Por Manuel Gutiérrez

En un lejano lugar del que no quiero acordarme, dijo Cervantes en sus primeras líneas del Quijote de la Mancha, que todos los poderes están concentrados en el puño de la Presidencia. Un partido bananero se quejó de que uno de sus pares, de menor tamaño, de menor poder, lo estaba “acosando” llamándolo en forma despectiva “Narco-Partido”, lo que causaba trauma y grandes cuentas de terapia.

Por lo que, desesperado por tanta molestia, repetida hasta el cansancio, recurrió al Instituto Narco Electoral —perdón, error de dedo—; la palabra correcta es Naco, en referencia al personaje simplón de la fauna urbana que abunda en el país, que ingenuamente cree en la cartilla moral de Morena o en los aciertos de esta administración, los cuales son parte del imaginario de la fe; es como creer en los reptilianos.

Ser de La Mancha es ser manchego, no manchado. Pero el caso de Morena es más mancha que otra cosa, porque el apodo del niño travieso del colegio nacional, llamado Alito Moreno, le recetó al partido similar la frase de que era “narco-partido”, porque últimamente en México más bien todo es narco.

Narcocorridos, narco-camioneta, narco-secuestros, narco-bloqueos, narco-incendios, narco-plaza, narco-política, narco-gobierno, por tanto, ¿qué de raro tiene que el niño Alito se refiriera así al partido de la Regeneración? El cual resultó lo contrario, porque si bien el calificativo de narco revela de alguna manera sustantiva de qué estamos hablando: del problema de seguridad nacional.

Pero el Instituto Nacional Taddei —otro error de dedo—, en referencia a la favorita Lupita del presidente anterior que sigue ejerciendo el Maximato, mientras la familia Taddei pasaba a ser de sangre guindaazul de Morena, hasta le escrituraba Litiomex, empresa pública que para nada sirve, nada produce, sí cuesta y donde los Taddei metidos ahí sí cobran muy bien.

Ese órgano electoral, antaño defendido por el grueso de la población en los tiempos de Lorenzo Córdova con la frase “El INE no se toca”, tiene el problema de que no fue tocado: fue manoseado, deformado, manoseado (en gerundio) hasta convertirse en un apéndice oficioso del oficialismo; y claro, para desquitar las chuletas tiene que hacer méritos.

Uno es quitarle el apodo al partido del poder, al oficial, al partidazo que encabeza Ariadna Montiel, y en el que los que creen que ya tienen ganada la próxima repartidor privilegios, elección ven al de los nuevos de las nuevas chambas jugosas, de los negocios que da la impunidad, porque ese es el secreto de llamarse Morena: nadie te toca. Poder Judicial (en su bolsillo), Poder Legislativo (mayoriteado, controlado y con sobre representación). Batman se ha vuelto miope: sólo ve a los malos que traigan letrero de sujeto activo admisible de culpa, lo que no aplica con los de Morena.

Todo este asunto confuso es por culpa de la Presidenta, porque ella no quiere que se diga “refinería clandestina”, por más productiva que sea respecto a las de Pemex: se le llama “procesadora patito combustible”; antes no dijo “emprendimiento nueva generación”. Porque la verdad, la Nueva Generación es más eficiente en sus manejos que el mismo Pemex… se me hace que en un año son capaces de lograr números negros, pagar a proveedores, terminar las deudas, pagar las obligaciones con el extranjero y, con seguridad, hacer 2 millones de litros al día. 

Aunque sean para regalarse a los ricos de Cuba, porque el pueblo no tiene coches salvo modelos tipo picapiedra, en los que el pedal se acciona con la pata a raíz, lo cual es muy ecológico, aunque no recomendable en el asfalto caliente y en los baches… 

Bueno, no estamos hablando de nada más que del sopapo que le dio el INE como prefecto escolar de unas elecciones escolares ya arregladas con anterioridad, en las que no quiere que le recuerden las abundantes declaraciones de que el dinero del narco, narco-dinero, pasó a financiar las campañas de Tamaulipas con Américo, Durazo en Sonora, y en Sinaloa, Rocha Moya y una larga fila de cruces. Pero en la tierra de Pedro Infante, el narco-personal secuestró a representantes de partidos ajenos, amenazó a familias y los sacó de la jugada con procedimientos nada afines a la democracia; pero es que se trataba de otro modelo: “narco-democracia”, que genera un “narcoestado”, y ante el que el INE ni siquiera les dedicó un memorándum o les hizo una filípica.

