Sinaloa registró un incremento del 90.5 por ciento en las víctimas de extorsión durante los primeros nueve meses de 2026, al pasar de 74 personas en el mismo periodo de 2025 a 141, la cifra más alta desde 2015, de acuerdo con un análisis de México Evalúa elaborado con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El informe señala que la entidad alcanzó una tasa de 4.40 víctimas de extorsión por cada 100 mil habitantes, con lo que se ubicó en el lugar 14 a nivel nacional y en el segundo puesto de la región del noroeste exportador, integrada también por Baja California, Baja California Sur y Sonora.

El crecimiento de este delito ocurre en un contexto en el que Sinaloa mantiene una elevada incidencia de violencia letal, pese a que la tasa de homicidio doloso disminuyó 24.2 por ciento respecto al mismo periodo de 2025. México Evalúa advierte que esta reducción no necesariamente representa una recuperación de la seguridad, pues puede coexistir con la expansión de otros delitos que afectan directamente las actividades económicas.

El análisis plantea que, ante una menor intensidad de los enfrentamientos armados, los grupos criminales pueden transitar hacia esquemas de extracción de rentas mediante el cobro de cuotas y la extorsión a los sectores productivos, una modalidad que les permite obtener recursos sin recurrir necesariamente a confrontaciones violentas.

Mazatlán y Ahome, con tasas más altas

En la distribución municipal, Mazatlán y Ahome destacan por sus tasas de extorsión. El puerto registró 35 víctimas y una tasa de 6.7 por cada 100 mil habitantes, mientras que Ahome contabilizó 30 víctimas y una tasa de 6.0. Ambos municipios se encuentran entre los de mayor incidencia de este delito en la región.

Por su parte, Culiacán acumuló 47 víctimas, la cifra absoluta más alta de los tres municipios, aunque su tasa fue de 4.3 por cada 100 mil habitantes, debido a su mayor población. Para México Evalúa, esta distribución muestra que la extorsión también está presente en territorios vinculados con la actividad turística, comercial y agroindustrial.

Sinaloa, primero en tasa de feminicidio

En otros indicadores de seguridad, Sinaloa ocupó el primer lugar nacional en la tasa de feminicidio, con 3.02 víctimas por cada 100 mil habitantes, un incremento de 147.1 por ciento respecto a 2025 y de 538.1 por ciento frente a 2024.

Asimismo, se ubicó en el segundo lugar nacional en desaparición de personas, con una tasa de 13.90 casos por cada 100 mil habitantes, y en el tercero en homicidio doloso, con 30.77 víctimas por cada 100 mil habitantes. Aunque este último indicador disminuyó respecto al año anterior, permanece 102.5 por ciento por encima del nivel registrado en 2024.

Otros delitos

El estado también ocupó el cuarto lugar nacional en robo de vehículo, con una tasa de 94.89 delitos por cada 100 mil habitantes, y el quinto en el indicador compuesto de violencia letal de México Evalúa, que integra homicidios dolosos y culposos, feminicidios, otros delitos contra la vida y desapariciones.

En la comparación regional, Baja California Sur presentó la tasa más alta de extorsión, con 15.51 víctimas por cada 100 mil habitantes, seguido de Sinaloa, con 4.40; Baja California, con 1.91, y Sonora, con 1.07. Sin embargo, Sinaloa registró el crecimiento más acelerado del delito entre las cuatro entidades, con un aumento anual de 89.3 por ciento en su tasa.

México Evalúa también advierte que los registros oficiales no necesariamente reflejan la dimensión real de la extorsión. Como ejemplo, señala que en Baja California la cifra oculta de este delito alcanza 91.3 por ciento, de acuerdo con la ENVIPE 2025, lo que evidencia las dificultades para denunciar y la posible existencia de un subregistro en las estadísticas.

El estudio cuestiona además que Sinaloa haya quedado fuera de las ocho entidades prioritarias de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, pese al crecimiento registrado durante 2026. Ante este escenario, plantea que la evaluación de la seguridad no debe concentrarse únicamente en la reducción de homicidios, sino también en la capacidad de las autoridades para contener las cuotas criminales impuestas a comercios, productores agrícolas y prestadores de servicios.

Entre las medidas propuestas se encuentran establecer intervenciones en corredores económicos, fortalecer la policía de proximidad en municipios como Mazatlán y Ahome, habilitar mecanismos seguros de denuncia e impulsar investigaciones de inteligencia financiera para desmantelar las estructuras económicas de las organizaciones criminales.

