La falta de transparencia en torno a la construcción de la planta de amoníaco en Topolobampo debe ser aclarada por las autoridades estatales y federales, consideró el presidente de la Comisión de Ecología del Congreso del Estado, Jorge Antonio González Flores.
Lo anterior, luego de las manifestaciones realizadas por comunidades indígenas de la bahía de Ohuira que se oponen al proyecto y exigen información clara sobre las posibles afectaciones ambientales.
El Diputado local por el PAN criticó la manera en que se ha desarrollado el proceso, al señalar que no existe información suficiente sobre los impactos que podría generar la planta en el ecosistema de la región.
Indicó que las autoridades deben informar con precisión cuáles serían las consecuencias ambientales de concretarse la obra, así como los avances que registra el proyecto, debido a que algunos trabajos ya se encuentran en marcha.
“Quiero decirte que exigimos que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Bienestar y de la misma Secretaría de Economía que es la que justifica esta inversión, que manden y envíen un documento donde nos informen cómo se encuentra el avance de la obra, si existe deterioro ambiental o no” señaló.
Respecto a la consulta que presuntamente fue realizada por autoridades federales entre las comunidades indígenas, pero cuya existencia es cuestionada por los habitantes, González Flores señaló que también debe haber transparencia.
Consideró que, si dicha consulta se llevó a cabo, las autoridades deben presentar los resultados y la metodología empleada pues se debe escuchar directamente a la población involucrada.
“Dentro de esas manifestaciones de la autoridad donde ellos dicen que sí se hicieron; no solamente hay que decirlo, hay que demostrarlo y hay que probarlo ante la luz pública para que la ciudadana y los ciudadanos se enteren dónde están parados”, señaló.
Reconoció que existen posiciones diversas entre el sector empresarial, que respalda la inversión, y las comunidades indígenas que rechazan el proyecto, por lo que insistió en la necesidad de que las autoridades transparenten toda la información relacionada con la planta.
El Comité de Participación Ciudadana denunció que el Ayuntamiento de Mazatlán promueve a través de su micrositio de ‘Inversión Inmobiliaria Segura’ desarrollos inmobiliarios que no cuentan con la totalidad de los trámites y autorizaciones requeridas por la legislación vigente, situación que genera riesgos en materia de transparencia y rendición de cuentas.
Durante rueda de prensa, Raquel Zapién Osuna, integrante del CPC, señaló la existencia de incongruencias entre los instrumentos de planeación territorial y as autorizaciones que otorga el municipio, al tiempo que cuestionó la falta de acceso público a la documentación que respalda los permisos de los proyectos promocionados en dicho portal.
Zapién Osuna explicó que el micrositio municipal otorga un distintivo a desarrollos que, supuestamente cumplan con todos los requisitos legales para su comercialización, aunque el Ayuntamiento no publica los documentos que acrediten el cumplimiento de los trámites correspondientes, lo que dificulta verificar la información presentada a la ciudadanía.
“Encontramos incongruencias entre lo que dicen los instrumentos de planeación y las autorizaciones que da el municipio. El Ayuntamiento está otorgando un aval a desarrollos que presenta como seguros, pero no muestra los documentos probatorios de que cumplen con todos los requisitos”, comentó.
Según la información compartida, los proyectos enlistados cuentan con vocacionamiento y traza autorizados, factibilidades de servicios, disponibilidad de agua y energía eléctrica, además de haber sido aprobados por el Cabildo y cubierto los pagos correspondientes por derechos de urbanización y edificación, lo que, supuestamente los convierte en desarrollos seguros y en cumplimiento de la normatividad.
Como ejemplo, Zapién Osuna mencionó el proyecto Maazalya Beach Condos, ubicado sobre la a venida Ernesto Coppel Campaña, el cual contempla la construcción de 75 condominios distribuidos en cuatro torres de cinco niveles cada uno, don diversas amenidades.
De acuerdo con la información de CPC, este desarrollo aparece dentro del listado de proyectos promovidos como seguros por el municipio, a pesar de contar con una negativa en lo que respecta a la autorización en materia de impacto ambiental emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Zapién Osuna detalló que la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto fue presentada ante la Semarnat en junio del 2024 y que, tras un proceso de evaluación, la dependencia emitió en agosto del 2025 un resolutivo negativo al determinar que el desarrollo no es ambientalmente viable ajo la normativa vigente.
