CULIACÁN._ En lo que va del año, la Fundación Balto y Togo, Bienestar y Rescate Animal A.C., ha logrado el rescate de 110 animales en Sinaloa, enfrentando una realidad marcada por la violencia y el abandono extremo.
Esta cifra se suma a los 423 casos atendidos durante el cierre de 2025.
Maricela Castaños Pérez, presidenta de la fundación, calificó a estos seres como las víctimas silenciosas de la crisis de seguridad en la entidad.
“Llevamos 423 rescates en el 2025 y ahora en lo que va de enero a la fecha llevamos 110”, informó.
Explicó que la situación de inseguridad ha provocado que familias abandonen sus hogares o sean víctimas directas de la delincuencia, dejando atrás a mascotas que quedan en total desprotección.
De acuerdo con los registros de la organización, el 90 por ciento de sus intervenciones corresponden a casos de maltrato animal directo.
Entre los incidentes más recientes que han conmocionado a los rescatistas se encuentra un gato herido con rifle de postas y caninos con lesiones graves, como la pérdida de globos oculares tras ser golpeados.
“Somos la organización que más rescata y salva vidas a nivel estado y estos últimos días hemos enfrentado ciertas adversidades”, señaló Castaños Pérez.
También detalló que actualmente tienen a casi 400 animales bajo su resguardo.
De estos, 220 se encuentran en el refugio de Culiacán y 40 más en Navolato, mientras que el resto permanece en hogares temporales.
A pesar de la crudeza de los casos, la labor de la fundación ha permitido que, de enero a la fecha, 62 animales encuentren un nuevo hogar mediante adopción.
Sin embargo, no todos los rescates tienen un final favorable, ya que algunos animales sucumben debido a estados avanzados de inanición, moquillo o heridas críticas derivadas del maltrato.
La cobertura de la fundación ha trascendido las fronteras locales, atendiendo reportes en lugares como Mocorito, Sinaloa Municipio, Topolobampo y Mazatlán, e incluso colaborando con asociaciones en Sonora y Nayarit.
Como parte de su estrategia preventiva, Balto y Togo enfoca esfuerzos en la esterilización comunitaria.
El próximo 19 de junio se realizará la primera jornada de esterilización gratuita para los perros de la bahía en Altata, en colaboración con el grupo Rescate con Amor Altata.
Para este fin, la fundación solicita el apoyo de la ciudadanía mediante patrocinios para cubrir los costos de las cirugías y continuar combatiendo la sobrepoblación y el abandono.
La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional en Sinaloa calificó como una burla por parte del Gobierno federal minimice el impacto de la crisis de violencia y el colapso económico que atraviesa la entidad.
La presidenta del partido Wendy Barajas Cortés arremetió contra la Consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, a quien acusó de minimizar la realidad de los sinaloenses al desmentir las cifras de organismos empresariales como la Confederación Patronal de la República Mexicana.
“Luisa María Alcalde, te hacemos una invitación para que vengas a Sinaloa. Y la invitación es muy sencilla, deja por un momento los discursos y las cifras maquilladas”, solicitó Barajas Cortés.
Durante la conferencia de prensa celebrada este viernes, sostuvo que desde el inicio de la guerra criminal el pasado 9 de septiembre de 2024, los saldos en el Estado son alarmantes, a pesar de lo que llamó un maquillaje de las cifras oficiales.
La dirigente panista denunció que Sinaloa enfrenta un saldo alarmante de violencia que incluye más de 3 mil 300 homicidios registrados, una cifra de personas privadas de la libertad que supera las 3 mil 800 y el despojo de más de 11 mil vehículos.
“No son números, son personas que ya no están con nosotros y que pues han dejado un gran dolor en sus familias”, expresó.
Citando datos de la presidenta de Coparmex Sinaloa, Martha Elena Reyes Zazueta, el PAN denunció que alrededor de 7 mil empresas han cerrado o han sido dadas de baja, provocando la pérdida de más de 38 mil empleos formales.
Además, se informó que la falta de oportunidades y la violencia han forzado a cerca de 84 mil personas a abandonar sus lugares de origen en busca de seguridad o sustento.
Barajas Cortés destacó que más de medio millón de trabajadores en el Estado sobreviven apenas con un salario mínimo, lo que calificó como una señal del deterioro económico.
Lanzó un reto directo a la Consejera Jurídica para que visite el Estado sin discursos preparados.
“Deja por un momento las cifras maquilladas, ven a caminar a las calles de Sinaloa, ven a dar un recorrido a los negocios del Centro para que veas la cantidad de locales cerrados”, reclamó.
También hizo referencia a hechos recientes de violencia extrema, como la presencia de una bomba en una preparatoria y ataques a hospitales, asegurando que existe una crisis de gobernabilidad.
Las explosiones y los disparos se oyen a la distancia. Los vehículos cargados con personas armadas atraviesan los caminos de la sierra. Muchos negocios que antes recibían turistas permanecen cerrados.
En las comunidades de la sindicatura de Imala, en Culiacán, los habitantes aseguran que la violencia no siempre llega hasta sus calles, pero sus efectos se sienten todos los días.
Mientras esperaba la entrega de agua del Aquatón 2026, en La Cofradía, María describió una realidad que se ha vuelto habitual para muchas familias de la sindicatura: escuchar la guerra sin verla directamente.
Desde su comunidad no ha presenciado enfrentamientos, pero sí ha escuchado las detonaciones y explosiones que se registran en otras zonas de la sierra.
“Aquí gracias a Dios no ha habido enfrentamientos ni nada. A veces pasan (personas armadas), vemos que pasan. Se oyen balazos, pero para allá”, relata.
Los sonidos llegan desde la distancia, pero también lo hacen las consecuencias.
María cuenta que con frecuencia observa pasar vehículos repletos de muebles, colchones y pertenencias de familias que abandonan sus hogares en comunidades más alejadas.
“Mira uno que pasan los carros llenos de sus cosas, pertenencias que tienen en su casa”, dice.
La escena se ha repetido durante los más de 20 meses que ha durado la confrontación entre grupos del crimen organizado en Sinaloa, un conflicto que ha provocado desplazamientos de familias enteras en distintas regiones del Estado.
Incluso esa misma mañana, recuerda, llegó a la comunidad un hombre proveniente de otra zona serrana en busca de trabajo para sostener a su familia.
“Dice que para allá no hay qué hacer, porque ya los han sacado dos o tres veces de allá y pues allá anda la gente que no haya que hacer”, comenta.
La violencia también ha transformado la actividad económica de Imala. Durante años, la sindicatura fue uno de los destinos más visitados por habitantes de Culiacán que acudían a sus restaurantes y centros recreativos. Hoy, el panorama es distinto.
“Sí, se acabó el turismo”, afirma.
Para María, sin embargo, los problemas no comenzaron con la violencia. Desde hace 24 años enfrenta otra batalla diaria: conseguir agua.
Recuerda que durante años dependieron de una noria y de acarrear el líquido para las actividades básicas del hogar.
Más tarde, una planta solar y un tinaco de 10 mil litros mejoraron las condiciones de abastecimiento, pero el depósito se rompió hace más de cinco años y desde entonces el problema volvió.
“Hay veces que se nos termina porque tarda en volver”, explica.
Cuando eso ocurre, la familia debe recurrir al agua embotellada para cubrir sus necesidades más urgentes.
Este miércoles, las donaciones reunidas durante el Aquatón 2026 se tradujeron en agua embotellada para las familias de la comunidad.
Durante la entrega, la Alcaldesa interina Ana Miriam Ramos Villarreal se comprometió a revisar alternativas para atender el problema de abastecimiento que padecen desde hace años.
El comité municipal del Partido Acción Nacional en Culiacán denunció que el Gobierno del Estado, a través de la Fiscalía General, está recurriendo al ocultamiento y la reclasificación de delitos para intentar maquillar la violencia que dejó un saldo de 164 muertes violentas durante el mes de mayo.
En rueda de prensa encabezada por el presidente del comité municipal, Eduardo Ortiz Hernández, señaló que las cifras de mayo sitúan a la entidad en niveles críticos similares a diciembre pasado, representando un incremento del 24 por ciento respecto al mes de abril.
“Ahora la novedad es que el Gobierno trata de encubrir los homicidios y las muertes violentas”, señaló Ortiz Hernández.
Ortiz Hernández acusó directamente a las autoridades de manipular la información oficial para evitar que los homicidios se contabilicen como tales.
Mencionó el caso de las siete personas que perdieron la vida de forma violenta dentro de un penal, las cuales, según el dirigente, la Fiscalía intentó registrar bajo otros términos para no incluirlas en las estadísticas de violencia.
“Estas siete personas que perdieron la vida de manera violenta dentro del penal, las ponen ahora como riña y no las quieren sumar. La Fiscalía, lo que hizo al momento de mandar a la Secretaría federal, le cambian los nombres para que no se ponga”, informó.
El balance presentado por el PAN detalla que, en los últimos 680 días de violencia en Sinaloa, se han acumulado 3 mil 300 homicidios, 3 mil 900 privaciones de la libertad y el robo de 11 mil 400 vehículos.
El PAN arremetió contra el Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya y el Alcalde de con licencia, Juan de Dios Gámez Mendívil, a quienes acusó de estar escondidos ante la crisis de seguridad y los procesos judiciales que involucran a figuras cercanas, como el caso del ex Secretario de Seguridad de Sinaloa en, Gerardo Mérida Sánchez, en una corte de Nueva York, donde se ha mencionado evidencia abundante en su contra.
Según Ortiz Hernández, existe una observación de la Auditoría Superior de la Federación por 37 millones de pesos en obras adjudicadas a dos empresas que comparten los mismos socios y representantes legales.
En la misma mesa, el activista Fernando Gómez Bórquez destacó que, ante la inoperancia de las autoridades, el acceso a la información pública se ha convertido en la única vía para que los ciudadanos obtengan soluciones a problemas cotidianos como fugas de drenaje, pavimentación y falta de alumbrado.
Gómez Bórquez relató casos de servicios públicos al momento de atender una fuga de aguas negras en escuelas, solo fueron atendidos tras interponer solicitudes mediante la Plataforma Nacional de Transparencia.
El PAN hizo un llamado enérgico a la Fiscal del Estado para que deje de manipular las cifras y clasifique los delitos de manera exacta, respetando el derecho de los ciudadanos a conocer la realidad de la seguridad en Sinaloa.
La secretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, Gloria Himelda Félix Niebla, informó que hasta el momento han sido atendidos 326 niñas y niños desplazados de distintos municipios del Estado, principalmente de comunidades rurales que migraron hacia zonas urbanas.
Detalló que entre los menores atendidos se encuentran familias provenientes de Concordia que actualmente se encuentran en Mazatlán, particularmente en el Fraccionamiento CVIVE.
Asimismo, señaló que también hay niñas y niños de comunidades rurales y sindicaturas como Tepuche, en Culiacán, cuyos familiares decidieron trasladarse a la capital sinaloense.
“Tenemos hasta este momento 326 niñas y niños que han sido colocados de distintos municipios, concretamente de Concordia en la parte de Mazatlán en el Fraccionamiento del CVIVE, niños de las comunidades rurales de algunas sindicaturas como Tepuche de aquí de Culiacán, que familias que decidieron migrar aquí a la capital y están siendo atendidos”, declaró Félix Niebla.
Indicó que el objetivo es garantizar la continuidad educativa de las y los menores pese a las condiciones de desplazamiento que enfrentan sus familias.
A un mes de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelara una acusación formal contra 10 funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa, el caso ha derivado en renuncias temporales, investigaciones abiertas en México y la entrega voluntaria de algunos implicados ante autoridades estadounidenses.
El expediente, radicado en Nueva York, señala presuntos acuerdos entre integrantes del Gobierno sinaloense y la facción criminal de Los Chapitos, a quienes supuestamente se habría brindado protección institucional, información sobre operativos y respaldo político a cambio de sobornos.
El 29 de abril de este 2026 el Gobierno de Estados Unidos dio a conocer una acusación formal contra nueve funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa, a quienes señala de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción Los Chapitos.
Los delitos de los que se señala van desde conspiración para la importación de narcóticos, posesión de armas, y en uno de los casos asesinato.
Rocha: el primer Gobernador en funciones acusado por Estados Unidos
El 29 de abril, el Gobernador Rubén Rocha Moya se convirtió en el primer mandatario estatal mexicano en funciones en ser señalado por el Gobierno de Estados Unidos por presuntos delitos.
El Gobernador de Sinaloa solicitó licencia temporal a su cargo el 1 de mayo, luego de que su nombre apareciera dentro de la acusación estadounidense. El Gobernador fue sustituido por Yeraldine Bonilla Valverde, quien era Secretaria General de Gobierno.
La investigación lo señala de presuntamente haber comprometido posiciones dentro de su administración a favor de perfiles ligados al grupo criminal y de facilitar condiciones de impunidad para sus operaciones.
Desde su separación del cargo no ha sido visto en público y su paradero ha sido cuestionado por medios de comunicación y la oposición.
Paralela a la investigación de Estados Unidos, el Gobierno mexicano inició sus propias indagatorias, por lo que Rocha Moya fue convocado para el pasado 26 de mayo a comparecer a la Fiscalía General de la República en calidad de testigo.
El Gobernador publicó vía X que había acudido a la cita con las autoridades federales, sin embargo no fue visto al entrar o al salir de las instalaciones de la FGR en Culiacán.
Enrique Inzunza Cázarez: el operador político señalado
El Senador de Morena y ex secretario general de Gobierno permaneció varias semanas ausente de sus actividades legislativas, pero publicando contenido afirmando que se encontraba en Sinaloa.
El 26 de mayo acudió a las instalaciones de la FGR en Culiacán y evadió declarar públicamente ante medios de comunicación.
Después, el 28 de mayo, solicitó licencia al Senado durante un periodo de 22 horas.
En redes sociales han circulado fotografías y videos de su presencia en Culiacán en las últimas semanas.
Las autoridades estadounidenses lo identifican como un supuesto vínculo entre el gobierno estatal y Los Chapitos, además de atribuirle presuntos acuerdos políticos con integrantes del cártel.
Dámaso Castro Zaavedra: el Vicefiscal acusado de filtrar operativos
El Vicefiscal de Sinaloa dejó temporalmente el cargo días después de hacerse pública la acusación.
Según el expediente, habría alertado al grupo criminal sobre cateos y acciones contra laboratorios clandestinos para permitir el retiro de evidencias. Antes de comparecer ante la FGR aseguró, ante medios de comunicación, ser inocente.
“Confiamos en las instituciones y en el trabajo de investigación. Estamos confiando en la información que se está integrando”, expresó el 26 de mayo.
Marco Antonio Almanza Avilés: el ex jefe de la PDI
El ex director de la Policía de Investigación acudió también a declarar ante autoridades federales en Culiacán el pasado 26 de mayo y rechazó colaborar como testigo protegido.
La acusación sostiene que habría recibido pagos periódicos a cambio de facilitar operaciones del Cártel de Sinaloa y ordenar liberaciones de integrantes detenidos.
Juan de Dios Gámez Mendívil: el Alcalde que evitó declarar
El Presidente Municipal de Culiacán solicitó licencia a su cargo tras la publicación del expediente, el 1 de mayo el Cabildo votó el nombramiento de Ana Miriam Ramos Villareal como Alcaldesa sustituta en una sesión extraordinaria nocturna.
La acusación estadounidense lo relaciona con presuntos pagos mensuales para permitir operaciones criminales sin intervención gubernamental.
A Gámez Mendívil no se le ha visto desde las acusaciones en su contra y ha omitido posicionamientos ante la prensa.
El 26 de mayo trascendió que compareció ante la FGR pero sin posicionamientos al respecto.
Gerardo Mérida Sánchez: el primero en quedar detenido
El ex secretario de Seguridad Pública estatal se convirtió en el primer implicado bajo custodia estadounidense luego de entregarse voluntariamente en la frontera de Sonora. Su entrega ocurrió a mediados de mayo.
Actualmente permanece recluido en una prisión federal de Brooklyn, Nueva York, donde enfrenta cargos relacionados con narcotráfico y posesión de armas.
Este 1 de junio acudió a su primera audiencia para ser presentado como parte del proceso que enfrenta tras ser acusado en Estados Unidos de presuntos nexos con Los Chapitos.
Sobre su caso la jueza federal de Nueva York, Katherine Polk, detalló que existe abundante evidencia en su contra, por lo que dio un plazo de 60 días para que sea procesada y se entregue a la defensa.
Enrique Díaz Vega: el ex funcionario y empresario
El ex titular de Administración y Finanzas fue reportado en Europa tras la publicación de la acusación. Aunque medios nacionales informaron que se encontraba bajo resguardo de autoridades, hasta el momento no existe confirmación pública de una detención formal en Estados Unidos. Tampoco acudió a la comparecencia de la FGR ni se ha registrado su presencia en México.
De acuerdo con la acusación, entregó a los líderes de Los Chapitos los nombres y domicilios de los candidatos rivales de Rocha Moya por la gubernatura.
Los cargos son conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
Alberto Jorge Contreras Núñez: el mando desaparecido del radar
Conocido como “El Cholo”, el ex director de la Policía de Investigación no ha reaparecido públicamente desde que se reveló el caso.
La acusación lo relaciona con presuntos pagos mensuales para proteger actividades del grupo criminal y facilitar liberaciones de detenidos.
José Antonio Dionisio Hipólito: el ex subdirector acusado de favorecer al grupo criminal
José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, el ex subdirector de la Policía Estatal es señalado de presuntamente colocar agentes afines al grupo delictivo y facilitar municiones.
Hasta ahora se desconoce oficialmente su ubicación.
Juan Valenzuela Millán: acusado de homicidio
El ex comandante de la Policía Municipal de Culiacán, identificado como “Juanito”, permanece sin paradero conocido.
Además de cargos relacionados con narcotráfico y armas, la acusación lo vincula con el presunto secuestro y asesinato de un informante de la DEA.
El bloqueo de cuentas
Mientras avanzan las investigaciones en México y Estados Unidos, la Unidad de Inteligencia Financiera mantiene el bloqueo preventivo de cuentas bancarias vinculadas con varios de los señalados y sus familiares.
CULIACÁN._ Pese a que los hechos ya habían sido revelados públicamente por la Secretaría de Seguridad Pública estatal desde las 07:30 horas, la Gobernadora interina de Sinaloa reconoció que hasta las 9:00 horas de este domingo no contaba con información precisa sobre la riña registrada en el penal de Aguaruto.
Entrevistada previo al mitin de respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Yeraldine Bonilla Valverde aseguró que únicamente tenía conocimiento de que había ocurrido un incidente al interior del centro penitenciario de Culiacán, pero dijo desconocer si existían personas muertas o heridas.
“Por la mañana estuve en comunicación con el general. Él sí me confirmaba sobre estos hechos que sucedieron en el penal de Aguaruto. Sin embargo, hasta el momento no me he actualizado ni me ha hablado sobre algún tipo de... en la mañana me decían que estaba todo ya en orden”, expresó.
Bonilla Valverde señaló que el Secretario de Seguridad Pública estatal, Sinuhé Téllez López, no le confirmó personas fallecidas ni lesionadas y afirmó que esperaría una nueva llamada para conocer qué había sucedido en el penal.
“No me confirmó muertos, no me confirmó heridos, por el momento voy a esperar a que me regrese la llamada y me confirme qué es lo que está sucediendo, qué fue lo que sucedió en el centro”, dijo.
La falta de información precisa por parte de las autoridades estatales ocurrió pese a que la propia Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa ya había dado a conocer desde las 07:30 horas que se registró una riña al interior del penal de Aguaruto.
Además, la dependencia estatal no informó concretamente el número de víctimas mortales sino hasta alrededor de las 10:00 horas, cuando confirmó que el saldo era de siete personas muertas y un herido.
Los balazos se cuentan por decenas, cientos: enormes boquetes de grueso calibre repartidos a lo largo de una fachada blanca de dos niveles y unos 14 metros de ancho. Muchos de los impactos se concentran alrededor de las ventanas superiores, donde el yeso desprendido deja manchas grises y heridas abiertas sobre el muro. Nada extraordinario en la ciudad de Culiacán, que lleva casi dos años inmersa en la guerra que ‘mayitos’ y ‘chapitos’ desataron en el Cártel de Sinaloa, salvo por un detalle importante: la casa baleada con saña es propiedad del Gobernador Rubén Rocha Moya.