Como Claudia, que pintaba frases de mucha democracia, de mucha libertad y mucho respeto a la libertad de expresión, pero nos advirtió que tiene todo el poder como para censurar en lo que queda de la república a quien quiera, como autócrata, como reina sin corona y como ayudante del mero mero que sigue siendo el Rey. 

Bueno, estábamos con el niño malo Alito. Para saltar la prohibición hizo propaganda inteligente como lo mostró Orquídea Fong, la tenaz periodista capitalina, con el hecho de que la prohibición impulsó a llamarse “narcopartido” en las redes por casi una semana consecutiva. El PRI, obediente, dijo: Morena es un “Ya sabes qué”, una forma graciosa de decirlo.

Cuando Andy recordó que era hijo del caudillo, del único, del inmarcesible, del máximo ser de la política mexicana, nadie procedió a llamarlo de otra forma que no fuera Andy, salvo los que solicitan audiencia en pos de favores o van a informarle de sus trabajos por los que están bien pagados. Pero para el pueblo siguió siendo Andy y se le quedó. 

Así los siervos del N-partido podrán decir ufanos: “Acercamos el cártel al pueblo”. Miren, es como el afán de la FIFA por prohibir cierta palabra de 4 letras que comienza con p y termina con o, y que se aplica al portero contrario en su despeje o según el humor del público en el estadio y las ganas de hacer humoradas; pero Infantino está pensando en cómo doblar a la UEFA, que le tiró el negocio con Kushner, de la familia real de Trump. 

Bien puede el INE agregarlo a su lista de prohibiciones, como tantas que se ponen y que al final son anécdotas; que al cabo a la gente le vale y lo dice como se le antoja y como es costumbre.

La fama pública se gana por hechos, y en este caso la vinculación de los morenos con los narcos tiene mucha tela de dónde cortar. Pruebas, pruebas. pues están las denuncias de los afectados por el despojo electoral del PRI, pero eso no vale: sólo las quejas de Morena. Desde el financiamiento electoral, los viajes de la real familia a Sinaloa, las giras a Badiraguato, la defensa del narco-gobernador Rocha Moya… ven, ya se me pegó, vade retro Satanás. En adelante diré: “Gober con licencia para cumplir los designios de la voz de mando que gobierna de facto este país”, GLVMGFP nada más. 

Y maña que se da el lujo de acabar con la flotilla de camiones de la Pepsi-Sabritas en Matamoros… por no pagar plaza, además de desaparecer jóvenes en su leva sicaria y los demás efectos colaterales que tiene la promoción de los opioides, los fentanilos, la marihuana y las pastillas y cápsulas de colores que producen pesadillas coloridas, y tantos centros de exterminio (perdón, el gobierno les llama “centros de la amistad y la concordia y magia desaparecedora”) y ya no pondré iniciales.

Yo solamente ilustré que es contraproducente, cuando te echan toda la carrilla, resistirte a los hechos y evitar los apodos o sobrenombres populares. 

Después de todo, hasta los cigarrillos clandestinos son impuestos en muchas tiendas de regiones enteras del país… tienes que chupar Laredo en lugar de Marlboro ante un gobierno que no sabe que el único facultado para cobrar impuestos con la ley es él, pero déjenlo dormir: su alcance no llega más allá de Cuautitlán. 

Los otros tienen su propia ley y cobran dónde y cuándo quieren, pero los “enjambres” de Batman al parecer toparon con pared en el Estado de México con Delfina porque siguen igual o peor… pero esto hace insostenible el imperium del gobierno, y sin eso no es gobierno. 

En resumen, alguien gobierna este país: unos dicen que son ellos y que son transformadores; claro, se volvieron traficantes de huachicol y cosas similares. Y los otros gobiernan desde no sé dónde, pero su poder fáctico los hace otro tipo de gobierno, con menos burocracia y sin mañanera, y manejan mejor la gasolina. 

Alito tendrá que estar en el patio con un ladrillo en cada mano, de rodillas, como en la antigua escuela mexicana, o como si fuera alumno de la Dönitz militarizada. 

Todos quieren que vuelva el orden, la disciplina, pero por arte de encantamiento, no por aplicar códigos y exigir esfuerzos y sacrificio personal. Son generaciones de niños cristal, violetas, millennials o como les quiera llamar, pero solamente saben exigirlo todo y nunca se dan por enterados de lo que cuesta… problema mundial, no sólo nacional. 