En este sentido, aclaró que el señalamiento no busca afectar a una empresa en particular, sino evidenciar las inconsistencias de la autoridad municipal al respaldar proyectos que no han concluido todos los procedimientos legales requeridos para su desarrollo.
Asimismo, mencionó que este no es un caso aislado y que el organismo ha identificado otros desarrollos inmobiliarios que aún no cuentan con resolutivos favorables de la Semarnat, por lo que consideró indispensable fortalecer los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública.
“Mencionamos este desarrollo solo como un ejemplo, pues no buscamos afectar ni perseguir a ninguna empresa, sino evidenciar las incongruencias de la autoridad municipal”, declaró.
“Este no es el único caso; hemos identificado otros desarrollos que todavía no cuentan con resolutivos favorables de la Semarnat. Por eso es necesario que existan mecanismos de transparencia proactiva y datos abiertos”, agregó.
Ante este panorama, el Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa emitió dos recomendaciones no vinculantes dirigidas al Ayuntamiento de Mazatlán con el objetivo de fortalecer la transparencia en la gestión territorial y prevenir posibles actos de corrupción.
La primera recomendación plantea que el municipio publique de manera proactiva, actualizada y georreferenciada todas las licencias de construcción y los cambios de uso de suelo autorizados dentro del territorio municipal.
Por su parte, la segunda propone la creación de un micrositio especializado para la administración territorial del sitio Ramsar Santuario Playa Tortuguera El Verde Camacho, un humedal de importancia internacional que actualmente enfrenta una creciente presión por nuevas inversiones inmobiliarias y turísticas en la zona norte de Mazatlán.
De acuerdo con la propuesta, este portal deberá concentrar información accesible y en formato de datos abiertos sobre parámetros de ocupación del suelo, licencias de construcción, resolutivos ambientales, cambios de uso de suelo, factibilidades de servicios y otros trámites relacionados con el desarrollo urbano dentro del polígono protegido.
De tal forma que el CPC señaló que, aunque la información sobre permisos de construcción se encuentra disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia, su consulta resulta compleja para gran parte de la población, por lo que se busca que los datos sean presentados de manera clara, comprensible y accesible para cualquier ciudadano.
“El objetivo de estas recomendaciones es evitar la pérdida de vidas humanas, daños a la infraestructura y a los sectores productivos ante fenómenos meteorológicos como los huracanes y los efectos del cambio climático”, dijo.
Las recomendaciones fueron aprobadas por las instituciones que integran el Sistema Anticorrupción de Sinaloa, entre ellas la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, la Auditoría Superior del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Comité de Participación Ciudadana.
Es por ello que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción notificará formalmente al Ayuntamiento sobre ambas recomendaciones, las cuales deberán recibir una respuesta fundada y motivada en un plazo máximo de 15 días hábiles, indicando si serán aceptadas o rechazadas.
“No estamos pidiendo que se transparente información nueva, estamos pidiendo que se transparente de una manera más accesible, útil y comprensible para la ciudadanía”, comentó.
“Sinaloa tiene buenos indicadores en transparencia obligatoria, pero está rezagado en materia de gobierno abierto, transparencia proactiva y datos abiertos”, puntualizó
La alcaldesa del Ayuntamiento de La Paz, Milena Quiroga Romero, desmintió de forma contundente las versiones que circulan en plataformas digitales que afirman que presuntamente omitió declarar más de 50 millones de pesos en su patrimonio personal. Durante su conferencia de prensa semanal, la presidenta municipal de la capital de Baja California Sur calificó estos señalamientos como una estrategia de difamación sin sustento legal. La funcionaria aclaró ante los medios de comunicación que todos los recursos públicos y sus percepciones están debidamente fiscalizados por los órganos de auditoría del estado, cumpliendo a cabalidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas.
La polémica cobró fuerza en días recientes tras la réplica de publicaciones que cuestionaban la evolución patrimonial de la edil, lo que motivó una respuesta directa en el desahogo de la ronda de preguntas. Milena Quiroga Romero argumentó que el manejo presupuestal de la demarcación se apega a la rendición de la cuenta pública, donde cada peso ejercido es minuciosamente revisado. La munícipe instó a los ciudadanos y comunicadores a corroborar las fuentes oficiales y los portales de transparencia antes de masificar rumores que solo buscan mermar la confianza en las instituciones locales.
