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Buscan tipificar la cohabitación forzada de menores en BCS
Durante sesión de la XVII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, la diputada María Guadalupe Saldaña Cisneros presentó una iniciativa de reforma que busca prevenir y sancionar la cohabitación forzada de personas menores de edad, una práctica vinculada al matrimonio infantil y las uniones tempranas.
La propuesta contempla modificaciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al Código Penal estatal, con el objetivo de fortalecer la protección de este sector y atender un fenómeno que, aunque prohibido legalmente, persiste en contextos informales.
Previo a la sesión, la legisladora advirtió sobre la magnitud del problema tanto a nivel nacional como estatal, destacando la necesidad de tipificar este delito.
“Me parece un tema muy atinado porque en Baja California Sur tenemos más de 1400 matrimonios de niñas y niños. En el país tenemos el desprestigiado octavo lugar en el mundo como país en matrimonios de niñas y niños. Y esto debe acabarse y en todos los congresos locales tenemos, todos juntos lograr que se tipifique este delito y que se pueda de manera categórica castigar”.
Asimismo, señaló que en México únicamente siete entidades han armonizado su legislación en esta materia, por lo que aún restan 25 estados, entre ellos Baja California Sur.
La iniciativa propone la creación del delito de cohabitación forzada de personas menores de edad, que sancionaría a quienes obliguen, induzcan o permitan que niñas, niños o adolescentes vivan en una relación equiparable al matrimonio, incluso sin que exista un vínculo legal.
De acuerdo con el planteamiento, este delito sería castigado con penas de entre 8 y 15 años de prisión, además de sanciones económicas, y aplicaría tanto para quienes promuevan directamente estas uniones como para padres, tutores o cualquier persona que las consienta.
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En el mismo sentido, previo a la discusión legislativa, el representante de la Fundación Eufrosina, Francisco Errejón, subrayó que estas prácticas constituyen violaciones graves a los derechos humanos y no deben justificarse como tradiciones.
“Porque cuando una niña es obligada a una unión con un adulto o en una cohabitación forzada que no eligió, no estamos frente a una tradición ni frente a una costumbre cultural, estamos frente a una violación grave a los derechos humanos. Hoy también debemos hablar de datos porque los datos tienen rostro. En América Latina y el Caribe, una de cada cuatro niñas entra en una unión temprana antes de cumplir los 18 años. Muchas de estas uniones no ocurren mediante un matrimonio civil, sino que son arreglos informales que permanecen fuera de la vigilancia del Estado”.
Entre los puntos clave de la iniciativa destacan el establecimiento de medidas integrales de protección, la atención a contextos de vulnerabilidad —como comunidades indígenas, personas con discapacidad o en situación de migración—, así como el reconocimiento de que el consentimiento de una persona menor de edad no exime responsabilidad penal.
Además, se plantea eliminar cualquier justificación basada en usos, costumbres o prácticas culturales, reforzando el enfoque de derechos humanos y el principio del interés superior de la niñez.
La propuesta también contempla que este delito sea imprescriptible, con el fin de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas en cualquier momento.
Con esta iniciativa, se busca que Baja California Sur avance en la armonización de su marco legal y refuerce las acciones para erradicar el matrimonio infantil y las uniones forzadas, prácticas que continúan afectando el desarrollo y bienestar de niñas, niños y adolescentes.
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