Es miércoles, 13 de mayo, a las 12:20 de la tarde. El termómetro alcanza los 38 grados en la capital de Sinaloa. Quizá por eso el cruce de las calles Lago de Cuitzeo y Laguna del Carmen, en el exclusivo fraccionamiento de Las Quintas, está desierto, en silencio y sin apenas movimiento de coches. Tan solo una camioneta con los cristales polarizados permanece estacionada bajo la sombra de un árbol junto a la casa baleada, lo que hace que los reporteros de Animal Político y Noroeste se la piensen varias veces antes de bajar a grabar el inmueble.
Apenas cuatro días antes, la mañana del 9, otra camioneta llegó al cruce y se detuvo frente a la casa donde el Gobernador vivió durante tres décadas cuando era rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. En un video difundido en redes sociales, se aprecia cómo varios hombres ataviados con chalecos antibalas y tocados por sombreros de ala ancha lanzan varias ráfagas de plomo contra el inmueble deshabitado, mientras de fondo se escucha un narcocorrido a todo volumen.
“Traigo el equipo listo pá pelear, bien artillado como guerrero...”.
En cuestión de segundos, los balazos sobre la pared blanca y el portón de madera levantan una polvareda de polvo y dejan cientos de cicatrices sobre el inmueble, que días después no está acordonado ni vigilado por autoridad alguna.
Luego, los criminales se marchan dejando tras de sí un velo de incertidumbre entre una ciudadanía que se pregunta si el ataque era un mensaje directo contra el mandatario -que el 1 de mayo pidió licencia para no entorpecer las investigaciones emanadas desde Estados Unidos en su contra y contra otros nueve funcionarios por presuntos vínculos con una de las facciones del Cártel de Sinaloa-, o si se trata de un mensaje a la propia ciudadanía que, temerosa y preocupada, se pregunta qué podría sucederles a ellos y a sus hogares si una de las casas de la máxima autoridad estatal puede ser atacada con impunidad.
Finalmente, los reporteros bajan del coche para grabar la fachada agujereada y hacer un reporte en video. Pero no permanecen ahí ni cinco minutos. El paso lento de un par de motocicletas y de varias camionetas que doblan hacia la calle -quizá por casualidad, quizá no- basta para acelerar la grabación y volver rápido al coche y salir de la zona.
Poco después, la calle vuelve a quedar con las cicatrices abiertas y a la vista: vacía, silenciosa, como si nada hubiera ocurrido ahí.
El regreso del encierro
—A casi dos años de la guerra, seguimos teniendo violencia en las calles; cadáveres que aparecen en las mañanas, a veces también en las noches. Durante un tiempo, los hechos de alto impacto dejaron de ocurrir. Pero ahora, coincidiendo con la acusación de Estados Unidos contra Rocha Moya, estamos ante una nueva “sacudida” entre las dos facciones del cártel, ante un reavivamiento de la violencia.
José Abraham Sanz, jefe de información de Noroeste, habla mientras conduce despacio por las calles del centro de la ciudad. En el asiento trasero acompaña durante toda la jornada Jesús Verdugo, reportero y camarógrafo del diario.
Apenas son las 18:50 y los últimos rayos del sol todavía se filtran entre las nubes, tiñendo el atardecer de tonos anaranjados y violetas. Pero la ciudad ya parece dormida. La inmensa mayoría de los comercios del primer cuadro de la capital, alrededor de la Catedral, bajaron la persiana hace rato. Los autobuses avanzan casi vacíos por la calle Benito Juárez, a unos metros del Palacio Municipal. Y los pocos comerciantes que aún permanecen en los alrededores del Mercadito Juárez barren deprisa las banquetas, recogen bolsas de basura y apresuran el cierre de los locales: nadie quiere permanecer en la calle después de las siete de la tarde.
El auto se detiene ante un semáforo en rojo. Arriba, donde antes había una cámara de videovigilancia, sólo queda un gancho vacío: el crimen organizado la arrancó a balazos meses atrás. Sanz explica que, aunque desde el inicio de “la guerra”, en septiembre de 2024, la situación nunca mejoró realmente -ni siquiera con el despliegue de más de 6 mil soldados enviados por la Federación-, durante los primeros meses de 2026 sí se había percibido una especie de tregua informal, al menos en cuanto a balaceras y hechos de alto impacto. Una calma precaria que permitió estirar un poco más los horarios de restaurantes y comercios.
—Ya no había balaceras simultáneas por toda la ciudad —explica un elemento de seguridad consultado poco antes del recorrido, un escolta que pidió anonimato—. Como que se veía que iban más por alguien en particular y ya. “Pero ahora, con esto del Gobernador y el Alcalde, pues no sabemos cómo se van a acomodar otra vez las cosas. Hay mucho temor porque, poco después de que balearon la casa del Gobernador, volvió otra vez mucha violencia. No sabemos si es por la falta de gobernabilidad, porque ya lo tenían planeado, o por qué. Esa gente siempre es una incógnita y nunca sabes cuándo ni por qué se van a descontrolar”.
Óscar Sánchez, presidente de la Unión de Comerciantes de Culiacán, coincide con ese diagnóstico. La población “ya había empezado a salir un poco más” a las calles antes de que, nuevamente, hechos de alto impacto -como la quema de un casino en el sector financiero de la capital- empujaran otra vez a la ciudadanía a autoimponerse un toque de queda.
—Había mayor movilidad social, no solamente durante el día, también en horarios nocturnos. La gente ha aprendido a vivir entre las balas, arriesgando la vida —comentó el líder comerciante, apoyado en el mostrador de un negocio de aguas frías. Afuera, el bullicio de los camiones del transporte público es ensordecedor.
—Y eso es lo que hacemos quienes nos levantamos a primera hora para abrir nuestros negocios: despedirnos de nuestros hijos, de nuestras familias, y salir a trabajar. Así lo está haciendo toda la población de Culiacán.
—Porque vemos —añadió— que en cualquier lugar, en cualquier crucero, en cualquier calle, se genera una balacera y hay personas heridas y muertas. Ese ya es nuestro pan de cada día.
Como resultado, Sánchez asegura que, desde el inicio de la guerra, alrededor de 3 mil locales han cerrado sus persianas o reducido drásticamente sus horarios, especialmente por las noches. Lo cual, añade, ha provocado pérdidas económicas cercanas a los 75 mil millones de pesos en Sinaloa, “tomando en cuenta que la reactivación empresarial ha sido muy lenta”.
—Venimos de un cierre prácticamente total, de una afectación casi absoluta —subraya el dirigente comerciante—. Y aunque gradualmente algunos negocios se han ido reincorporando, y eso ha permitido disminuir un poco las pérdidas este año, lo cierto es que siguen siendo enormes.
Cuestionado sobre la presencia de miles de soldados y elementos federales de seguridad, Sánchez lamenta que el despliegue tampoco se haya traducido en una mejora tangible para comerciantes y ciudadanos.
—Creemos que se sigue una política equivocada. Porque para nosotros no es un avance que maten a un poquito menos de personas. Un buen resultado sería que dejaran de matar gente todos los días. Eso permitiría recuperar la calma, la confianza para vivir y para invertir. Nos permitiría recuperar la dinámica que teníamos antes de esta guerra.
La guerra contada a través de sus ruinas
El vehículo con los periodistas a bordo pasa por varios de esos lugares marcados por la violencia cotidiana de los que habla el líder comerciante Óscar Sánchez. Aunque, en realidad -comentan resignados los periodistas del Noroeste-, es difícil transitar por algún punto de la ciudad en el que no haya habido una balacera, un asesinato o un intento de asesinato, una persecución de película, una casa quemada, o un negocio baleado o “reventado”, como se dice en la urbe.
A las 12:43, luego de tomar imágenes de la casa baleada de Rocha Moya, los reporteros se dirigen a la zona nororiente de la capital, a la pensión de vehículos asegurados por la Fiscalía estatal de Sinaloa.
El escenario recuerda más a un deshuesadero de guerra que a una pensión vehicular: tierra y montañas de autos polvorientos y apilados unos sobre otros los reciben. Casi todos presentan las mismas cicatrices: agujeros de bala en lunas delanteras, ventanas y por toda la carrocería.
Aquí, entre camiones de carga baleados -uno de ellos, de color blanco, presenta un orificio grueso justo a la altura del conductor- y automóviles de lujo que ya son chatarra, permaneció asegurada una camioneta tipo van que se hizo tristemente célebre en la ciudad y en todo el país: es la camioneta en la que el 28 de septiembre de 2024, luego de una visita a la capital del entonces Presidente López Obrador, una de las facciones del cártel dejó seis cadáveres en su interior y un mensaje macabro: “Bienvenidos a Culiacán”. Era el inicio de la guerra.
A las 13:40, los periodistas pasan por una gasolinera abandonada y con la fachada de su oficina quemada y repleta de balazos, ubicada en el concurrido boulevard Emiliano Zapata. Luego se dirigen a una escena del crimen. De camino, pasan por un panteón. Desde la carretera se alcanza a ver una enorme estructura de varios pisos de altura: una tumba que es una réplica ostentosa del Taj Mahal.
—No te dejan entrar si no tienes enterrado a algún familiar. Hay más seguridad ahí que en toda la ciudad —ríe amargo el fotoperiodista Jesús Verdugo.
De camino al sector Campo Argentina II, donde en una tienda de abarrotes ubicada en contraesquina de una escuela primaria tuvo lugar una de las seis escenas del crimen de la jornada, el coche transita lentamente por un campo baldío con numerosos reportes de fosas clandestinas en una ciudad con, al menos, 2 mil 390 denuncias por desaparición en menos de dos años, aunque los colectivos de búsqueda elevan la cifra por arriba de los 3 mil casos.
—En la guerra de 2008 aquí era un tiradero de cuerpos. Y aún hoy se encuentran osamentas —dice José Abraham Sanz, que destaca que en el lugar hay muchos “cenotafios” recordando a personas cuyos restos fueron hallados ahí. Y, en efecto, en el trayecto se contabilizan cinco en menos de cinco minutos de camino hasta la remota tiendita donde un hombre de unos 40 años fue asesinado a tiros cuando jugaba a unas maquinitas.
Luego, a las 17:51 horas, el pequeño convoy de periodistas asiste a otra escena del crimen, esta vez sobre la calzada que lleva al aeropuerto, muy cerca del penal de Aguaruto, del tutelar de menores, y para más inri, de las instalaciones de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR): sobre el arcén, nueve casquillos de bala yacen esparcidos unos junto a otros. Los primeros reportes indican que un sujeto le descargó una ráfaga de plomo a otro hombre de unos 30 años de edad y huyó del lugar. A unos pocos metros del lugar, en las inmediaciones del penal, hay un retén de soldados.