Para contrarrestar el impacto de la información falsa, el equipo de comunicación del ayuntamiento activó la sección digital denominada “detector de mitotes”, evidenciando cómo se estructuran estos ataques en el entorno virtual. La alcaldesa de La Paz reiteró que no existen observaciones pendientes ni procedimientos de sanción en su contra por parte de la Auditoría Superior del Estado o la Contraloría Municipal. Con esta postura, la administración paceña busca blindar su imagen de honestidad en un momento clave de la gestión pública, donde las demandas de transparencia son una prioridad para la audiencia de Tribuna de México.
“Si hay algo que no se ha comprobado hablando de este recurso público, pues se tiene que comprobar y hay un proceso. Se hace hablando de la cuenta pública, por ejemplo. Se informa en la cuenta pública, si entraron 2000 millones de pesos, ¿cómo se ejercieron?” — Milena Quiroga Romero, alcaldesa de La Paz.
La fiscalización de los recursos y las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos en Baja California Sur se han convertido en un terreno de constante disputa política. En el pasado, diversas administraciones municipales en la entidad han enfrentado revisiones exhaustivas por el destino de fondos federales, lo que ha elevado el escrutinio de los usuarios en redes sociales. La actual administración de La Paz sostiene que la transparencia en los ingresos de sus gobernantes es la única vía para erradicar las sospechas de enriquecimiento ilícito, un flagelo histórico en los municipios del norte del país.
Por otra parte, la proliferación de campañas de desinformación mediante el uso de herramientas digitales y la edición de contenidos ha encendido las alarmas de las autoridades locales. El equipo de comunicación de la alcaldesa detectó que las acusaciones de los 50 millones de pesos coincidieron con la difusión de un video alterado con inteligencia artificial sobre un evento de automovilismo Off-Road, confirmando una estrategia coordinada de desestabilización. El gobierno paceño enfatizó que cualquier inconsistencia real en el patrimonio de un funcionario se dirime en los tribunales y no en debates digitales de Google.
El reto para la gestión de Milena Quiroga Romero radica en mantener la estabilidad administrativa mientras se solventan de manera formal los plazos institucionales de la cuenta anual. La alcaldesa aseguró que el ayuntamiento continuará cooperando con la entrega de toda la documentación que soliciten las instancias fiscalizadoras, garantizando que cada observación de forma sea aclarada con documentos y facturas correspondientes para evitar que los rumores sigan alimentando la desconfianza ciudadana.
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MEXICALI, MAYO 31, 2026.- El diputado de Morena, Juan Manuel Molina García, presentó una iniciativa de reforma constitucional que busca establecer límites claros y transparentes a las remuneraciones, jubilaciones y pensiones de las personas servidoras públicas en la entidad.
En cumplimiento al mandato del Congreso de la Unión, la iniciativa busca adecuar la Constitución local al artículo 127 de la Constitución federal, atendiendo la obligación de armonizar el marco jurídico estatal en un plazo de noventa días.
“La reforma planteada es apremiante desde la perspectiva de la disciplina presupuestal y la justicia social. Tolerar prestaciones que superen los límites constitucionales federales representa un dispendio injustificado, contrario al principio de justicia distributiva que debe orientar el ejercicio del gasto público”, destacó el legislador de Morena.
Parte de la reforma considera que las remuneraciones deberán ser congruentes con la situación socioeconómica del Estado y las condiciones de la Hacienda Pública; además, establece que ningún servidor público podrá recibir una remuneración mayor a la aprobada para la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado.
Asimismo, se prohíbe que un servidor público perciba ingresos iguales o superiores a su superior jerárquico, salvo en casos técnicos o contractuales específicos. La iniciativa también dispone que los tabuladores salariales sean públicos y detallen todos los elementos fijos y variables, tanto en efectivo como en especie.
Además, las pensiones y jubilaciones del personal de confianza en organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos del Estado y los municipios deberán respetar en todo caso los topes máximos previstos en el artículo 127 de la Constitución federal.
“Este Congreso tiene la responsabilidad de garantizar remuneraciones justas y transparentes, fortaleciendo la confianza ciudadana en las instituciones, y mediante esta reforma se consolida un marco de austeridad, proporcionalidad y rendición de cuentas que cierra espacios a privilegios y excesos en el aparato público estatal y municipal”, subrayó Molina García.