El problema de esta campaña fue que las escuelas internados serios militarizados quedaron ya prohibidos, pero serán las urgencias mundiales las que les devuelvan el crédito, sus programas oficiales y hasta el reconocimiento, porque estas nacieron de la Segunda Guerra Mundial, cuando tomar las armas contra las potencias del Eje era algo decente, valeroso y un modelo disciplinar en el que las órdenes de tipo militar eran aplicadas como sistema. Incluso el problema parte de la vida en las escuelas militares, en la que la disciplina, la debilidad, la falta de fuerza mental o física se convierten en motivo de la carrilla, de la carga, burla y de los castigos físicos que se emplean (dicen) para hacer verdaderos guerreros de las débiles criaturas; pero el bullying existe, existirá y seguirá con director disfrazado de marinero o de mentor. Es lo de menos: esperen y lo verán volver, porque casos de tragedias las hemos padecido en todo tipo de escuela sin excepciones. Pero por ahora ya satanizamos ese punto. Al cabo ni quería inscribirme en una de ellas… la vida civil es más cómoda, y La ciudad y los perros quedó de Don Mario Vargas como modelo peruano del modelo universal de chupar la alegría y de formarte a base de mamporros. Y ya viene el cambio, vean la serie coreana “Así aprenderás” y ocupamos la OPD de esa fantasía oriental

Bueno, entonces quedamos en que Morena no es N-partido. Nunca más, por favor; pero buscando pueden decir “Instituto Político Populista Vinculado con los Poderes Fácticos”, en siglas es IPPVPF, lo cual es simple y políticamente correcto. Gracias, de nada por la sugerencia.

Pero lo bueno es que la Gerenta no censura usando sus leyes; se sabe poderosa y que tiene todo a su alcance, pero ojalá lo que crearon no lo pierdan con el poder, porque otros harán la dictadura fácil con todo lo que aplanaron, aprobaron levantando la mano, o lo borraron o desaparecieron de contrapesos al poder, de rendir cuentas y de transparencia. Pero le basta con el INE por ahora, y de hecho eso ni les preocupa a los mexicanos para decir la neta.

Ya se sumarán otros organismos, el chiste está en que digamos las cosas de otra forma: “Personajes Públicos Sujetos a Campañas Difamatorias de la Extrema Derecha Internacional”, PPSCDEEI: a ver, deletrea, está bien fácil. “N-partido” nunca más, por favor; “N-partido” es “Narco-Partido”, no lo digan, pero pueden hacerlo cuando vean a la Presidenta: ella los absolverá, pero no le pidan presupuesto, porque ese no lo suelta y el gobierno está quebrado. 

Alito, qué travieso eres, sin duda… pero recuerdo un buen moquete en San Lázaro que te devolvió todos los puntos buenos que necesitas… Fernández Noroña ahí sigue y está necesitado de victimizarse por siempre, y su ayudante pone la cara. 

Alito, en tanto, necesita hacer el arte de fistiana, pero como en la primaria: afuera de la Cámara, a la salida y mano a mano —al que escupa primero—, y sigue hasta el primer mole… Eso eleva el debate y las inscripciones en los gimnasios de box, y te hace popular como eso de apodarle al PPSCDEEI “narco-partido”. Ya no más, por favor, pórtate bien; hoy contribuí a la pacificación.

Tan convencido está el gobierno federal de que debe ser el “censor de la verdad”, que ya ha expresado que, después de emitir los Lineamientos para radio y televisión, podrían hacer algo similar para los medios digitales y alternativos  

 

Por Mónica Calles Miramontes

México vive un complejo contexto de erosión democrática. Tras la elección de 2024, con una ilegítima mayoría calificada en el Congreso, el poder político ha ido desmantelando uno a uno los contrapesos del Estado. Importantes órganos autónomos fueron eliminados, el árbitro electoral fue colonizado y la reforma judicial nos dejó sin un Poder Judicial independiente.

Ante la pérdida de tribunales capaces de actuar como un escudo para proteger a la sociedad de los abusos del poder, la libertad de expresión queda como la posibilidad real de retornar al camino de reconstrucción de la República.

No se trata solo de un derecho individual; es la última trinchera que le queda a la sociedad para señalar la injusticia cuando las vías institucionales dejan de funcionar, es la forma de denunciar la corrupción, es la voz que evidencia los datos y confronta la mentira oficial.