La ciudad de los retenes y el miedo nocturno
A las 19:50, la noche cae por completo sobre Culiacán. El coche de Noroeste transita ahora por la calle Miguel Hidalgo. Apostados a un costado de la escasamente iluminada calzada hay dos Humvees repletos de soldados, que observan a los pocos vehículos que todavía circulan por la zona.
Sin embargo, la noche del 27 de abril no estaban presentes cuando un hombre se acercó caminando a la estética canina que seguía abierta sobre esta misma calle. Sentada sobre la banqueta, descansando, estaba Sara, la dueña del local. Platicaba con otra mujer alrededor de las siete de la tarde cuando el individuo se aproximó, sacó una pistola y, con total calma, les disparó en la cabeza. Luego, quizá para no dejar testigos -aunque una cámara de vigilancia lo grabó-, el hombre abrió fuego contra otras dos mujeres -madre e hija- que permanecían dentro de una camioneta estacionada frente a la estética. Esperaban a un técnico de lavadoras que trabajaba en un negocio cercano. Era el esposo de una de las víctimas y el padre de la otra. El multihomicidio ocurrió a apenas cuatro cuadras de la Catedral y de la Plazuela Obregón.
Ahora, el coche se dirige por la avenida de Los Insurgentes hacia el sector Tres Ríos, el corazón financiero de Culiacán. Primero pasa frente al enorme edificio del Gobierno de Sinaloa -donde despachó Rocha Moya hasta que pidió licencia al cargo el pasado 1 de mayo- y luego toma la carretera Niños Héroes, bordeando el Estadio Universitario de la Autónoma de Sinaloa, hasta llegar al Casino Tropicana, baleado y quemado el pasado 4 de mayo.
Antes de llegar al casino, un aparatoso retén militar ocupa uno de los carriles de la avenida y detiene aleatoriamente vehículos y motociclistas para revisar que no transporten armas ni drogas.
—Los retenes están por toda la ciudad, ya es algo con lo que nos hemos acostumbrado a vivir —dice en una entrevista previa a este recorrido un productor agrícola que, como la gran mayoría de los entrevistados para esta crónica, pide anonimato por temor a represalias del crimen organizado—.
—Trayectos de apenas 10 minutos acabas haciéndolos en 50 o en una hora. Cierran todo y hazle como quieras —lamenta el hombre—. Y pues, para mí, solo sirven de presencia. Para que veas que hay gobierno por todas partes, pero no sirven de mucho. Llegan ya para levantar los cuerpos o precintar la escena del crimen.
—Hay mucha seguridad por todas partes —corrobora el agente de seguridad citado anteriormente—. Pero muchas veces no se dan cuenta de cuál es la gente que va armada. Yo mismo he pasado muchas veces armado por esos retenes y nunca me han revisado.
—Y de todas formas —reflexiona a colación—, aunque haya muchos puntos de revisión, sigue habiendo mucho desmadre por toda la ciudad. Es muy difícil parar esto; lo dejaron crecer demasiado. Culiacán quiere continuar, salir adelante de esta pesadilla, de esta guerra. Pero no puede. No la dejan.
Miriam, una ciudadana que pide no publicar su nombre completo ni su ocupación, también por temor, considera desde la terraza de un café del centro que la opinión respecto a los militares “está dividida”.
—Aunque los resultados no han sido los prometidos, sí ha habido retenes donde han detenido a personas involucradas con la delincuencia. Por eso creo que la opinión está dividida: a mucha gente le molestan, porque es cierto que se forman filas muy grandes de coches, pero también muchos los vemos como un mal necesario en la ciudad.
Mientras conduce ahora sobre el boulevard Enrique Sánchez Alonso -más conocido como el malecón que corre paralelo al río Humaya-, José Abraham Sanz coincide en señalar que existe una marcada división de opiniones sobre la presencia de soldados y fuerzas federales. Aunque también cuestiona la efectividad real de los retenes y su aparente nulo efecto disuasorio frente a otra de las estadísticas escalofriantes que ha dejado la guerra en estos 21 meses: las más de 8 mil denuncias por robo de vehículo registradas entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025.
—Hemos levantado numerosos testimonios de robos de autos a tan solo unos metros de controles militares, incluso frente a instalaciones de la Fiscalía. El porcentaje de robo de vehículo con violencia y armas de fuego es altísimo. Y pues la gente se pregunta: “si hacen eso delante de la autoridad, que está armada, ¿qué será de quienes viajamos para trabajar en los pueblos de alrededor o por carreteras alejadas de la ciudad?”.
A las 20:43 horas, la noche es tan solitaria en el centro de Culiacán que parece madrugada profunda. Por las calles laberínticas y mal iluminadas solo se alcanzan a distinguir los rostros cubiertos por pasamontañas de los soldados y las luces azuladas de las sirenas oficiales.
Mientras la ciudad duerme en medio de un silencio autoimpuesto y forzado por las balas, sobre una pared blanca de unos tres metros de altura alguien pintó un grafiti con enormes letras negras: “QUIERO GRITAR”.
Imagínese que usted vive en una colonia donde todos se conocen. Durante años, los vecinos arman las carnes asadas, mantienen las calles y los parques, cuidan a los niños de los demás, comparten la vuelta al súper, y patrullan las calles juntos si ven algo raro. Hay orden, hay confianza y, aunque cada familia tiene sus diferencias, todos se sienten parte de lo mismo. Pero de pronto, los líderes viejos de la colonia (esos señores que apagaban los pleitos antes de que crecieran) desaparecen. Al mismo tiempo, la colonia crece tanto que ya es imposible saber quién es quién. Los lazos se empiezan a aflojar. Los de la entrada ya no le hablan a los del fondo. La confianza se pierde y, en unos pocos años, lo que era un vecindario unido se divide en dos bandos enemigos que se miran con odio a través de la calle.
¿Les suena familiar esta historia? Lo anterior no es un recuento de lo que ha ocurrido en los últimos años en nuestra querida Sinaloa, ni el guion de una serie de televisión, esto es exactamente lo que le pasó a la comunidad de chimpancés más grande del mundo en Ngogo, Uganda. Un impresionante estudio científico de 30 años, publicado por la prestigiosa revista Science (doi: 10.1126/science.zp43e5t), documentó cómo un grupo de casi 200 simios, que antes cazaban y se cuidaban juntos, se dividió en dos facciones y desató una auténtica “guerra civil”.
El equipo de científicos, liderado por el antropólogo Aaron Sandel, descubrió algo inédito, los chimpancés no se empezaron a matar por falta de comida, ni por territorio, ni por “ideologías”. Se mataron porque se murieron los machos alfa que hacían de puente entre los grupos y porque la comunidad creció tanto que se perdió el pegamento social (el conocimiento directo del otro, el acicalamiento diario, el saludo). Al no haber líder o líderes conciliadores que mediaran las tensiones, los simios se refugiaron en tribus más chicas. El vecino con el que un chango había compartido comida un año atrás, al año siguiente se convertía en el enemigo mortal al que había que emboscar en la frontera del territorio.
Los científicos llaman a esto la hipótesis de la dinámica relacional, y es un espejo crudísimo para nosotros (los humanos), y muy especialmente para la realidad que vivimos.
Cuando las instituciones se debilitan y la gente deja de confiar en la ley o en sus autoridades, el tejido social se desfondaba de la misma manera que en Ngogo. Nos empezamos a atomizar, a encerrar en nuestras propias “privadas” o círculos pequeños para sobrevivir, y el resto del mundo deja de importarnos. Nos acostumbramos tanto a la fricción y a vivir a la defensiva que normalizamos el conflicto interno. Nos volvemos indiferentes al dolor del vecino de al lado; si a alguien le pasa algo, la reacción inmediata suele ser el silencio o el “en algo andaba”, rompiendo esa empatía básica que nos hace humanos.
La gran lección que nos deja el estudio de los chimpancés de Ngogo es que las sociedades no caen en la violencia por una especie de maldición o porque la gente sea mala por naturaleza. Caen en la barbarie cuando abandonan las estructuras y las reglas que las sostienen.
Para Sinaloa, el reto del 2027 no se va a resolver con más patrullas, ni con discursos emocionales que dividan más a la gente, ni con dos señores que “mantengan el orden” (pax narca). Necesitamos urgentemente reconstruir ese “pegamento social” que los chimpancés perdieron y que los sinaloenses hemos ido perdiendo. Para lograrlo, la política tiene que madurar. Ya no estamos para liderazgos de redes sociales, de esos que buscan el aplauso rápido provocando pleitos o haciendo espectáculos mediáticos.
El futuro del estado no se va a rescatar con activismo de redes sociales ni con la estridente política local de todos los días. Ocupamos el perfil de quien ya conoce las entrañas del Estado mexicano; alguien que haya demostrado consistencia y seriedad, representando la voz de los sinaloenses. Se necesita templanza y trayectoria institucional intachable, con la sensibilidad social necesaria para gobernar con el corazón en la tierra y la mente en el orden jurídico.
Pero el gobierno es solo la mitad de la tarea. La otra mitad nos toca a nosotros en las calles, en las aulas, y en las casas. Ocupamos un desarme cultural y dejar de aplaudir la cultura de la prepotencia, el dinero fácil y el “gandallismo”, para empezar a indignarnos por el sufrimiento del otro, sea quien sea. Sinaloa ya demostró que es un pueblo fuerte que sabe resistir los peores tiempos; ahora nos toca demostrar que tenemos la inteligencia colectiva para dejar de pelear entre sinaloenses y empezar, finalmente, a evolucionar.
Verónica ha sido testigo de hechos de violencia varias veces: la primera, cerca de su casa, mientras esperaba a su esposo, vio cómo un par de jóvenes llegaron y asesinaron a balazos a una señora en la banqueta y luego se dieron a la fuga en una motocicleta.
“¿Quiénes fueron?, ¿quién sabe? No vimos, solamente sabíamos que eran jóvenes que no llegaban a los 18 años, se veían pequeños”, destaca.
La segunda ocurrió cuando ella estaba en un restaurante comiendo a su hora designada entre el trabajo, cerca de su consultorio dental, entre 2 y 3 de la tarde, llegó un grupo de personas armadas y baleó el local enseguida.