La próxima semana podrían retomarse las mesas de trabajo entre colectivos y organizaciones en defensa del acceso a la información pública y el Congreso del Estado, con el objetivo de analizar posibles cambios y modificaciones a la iniciativa de una nueva Ley de Transparencia.
La Presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerra Ochoa, informó que tras una conversación reciente con Lucia Mimiaga del Comité de Participación Ciudadana se acordó dar continuidad a estos espacios de diálogo, los cuales buscan incorporar las propuestas de las organizaciones participantes.
Guerra Ochoa señaló que la intención del Congreso es escuchar a los colectivos y considerar ajustes a la iniciativa, con el fin de construir una propuesta legislativa con la que exista mayor coincidencia.
Asimismo, lamentó que la última reunión entre legisladores y organizaciones haya derivado en un intercambio de posturas confrontativas.
“Yo lamento que en esta mesa de trabajo que se dio, porque era una mesa de trabajo que se fue haciendo más extensiva y extensiva, la invitación terminó siendo también una mesa con mucho tinte político, yo creo que la idea era abrir los canales para escuchar”, expresó.
Este posicionamiento surge luego de que colectivos y organizaciones señalaran durante la última mesa de trabajo que las reuniones podrían tratarse de un ejercicio de simulación y no de una verdadera apertura al diálogo ciudadano.
Con el fin de robustecer la rendición de cuentas y la fiscalización interna, el Instituto Municipal de Cultura de Culiacán formalizó este domingo un convenio de colaboración con el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento.
El pacto entre el director general del Instituto, Adolfo Plata Guzmán, y la titular del OIC, María Esther Bazúa, busca establecer una coordinación estrecha para supervisar los procesos administrativos y financieros de la dependencia cultural.
De acuerdo con la información oficial, este vínculo facilitará el seguimiento a diversas auditorías dentro del Instituto, asegurando que se actúe bajo el marco legal vigente y se logre una gestión pública más eficiente y responsable.
Durante el acto protocolario, ambos funcionarios destacaron la relevancia de unificar esfuerzos para el fortalecimiento de los procesos institucionales.
Por su parte, Plata Guzmán subrayó que esta acción reafirma el compromiso del IMCC con la transparencia y el ejercicio correcto de los recursos públicos en beneficio directo de la ciudadanía culiacanense.
Con esta medida, las autoridades municipales pretenden que la administración de la cultura en el municipio se mantenga bajo un esquema de mejora continua y estricto apego a la normatividad.
Después de los señalamientos por la aparición de camiones recolectores con logotipos del Gobierno Municipal antes de darse a conocer el fallo oficial a este proceso de licitación, el presidente del Comité de Adquisiciones de Mazatlán, Ángel Fernando Arballo Quintero, aseguró que el proceso de compra de unidades recolectoras de basura se ha desarrollado bajo los criterios de legalidad, transparencia y supervisión colegiada.
Las declaraciones surgieron luego de cuestionamientos realizados por la Regidora por el PRI Maribel Chollet Morán, quien puso en duda el proceso tras detectarse vehículos aparentemente rotulados con imagen institucional antes de que se anunciara quién sería la empresa ganadora de dicha licitación.
Ante esto, Arballo Quintero señaló que las bases del concurso son claras y establecen que las unidades deben entregarse completamente en blanco, sin logotipos ni rotulación oficial, por lo que dijo desconocer el origen de los camiones señalados.
“Es una licitación pública nacional donde puede participar cualquier empresa que cumpla con los requisitos. Las bases dejan muy claro que las unidades se tienen que entregar sin logotipos, en blanco. Desconozco de quién sean esos camiones o de qué empresa”, declaró.
“El ganador será quien cumpla con todos los requisitos de las bases. No hay ninguna simulación, pues hay una total transparencia que se basa en las leyes”, agregó.
El Oficial Mayor expresó que el proceso ya había superado las etapas técnicas y económicas, asegurando que la decisión final sería tomada por este comité, integrado por nueve personas, descartando que exista una decisión unilateral o una simulación en la asignación del contrato como se ha señalado.
Asimismo, reiteró que el Comité de Adquisiciones no es una instancia investigadora sobre la operación o logística de las empresas participantes, por lo que dijo desconocer si las unidades señaladas pertenecen o no a alguna de las compañías concursantes.
“Nosotros, como Comité de Adquisiciones, solamente nos abocamos a la decisión del fallo de quién presenta la mejor propuesta. No hay nada que ocultar. Todo está transparente”, declaró.
