No habrá represalias contra los trabajadores del Instituto Nacional Electoral que se sumaron este lunes al paro nacional de labores en Sinaloa, aseguró Felipe Bernardo Quintanar González, Vocal del Registro Federal de Electores en Sinaloa y responsable de los módulos de atención ciudadana en la entidad.

Informó que alrededor de 160 trabajadores participaron en esta manifestación, en la que exigen mejores salarios y condiciones laborales.

Señaló que, a nivel nacional, la Consejera Presidenta provisional del INE, Blanca Yassahara Cruz García, informó que no se tomarán medidas en contra del personal que decidió suspender actividades.

Quintanar González dijo reconocer el derecho de los trabajadores a manifestar su inconformidad y destacó el compromiso con el que desempeñan sus funciones, al señalar que el personal del instituto siempre ha respondido a sus responsabilidades en Sinaloa.

“Hacer incluso un reconocimiento a ellos, son personal muy comprometido, muy profesional. Ellos conocen la importancia de dar un buen servicio y este servicio se mide con encuestas a la ciudadanía, tienen una aceptación de arriba del 96 por ciento en que la ciudad manifiesta su conformidad con el trámite que recibieron en los módulos”, mencionó.

Respecto a la atención ciudadana, informó que algunos módulos continúan trabajando, entre ellos los ubicados en Salvador Alvarado, Sinaloa de Leyva y Navolato, mientras que el resto se sumó a la suspensión de actividades.

Sobre las condiciones de los espacios donde se brinda el servicio, reconoció que hay módulos que requieren mejores instalaciones y aseguró que se trabaja para atender estas necesidades dentro de las posibilidades de la Junta Local.

En cuanto a las demandas salariales, explicó que se trata de un tema que debe resolverse a nivel nacional, aunque desde la representación estatal buscan brindar apoyo al personal en los asuntos que están dentro de sus atribuciones.

“Si tenemos módulos que requieren un mejoramiento y estamos trabajando en ello. De hecho, en este año hemos cambiado de inmueble en tres módulos de atención, uno en Mazatlán, otro en Eldorado y otro en Navolato. Hay inmuebles que tienen mejores condiciones, tanto para ellos para que realicen su labor como para que la ciudadanía reciba el servicio”, expresó.

También informó que los trabajadores tienen previsto reanudar sus actividades este martes, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía que tenía citas programadas para este lunes a acudir nuevamente a los módulos, al tiempo que ofreció una disculpa por los inconvenientes ocasionados.

Agregó que las personas que tenían una cita programada para este lunes fueron notificadas mediante correo electrónico sobre la suspensión del servicio y reiteró que, de acuerdo con lo expresado por los propios colaboradores, mañana retomarán la atención a los ciudadanos.

Un aumento salarial que corresponda a las actividades que desempeñan y mejores condiciones laborales son parte de las demandas de los trabajadores del Instituto Nacional Electoral que este lunes se sumaron al paro nacional de labores.

Laura López, colaboradora del módulo de atención ciudadana ubicado sobre la Avenida Vicente Riva Palacio, a un costado del Hospital Pediátrico de Sinaloa, explicó que la inconformidad se debe a que cada año, cuando se autorizan incrementos salariales para los trabajadores a nivel nacional, el personal del INE recibe aumentos menores.

Señaló que la mayoría de los empleados percibe un salario mínimo, por lo que mediante esta manifestación buscan que sus demandas sean escuchadas y se les garanticen condiciones laborales dignas.

“Como se han enterado, nuestro salario es el mínimo. Podríamos decir que antes teníamos un mejor sueldo, pero como a nosotros no nos aumentan en la misma proporción que al salario mínimo, nos vamos quedando por debajo”, expresó.

Indicó que la suspensión de actividades está contemplada únicamente para este lunes; sin embargo, una vez que sus compañeros informen sobre los resultados de las gestiones que realizan en la Ciudad de México, analizarán si continúan con el paro.

Laura López también mencionó que tiene conocimiento de que algunos trabajadores han recibido amenazas relacionadas con la protesta y que existe la posibilidad de que se les descuente el día de salario por no presentarse a laborar.

No obstante, consideró que esta manifestación es necesaria para visibilizar la situación que enfrenta el personal y buscar una respuesta a sus exigencias.

“La versión es que a muchos compañeros los han amenazado, pero a nosotros no nos han informado nada. También está el rumor de que podrían descontarnos el día; sin embargo, creemos que, si queremos conseguir algo, también tenemos que sacrificar algo”, mencionó.