“Y pues todos al piso, porque pues nos podía tocar alguna bala”, recuerda con coraje.
Y para la tercera recuerda que un joven en motocicleta llegó y se paró frente a un automóvil que le estorbaba.
“Te sacan la pistola para que te detengas y les cedas el paso, porque atrás viene otro carro con más personas y más armas todavía”.
“Aún habiendo retenes, los retenes no funcionan, porque le sacan la vuelta o están en lugares donde los puede ver la gente”, critica.
Verónica, quien tiene 45 años, odontóloga de profesión y quien ha sido culichi toda la vida, debe ser un ejemplo como muchos en Culiacán de personas que, a diferencia de otras partes del mundo, viven en carne propia y ya ven hasta normal las experiencias con armas de fuego en las calles.
Y es que la crisis de armamentismo que padece Sinaloa, que fue insistentemente señalada por el Consejo Estatal de Seguridad Pública desde hace más de una década, se disparó con el estallido de la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa el pasado 9 de septiembre de 2024.
Los hechos violentos, entre homicidios, secuestros, enfrentamientos, robos de vehículos, se dispararon a niveles que todavía no hay techo, respaldados todos por el uso de armas de fuego.
El 10 de noviembre de 2024, tras cumplirse el primer mes de la disputa, Noroeste reportó que los saldos acumulados ya eran de 189 homicidios, 298 autos robados y 227 personas privadas de la libertad, según una base de datos que el medio creó con fuentes públicas estatales y federales y colectivos de buscadoras.
Y en ese primer mes, también llegaron los primeros detenidos, 39 detenidos, más de 140 armas decomisadas y más de 100 vehículos asegurados.
La estrategia del Gobierno federal llegó tras admitir, luego de un par de meses de disputa entre “La Mayiza” y “La Chapiza”, que sí era real, fue clara: llenar las calles de elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina Armada de México y la Policía federal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, conocidos como los Harfuch.
El 13 de noviembre de 2024, el entonces Gobernador en funciones Rubén Rocha Moya informó que llegaron 100 militares más de la segunda compañía de las Fuerzas Especiales, cuyos elementos se sumaron a los mil 900 efectivos federales enviados a Sinaloa para detener los hechos de violencia desatados tras la captura de “El Mayo” Zambada.
“Se ha incrementado el homicidio, nos preocupa. Anoche mismo, ayer tarde nos llegó una compañía de Fuerzas Especiales, exclusivamente para operar el tema de los homicidios”, dijo Rocha Moya en aquel ahora lejano 2024.
“Vamos a trabajar especialmente un operativo para tratar de frenar los homicidios que es lo que nos tiene ahorita muy mortificados. El tema de los homicidios nos preocupa mucho, como cualquier tema de violencia, pero particularmente donde muere gente, es la mayor preocupación que tenemos. Por eso es que tenemos un operativo especial. El operativo especial lo empezamos incluso con la Guardia Nacional, ampliando la frecuencia de recorridos en las carreteras, que es donde se manifiestan”.
Son detenidos, luego son dejados en libertad
Para el 22 de diciembre de 2024, y tras la llegada de otros 150 militares, las autoridades informaron que en ese momento ya había 10 batallones en todo el Estado y sumaban al menos 2 mil 500 elementos militares en el territorio.
Resultados hubo, del 9 de septiembre al 16 de diciembre de 2024, el entonces Secretario de Seguridad Pública, el General en retiro Gerardo Mérida Sánchez, anunció la detención de 190 personas, el aseguramiento de 905 armas de fuego, 765 de alto poder y 140 cortas, 109 granadas, 4 mil 434 cargadores y más de 249 mil 100 cartuchos.
Para el 2025, el llamado Grupo Interinstitucional reportó que en todo el año fueron detenidas en Sinaloa un total de 2 mil 169 personas, y se aseguraron armas, municiones, explosivos, drogas y vehículos.
El Consejo de la Judicatura Federal publicó en el apartado de transparencia de su página web que, entre el 9 de septiembre de 2024 y el 15 de mayo de 2026, se emitieron 148 sentencias en los juzgados de Culiacán y Los Mochis de personas detenidas con armas de fuego, y de las cuales, en 85 casos fueron dejadas en libertad por beneficios legales.
El porcentaje de dejados en libertad es de más de la mitad: 57.43 por ciento.
La información se extrajo de las sentencias emitidas desde el 9 de septiembre de 2024, día en el que para todos en Sinaloa fue evidente el estallido de la guerra entre “Los Chapitos” y “Los Mayos”, hasta las emitidas antes de la segunda quincena de mayo de 2026.
Los 148 sentenciados incluyen a personas detenidas antes de que comenzara la crisis y también a personas que fueron detenidas después de que comenzó la guerra y en ambos casos resultaron dejadas en libertad durante la misma.
De las 148 sentencias en los juzgados de personas detenidas con armas de fuego, fueron dejadas en libertad en 85 casos por alcanzar beneficios legales.
Estos beneficios se obtienen por apegarse al procedimiento abreviado, por haber cometido el delito por primera vez, no tener otro proceso en desarrollo, no presentar agravantes como intentar huir o haber atacado a los policías o militares durante su detención, el más importante que la sanción por la sentencia sea menor a los cuatro años, entre otros.
Es decir, mientras en la mayoría de los municipios del centro y sur del Estado había estallado la guerra definitiva del cártel que nació en el mismo Estado, los juzgadores aplicaron la ley sin tomar en cuenta la crisis.
Peor es, que según las fechas de los expedientes, después de que estalló la guerra, se procesaron 80 casos de personas detenidas con armas de fuego y 46 fueron liberadas, un 57.5 por ciento, es decir, casi 6 de cada 10 personas.
Robos de vehículo, casas dañadas por balazos
Jesús, quien es un profesional de temas inmobiliarios, aseguró conocer a personas que han sido víctimas directas de hechos violentos, y recordó el de una persona allegada a su familia que le despojaron su unidad saliendo de la escuela de su hijo.
“La verdad que una cosa tremenda que haya sido cuando ya había dejado al menor, y a dos calles más o menos de ahí de donde lo dejó”, recordó.
El robo de vehículo es otro de los delitos que se han disparado en medio de esta crisis de inseguridad.
Según las bases de datos de Noroeste, entre el 9 de septiembre de 2024 y hasta el 24 de mayo de 2026, se han robado 11 mil 224 vehículos, la mayoría con violencia y el uso de armas de fuego, a un ritmo de 18.1 diarios.
“Ahí le quitaron su carro... un carro que, pues uno puede decir un carro ‘no muy llamativo’, porque es un Versa, y se lo se lo quitaron ahí pues con lujo de violencia y todo”, lamentó.
Otro problema que le generó esto a la víctima es que el seguro aún no resuelve el trámite, pues tiene la justificación de que, por la misma situación de que se disparó el delito, están tardando meses en terminar con los trámites para responder.
También fue testigo de que un grupo armado llegó, baleó e incendió una casa a unos metros de la suya.
“Quemaron una casa, que era una propiedad muy grande y la quemaron, y pues eso nos afectó a todos aquí en el sector, tanto por la inseguridad, de ahí al día de hoy, en todo, porque mucha gente de aquí del sector dejó sus casas, se fue”, explicó.
“Los que tenían posibilidades de irse afuera se fueron, los que tenían posibilidades de irse con un familiar pues se aprovecharon y en ese inter en los días posteriores a que quemaron esa casa, pues había mucho movimiento de militares, había retenes afuera de las casas en donde no había antes”.
La guerra en sí, reflexionó, sí los ha afectado en todos los aspectos, laboral, económico, familiar.
“Todo se ha visto muy disminuido y pues esto nos ha afectado a todos, a todos de una u otra manera, ya que pues los ingresos de las familias han bajado, no hay mucho trabajo, se ha despedido a mucha gente de sus empleos”, lamentó.
“Entonces, todos hemos resentido pues esta guerra, que sin querer nosotros estar dentro de, pues somos parte del campo de batalla. Eso es lo que sí ha sucedido”.
Las sentencias pueden mostrar decisiones que para muchos podrían considerarse absurdas.
Hay un ejemplo, pues ya iniciada la guerra interna del Cártel de Sinaloa, un hombre fue detenido en las inmediaciones de Huatabampo, el 18 de octubre de 2024
Un hombre transportó, desde la ciudad de Nogales, Sonora, hasta el lugar de su detención acontecida en las inmediaciones del kilómetro 113 de la carretera, en el entronque con camino al poblado Las Bocas, Huatabampo, Sonora, en el carril de circulación que corre de norte a sur, cinco fusiles, dos escopetas y una carabina, nueve pistolas y revólveres y más de 500 cartuchos de diferentes calibres.
“En la caja o batea del vehículo que conducía tipo pick up marca Ford, línea F-150, cabina y media, color blanco, con placa trasera del Estado de Arizona, Estados Unidos de América, el cual se encontraba acoplado a un semirremolque tipo cama baja, color blanco”, dice el informe.
Luego en un par de cuartillas detalla aún más que poseyó ocultas en muebles que transportaba.
“Un arma de fuego tipo rifle, calibre 22, marca Ruger, modelo 10 22; un arma de fuego tipo escopeta, calibre 12, marca Stoeger, modelo 3000; un arma de fuego tipo escopeta, calibre 12, marca Remington, modelo 1100; un arma de fuego a su vez tipo fusil, calibre 7 milímetros Rem Mag; arma de fuego tipo carabina, calibre 5.56 x 45, modelo DTI-15”, detalla el informe.
“En el congelador vertical de la marca Holiday de color blanco, el siguiente armamento: un arma de fuego tipo pistola, calibre 45 auto, marca Colt, modelo 1991a1; un arma de fuego tipo pistola, calibre 38 súper, marca ACP, modelo 1911 A1-FS; cargador, contenido en un estuche de plástico color negro con la leyenda Rock Island Armory; un arma de fuego tipo pistola, calibre 9 milímetros, 9 x 19 milímetros, marca Stoeger, modelo STR-9F, con su respectivo cargador; un arma de fuego tipo pistola, calibre 9 milímetros o 9 x 19 milímetros, marca Beretta Corp, modelo APX, con su respectivo cargador”.
