Tres productores sinaloenses que participaron en las manifestaciones de apoyo al campo realizadas en las casetas de Costa Rica, en Culiacán, fueron citados a comparecer ante la Fiscalía General de la República.

Los citatorios, emitidos el 5 de agosto por la Célula B-I-3 de la FGR en Culiacán, establecen que los productores deberán presentarse ante la Fiscalía Federal para manifestar lo que a su derecho corresponda en relación con los hechos que dieron origen a una carpeta de investigación.

Uno de los documentos fija la comparecencia para el 10 de agosto, mientras que otros dos establecen como fecha este martes 11 de agosto.

Los documentos también advierten que, en caso de no presentarse, podrían aplicarse medidas de apremio previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, incluida una multa equivalente a 50 Unidades de Medida y Actualización.

El líder agrícola Martín Lim afirmó que los tres productores fueron citados en relación con su participación en las manifestaciones realizadas en las casetas de Costa Rica y La Platanera.

“Empezó la represión contra los productores sinaloenses por exigir sus derechos en la lucha del campo sinaloense”, expresó.

Las movilizaciones a las que se hace referencia ocurrieron durante jornadas de protesta de productores sinaloenses para exigir respuestas a las demandas del sector agrícola. En junio, agricultores realizaron acciones en distintas casetas, entre ellas Costa Rica y El Pisal.

Hasta ahora, los documentos conocidos no detallan públicamente cuáles son los hechos específicos que investiga la FGR ni la calidad jurídica con la que fueron citados los tres productores.

El sistema penitenciario de Sinaloa acumula 41 quejas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos entre enero y el 5 de agosto de 2026, principalmente por presuntas omisiones en el cuidado, seguridad y atención de las personas privadas de la libertad.

De acuerdo con la estadística de la CEDH, la mayor cantidad de señalamientos corresponde a la zona centro, donde se encuentra el Centro Penitenciario “Aguaruto”, en Culiacán, con 20 quejas.

Le siguen la zona norte, correspondiente al Centro Penitenciario “Goros II”, en Ahome, y la zona sur, donde se encuentra el Centro Penitenciario “El Castillo”, en Mazatlán, con nueve quejas cada una.

En la zona Évora, correspondiente al Centro Penitenciario Región Évora, en Angostura, se contabilizaron tres quejas.

Durante el primer trimestre del año, de enero a marzo, la CEDH registró 13 quejas contra el sistema penitenciario: seis correspondieron a Aguaruto, en Culiacán; cinco a Goros II, en Ahome; una al penal Región Évora, en Angostura, y una a El Castillo, en Mazatlán.

Para el segundo trimestre, de abril a junio, los señalamientos aumentaron a 20. De estos, 10 fueron en Aguaruto, cuatro en Goros II, uno en Región Évora y cinco en El Castillo.

El acumulado de la Comisión Estatal hasta el 5 de agosto alcanza las 41 quejas, por lo que también contempla los señalamientos registrados durante julio y los primeros días de agosto.

Omisiones en el cuidado y atención médica

Entre los hechos violatorios documentados por la CEDH destaca la omisión del personal de los centros penitenciarios o de detención en el cumplimiento de su deber reforzado de cuidado respecto de la vida de las personas privadas de la libertad, con 11 casos.

También se registraron cuatro hechos por omisión en el cumplimiento del deber reforzado de cuidado de la vida e integridad de las personas privadas de la libertad bajo custodia del Estado.

La falta de atención médica aparece igualmente entre los principales señalamientos, con cuatro casos por omisión de proporcionar atención médica o suministrar medicamentos a personas privadas de la libertad.

La estadística contempla además tres casos por omitir custodiar, vigilar, proteger o brindar seguridad a lugares, instalaciones o bienes en general, afectando los derechos de terceros, así como tres por cobros indebidos a personas privadas de la libertad.

Otros hechos violatorios registrados fueron uno por impedir que las personas privadas de la libertad reciban visitas; uno por impedir la visita íntima; uno por impedir que realicen actividades que garanticen la reinserción social; y uno por no compurgar la pena en el centro penitenciario más cercano a su domicilio.

Asimismo, la CEDH registró un caso relacionado con tratos crueles, inhumanos o degradantes.

La Comisión Estatal explicó que el número de hechos violatorios no necesariamente coincide con el total de quejas, debido a que los casos que son remitidos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no se incorporan en este apartado de la estadística estatal.

La dependencia señaló que entre los casos que son enviados a la instancia nacional también suelen encontrarse señalamientos relacionados con la falta de atención médica.

Las quejas presentadas ante la Procuraduría Federal del Consumidor en Sinaloa por presuntos cobros excesivos en recibos de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad hace más de dos meses continúan en proceso, informó el director de la dependencia, Israel Alcaraz Hernández.

El funcionario señaló que estos casos siguen dentro del procedimiento correspondiente y que será hasta que concluyan cuando puedan conocerse mayores avances.

“Pues eso, también lo estamos trabajando, se está en su procedimiento normal, y pues estamos esperando solamente que concluyan los procedimientos”, indicó.

Al ser cuestionado sobre cuántas quejas se han atendido y cuántas han sido resueltas, Alcaraz Hernández señaló que no contaba en ese momento con la cifra actualizada.

“Ese tema está caminando... No tengo el número ahorita exacto”, respondió.

El pasado 22 de mayo, Profeco informó que había recibido 513 quejas de usuarios en Sinaloa por presuntos cobros excesivos de la CFE, principalmente tras manifestaciones ciudadanas registradas por los altos recibos de electricidad.

En ese momento, la dependencia detalló que 298 inconformidades correspondían a Culiacán, 210 a Mazatlán y cinco más a Los Mochis, además de señalar que se brindaba atención y asesoría a las personas consumidoras para dar seguimiento a sus casos.

Desde ese mes, hubo una serie de manifestaciones por parte de usuarios que reportaban cobros excesivos de luz eléctrica en diversos municipios del estado. Desde entonces, grupos de afectados han estado manifestándose en espacios públicos para ser atendidos por el Gobierno estatal.

Además, el lunes 3 de agosto un colectivo Ciudadano a Ciudadano inició la recopilación casos de usuarios afectados para llevarlos ante autoridades federales en la Ciudad de México, ante la falta de solución a sus inconformidades.

La representante del colectivo, Leticia Quintero, informó que buscaban reunir alrededor de 600 expedientes de Culiacán y comunidades cercanas, además de integrar casos de Los Mochis y Mazatlán.

Entre las principales inconformidades señaladas por los usuarios se encuentran recibos con consumos estimados, adeudos acumulados y montos elevados. El colectivo también señaló que en algunas comunidades rurales la falta de toma de lectura de medidores ha generado cobros calculados.