Silvia Herrera, trabajadora del módulo correspondiente al Distrito 5, ubicado en la salida hacia la carretera Navolato, señaló que el personal recibe incrementos salariales de apenas 50 pesos al año, por lo que aseguró que continuarán manifestándose hasta conseguir mejores ingresos.

Explicó que uno de los motivos que los llevó a sumarse al paro fue la inconformidad ante lo que consideran una falta de congruencia entre los recursos que se destinan a contratos millonarios a nivel nacional y las condiciones laborales que enfrenta el personal del INE.

“La gota que derramó el vaso fue ver que en México se despachan con la cuchara grande; nos dicen que no tenemos para darles, pero sí tienen para contratos millonarios. Esto fue lo que nos unió a todos. Tenemos quejas, pero no hemos sido escuchados”.

Laura López ofreció una disculpa a los ciudadanos por los inconvenientes que la suspensión pueda ocasionar en sus trámites y los invitó a acudir este martes a los módulos, cuando se prevé que se reanude la atención.

Asimismo, pidió comprensión, al señalar que los trabajadores también tienen derecho a manifestarse y defender sus demandas laborales.

Los trabajadores del Instituto Nacional Electoral en Sinaloa se sumaron este lunes al paro nacional de labores, con la suspensión de actividades en 17 de los 23 Módulos de Atención Ciudadana que operan en la entidad, como parte de una protesta en la que exigen salarios justos y mejores condiciones de trabajo.

De acuerdo con el reporte estatal, cinco módulos mantienen sus actividades de manera normal y uno más opera parcialmente, por lo que la atención a los ciudadanos se encuentra limitada en distintos puntos del estado.

En Culiacán, uno de los módulos que permanece cerrado es el ubicado en la Colonia Gabriel Leyva, donde los trabajadores colocaron cartulinas con distintos mensajes para expresar su inconformidad con el incremento salarial del 6 por ciento que les ofrece el órgano electoral a nivel nacional, al considerar que no responde a sus demandas laborales.

El paro se mantiene a nivel nacional pese a que, durante este fin de semana, el INE ofreció un incremento salarial del 6 por ciento para el personal de los Módulos de Atención Ciudadana y operadores de equipo tecnológico, que entraría en vigor a partir de enero de 2027.

Sin embargo, los trabajadores no aceptaron esta propuesta y mantienen sus exigencias, entre ellas establecer un salario mayor para el personal y garantizar condiciones laborales dignas.

A través de redes sociales se difundió la convocatoria para suspender actividades este lunes, luego de que los empleados entregaran un pliego petitorio a las autoridades electorales.

La Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Sinaloa deberá entregar información sobre los gastos realizados por el organismo durante los últimos 10 años, luego de recibir un requerimiento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Jorge Luis Ruelas Miranda, vocal ejecutivo del INE en Sinaloa, informó que el requerimiento fue recibido tanto por la Junta Local como por las demás oficinas estatales y distritales del país, por lo que se trata de una revisión general y no de una auditoría enfocada únicamente en las contrataciones realizadas en Sinaloa.

Explicó que deberán integrar documentación de los distintos conceptos en los que se ejercieron recursos públicos entre 2016 y 2026, desde adquisiciones de papelería y gasolina hasta pagos por servicios, limpieza, vigilancia y arrendamiento de inmuebles.

En este proceso, las oficinas electorales tendrán que presentar comprobantes y reportes que permitan conocer qué compraron, cuánto pagaron y qué servicios contrataron para mantener sus actividades.

Ruelas Miranda comentó que algunas compras de menor monto se realizan directamente desde las juntas, mientras que para otros servicios se pueden recibir propuestas de diferentes empresas.

Aclaró que el requerimiento de la ASF es distinto a los señalamientos relacionados con la contratación de materiales electorales, ya que la solicitud comprende los gastos generales del instituto durante 10 años e involucra tanto a oficinas centrales como a las juntas locales y distritales.

“Esto es incluso de antes de que yo llegara aquí, porque no es una revisión de los gastos de las juntas locales, sino que están revisando todo el Instituto Nacional Electoral”, expresó.

El vocal ejecutivo reconoció que reunir los expedientes implicará una carga adicional para el personal administrativo, principalmente porque parte de la información ya se había integrado y entregado en revisiones anteriores.

Sin embargo, consideró pertinente que se revisen nuevamente los ejercicios presupuestales, en medio de los cuestionamientos que enfrenta el INE a nivel nacional por presuntas irregularidades en algunos procedimientos de contratación.