“Nosotros no somos un ente investigador sobre esos vehículos, y lo que haga cualquier empresa que participe es ajeno al comité”, añadió.
Sin embargo, reconoció que, en caso de que alguna empresa participante hubiera presentado vehículos con logotipos antes de tiempo, el tema tendría que ser revisado por las autoridades correspondientes y por el propio comité.
“Los camiones se tienen que entregar tal y como lo marcan las bases. Si dicen sin logotipo, tienen que ser sin logotipo. Si alguna empresa no cumple con eso, el comité tendrá que revisarlo”, comentó.
Gana 'Dansutol' licitación
Este viernes 22 de mayo, en punto de las 13:00 horas, el Comité de Adquisiciones emitió el fallo a favor de la empresa International Corporation Dansutol SA de CV.
La propuesta ganadora contempla la adquisición de cuatro camiones International MV 4x2 modelo 2026 con recolector compactador de basura de carga trasera, con capacidad efectiva de 21 yardas cúbicas y carrocería marca Repsa.
El precio unitario ofertado fue de 3 millones 836 mil pesos, para un subtotal de 15 millones 344 mil pesos más IVA de 2 millones 455 mil 40 pesos, dando un monto total de 17 millones 799 mil 40 pesos.
Luego del altercado entre el Diputado local Rodolfo Valenzuela Sánchez y colectivos ciudadanos por la iniciativa de la nueva Ley de Transparencia, el Legislador aseguró que sí existe apertura para recibir y escuchar a los representantes de las organizaciones civiles.
Comentó que podrían realizarse cambios y ajustes a la iniciativa de ley, además de abrir más mesas de trabajo donde los colectivos sean tomados en cuenta.
Señaló que el objetivo de la propuesta es homologar la ley estatal con la legislación federal y que, aunque no se contempla desecharla en su totalidad, sí podrían hacerse modificaciones.
La declaración surge luego de la mesa de trabajo realizada recientemente entre diputados y organizaciones civiles defensoras del acceso a la información pública.
Durante el encuentro, representantes de organizaciones civiles exigieron que la iniciativa fuera desechada por completo, al considerar que vulnera derechos relacionados con el acceso a la información y la transparencia gubernamental.
Sobre los señalamientos de algunos colectivos, quienes aseguran que la nueva ley busca blindar a funcionarios acusados por Estados Unidos, especialmente al Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el Diputado rechazó dichas acusaciones y reiteró que la intención únicamente es homologar la legislación estatal con la federal.
“Yo creo que es parte del posicionamiento político que han hecho y que la ley tenga que estar siendo homologada con una legislación federal. No considero que exista una intención de la particularidad que se menciona. Lo que queremos es darle continuidad legal y estamos cumpliendo con el proceso”, expresó.
Asimismo, declaró que ya revisó los videos difundidos en redes sociales para analizar con detenimiento los argumentos de los colectivos, y afirmó que varios de ellos carecen de fundamentos.
“No hay indicios ocultos, yo invito a las personas interesadas en el tema a que revisen el video de la reunión que tuvimos. Así como estamos hablando de transparencia, ahí quedó todo claro, se le permitió la palabra a todos; incluso algunos participaron directamente y me pareció positivo que varias personas mostraran una postura propositiva y conocimiento del tema, sin embargo, la mayoría llevaba una intención política, tan es así que estuvo presente un Diputado federal que realmente no tiene injerencia sobre este tema”, detalló.
También sostuvo que en el Congreso del Estado sí existe apertura para recibir a las organizaciones y escuchar sus planteamientos.
Sin embargo, integrantes de la sociedad civil han denunciado que estas reuniones solo representan una simulación y no una verdadera disposición para atender las voces ciudadanas.
Integrantes de organizaciones civiles y del Comité de Participación Ciudadana cuestionaron el proceso de discusión de la nueva iniciativa de Ley de Transparencia en Sinaloa, al considerar que el Congreso del Estado desestimó las observaciones presentadas durante una reunión con la Comisión de Transparencia.
Gustavo Rojo Navarro, director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán, señaló que existe preocupación por la intención de homologar la legislación estatal con la Ley General de Transparencia, debido a los efectos que tendría sobre el acceso a la información pública.
Además, criticó que la reunión careciera de un orden del día y aseguró que una de las principales inconformidades surgió cuando el Diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez adelantó que no habría cambios a la propuesta enviada por Rubén Rocha Moya.
