirá obtener automáticamente los mismos resultados de seguridad. El Salvador adoptó una estrategia de seguridad integral, sustentada en condiciones políticas, territoriales y criminales muy particulares. Sus resultados, así como los costos sociales, institucionales y humanitarios que ha implicado, todavía requieren una evaluación independiente y de largo plazo, especialmente ante los señalamientos de organismos internacionales sobre posibles violaciones sistemáticas de derechos humanos que incluso podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Sinaloa enfrenta una realidad sustancialmente distinta y, por tanto, necesita soluciones diseñadas a partir de su propio contexto, no la reproducción automática de modelos ajenos.

Existe una iniciativa para instalar baños neutros en espacios públicos de Sinaloa, la cual busca reformar la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de Sinaloa.

En los últimos años, los baños neutros, también conocidos como sanitarios sin distinción de género, se han convertido en un tema de discusión en universidades, instituciones públicas, hospitales y espacios de convivencia. Para algunas personas representan una medida necesaria de inclusión y respeto a la diversidad, mientras que para otras generan dudas relacionadas con la privacidad, la seguridad y la convivencia entre hombres y mujeres.

Como suele suceder con los temas que adquieren relevancia social, las opiniones abundan y dividen, pero no siempre están acompañadas de información científica.

Un baño neutro es un espacio sanitario que puede ser utilizado por cualquier persona, independientemente de su sexo o identidad de género. Esto no significa necesariamente que hombres y mujeres tengan que compartir un mismo espacio abierto con lavabos, mingitorios e inodoros. Existen diferentes modelos, uno consiste en sanitarios individuales completamente cerrados, con su propio inodoro y lavabo, otro contempla espacios colectivos con varios cubículos privados que pueden ser utilizados por personas de cualquier género. También existen modelos mixtos que mantienen los baños tradicionales para hombres y mujeres e incorporan sanitarios universales como una alternativa adicional.

Uno de los argumentos más sólidos a favor de estos espacios tiene que ver con la salud mental y el bienestar psicológico. Para las personas transgénero y aquellas cuya identidad de género no corresponde con las categorías tradicionales de hombre y mujer, utilizar un sanitario público puede convertirse en una experiencia incómoda o incluso intimidante. El temor a recibir comentarios, sufrir discriminación, ser cuestionadas o experimentar alguna agresión puede hacer que eviten utilizar instalaciones públicas. Aunque parezca un problema menor, evitar los sanitarios durante periodos prolongados puede afectar la comodidad, la salud y la participación en actividades educativas, laborales y sociales.

Un estudio publicado en 2023 en el Journal of American College Health, que incluyó a más de cuatro mil estudiantes de ocho universidades estadounidenses, encontró que una proporción importante de estudiantes transgénero y de género diverso consideraba insuficiente la disponibilidad de baños neutros. Además, identificó una asociación entre el temor al acoso en los sanitarios y una mayor presencia de síntomas de ansiedad y depresión. Esto no significa que la instalación de baños neutros cure los trastornos de salud mental, pero sí sugiere que disponer de espacios donde las personas puedan atender sus necesidades fisiológicas sin sentirse expuestas o discriminadas puede contribuir a mejorar su bienestar psicológico.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (Endiseg) 2021 del Inegi, en Sinaloa el 5.1 por ciento de la población mayor de 15 años se autopercibe como parte de la comunidad LGBT+. Un 5 por ciento tal vez no se vea significante, pero si lo es, son 121,638 personas de 15 años y más que se reconocen como parte de la población LGBT+.

Asimismo, el problema tampoco se limita a las personas LGBT+. Pensemos en un padre que acompaña a su hija pequeña al baño, una madre que necesita asistir a su hijo, una persona con discapacidad que requiere ayuda de un cuidador de otro sexo o un adulto mayor que necesita acompañamiento. En todos estos casos, contar con un sanitario individual de uso universal puede facilitar una actividad cotidiana y evitar situaciones innecesarias de incomodidad. Desde esta perspectiva, los baños neutros también pueden entenderse como una medida de accesibilidad y diseño universal, es decir, una forma de construir espacios públicos que respondan a las necesidades de una población diversa.

Sin embargo, cuando se habla de baños neutros, una de las preocupaciones más frecuentes es la seguridad. Algunas personas temen que permitir el acceso a sanitarios sin distinción de género pueda facilitar situaciones de acoso, voyeurismo o agresiones sexuales.

En 2019, investigadores vinculados con la Universidad de California en Los Ángeles publicaron un estudio en Sexuality Research and Social Policy en el que analizaron los efectos de las políticas de no discriminación por identidad de género en establecimientos públicos de Massachusetts. Los investigadores compararon los reportes policiales de localidades que habían adoptado estas disposiciones con los de localidades que no lo habían hecho. Los resultados no mostraron un incremento significativo de incidentes relacionados con la seguridad o la privacidad en baños, vestidores y espacios similares después de la implementación de estas políticas.

Este resultado es relevante porque permite contrastar una preocupación social con información empírica. No significa que los sanitarios inclusivos eliminen la posibilidad de que ocurran agresiones, ni que cualquier diseño sea automáticamente seguro. Significa que, en las poblaciones y condiciones estudiadas, no se encontró evidencia de que las políticas de acceso inclusivo provocaran un aumento de los delitos analizados.

También es importante comprender que una agresión no depende exclusivamente de la clasificación de un sanitario. Las conductas violentas pueden ocurrir en diferentes espacios y bajo distintas circunstancias. Una persona que tiene la intención de cometer un delito no necesariamente necesita una política de inclusión para intentar hacerlo. Por ello, las estrategias de prevención deben concentrarse en las conductas de riesgo, la protección de la privacidad, la seguridad ambiental y la capacidad de respuesta institucional, en lugar de asumir que la identidad de género de una persona constituye por sí misma un indicador de peligrosidad.

No obstante, aunque que no se haya demostrado un aumento de delitos no significa que los baños neutros estén libres de dificultades. La privacidad es probablemente uno de los aspectos más importantes. No es lo mismo un sanitario individual con paredes y puertas de altura completa que un baño colectivo con cubículos que dejan espacios visibles en la parte inferior o superior. En este sentido, el diseño arquitectónico puede tener mayor relevancia para la experiencia de seguridad que el hecho de que el baño esté clasificado como masculino, femenino o neutro.

La iluminación, las cerraduras, la ventilación, la limpieza, la ubicación y la accesibilidad también son elementos fundamentales. Un sanitario bien diseñado debe garantizar que nadie pueda observar el interior de los cubículos, que las personas puedan utilizarlo sin sentirse expuestas y que exista un mecanismo institucional para atender cualquier situación de acoso o violencia. La seguridad debe construirse a partir de condiciones físicas y protocolos adecuados, no de la exclusión de determinados grupos de personas.

Quizá la conclusión más importante es que no tenemos que elegir entre inclusión y seguridad. Una infraestructura bien diseñada puede atender ambas necesidades. La ciencia no debe utilizarse para justificar prejuicios ni para descalificar automáticamente las preocupaciones de la sociedad. Su función es ayudarnos a distinguir entre riesgos demostrados, riesgos hipotéticos y beneficios respaldados por datos. Y cuando se trata de espacios públicos, esa distinción puede marcar la diferencia entre una política construida desde el temor y una política construida desde la evidencia, la responsabilidad y el respeto a las personas.