Agregó que este tipo de señalamientos podría afectar la confianza de la ciudadanía en el organismo electoral, por lo que señaló como necesario que se realicen revisiones para transparentar el uso de los recursos.

“Probablemente el personal diga que ya entregó la información y que lo harán trabajar de nuevo, pero, a pesar de que implica un esfuerzo, creemos que vale la pena. Consideramos que el momento que estamos viviendo merece que se haga un esfuerzo para revisar lo que ya fue revisado”.

La Gobernadora de Sinaloa Graciela Domínguez Nava respaldó la propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer Talleres Gráficos de México y modificar los mecanismos de adquisición de materiales electorales, luego de los señalamientos sobre una presunta red de corrupción que habría operado durante décadas en el Instituto Nacional Electoral y organismos electorales estatales.

A través de un video publicado en redes sociales este jueves, la Mandataria estatal retomó los señalamientos expuestos por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sobre presuntas irregularidades en las contrataciones del INE.

“27 años operando la corrupción al interior del INE, como lo ha explicado la Presidenta Claudia Sheinbaum. La corrupción en el INE venía funcionando desde hace décadas con el conocimiento de las altas autoridades del propio Instituto Electoral, es decir, la corrupción tiene historia”, expresó.

Domínguez Nava también cuestionó que algunos de los personajes presuntamente relacionados con esta red de corrupción actualmente aparezcan en la conformación de una nueva fuerza política.

“Resulta revelador constatar lo que hoy nos informó en la Mañanera, a partir de una investigación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, cómo operaba esta red de corrupción a partir de personajes que casualmente hoy aparecen formando una nueva fuerza política, son quienes hoy se quieren colocar como los paladines de la democracia y están obligados a rendir cuentas”, manifestó.

La Gobernadora expresó su respaldo a la propuesta de Sheinbaum para fortalecer Talleres Gráficos de México, organismo público encargado de producir boletas electorales, con el propósito de que tenga mayor capacidad para elaborar materiales utilizados en los procesos electorales y reducir posibles irregularidades en las contrataciones.

“Por eso nuestro respaldo a la propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer Talleres Gráficos de México, una empresa pública que deberá elaborar los materiales electorales y con ello cerrarle el paso a tentaciones de corrupción”, señaló.

La propuesta de la Presidenta contempla modificar la integración del Consejo de Administración de Talleres Gráficos de México, incorporar a más dependencias federales y sumar a la Auditoría Superior de la Federación como observadora, así como a representantes de instituciones académicas.

También plantea establecer mecanismos de contratación más transparentes y reducir la participación de intermediarios en la adquisición de materiales electorales que no requieren condiciones especiales de seguridad, como urnas y mamparas.

Domínguez Nava sostuvo que la democracia no debe utilizarse para obtener beneficios económicos ni proteger privilegios.

“La democracia no debe ser utilizada como un negocio, no debe ser utilizada para proteger privilegios. Desde los gobiernos de la Cuarta Transformación seguiremos defendiendo nuestra democracia, nuestros derechos conquistados por el pueblo de México y de Sinaloa. Defenderemos nuestra democracia siempre con transparencia, honestidad y rendición de cuentas”, concluyó.

¿Qué están aprendiendo realmente los estudiantes y para qué les sirve lo que enseñan en las aulas? Esas son algunas de las preguntas que plantea ‘El fin de la escuela’, el documental producido por Juan Alfonso Mejía López, que tendrá una proyección gratuita este miércoles en Culiacán.

El ex secretario de Educación Pública y Cultura de Sinaloa explicó que la producción nació de una preocupación y también de una frustración: que, pese a los problemas educativos que enfrenta México, estos no necesariamente se convierten en una preocupación cotidiana para las familias.

“Creo que el tema más importante de la educación, el obstáculo más grande de la educación, es identificar que tenemos un impacto”, expresó.

Mejía López señaló que existe una desconexión entre los diagnósticos de especialistas sobre el rezago educativo y la percepción de madres y padres que consideran que sus hijos cumplen con su formación simplemente por asistir a clases, avanzar de grado o llegar a la universidad.

Sin embargo, cuestionó que pocas veces se reflexione sobre si realmente están aprendiendo y si esos conocimientos les permitirán enfrentar las condiciones de su entorno.

“Pero rara vez nos preguntamos como padres si nuestros hijos están aprendiendo y si lo que están aprendiendo les va a ayudar para resolverse una vida”, manifestó.

El documental aborda también la relación entre educación y violencia, una problemática que ha afectado particularmente a Sinaloa, donde la inseguridad ha provocado interrupciones en las actividades escolares.