Marlene León Fontes, directora de Iniciativa Sinaloa, reprochó que las organizaciones fueran convocadas con poco tiempo para revisar un dictamen que consideró de gran relevancia para la ciudadanía.
“Lo que ayer vivimos fue una mera simulación. Al final concluyeron que iban a hacer las cosas de la manera en que ellos decidieran y nos parece una falta de respeto al trabajo que hemos realizado desde la sociedad civil”, expresó.
Las organizaciones advirtieron que la iniciativa permitiría reservar información relacionada con el gasto público, incluyendo documentos sobre el uso de recursos públicos.
Lucía Mimiaga León, presidenta del Comité de Participación Ciudadana, indicó que otro de los cambios planteados es ampliar los plazos de respuesta a solicitudes de información, que actualmente son de 10 días y podrían extenderse hasta 20 o incluso 30 días con prórroga.
También señalaron que la propuesta eliminaría obligaciones de transparencia relacionadas con arrendamientos y excluiría como sujetos obligados a partidos políticos, ayuntamientos, sindicatos y universidades.
Gustavo Rojo explicó que la iniciativa contempla que cada ente gubernamental atienda los asuntos de transparencia mediante órganos internos de control, en lugar de mantener un organismo garante independiente.
“En el Poder Judicial, el órgano interno de control se encargaría de la transparencia, y lo mismo ocurriría en el Poder Legislativo, donde recaería en el órgano de control del Congreso del Estado. No se contempla una figura de organismo garante para los municipios y, para quienes trabajamos temas municipales, nadie nos va a poder defender”, indicó.
“Yo puedo llegar con un municipio o una secretaría a pedir información y me pueden responder: ‘¿Por qué te la voy a dar?’. No queda claro quién determina eso”, afirmó.
Asimismo, mencionó que la redacción propuesta limitaría el acceso a información vinculada con corrupción, al establecer el concepto de “casos de corrupción acreditados”, dejando a criterio de la autoridad cuáles denuncias serían consideradas válidas.
Manuel Espinoza, integrante del Comité de Participación Ciudadana, agregó que también se plantea eliminar obligaciones de transparencia sobre bitácoras de vuelo y registros de vehículos oficiales, además de retirar disposiciones específicas en materia ambiental.
Explicó además que la iniciativa permitiría reservar información por cinco años cuando se considere que puede generar un problema social, con posibilidad de ampliar el periodo otros cinco años más.
Marlene León reiteró que las organizaciones civiles mantienen disposición para colaborar con el Congreso en la construcción de una legislación que fortalezca la transparencia en Sinaloa.
Las mesas de trabajo entre diputados y colectivos ciudadanos sobre la posible nueva Ley de Transparencia en Sinaloa quedarán suspendidas mientras no exista apertura para llegar a acuerdos entre ambas partes, informó la Diputada local María Teresa Guerra Ochoa, Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.
La legisladora señaló que algunos ciudadanos han asumido una postura en la que consideran que no existe disposición del Congreso para escuchar sus planteamientos, situación que ha complicado el avance de los diálogos.
La declaración surge luego de la mesa de trabajo realizada recientemente entre diputados e integrantes de colectivos y organizaciones civiles defensoras del acceso a la información pública, donde nuevamente se registraron confrontaciones por la iniciativa de reforma impulsada por el Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.
Durante el encuentro, representantes de organizaciones civiles exigieron que la iniciativa fuera desechada en su totalidad, al considerar que vulnera derechos relacionados con el acceso a la información y la transparencia gubernamental.
Además, integrantes de los colectivos manifestaron su inconformidad debido a que fueron convocados con poca anticipación y, según señalaron, se les informó que la propuesta no podía ser retirada completamente, lo que generó molestia entre las y los asistentes.
Sobre esto, María Teresa Guerra Ochoa aseguró que la iniciativa no será sometida a votación ni dictaminada hasta que se realicen modificaciones derivadas de las propuestas que puedan presentar los colectivos.
La Diputada explicó que la ley no puede desecharse en su totalidad debido a que responde a lineamientos de carácter federal; sin embargo, sostuvo que sí existe posibilidad de realizar cambios mediante las mesas de trabajo.
“Nosotros pusimos a consideración que es lo que se puede reformar en el marco de una reforma constitucional que ya hubo y ver la posibilidad de que se puede hacer, era para hacer cambios, pero ellos quieren que entremos a deshacer una reforma federal”, señaló.