Por eso, dentro de este patrón de captura institucional, el paso siguiente es el control de los medios de comunicación, restringiendo nuestro derecho a expresarnos e informarnos libremente.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que depende del gobierno federal, ha anunciado la próxima emisión de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. Estos lineamientos fueron presentados por el Ejecutivo como un “noble esfuerzo” por proteger al espectador de la información que recibe de los distintos medios de comunicación. La realidad es que estamos frente a la fiscalización de la información y un grave intento de censura.

Es importante destacar que, los derechos de las audiencias que se pretenden regular hoy no son un tema nuevo en México. Al menos en la última década, en varios momentos se han suscitado controversias por su regulación. Muchos de los temas que hoy se presentan como una novedad —tanto por voces a favor como en contra— son aspectos que ya habían sido analizados por la Suprema Corte (Amparo en Revisión 499/2020), el Poder Legislativo, o incluso regulados por el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en 2025. 

Sin embargo, todas estas controversias y análisis surgieron en un contexto muy distinto, porque existía el IFT —un órgano autónomo, técnico y especializado— que era el encargado de reglamentar (y vigilar respetando la autorregulación editorial) el cumplimiento del derecho de las audiencias. Todo ello, dentro de un sistema que aún contaba con un Poder Judicial independiente, que podría proteger a la sociedad y a los medios de comunicación de un posible abuso.   

Hoy, en cambio, la regulación se pretende ejercer desde el propio gobierno federal (la CRT). Hay una paradoja reveladora en esto: mientras la propaganda oficial nos presenta los Lineamientos como la protección de las audiencias para recibir información veraz, se le miente a la audiencia para promoverlos; porque detrás del discurso paternalista y protector, se pretenden ocultar los verdaderos riesgos, sin agotarlos, nos centraremos en los siguientes:

•El gobierno como el “Tribunal de la Verdad”. El gobierno federal ha señalado que habrá una “auto vigilancia” de los medios de comunicación porque son los defensores de las audiencias nombrados por ellos mismos quienes decidirán cuándo se incumplen los Lineamientos, por lo que “nada hay que temer”. 

Sin embargo, no existe ni “auto vigilancia” ni “autorregulación” y todo se vuelve un espejismo, porque se omite decir que la CRT —que depende del Ejecutivo— es quien puede revisar las decisiones de las Defensorías de las Audiencias y en 72 horas decidir qué es falso, inexacto o violenta alguna disposición de los Lineamientos.  

•Amenaza económica: El artículo 54 establece multas desproporcionadas de hasta el 1% de los ingresos acumulables de las empresas concesionarias. Esto genera un efecto inhibidor. No necesitan retirar una concesión, porque la amenaza financiera bastará para lograr la autocensura. ¿Ante quién impugnarán estas multas? ¿Ante los tribunales que hoy no responden a la Constitución sino al poder político?

La amenaza no termina ahí, pues tan convencido está el gobierno federal de que debe ser el “censor de la verdad”, que ya ha expresado que, después de emitir los Lineamientos para radio y televisión, podrían hacer algo similar para los medios digitales y alternativos. 

La defensa de la democracia hoy está en la libertad de expresión. Quienes hemos dado la batalla en las aulas, en los foros y en las calles por la independencia del Poder Judicial debemos entender que esta no es una discusión ajena sobre empresas de televisión. Si permitimos que el gobierno federal se vuelva el censor de la verdad y decida qué se informa, habremos perdido el último dique de resistencia.

Sin tribunales independientes, la prensa y la opinión pública son nuestras únicas vías para denunciar la injusticia, la arbitrariedad y la mentira; si nos arrebatan eso, no solo habrán capturado las instituciones, habrán logrado el silencio de la sociedad.

* Abogada electoral y constitucional | Columnista | Análisis político

Por Mafe González

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, cuestionó la propuesta del Gobierno Federal sobre los nuevos lineamientos para proteger los derechos de las audiencias y advirtió que podrían convertirse en un mecanismo para que la autoridad decida qué información puede difundirse.

A través de sus redes sociales, la mandataria afirmó que la iniciativa representa un riesgo para la libertad de expresión al considerar que permitiría al gobierno definir «qué es verdad y qué es mentira» y quién puede transmitir determinados contenidos.