“También un arma de fuego tipo revolver, calibre 38 Special, marca Colt, modelo Official Police, contenido en un estuche de plástico color negro con la leyenda doskocil indicio; a su vez un arma de fuego tipo revolver, calibre .22, marca Smith&Wesson, modelo N/V; un arma de fuego tipo revolver, calibre 38 Special, marca Colt, modelo Official Police; y a su vez un arma de fuego tipo revolver, calibre .22, marca Colt, modelo Trooper MK II, este se encuentra señalada como indicio 2.8; y a su vez un arma de fuego tipo revólver, calibre 38 Special, marca Smith&Wesson, modelo 10-5, importada por Smith&Wesson Springfield; 94 cartuchos calibre 45 auto, tipo de bala normal; a su vez 250 cartuchos calibre 9 milímetros, tipo de bala normal, 100 cartuchos calibre 38 Súper, tipo de bala normal, 30 cartuchos calibre 7 milímetros, tipo de bala punta blanda expansiva y 30 cartuchos calibre 7 milímetros PRC, tipo de bala punta blanda, es decir expansiva, estos se encuentran marcados como indicio 2.1, Secretaría de la Defensa Nacional para transportar armas de fuego, tanto del uso exclusivo del Ejército, Armada y así como de sin licencia, así como cargadores y cartuchos que se encuentran señalados como del uso exclusivo de esa Secretaría y a su vez no se encuentra acreditado que sea miembro de las fuerzas castrenses, ni de ninguna corporación policiaca, transgrediendo el bien jurídico tutelado por la norma que es la paz y seguridad pública”.
Esa persona detenida el 18 de octubre en Sonora fue juzgada en Sinaloa, a donde se dirigía, y se apegó también al procedimiento abreviado, con apenas cuatro años de prisión y 20 días de multa; equivalentes a la cantidad de 2 mil 171.40 pesos.
Debido a que recibió una pena igual o menor a los cuatro años, se le concedieron al sentenciado el beneficio de sustitución de prisión por trabajo a favor de la comunidad y semilibertad.
La bala que amenazó a Francisco y a su hijo
Francisco es un maestro de nivel profesional desde hace 20 años, y labora como profesor en dos universidades importantes de Sinaloa, además de contar con un negocio propio.
Desde su punto de visto, todo ha sido muy difícil, pues ha sido una preocupación constante, llena de estrés, muy “similar a la pandemia”, en el sentido de que han tenido que cambiar sus rutinas personales, familiares y de trabajo.
Antes podía ir a practicar senderismo a zonas de monte y montaña, en las afueras de la ciudad, en las que hoy es imposible.
“Las salidas familiares también pues ahora son programadas, ¿no? La tenemos que revisar más a fondo con más detalle y sobre todo valorando los niveles de violencia en el momento”, lamenta.
Y del trabajo, pues los constantes anuncios de violencia de nuevo lo han obligado a mantenerse en virtualidad como primera opción de contacto.
“Simplemente para no arriesgarnos, de ser víctima de sobre todo de robo de vehículo”, dice.
Y aunque podría ser para muchos poca cosa, como considerar que no ha sido víctima directa de un hecho violento, Jesús cuenta que una vez, mientras llevaba a la escuela a su hijo de 12 años, circulaba por el Bulevar Emiliano Zapata y una bala perdida cayó sobre su auto.
“Curiosamente minutos antes se había suscitado un evento de alto impacto, un asesinato por la Avenida Federalismo, recuerdo que había un juego infantil de beisbol, por eso se me quedó muy grabado ese día”, recuerda.
“Pasamos por el puente rumbo a Soriana y nos tocó ver muchas familias preocupadas, patrullas, ambulancias y posterior a eso, por el (Bulevar) Zapata fue cuando nos cayó esa bala perdida”.
La bala, admite, la guardó como un recuerdo de lo peligroso que puede ser simplemente transitar por las calles de la ciudad Culiacán.
También ha sabido de tres robos violentos contra sus primos, dos en Culiacán y otro más en la carretera de Mazatlán a Culiacán.
Lamentó comentar que muchas personas que conoce, incluyendo familiares directos, han sido víctimas de hechos de violencia como asaltos, secuestros, robo de autos y hasta homicidios.
“Lo que sucede seguido es escuchar balaceras, ¿eh?, lejos y cerca, en la casa, en el trabajo, por todos lados, me ha tocado. Ya después uno se entera de lo que sucedió y va desde daños a fachadas (de casa) hasta asesinatos, ¿no? Entonces sí, sí está preocupante”, señala.
Recordó que la única experiencia que tiene con armas de fuego ha sido con un familiar que le gustaba practicar la cacería y el tiro al blanco.
“Sí he visto armas de fuego, tengo un primo que tiene una pistola hace unos años, me la mostró, también me mostró el permiso de portación, le pregunté para qué la tenía y me dijo que la utilizaba para practicar tiro legalmente y la tenía en su casa como protección personal”, dijo.
“También algunos amigos han comentado que tienen armas, igualmente como protección personal y con permiso”.
Sin embargo, en Sinaloa no todos siguen esta obligación.
Las personas que habían sido detenidas por portar armas sin licencia y procesadas durante la guerra interna del Cártel de Sinaloa, fueron 29, y por lo menos 26 de ellas lograron obtener sentencias entre 2 años y de 3 a 8 meses de prisión y multas entre 4 mil 500 pesos y hasta 9 mil pesos.
De los otros tres, las sentencias mostraron el dato testado, por lo que fue imposible compararlo e incluirlo.
La única ocasión en que las sentencias para personas que fueron detenidas con armas de fuego sin permiso, subió a más de tres años, fueron un par porque se combinaron con la posesión de algunos narcóticos.
Durante la guerra, según datos de Noroeste hasta el 23 de mayo de 2026, el recuento ya suma 3 mil 290 homicidios dolosos, con promedio de 5.3 diarios; 3 mil 856 personas privadas de la libertad, con promedio de 6.2 diarios, 3 mil 590 personas detenidas y 190 personas abatidas.
Los cambios de hábito; las experiencias de la guerra
La odontóloga recalca que estos han sido los peores años, pues han tenido que modificar sus rutinas y jornadas laborales.
“Del 9 de septiembre del 2024 a la fecha, con la violencia que se está generando en Culiacán, ha sido que en los negocios hemos tenido que cerrar temprano, ya que por miedo a que nos toque una bala, a que nos toque un asalto, la gente ya no acude a consulta”, señala.
“Por lo tanto, pues tenemos que cerrar”.
Por su parte, Enrique, un ingeniero en sistemas que trabaja para una empresa privada de presencia nacional, lamenta que su experiencia tras el estallido de la guerra haya sido “muy muy mala”.
“He tenido que cambiar mis hábitos diarios, como para dirigirme a mi trabajo, para regresar de mi trabajo, el llevar a los niños a la escuela. Es una experiencia mala, porque estamos con la incertidumbre, ¿no? De qué pueda pasar algo en cualquier momento. He sido víctima indirecta de hechos violentos”, explicó.
“Me ha tocado tener que regresarme de mi trabajo por algún punto en el trayecto que sucede algo y pues eso me cambia mucho la dinámica y también estar muy al pendiente de cerca de las escuelas de mi hijo o si pasa algún hecho violento”, explica.
Dijo conocer conocer también a personas que han sido víctimas, sus familiares, por ejemplo, y también amigos que han sido víctimas directas de un hecho violento, especialmente robos de coches principalmente.
“Hay mucho robo de coches con violencia. Al entrar a sus casas, este, o al llegar a sus casas o dirigirse al trabajo o cuando están haciendo vueltas personales y les han hecho robo violento, ¿no?”, comenta.
La parte más dura que le ha tocado presenciar es cuando le quitaron la vida a una persona muy cerca de su casa.
“Es algo que impacta, al final le quitan la vida a una persona y aunque no estuve cerca, sino de lejos pude verlo y sí fue algo que me marcó y que y que pues es algo que me impacta y me deja pensando, ¿no?”, señaló.
En las sentencias de los detenidos con armas de fuego que fueron procesados, hay algunos tan increíbles que duraron una semana, o incluso 48 horas para recibir su sentencia y además recibir el beneficio de sustituir la sanción de prisión por trabajo a favor de la comunidad o llevar el proceso en semilibertad.
“El 6 de junio de 2025, momentos antes de las 3:46 horas, al circular en un vehículo, en las inmediaciones del (...), portó un arma de fuego tipo revólver, calibre .357 Magnum”.
“Asimismo, poseyó 13 cartuchos calibre .40 S&W. Objetos bélicos dictaminados como del uso exclusivo de las fuerzas armadas del país”, dice la sentencia.
El día 8 de junio de 2025, apenas 48 horas de su detención y procesamiento, el involucrado solicitó la sentencia por procedimiento abreviado y obtuvo 3 años y 8 meses y una multa de apenas poco más de 4 mil 100 pesos.
Otros casos de apenas 48 horas fueron el registrado el 6 de enero de 2026.
“Momentos previos a su detención ocurrida a las 7 horas con 45 minutos en la Avenida (...) usted mantuvo dentro de su radio de acción y ámbito de disponibilidad inmediata, portó en su mano derecha un arma de fuego, tipo pistola, color negra, calibre 9 mm, marca Luger, modelo 09, con matrícula *******, está con su respectivo cargador abastecido con 30 cartuchos útiles al mismo calibre, esto sin la autorización correspondiente por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y sin ser miembro de alguna institución armada del país...”.
El 8 de enero de 2026, el imputado se sometió al procedimiento abreviado, por lo que fue sentenciado a cuatro años de prisión, y 80 días de multa, equivalentes a la cantidad de 9 mil 051.20 pesos.
Como la sentencia fue de cuatro años de prisión, el juez concedió al sentenciado los beneficios de sustitución de sanciones de trabajo a favor de la comunidad y semilibertad.
“El tema da tristeza, la verdad. La experiencia con armas de fuego, pues realmente es mucho, ver a los militares armados, al Gobierno armado en todas las esquinas aquí en Culiacán y que de todas maneras, suceden hechos violentos, no para, parece que incrementan. Entonces es algo muy raro”, señala Enrique.
Por la crisis, en desacuerdo por beneficios
A los testigos se les preguntó sobre los beneficios que otorgan los acusados por diferentes delitos para llevar su proceso en libertad o hacer trabajos para la comunidad.
“Estoy en desacuerdo de que se apliquen beneficios para liberar a las personas que están involucrados en este tipo de actos, ya que si ya son capaces de usar un arma o de andar en la calle o de andar metidos en este tipo de de actividades, fácilmente el que les den la libertad de procesarlos en sus casas, pues es como si le dieran un premio”, dijo Verónica.