El productor reconoció que durante los años en que se realizó el proyecto observaron un deterioro en las condiciones de algunas comunidades educativas, pues la violencia en las calles también repercute en la asistencia y en la vida de los estudiantes.

“En muchas ocasiones es realmente porque tienes un problema muy claro de violencia en nuestras calles y la escuela no puede estar ajena a eso”, dijo.

Como parte de esa reflexión, cuestionó la cancelación de programas como Escuela Segura y Escuelas de Tiempo Completo, al considerar contradictorio que se reduzcan espacios de acompañamiento escolar cuando las comunidades enfrentan problemas de inseguridad.

“Era un poco ilógico si estamos viviendo una problemática como esta, la violencia, y el espacio más seguro que a veces existe para muchas familias es la escuela”, expresó.

Mejía consideró que los planteles deben tener un propósito definido de acuerdo con las necesidades de las comunidades en las que se encuentran, pues las condiciones de los estudiantes no son las mismas en todas las colonias o regiones.

“La escuela tiene que tener un propósito claramente definido. Y ese propósito no puede ser igual en Las Quintas y en Los Huizaches”, sostuvo.

Como ejemplo, mencionó el Centro de Estudios Justo Sierra, en Surutato, Badiraguato, donde la comunidad educativa ha desarrollado prácticas para que los jóvenes encuentren en la escuela herramientas que les permitan enfrentar su contexto.

Recordó que en esa comunidad algunas familias expresaron su preocupación de que sus hijos pudieran ser atraídos por el crimen organizado, por lo que consideró necesario que los contenidos escolares tengan relación con los problemas que enfrentan los estudiantes.

La producción también recoge experiencias de escuelas rurales y urbanas de Mérida, Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey y Sinaloa, además de testimonios de docentes, especialistas, niñas, niños y jóvenes.

El documental cuenta con la participación de la actriz Ana Serradilla y la dirección de Carlos Armella. De acuerdo con Mejía, el proyecto tomó alrededor de cinco años, desde la elaboración del guión hasta la selección del director y la integración de los elementos cinematográficos.

Explicó que la intención fue que no se quedara únicamente en una conversación educativa entre especialistas, sino que abordara primero distintas problemáticas sociales y después su relación con la enseñanza.

Por ello, El fin de la escuela combina testimonios y entrevistas con escenas dramatizadas, en las que participa Serradilla.

“Es un documental para desaprender, sobre todo para que los llamados especialistas desaprendamos y escuchemos qué es lo que le preocupa a las familias”, señaló.

Mejía aclaró que la producción no busca ofrecer respuestas definitivas, sino abrir una conversación sobre el papel de las escuelas, las familias y las comunidades en la formación de las nuevas generaciones.

También destacó que la Nueva Escuela Mexicana representa una oportunidad para que los proyectos educativos respondan a las condiciones de cada comunidad, aunque consideró que el principal desafío es tener claridad sobre qué se quiere que aprendan los estudiantes y con qué propósito.

La película se estrenó en Ciudad de México y forma parte de una gira por 16 ciudades del País. El productor expresó su interés en que posteriormente pueda llegar a plataformas digitales y, especialmente, a los patios de las escuelas para generar debates entre estudiantes y docentes.

La función en Culiacán será este miércoles 4 de noviembre, a las 16:00 horas, en la sala 7 de Cinépolis Plaza Cinépolis y la entrada será gratuita.

El Instituto Nacional Electoral continúa sus actividades con normalidad en Sinaloa y a nivel nacional, pese a la reciente renuncia de Guadalupe Taddei Zavala como consejera presidenta y la controversia que enfrenta el organismo por presuntas irregularidades en contratos de material electoral.

Así lo aseguró el Vocal Ejecutivo del INE en Sinaloa, Jorge Luis Ruelas Miranda, quien señaló que el personal del instituto mantiene sus labores habituales y que las actividades no se han visto interrumpidas, debido a que se cuenta con personal capacitado para dar continuidad a las funciones del organismo.

En cuanto a los señalamientos relacionados con presuntas irregularidades en contratos para la adquisición de material electoral, el funcionario aclaró que estos procedimientos no son competencia de la representación estatal, ya que las gestiones, licitaciones y contrataciones se realizan directamente a nivel nacional.

Explicó que la Junta Local del INE en Sinaloa no participa en esos procesos, pues su función consiste en recibir y distribuir el material electoral cuando corresponde la organización de los comicios.