Sinaloa necesitará al menos 10 años de estrategias económicas para recuperar el daño estructural que enfrenta su economía, deteriorada por la pérdida de dinamismo de años anteriores y acentuada por la crisis de inseguridad que comenzó hace dos años, consideró Guillermo Aarón Sánchez, presidente del Colegio de Economistas de Sinaloa.

El economista señaló que el deterioro se refleja principalmente en el cierre de negocios, la disminución de las ventas y la pérdida de fuentes de empleo.

Explicó que la problemática comenzó a concentrarse en Culiacán, pero posteriormente se extendió a municipios como Navolato y Salvador Alvarado, mientras que actualmente Mazatlán también enfrenta una situación similar.

“Yo siempre he sostenido en mis conversaciones que Sinaloa va a necesitar cuando menos 10 años de buenas estrategias económicas para poder recuperar el daño que ha tenido la economía de Sinaloa”, expresó.

La pérdida de empleos también se refleja en los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En septiembre de 2026, Sinaloa contabilizó 571 mil 812 trabajadores asegurados, 19 mil 726 menos que en el mismo mes de 2024, cuando comenzó la crisis de violencia. Además, entre enero y septiembre de este año, la entidad registró una disminución de 2 mil 271 patrones afiliados al Seguro Social, de acuerdo con cifras del Instituto.

Ante este panorama, Aarón Sánchez consideró que la prioridad debe ser impulsar el crecimiento económico mediante apoyos emergentes para las empresas que continúan operando, con el propósito de evitar más cierres.

Entre las propuestas del Colegio de Economistas se encuentran otorgar estímulos fiscales, reducir hasta en 50 por ciento el Impuesto Sobre Nómina y facilitar el cumplimiento de obligaciones ante el Servicio de Administración Tributaria y el Seguro Social.

También planteó recuperar la inversión privada y pública, pues aseguró que proyectos que estaban previstos para Sinaloa se han cancelado o detenido, mientras que otros no han podido concluirse.

Esta falta de inversión, dijo, agudiza el deterioro económico y contribuye a que continúe la pérdida de empleos.

“Se necesita toda una estrategia para evitar la mortandad de un mayor número de empresas, pero, por otra parte, también se necesita atraer inversión. La inversión se ha ausentado de Sinaloa”.

Sostuvo que la recuperación económica no puede plantearse de manera separada de la seguridad pública, pues ambas condiciones están relacionadas y deben atenderse simultáneamente.

“No podemos aspirar al progreso económico en un contexto de violencia. Necesitamos abatir la violencia y una forma de abatir la violencia al mismo tiempo es, pues, haciendo crecer la economía”, manifestó.

Por ello, insistió en que Sinaloa necesita trabajar tanto en el fortalecimiento de la seguridad como en la reactivación de las empresas y la generación de empleos, con una estrategia sostenida que permita revertir el deterioro acumulado y recuperar el dinamismo económico de la entidad.

Aunque Sinaloa cuenta con prácticamente 20 mil elementos de seguridad, los homicidios continúan registrándose por la complejidad de la violencia en el estado, reconoció la Gobernadora interina Graciela Domínguez Nava.

Cuestionada sobre los asesinatos que siguen ocurriendo en espacios públicos pese a la presencia de militares, la Mandataria estatal señaló que existe un compromiso de los gobiernos estatal, federal y municipales para atender la crisis de seguridad.

“Tenemos prácticamente 20 mil elementos, bien lo dicen, a pesar de eso sigue habiendo homicidios. ¿Por qué? Porque la complejidad es mayor”, expresó.

Domínguez Nava sostuvo que las Fuerzas Armadas realizan una “tarea titánica” en las calles y recordó que sus integrantes también mueren durante las labores de seguridad.

Aseguró que el Gobierno estatal no renunciará a la responsabilidad que tiene en esta materia, pero insistió en que se requiere la participación de todos los sectores de la sociedad para recuperar la tranquilidad.

“Por supuesto que el Gobierno no va a renunciar a la responsabilidad que tiene, pero sí es un esfuerzo conjunto, por eso hemos establecido diálogos largos, abiertos, profundos, con los distintos sectores”, manifestó.

También planteó la necesidad de modificar la percepción que existe sobre Sinaloa, señalando que la entidad cuenta con riqueza cultural, académica y recursos naturales que deben ser reconocidos.

“Tenemos que asumir todos para que vayamos recomponiendo también la percepción que tenemos, para que eso también ayude a que todas las familias puedan estar más tranquilas y ciertamente la tarea central asume el gobierno y ahí están las Fuerzas Armadas”.

Añadió que la participación social también puede contribuir a generar un ambiente de mayor tranquilidad desde el aspecto emocional y psicológico de las familias.