“Porque no les están haciendo nada y pues ellos continúan con la mentalidad de que pueden seguir haciéndolo al cabo no pasa nada. Y como decimos, en México no pasa nada. Sí, no pasa nada porque no hacen lo que deben de hacer las autoridades”.
Según Humberto, sí le ha tocado ver gente armada.
“Y sí sé que son muchos los beneficios para liberar a las personas que los agarran con armas y otra, muy laxo el tema de que todos sabemos que ahorita hay muchísima gente armada en las calles”, lamentó.
“Y qué casualidad que todos los retenes que hay nunca detienen gente armada. Entonces, el tema viene por ese lado. De que estamos en una crisis de violencia. Hay muchos retenes que se supone que lo que están haciendo es 100 por ciento estar sobre la gente armada. Se sabe que hay muchas armas en la calle, que hay mucha gente armada y nunca detienen a nadie”.
Entonces, renegó, las autoridades actúan de manera “muy tenue” con esa lucha contra la violencia y el crimen organizado.
“Muy laxo el tema con la gente que haga lo poco que sí le tienen armados, pues les dan muchos beneficios para liberarlos”, recalcó.
Francisco se dijo en contra, pues ellos son “aficionados” a las armas, señaló.
“Directamente no conozco a alguien detenido y dejado en libertad por portación de armas. Pero pues me entero por las noticias, obviamente de que salen en libertad personas que, a pesar de llevar armas, drogas y cometer delitos, los dejan en libertad por alguna falla en el proceso, ¿no? U otra razón.”, recalcó.
Francisco fue más allá, y se declaró en contra de otorgar permisos o que puedan adquirir armas de fuego los civiles.
“Me parece mal. El portar arma es una responsabilidad muy grande y creo que se debe de contar además del permiso, pues obviamente experiencia y sobre todo criterio para su uso”, agregó.
“Darle un beneficio a las personas que están armadas durante la violencia, pues la realidad no sería positivo, ya que entre más armas hay, pues más riesgo de que puedas hacer un accidente en casa o que pueda haber un accidente en cualquier lugar, considero que no es la solución el tener armas o que se den beneficios a las personas por dejarlos tener un arma, ¿no? Creo que incrementa el problema”.
La finca permanece como dormida en el tiempo. Al final de la larga calle empedrada que conduce hasta el portón del inmueble impera un silencio profundo, pesado. Solo se escuchan algunos pájaros. Una enorme y gorda iguana es la única que sale al encuentro de los periodistas antes de desaparecer entre los árboles.
Detrás del alto muro color arena de la fachada —de unos 25 metros de largo— apenas se alcanzan a distinguir, a través de una rendija del portón, varias palmeras inmóviles, maleza esparcida sobre el suelo y un patio vacío. A un costado del acceso yacen algunos costales apilados que todavía parecen formar parte de una vieja barricada improvisada. Quizá el presagio de la guerra que vendría después.
No hay cintas amarillas prohibiendo el paso, ni soldados vigilando el acceso. Solo una discreta patrulla de la Guardia Nacional estacionada a unas cuadras, bajo el sol infernal de Culiacán. Eso y un raído letrero de la Fiscalía General de la República pegado sobre la madera carcomida del portón con la leyenda “inmueble asegurado”, son las únicas pistas de que aquí, en esta finca del lujoso fraccionamiento Huertos del Pedregal, ocurrió algo grave el 25 de julio de 2024.
Hoy, casi dos años después, la propiedad luce abandonada. Como si ahí nunca hubiera ocurrido nada. Como si el sitio no cargara el peso de una traición histórica dentro del Cártel de Sinaloa que terminó por incendiar el estado y alterar la vida de cientos de miles de personas que más de 600 días después aún no logran recuperar la tranquilidad, a pesar del envío de miles de soldados.
Pero fue justo aquí, en este punto exacto a las afueras de Culiacán, donde —según la versión del capo Ismael “El Mayo” Zambada—, Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, lo citó para una reunión que era una trampa para secuestrarlo y entregarlo a Estados Unidos. Y fue también aquí donde asesinaron a Héctor Melesio Cuén, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y adversario político del gobernador Rubén Rocha Moya, quien también habría sido convocado al encuentro donde supuestamente se resolverían diferencias políticas, aunque el mandatario asegura que nunca estuvo presente. Fue aquí, en definitiva, donde comenzó la guerra.
Desde entonces, Sinaloa se hundió en un enfrentamiento interno entre las facciones de “Los Chapitos” y “Los Mayitos” que ha dejado, hasta mayo de 2026, al menos 1,828 asesinatos y 2,390 desapariciones. Una guerra que además colocó bajo la mira del gobierno estadounidense a una decena de altos funcionarios sinaloenses, incluido el gobernador Rocha Moya y sus exsecretarios de Seguridad y de Finanzas, quienes ya se entregaron a autoridades de aquel país. Y que, lejos de apaciguar el ambiente en Sinaloa, ha vuelto a disparar el miedo y la incertidumbre entre una población que teme que la violencia no solo continúe, sino que todavía pueda empeorar.
Ahora, casi dos años después del suceso, la finca permanece quieta, muda, envuelta en un extraño halo fantasmal bajo un sol de 40 grados y el roce del viento con las palmeras. Como si la hacienda intentara esconder entre sus muros el origen de una de las guerras criminales más violentas de los últimos años en México.
El miedo de todos los días
—¡Hijoesuchingada madre!
El chofer de Uber, un tipo cincuentón, moreno, con una gorra roja de los Tomateros de Culiacán, da un brinco sobre el asiento. El coche, uno de los pequeños autos eléctricos chinos que proliferan por la capital sinaloense, da un leve bandazo luego de que el conductor moviera el volante por el susto.
—¡Su pinche madre! —suelta una carcajada nerviosa—. ¡Casi me trago el chicle!
Segundos antes, una motocicleta pasó junto al taxi y, al acelerar la marcha, el escape emitió un pistonazo seco y ruidoso que por unas fracciones de segundo se confundió con un balazo.
—Es que ya uno no sabe qué rollo en esta ciudad —dice el taxista, sin perder la sonrisa nerviosa mientras sigue observando la moto por el rabillo del ojo, hasta que se pierde entre el denso tráfico de la tarde.
Las páginas del diario Noroeste de ese día —y de tantísimos otros— explican a la perfección el susto del chofer: a lo largo y ancho de dos enormes sábanas de papel se distribuyen fotos de escenas del crimen y titulares: ‘Asesinan a hombre en tienda de abarrotes’, ‘Hieren a balazos a un hombre en Culiacán’, ‘Hombres armados atacan vehículo y le prenden fuego’, ‘Ataque a balazos deja 2 muertos y 2 heridos’, ‘Balean vivienda y la queman’, ‘Incautan mil 715 litros de sustancias para elaboración de metanfetaminas en Culiacán’. Todo, en apenas 24 horas.
El coche avanza por la Avenida Álvaro Obregón, la calle principal de Culiacán por donde transcurren las marchas y desfiles. Son las 19:08 horas. En un crucero el auto se detiene. En lo alto del semáforo se observa un gancho y un par de cables colgando. Ahí había una cámara de seguridad, explica el chofer. Pero un día llegó un vehículo y balaceó la cámara. Esa, dice apuntando con la barbilla, y las de todos los semáforos de la larga avenida.
—Una por una, pum, pum. Y pues como nadie se mete con ellos... pues hacen lo que quieren.
El periodista, que va en el asiento de atrás, asiente observando que, en efecto, muchos semáforos solo tienen el gancho sin cámara, y le comenta con ingenuidad algo fingida que pensaba que la situación en Culiacán se había calmado un poco, ya a camino de los dos años de la guerra. Sobre todo, le explica, porque las autoridades estatales y federales han presumido en varias ocasiones que ha habido una reducción de los homicidios e incluso ‘días sin homicidios’ en la capital.
—N’hombre, cuál tranquilo, oiga —se carcajea de nuevo el chofer, mirando por el espejo retrovisor al periodista.
—Es un desmadre esto —niega con la cabeza mientras sigue masticando chicle—. Nomás no se quiere componer. O no dejan que se componga, pues. Y ahora, con todo el desmadre de Estados Unidos y el góber, pues menos se va a componer.
Por la ventanilla, pintas en las paredes y anuncios en espectaculares rezan frases como ‘Culiacán quiere vivir en paz’, aunque no parece que tengan efecto alguno en la ciudad. Uno de esos espectaculares —paradojas de la ciudad y la guerra— está a unos metros de una tienda de “ropa blindada”.
—Yo, a las 19:40, programo mi teléfono para que ya solo tome viajes que me vayan llevando para mi casa. A las ocho u ocho y media, como mucho, ya estoy encerrado, como la gran mayoría aquí. Y pues mire —dice apuntando de nuevo discretamente con la barbilla a un convoy del Ejército apostado en la esquina de una calle, formando un cuello de botella de vehículos que avanzan a vuelta de rueda mientras los soldados iluminan el interior de los autos con linternas—.
—¿Ya vio? Hay mucho gobierno por todos lados. Dicen que son más de 6 mil soldados —asegura, citando un dato correcto—. ¡Mucho gobierno, pues! ¿Pero de qué sirve eso? —encoge los hombros—. Hay muchos militares —insiste—, pero los pinches malandros... pues son más, o yo no sé qué rollo, porque esta guerra nomás no se termina.
El Uber circula lentamente por las calles del centro histórico de Culiacán. Aún no dan las 20 horas, pero ya parece noche cerrada: la inmensa mayoría de pequeños negocios hace rato que bajaron la cortina. Algunos, porque ya cerraron de manera definitiva a 21 meses de la guerra y de la caída continua de ingresos —por toda la zona abundan los letreros de ‘Se renta’ o ‘Se traspasa’—. Otros, porquea eso de las seis de la tarde, se autoimponen un toque de queda. Y otros más porque, como en el caso de Sara, una comerciante de 30 años, terminan circunstancialmente convertidos en escenas del crimen.
La mujer estaba ya por cerrar su estética canina el pasado 27 de abril cuando, alrededor de las 19 horas, un hombre llegó y, casi sin mediar palabra, le descargó un balazo mortal en la frente. Luego disparó también contra la mujer con la que platicaba y contra otras dos mujeres —madre e hija— que estaban arriba de una camioneta estacionada frente al local. Así, sin más. Después, el agresor siguió caminando como si nada entre calles repletas de soldados y policías federales, los llamados “harfuch”.