«No se defiende la democracia pretendiendo decirle a la gente qué es verdad y qué es mentira. La democracia se defiende garantizando que muchas voces puedan expresarse, aunque incomoden», publicó.

La postura de Campos surge en medio de la polémica generada por los lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), actualmente en consulta pública, que buscan fortalecer los derechos de las audiencias en radio y televisión.

Mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado que los nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias representen un intento de censura y sostiene que el Gobierno no decidirá qué información es verdadera o falsa.

La mandataria sostiene que la propuesta busca garantizar información veraz y fortalecer los códigos de ética de los concesionarios; mientras que partidos de oposición, organismos empresariales y diversos comunicadores han advertido que algunos apartados podrían abrir la puerta a la censura.

Al final del día, las puertas del INE podrán estar cerradas, pero la institución le pertenece a la sociedad mexicana, y esa misma ciudadanía será la encargada de vigilar, exigir y rescatar la democracia que nos pretenden arrebatar

 

Por Mónica Calles Miramontes

Hace más de treinta años en México nacía una institución destinada a cambiar el rumbo de la historia y que marcaría el inicio de la transición democrática. Una institución que sería ciudadana y rompería esos muros que existían entre la sociedad mexicana y la política. Era un órgano ciudadano y para los ciudadanos. Construir este camino democrático demoró más de tres décadas; pero han bastado solo tres años para que esa “casa de la ciudadanía” se convirtiera en un búnker autoritario inaccesible para la sociedad. El autoritarismo que hoy representa el INE se refleja de todas las maneras posibles: en sus decisiones, en su arbitrariedad, en el abierto sesgo político para beneficiar al partido en el poder. Sin embargo, también puede verse en sus puertas. El INE ya no es de la ciudadanía, le teme y le tiene pánico.

Hoy, cualquier ciudadano que pretenda ir a las oficinas centrales del INE para realizar un simple trámite, entregar documentos o ejercer su derecho a estar presente en una sesión pública —o algún otro derecho—, es tratado como un peligroso sospechoso. Registros con fotografía obligatoria y datos personales —sin aviso de privacidad—, revisión invasiva de los documentos por parte de elementos de seguridad, un trato sumamente hostil y torniquetes en cada área con vigilancia constante para que nadie camine un metro más del que “se autorizó”. Así es como se recibe a la ciudadanía cuando acude a esta institución. Para colmo, la Oficialía de Partes cierra recepción física a las 7:00 p.m. inventando procedimientos por correo fuera de norma, que no son más que una barrera para el acceso a la justicia; barrera que muchas veces resulta insuperable para quienes viajan de otros estados. Este cambio no es casualidad. Coincide con la llegada de perfiles más políticos que técnicos a puestos clave de la institución, quienes han priorizado la obediencia sobre la autonomía y hoy tienen pánico a la vigilancia ciudadana. Es muy claro, la colonización del INE no solo está en sus decisiones, hoy alcanzó cada pasillo, cada oficina y cada espacio que debería ser una vitrina donde la sociedad pueda observar

Estamos a poco más de un mes de que inicien los procesos electorales 2026-2027, y en lugar de prepararse para enfrentar los mayores retos sociales y políticos que se han visto en décadas, el INE está más ocupado en cerrar sus puertas, poner torniquetes, esconderse tras grandes muros y amedrentar a la ciudadanía. Esto no solo es una señal del camino autoritario que México está transitando, es la muestra más evidente del fin de la legitimidad de esta institución. Hoy enfrentamos una paradoja sumamente peligrosa, iniciará “la elección más compleja de la historia” y será organizada por un grupo de personas en quienes la ciudadanía ya no reconoce autoridad, conocimiento, legitimidad y mucho menos confianza. El árbitro se atrincheró entre la burocracia y su propia paranoia, porque sabe que le ha fallado a México. Al final del día, las puertas del INE podrán estar cerradas, pero la institución le pertenece a la sociedad mexicana, y esa misma ciudadanía será la encargada de vigilar, exigir y rescatar la democracia que nos pretenden arrebatar. Ningún muro será lo suficientemente alto para ocultar el deterioro institucional que en tres años ha causado la colonización del INE. Porque si de muros hablamos, hay que recordarles a los consejeros del INE que incluso el Muro de Berlín cayó, porque ningún muro que pretenda defender la tiranía se ha mantenido de pie y siempre son los ciudadanos quienes los derrumban. ¡Recuperaremos la ciudadanía del INE!