Asimismo, indicó que aún no se tiene certeza sobre la realización de nuevos encuentros, ya que consideró necesario que exista disposición al diálogo por parte de los colectivos.
Señalamientos de organizaciones civiles
En los últimos días, organismos como el Comité de Participación Ciudadana e Iniciativa Sinaloa han advertido que la nueva propuesta de Ley de Transparencia contempla retrocesos y elimina áreas fundamentales que actualmente garantizan el acceso a la información pública.
Las organizaciones sostienen que algunos cambios podrían debilitar mecanismos de vigilancia ciudadana y limitar la rendición de cuentas por parte de las autoridades.
Al señalar que a pese a que la máxima fiesta porteña concluyó desde febrero, la regidora Maribel Chollet Morán cuestionó públicamente la falta de transparencia y rendición de cuentas en torno a los resultados financieros del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 por parte del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, al todavía no presentar información clara y detallada sobre ingresos, egresos y balances finales del evento.
Durante una entrevista con medios de comunicación, Chollet Morán criticó el retraso en los informes administrativos del Instituto de Cultura, y acusó a la administración municipal de mantener una política de opacidad en temas financieros relacionados con el Carnaval.
La regidora señaló que el Consejo de Administración del Instituto de Cultura, del cual forma parte como consejera, presenta un desfase importante en sus sesiones ordinarias y en la entrega de documentación, situación que, aseguró, impide conocer con precisión cómo se ejercieron los recursos de la fiesta más importante del puerto.
“La administración pública no puede manejarse en una realidad alterna; la información debe ser pública. El Carnaval terminó el 17 de febrero y a estas alturas ya debieron tener listos los resultados financieros, por lo que traen un desfasamiento totalmente erróneo en sus informes administrativos”, comentó.
“Al día de hoy no hay información y eso deja espacio para la especulación. Con la nula transparencia y la opacidad que existe en esta administración, es imposible no cuestionar”, agregó.
La edil mencionó que la última sesión ordinaria a la que fueron convocados se realizó hasta finales de marzo, cuando ya debían contar con los resultados financieros del Carnaval, celebrado en febrero.
Ante ello, dijo haber votado en contra de la mayoría de los puntos abordados en esa reunión debido a las inconsistencias administrativas y a la falta de información actualizada.
“Yo voté en contra porque no había claridad en los informes que nos estaban entregando, por lo que di no nos convocan a reunión, seguramente es porque todavía están capturando la información”, declaró.
La regidora sostuvo que ni siquiera mediante solicitudes institucionales de acceso a la información han logrado obtener datos completos relacionados con ingresos por boletaje, patrocinios y gastos operativos, lo que, afirmó, genera especulación sobre el verdadero estado financiero del evento.
Las declaraciones de la edil surgieron luego de que el director del Instituto de Cultura, Óscar García Osuna, defendiera el manejo financiero del Carnaval y asegurara que la edición 2026 logró reducir significativamente el gasto en comparación con el año anterior.
García Osuna informó que este año se ejercieron aproximadamente 63 millones de pesos, mientras que en 2025 el gasto fue cercano a los 77 millones, lo que representó un ahorro de alrededor de 14 millones de pesos.
“Fueron 14 millones menos lo que se gastó y estamos muy contentos por el ahorro que se logró, pero más contentos por el impacto que tuvo el Carnaval. Este año se gastaron aproximadamente 63 millones de pesos contra 77 millones del año pasado”, expresó García Osuna.
El funcionario explicó que el análisis financiero no debe centrarse en si hubo ganancias o pérdidas, sino en la capacidad de realizar un evento de gran impacto con menor gasto público.
En este sentido, señaló que el Instituto trabaja bajo un esquema de presupuesto previamente autorizado y que el objetivo principal ha sido desarrollar eventos más sustentables para el erario, apoyándose en patrocinios y recursos externos.
“No podemos hablar de ganancias, pues aquí hablamos de un presupuesto asignado y de que generamos menos egresos que lo autorizado. Lo que tratamos de hacer es dar sustentabilidad y buscar eventos que cuesten menos al erario público”, dijo.
Asimismo, reconoció que conseguir patrocinadores ha sido más complicado en los últimos años, debido a la disminución de aportaciones de empresas que anteriormente participaban con mayores recursos económicos, lo que obligó a buscar nuevas estrategias de financiamiento.