“Todos tenemos que contribuir desde nuestra trinchera y en nuestras funciones para que nuestro Estado recupere la tranquilidad”, concluyó.

A falta de revelaciones de fuentes anónimas de alto nivel cuyo nombre no se puede revelar, en las últimas semanas, Sinaloa ha dejado de estar de moda de los titulares nacionales e internacionales.

Atrás, y sin ninguna consecuencia concreta más allá del ostracismo y el repudio ciudadano, ha quedado el escándalo de Rocha Moya y sus coacusados por narcotráfico desde el Gobierno de Estados Unidos. Ninguna prueba ha venido del otro lado de la frontera y ningún avance hemos recibido de este lado de la supuesta investigación que la Fiscalía General de la República realiza. La realidad pareciera dar la razón a la vox populi que ya no cree en nada ni en nadie: todo ha sido, hasta ahora, pura política. ¿La pregunta es si lo seguirá siendo?

El problema es que mientras que Sinaloa deja de ser comidilla nacional por algunos días y en tanto llega un nuevo escándalo, los que vivimos aquí vemos que la violencia cambia pero no se va. Octubre fue el octubre más violento de nuestra historia y el segundo mes más violento de la disputa criminal que, también lo sabemos, no ha terminado, pues sus líderes siguen libres e impunes.

Ahora matan casi a una mujer por día y más de la mitad de los asesinatos ocurren en Mazatlán, nuestro principal destino turístico que ya paga, y pagará más fuerte en el futuro, las consecuencias económicas y sociales de la incapacidad de nuestras autoridades para controlarlo. Aunque nos digan que la cifra de militares en el puerto llegará en estos días a los casi 14 mil elementos de refuerzo.

Eso sí, queda claro que mientras Sinaloa lidera en materia de violencia letal a nivel nacional, en lo local el morenismo se ha conformado en tres fuerzas políticas que están más concentradas en obtener el mayor poder posible que en resolver el Estado y que bien pueden conjugarse de manera temporal.

El “futuro” del imeldismo, encabezado por la coordinadora estatal Imelda Castro de cara a la elección de 2027 y concentrada, primero que nada, en sacar adelante la elección que viene; el “presente” del Gobierno estatal, encabezado por Graciela Domínguez e influenciado por Feliciano Castro, quienes jugarán este año de sacrificio esperando que vengan cosas mejores para su grupo; y el “pasado” del rochismo, que cada vez se diluye más y pierde espacios y posiciones (el más reciente la salida de Yeraldine Bonilla de la Secretaría General de Gobierno), sin que por eso haya que darlo por muerto.

Mientras eso pasa en Morena, la Oposición se debate en sus dilemas e infiernitos para lograr la dichosa “gran alianza” aritmética a la que no se le ve ninguna posibilidad ganadora. Además, otros actores de poder político y económico buscan articular una tercera vía que le haga más sentido a los sinaloenses inconformes que ya rondan la mitad del electorado.

Sí, Sinaloa ha dejado de estar de moda en redes y noticieros, pero el conflicto armado sigue tan vigente y doloroso como al principio, y mientras los muertos y desaparecidos se acumulan, desde el Gobierno del Estado ya dijeron que le pueden subir 18 por ciento al presupuesto de seguridad para el año que viene.

Nomás como dato, los homicidios han subido más de 250 por ciento.

Sinaloa tuvo el mes de octubre más violento en la historia reciente del Estado, con números de 201 casos de homicidios y de 22 casos de feminicidio y homicidio de mujeres.

Los números superan por 31 por ciento el mes anterior.

Desde que comenzó la disputa entre las facciones del Cártel de Sinaloa, y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 4 mil 130 muertes violentas y 4 mil 541 personas privadas de la libertad.

Adrián López Ortiz, director general de Grupo Noroeste, señaló que este brote de violencia supera los embates de crisis previas y evidencia el profundo deterioro en las condiciones de seguridad e institucionalidad de la región.

En la más reciente emisión del programa de análisis Plataforma, el periodista y directivo analizó la evolución de la violencia que azota a la entidad, destacando que la disputa entre facciones del crimen organizado no solo ha mantenido una alta incidencia de homicidios, sino que ha diversificado sus impactos sobre la sociedad civil.

“No se trata de una simple ‘narcoguerra’ entre dos bandas por producción o distribución; es una mafia fracturada disputando territorios, mercados y narrativas con un impacto directo sobre la vida pública y la economía”, sostuvo López Ortiz al abordar el diagnóstico del conflicto.