 

*Abogada electoral y constitucional | Columnista | Análisis político Web: defensaelectoral.com.mx Directora del observatorio LupaReforma2026.mx X: moni_calles

 

 

Editorial

La justicia en México ha sido, históricamente, un terreno donde se cruzan los intereses políticos y las aspiraciones de justicia. El reciente proceso contra Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California y figura vinculada al PAN, contrasta de manera evidente con la ausencia de procesos judiciales contra Rubén Rocha Moya, actual gobernador de Sinaloa y aliado de la llamada Cuarta Transformación.

Este contraste obliga a poner sobre la balanza el siguiente dilema: ¿la justicia mexicana se aplica con el mismo rigor a todos o depende de la cercanía con el poder político?

En el caso de Ruffo Appel, la Fiscalía General de la República actuó con severidad: vinculación a proceso por delincuencia organizada y huachicol ferroviario, prisión preventiva en el Altiplano y una audiencia maratónica de más de 30 horas.

La imagen de su detención en Tijuana quedó para los archivos: en medio de un fuerte operativo, el exgobernador, de 74 años, ingresó a las oficinas de la Fiscalía. Esposado, con las manos al frente. Vistiendo jeans y camisa. Agachado a la fuerza por un corpulento agente de lentes negros.

Con este caso, desde Palacio Nacional buscan forzar la narrativa de la desarticulación de una peligrosa red de «huachicol», aunque el juicio apenas inicia.

Pero la sola acción de la detención, en esta administración, ya cuenta para presumirse como un «trofeo» en su lucha contra el crimen organizado.

Sin embargo, cuando se observan las denuncias de corrupción y nepotismo que rodean a Rocha Moya y a otros gobernadores afines a Morena, el panorama es distinto.

No hay vinculación a proceso, no hay prisión preventiva y las acusaciones se diluyen en el discurso político de la «guerra sucia» o de los ataques de adversarios.

Este doble rasero no es nuevo. La historia política mexicana está marcada por episodios en los que la justicia se aplicó de manera selectiva. Durante el régimen priista del siglo XX, los opositores solían enfrentar procesos judiciales severos, mientras que los aliados del sistema gozaban de protección.

Recordemos el caso de Demetrio Sodi de la Tijera, perseguido en los años setenta por su oposición al PRI, mientras que figuras cercanas al poder podían cometer irregularidades sin consecuencias.

En los años noventa, el proceso contra Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente, fue interpretado por muchos como un sacrificio político para salvar la legitimidad del sistema, más que como un acto de justicia imparcial.

La llegada de la alternancia en el año 2000 no erradicó esta práctica. Gobiernos panistas también fueron acusados de usar la justicia como herramienta política, como ocurrió con los procesos contra líderes sindicales opositores, mientras se protegía a aliados estratégicos.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto, el caso de la «Casa Blanca» mostró cómo las investigaciones podían ser minimizadas cuando tocaban directamente al círculo presidencial.

Hoy, bajo el gobierno morenista, la narrativa oficial insiste en que la justicia se aplica «sin distingos». Sin embargo, los hechos muestran que la severidad se concentra en opositores, mientras que los aliados enfrentan un camino más suave.

La prisión preventiva de Ruffo Appel contrasta con la ausencia de medidas contra Rocha Moya o Marina del Pilar Ávila, pese a las denuncias públicas de corrupción. La justicia, entonces, parece seguir siendo un instrumento político, más que un poder autónomo.

Más allá de exhibir la detención de Ernesto Ruffo, lo que la autoridad no debe echar en saco roto es que la justicia selectiva termina por erosionar la confianza ciudadana en las instituciones y perpetúa la percepción de que la ley no es pareja.

La justicia deja de ser un pilar de la democracia y se convierte en un arma de legitimación política. En un país donde la corrupción y la impunidad son problemas estructurales, la aplicación desigual de la ley refuerza la idea de que el poder político sigue siendo el verdadero árbitro de la justicia.

Por eso, México necesita una justicia que se aplique con el mismo rigor a todos, sin importar la filiación política. La historia nos muestra que, mientras la justicia siga siendo selectiva, la democracia será incompleta. El reto es construir instituciones que resistan la tentación del poder y que actúen con imparcialidad, incluso cuando los acusados sean aliados del gobierno en turno. Solo así, la justicia dejará de ser un espejo de doble rasero y se convertirá en un verdadero instrumento de equidad y confianza social.