“La información que circuló en medios de comunicación se refiere a las contrataciones de los organismos públicos locales. Nosotros no contratamos ese tipo de documentación de materiales, en el caso de toda la papelería y los materiales electorales se tratan a nivel central y nos los envían, no hacemos nosotros la contratación” expresó.

Ruelas Miranda reiteró que, independientemente de la situación que enfrenta el organismo en el ámbito nacional, el personal del INE en Sinaloa continúa desarrollando sus actividades de manera habitual.

Morena Sinaloa consideró que la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral no afectará la organización de las elecciones de 2027, debido a que el organismo cuenta con personal capacitado para mantener sus actividades.

Durante una conferencia de prensa este miércoles, el dirigente estatal del partido, Édgar Barraza Castillo, afirmó que existe tiempo para que la Cámara de Diputados designe a quien ocupará la presidencia del instituto durante el resto del periodo correspondiente.

“No creemos que vaya a entorpecer algo este proceso 2027”, declaró.

La postura de Morena se dio después de que Taddei presentara su renuncia el lunes 26 de octubre, en medio de señalamientos públicos sobre presuntas irregularidades administrativas y posibles conflictos de interés relacionados con contrataciones del organismo.

Un día después, el Consejo General del INE designó por unanimidad a la consejera Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional, mientras la Cámara de Diputados lleva a cabo el procedimiento para nombrar a quien ocupará el cargo de manera definitiva.

Barraza Castillo sostuvo que la sustitución puede realizarse sin interrumpir los trabajos del organismo electoral y manifestó su confianza en la capacidad técnica de su personal.

“Sabemos y confiamos que este instituto es fuerte y tiene personas, perfiles capaces que pueden seguir sacando adelante este proceso”, expresó.

El dirigente añadió que corresponde a la Cámara de Diputados emitir la convocatoria para el nombramiento definitivo y consideró que el calendario permite realizar el procedimiento antes de que avance el proceso electoral.

El proceso electoral 2026-2027 comenzó formalmente en septiembre y contempla la renovación de cargos federales y locales, por lo que la continuidad de las actividades del INE es relevante para la preparación de los comicios.

El dirigente reiteró que Morena mantiene su confianza en la institución y sostuvo que la designación de una nueva presidencia no debería representar un obstáculo para la organización electoral.

La renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral no debe significar el cierre de las investigaciones por presuntas irregularidades en contrataciones del organismo, sostuvo la dirigente estatal del PAN en Sinaloa, Wendy Barajas Cortés.

Durante una conferencia de prensa este miércoles, señaló que el partido busca que se investiguen los contratos y se determinen posibles responsabilidades, más allá de la salida de quien encabezaba la autoridad electoral.

“Creo que ahí hay delitos a todas luces que se tienen que investigar y que se tienen que sancionar”, expresó.

Barajas Cortés recordó que la dirigencia nacional, encabezada por Jorge Romero Herrera, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por seis posibles delitos federales relacionados con presuntas irregularidades en contrataciones del INE.

Entre las conductas que el partido pide investigar están el uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, cohecho, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

Barajas Cortés afirmó que los contratos bajo cuestionamiento superan los mil 600 millones de pesos.

Sin embargo, se trata de señalamientos que deberán ser investigados por las autoridades y cuya responsabilidad no ha sido determinada.

“No nada más estamos alzando la voz, se están haciendo las denuncias formales”, dijo.

También señaló que las indagatorias deben considerar la información que puedan aportar instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria y el Órgano Interno de Control del INE, con el propósito de esclarecer posibles relaciones entre funcionarios, empresarios y proveedores.

El Diputado local Jorge González Flores sostuvo que la renuncia no es suficiente para dar por concluido el caso y pidió que las investigaciones lleguen hasta sus últimas consecuencias.

“Quieren pruebas, ahí están los videos, quieren pruebas, ahí están los contratos”, manifestó.

Además de las indagatorias, el PAN Sinaloa pidió que la elección de la próxima presidencia del INE se realice mediante un procedimiento transparente e independiente, sin cuotas partidistas.

Barajas Cortés advirtió que el partido estará atento a la selección de quien encabezará el organismo y a la actuación de Blanca Cruz García, quien asumió de manera provisional la presidencia del Consejo General.

La renuncia de Taddei Zavala fue presentada ante la Cámara de Diputados el 26 de octubre, en medio de los señalamientos públicos sobre presuntas irregularidades en contrataciones y posibles conflictos de interés.

La ex consejera presidenta sostuvo que su salida no releva a nadie de la obligación de esclarecer los hechos que deban investigarse.