Feminicidios y crisis penitenciaria elevan la gravedad

A lo largo del mes, diversos acontecimientos de alto impacto agravaron la percepción de inseguridad y la estadística de violencia en los principales municipios del estado.

Entre los factores determinantes expuestos durante la emisión se encuentran el repunte en los feminicidios y agresiones contra mujeres, así como episodios críticos en el sistema penitenciario.

López Ortiz enfatizó que la acumulación de homicidios dolosos, desapariciones forzadas y enfrentamientos armados colocan a este periodo por encima de otros momentos críticos del estado, convirtiendo a octubre en un mes trágico dentro del registro histórico de Sinaloa.

La visita a Culiacán del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, es positiva ante la crisis de violencia que enfrenta Sinaloa, consideró Miguel Calderón Quevedo, coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Señaló que las condiciones de inseguridad en la entidad justifican la presencia de mandos federales, como parte del respaldo de la Federación ante una problemática que calificó como compleja y de difícil solución.

“Qué bueno, aplaudimos desde nuestra parte que tanto el General Trevilla como el Secretario Harfuch puedan estar viniendo de manera escalonada en unas circunstancias que siguen siendo complicadas, que siguen siendo difíciles”, expresó.

Calderón Quevedo señaló que Sinaloa mantiene índices delictivos preocupantes y destacó que la respuesta a la violencia requiere tanto la participación de las fuerzas federales como el fortalecimiento de las instituciones estatales y municipales.

Indicó que la presencia de alrededor de 20 mil efectivos federales en Sinaloa representa un respaldo ante las condiciones de inseguridad que enfrenta el estado.

Sin embargo, advirtió que la atención de la crisis no puede limitarse a las acciones policiales y militares.

“Es una problemática de difícil solución, muy compleja”, sostuvo.

Calderón Quevedo señaló que una de las principales tareas pendientes es fortalecer las corporaciones locales. Indicó que Sinaloa cuenta con alrededor de mil 200 policías estatales en activo, cuando el número ideal, de acuerdo con el diagnóstico del Consejo, sería de 5 mil elementos.

En cuanto a las policías municipales, señaló que la mayoría de las corporaciones también requiere duplicar su número de agentes.

Además, planteó la necesidad de ampliar la plantilla de agentes del Ministerio Público para atender el rezago histórico de carpetas de investigación, así como mejorar las condiciones laborales de los policías mediante mejores salarios, prestaciones y acceso a vivienda.

Consideró que el fortalecimiento de las capacidades institucionales es indispensable para atender la crisis de seguridad que persiste en Sinaloa.

La presidenta del PAN en Sinaloa, Wendy Barajas Cortés, afirmó que la violencia en Mazatlán evidencia las limitaciones de la estrategia de seguridad, pese a la presencia de elementos militares y las visitas de funcionarios federales a la entidad.

Al referirse a los hechos violentos registrados en el puerto, entre ellos el abandono de restos humanos en el Palacio Municipal el martes, sostuvo que el despliegue de fuerzas de seguridad no se ha traducido en una reducción de los delitos.

“Lo que pasó el día de ayer en el Ayuntamiento de Mazatlán es una muestra más de que la violencia en Sinaloa está desfasada y que las autoridades están rebasadas y de lo que dicen que hacen, pues no funciona”, declaró.

Barajas Cortés cuestionó que continúen los hechos violentos mientras se refuerza la presencia de fuerzas federales y se anuncian nuevas acciones de seguridad.

“Por más activos elementos activos que nos traigan a Sinaloa, pues no está funcionando”, sostuvo.

También criticó las condiciones en las que descansan algunos elementos militares desplegados en el Estado, y cuestionó si el esfuerzo de las corporaciones está produciendo los resultados esperados.

Indicó que la inseguridad está afectando la imagen turística de Mazatlán y la actividad económica del municipio, donde el turismo representa una fuente importante de ingresos para distintos sectores.

“Ya se ve el cierre de negocios, ya se ve el despido de personas, ya se siente que la economía está muy mal en Sinaloa”, afirmó.

Barajas Cortés advirtió que las consecuencias no se limitan a los establecimientos turísticos, pues también alcanzan actividades como la pesca, la acuacultura, la agricultura, la ganadería y el turismo rural.

Consideró que la persistencia de la violencia dificulta la recuperación económica y la supervivencia de las empresas, además de afectar la percepción que visitantes y potenciales inversionistas tienen del puerto.

Aunque reconoció que la población ha resistido las consecuencias de la inseguridad, sostuvo que eso no significa que deba acostumbrarse a vivir bajo esas condiciones.

“Yo quiero salir a dar buenas noticias, pero ¿cómo? No podemos tapar el sol con un dedo”, expresó.