Pese a ello, defendió que el Carnaval tuvo un impacto positivo tanto económico como turístico para Mazatlán y aseguró que la celebración se desarrolló en un ambiente de tranquilidad, fortaleciendo la proyección del puerto a nivel nacional.
“El impacto económico que tuvo el Carnaval fue importante, incluso mayor al del año pasado. Logramos un Carnaval en total tranquilidad y eso ayudó a proyectar positivamente a Mazatlán”, explicó.
Sin embargo, Chollet Morán insistió en que las declaraciones sobre ahorro y éxito turístico no sustituyen la obligación de presentar informes financieros claros y auditables.
La regidora cuestionó que, hasta el momento, no exista un balance público detallado sobre cuánto ingresó realmente por venta de boletos, patrocinadores y otros conceptos relacionados con el Carnaval, ni cómo se distribuyeron los recursos.
“Quienes formamos parte del Consejo de Administración deberíamos tener ya toda la información financiera. El único responsable de rendir cuentas es el director y es él quien tiene que salir a dar la cara”, mencionó.
Finalmente, sostuvo que la ciudadanía tiene derecho a conocer con exactitud cómo se ejercen los recursos públicos en uno de los eventos más importantes del municipio y advirtió que la falta de transparencia termina debilitando la confianza ciudadana en las instituciones.
Organizaciones civiles y representantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción acusaron una simulación por parte del Congreso de Sinaloa durante la mesa de diálogo convocada este martes para discutir propuestas relacionadas con la nueva Ley de Transparencia del Estado impulsada por el Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.
Lucía Irene Mimiaga León, titular del Comité de Participación Ciudadana del SEA, señaló que la convocatoria fue realizada apenas con un día de anticipación y sin especificar que el objetivo real era revisar la iniciativa presentada por el Ejecutivo estatal.
“Fue una invitación que nos hicieron solamente con un día de anticipación. La invitación no señalaba directamente que el motivo era reforzar o mejorar la iniciativa del gobernador Rubén Rocha Moya, simplemente señalaba que era una mesa de diálogo para hablar de propuestas en materia de transparencia”, expuso.
La activista indicó que acudieron al encuentro con la intención de solicitar que la propuesta enviada por Rocha Moya fuera desechada para construir una nueva legislación junto con especialistas, organizaciones y diputados.
“Nosotros queremos avanzar en la construcción de una iniciativa ciudadana junto con los diputados, pero para poder avanzar es importante que ellos desechen de plano la ley de Rubén Rocha Moya”, expresó.
De acuerdo con Mimiaga León, durante cerca de dos horas insistieron a los legisladores sobre los errores, omisiones y retrocesos que, aseguran, contiene la propuesta, sin obtener una respuesta clara respecto a si el Congreso retiraría la iniciativa.
La integrante del SEA relató que fue casi al finalizar la reunión cuando el diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez, presidente de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, confirmó que el objetivo era escuchar observaciones para mejorar el documento ya presentado por el Ejecutivo y continuar con el proceso legislativo.
“Por eso nos levantamos de la mesa porque esto fue prácticamente una simulación. Ellos quieren simular que hubo participación ciudadana para poder votar la ley de Rubén Rocha Moya”, sostuvo.
Mimiaga León hizo un llamado a la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Teresa Guerra Ochoa, así como al resto de los legisladores, para que desechen la iniciativa y permitan construir una nueva propuesta con participación ciudadana.
“Aquí el llamado es para la diputada Tere Guerra y para todos los diputados y diputadas para que desechen esa iniciativa ya y no traten de seguirla defendiendo”, manifestó.
Advirtió además que, en caso de que la ley avance sin modificaciones de fondo, organizaciones y ciudadanos podrían recurrir a amparos como mecanismo de defensa.
“Si ellos avalan esa iniciativa del gobernador, ellos van a ser cómplices de la opacidad aquí en Sinaloa para los próximos años”, declaró.
La activista recordó que desde hace un año organizaciones civiles presentaron una iniciativa ciudadana en materia de transparencia, misma que, aseguró, fue desechada por el Congreso local.
La iniciativa impulsada por Rocha Moya ha sido cuestionada por organismos y colectivos ciudadanos, quienes consideran que algunos de sus lineamientos representan retrocesos en materia de acceso a la información pública y rendición de cuentas.
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