Precisamente, el taxi pasa frente a la estética canina, que está muy cerca de uno de los principales mercados de la ciudad, muy concurrido, aunque se vacía temprano. Debajo de la lona que anuncia el nombre del comercio hay un enorme moño negro en señal de duelo por Sara y las otras tres mujeres, del que cuelga el peluche de un perrito. En el suelo titilan, solitarias, una docena de velas junto a una estampita de la Virgen de Guadalupe.
A unas cuadras de distancia de la estética canina, bajo la luz tenue de una farola, hay estacionada una Humvee del Ejército con cuatro soldados a bordo. Es el punto acordado para el encuentro con Fernanda, una fotógrafa de 44 años que pide modificar su nombre por temor: Fernanda era amiga de Sara.
—Aún sigo impactada. El asesinato fue un lunes y yo apenas había estado con ella el sábado. Me dolió muchísimo —cuenta la mujer sentada ahora en un bar; uno de los pocos negocios que han ido estirando el horario de cierre hasta las diez u once de la noche.
—Me dolió por mi amiga y por las otras tres mujeres —continúa—, pero también me impresionó pensar que yo pude haber estado ahí esa noche, porque yo iba mucho a verla y a platicar. Eso me hizo entrar en shock. Pensé: “yo podría haber sido una de las muertas”. Y entonces pensé en mi hijo y dije: “gracias a Dios no estuve ahí”. Pero es vivir con un miedo total. Desde que estalló esta guerra, en Culiacán todo el tiempo se vive con miedo.
Fernanda habla apenas un par de semanas después de que estallara la bomba informativa a miles de kilómetros de distancia: en una corte de Nueva York, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó el 29 de abril al gobernador Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios —incluidos los secretarios de Seguridad y Finanzas, así como el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil— de tener vínculos con una de las facciones del Cártel de Sinaloa.
Una acusación que provocó que el gobernador pidiera licencia para separarse del cargo y no obstaculizar las investigaciones. Después, ante la presión, los titulares de Seguridad y Finanzas se entregaron en Estados Unidos. Del alcalde de Culiacán, en cambio, nadie sabe dónde está varias semanas después. Tampoco hay certeza de la ubicación exacta de Rocha Moya. Si bien desde el gobierno federal se asegura que permanece en Sinaloa, nadie lo ha visto públicamente. Aunque este viernes tanto Rocha como el alcalde Juan de Dios Gámez reaparecieron mediante mensajes en X para asegurar que acudirán al llamado de la Fiscalía General de la República.
Crece la incertidumbre
La acusación de Estados Unidos no ha provocado que la población de Sinaloa —ni la de Culiacán en particular— duerma más tranquila. Fernanda asegura que, al contrario, el ambiente en la ciudad se volvió todavía más incierto.
—Ahora, con todo lo del gobernador, tenemos todavía más incertidumbre, muchas dudas. No quisiera señalar directamente a nadie, pero aquí todos sabemos que es evidente que algo pasa entre nuestras autoridades y el narco. Y por eso mismo, yo, en lo personal, siento que todo este desmadre con Estados Unidos puede empeorar todavía más las cosas.
Cuando se le pregunta cómo ve el futuro inmediato, la fotógrafa mira su tarro de cerveza y reflexiona durante unos segundos.
—Es difícil responder eso —da un sorbo mientras, de reojo, observa por el ventanal del bar cómo pasa otra patrulla de militares encapuchados—.
—Creo que, como la gran mayoría de culichis, ya trato de no pensar demasiado en el futuro. Prefiero enfocarme en salir adelante hoy, en estar tranquila, pues. Lo hago por salud mental. Porque cuando empezó la guerra yo ya estaba al borde de la locura. Literal. Amanecía y lo primero que hacía era meterme a las páginas de noticias y a los grupos de WhatsApp para ver la balacera en tal sitio, o el asesinato en tal otro, o el retén aquí y allá.
Da otro sorbo de cerveza. Son poco más de las diez de la noche y el bar ya está prácticamente vacío, con los meseros recogiendo apresuradamente las sillas.
—Ahorita trato de soltar un poco, aunque sigo alerta, claro —continúa—. Porque tampoco podemos hundirnos en la tristeza y el miedo. Por eso ves a la gente en la calle durante el día: salen a trabajar, a llevar a los niños a la escuela, al mandado, a tomar café. Pero, al mismo tiempo, tampoco podemos bajar la guardia.
Fernanda apura la cerveza, mira su reloj —algo que los meseros llevan haciendo varios minutos— y hace un gesto con la mano para pedir la cuenta.
—Yo creo que es un equilibrio —encoge los hombros—. Aunque, claro, lo difícil es conseguir ese equilibrio sin que el miedo termine por dominarnos.
El Culiacanazo eterno
La fachada del Tropicana es bastante simple y discreta para ser un casino: un par de muros pintados de rojo oscuro, una palmera de luces de neón anunciando el nombre del local, otra palmera —esta sí, real— lánguida y abrasada por la falta de agua en el pequeño estacionamiento, y un escueto letrero de “bienvenidos” que contrasta con las bandas amarillas de plástico que prohíben el paso.
El 4 de mayo —luego de que una semana antes su fachada fuera baleada— hombres armados incendiaron el Tropicana. Una trabajadora murió y otras personas resultaron heridas. Aunque para la Fiscalía estatal la muerte de la mujer no puede catalogarse como homicidio, pues sostiene que falleció por asfixia, lo que generó polémica entre la ciudadanía, que duda del conteo oficial de víctimas y de las reducciones de violencia que presumen las autoridades.
De hecho, el diario Noroeste ha documentado durante meses que la Fiscalía estatal está subregistrando asesinatos y maquillando las cifras reales de la violencia. En uno de sus reportajes más recientes, el periódico detectó que, mientras la Fiscalía reportó oficialmente 128 homicidios en diciembre de 2025, el conteo periodístico encontró al menos 166 personas asesinadas, además de restos localizados en fosas clandestinas.
El ataque al casino ocurrió apenas cuatro días después del anuncio desde Estados Unidos de la acusación contra Rocha Moya y otros funcionarios. En ese corto lapso de tiempo, el 30 de abril, fue asesinado a tiros Homar Salas Gastélum, dirigente electo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, junto con su escolta. El 1 de mayo, Rocha Moya pidió sorpresivamente licencia. El 3 de mayo, muy cerca del Tropicana, en la plaza comercial del sector Tres Ríos —una de las zonas más vigiladas y exclusivas de Culiacán—, se registraron dos balaceras. El saldo: tres hombres asesinados y una mujer herida en el estacionamiento de la plaza. Y el 4 de mayo, el incendio del casino.
Quizá por todos estos sucesos, el hombre vestido de negro que se acerca a los periodistas de Animal Político y Noroeste, que realizan un reporte en video con la fachada del casino de fondo, se muestra nervioso y desconfiado.
—Oigan, ocupo reportar quiénes son —se presenta con un radio en la mano.
—¿Reportar a quién, oiga? —responde de inmediato uno de los periodistas, alarmado.
Por unos segundos nadie dice nada y todos temen que el otro pueda ser uno de los muchos “punteros” que reportan movimientos al crimen organizado. Un ejemplo más de la paranoia y la tensión que atraviesan la ciudad.
—No, pos al corporativo —dice ahora con una sonrisa tenue—. Trabajo para la empresa —se identifica ahora sí— y pos estamos aquí vigilando quién se acerca.
Los periodistas también sonríen, aliviados, y muestran sus credenciales.
—¿Y si es otra gente la que llega, qué sucede? —pregunta curioso el reportero de Animal Político. Una Humvee repleta de soldados pasa lentamente por segunda vez en menos de cinco minutos frente al casino.
El vigilante encoge los hombros y se lleva la mano a la nuca.
—No, pos si ya es otro tipo de gente la que llega... mejor nos metemos pá dentro. Pá qué jugarle, oiga.
Cuando se le comenta la anécdota a Miriam —que pide no publicar su nombre completo ni a qué se dedica, también por temor—, esboza una ligera sonrisa mientras, sentada en la terraza de un restaurante del centro, le da vueltas con la cucharilla a un café.
—La gente sigue teniendo miedo. Seguimos teniendo miedo —se corrige—. Seguimos temerosos de salir a la calle y restringiendo horarios. Quizá es cierto que el toque de queda ya no es tan marcado como al inicio de la guerra, pero todavía existe la idea de que, a partir de las 11 de la noche, ya no es una hora segura.
—Pero los hechos de alto impacto siguen ocurriendo —se le plantea—. Y, sin embargo, la gente sigue saliendo a la calle, hay tráfico por las avenidas. ¿Esto a qué crees que se debe? ¿A una normalización de esta guerra? ¿A un agotamiento?
—Sí, sin duda. Aunque más que una normalización, yo lo llamaría resistencia. Una resistencia que empuja a querer recuperar la vida que se tenía antes de este “Culiacanazo eterno” en el que vivimos —dice Miriam, haciendo referencia a dos sucesos clave en la ciudad: el primero, en octubre de 2019, cuando tras la detención de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de “El Chapo”, Culiacán ardió en balaceras y enfrentamientos hasta que las autoridades terminaron liberándolo; y el segundo, en enero de 2023, cuando Ovidio fue nuevamente detenido, aunque esta vez sí fue extraditado a Estados Unidos.
—¿Esperaban algo como la acusación de Estados Unidos contra el gobernador?
—Fue algo inesperado —responde rápidamente, aunque enseguida matiza—. Pero, al mismo tiempo, era un secreto a voces. Porque no es algo exclusivo de los gobiernos de Morena en el estado. En Sinaloa esto se vive desde hace décadas, incluso desde los gobiernos del PRI. Siempre ha existido ese conocimiento no oficial de pactos entre gobierno y grupos criminales. Aunque lo que marcó al gobierno de Rocha Moya fue que prácticamente se disolvió esa línea entre autoridad y narco. Había muchas señales.
—¿Ese miedo que mencionabas antes —se le insiste a continuación, para finalizar— es por la incertidumbre de qué puede pasar con la acusación en Estados Unidos?
—Sí, claro —responde tras unos segundos de reflexión—. Hay miedo a que se genere una ola de violencia aún más fuerte de la que ya vivimos.
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