MEXICALI, MARZO 14, 2026.-Con el compromiso de construir un estado donde todas las personas sean incluidas y fortalecer la justicia social con apoyos para grupos de atención prioritaria, la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda encabezó la Jornada Integral de Entrega de Apoyos Económicos del Programa de Inclusión Social y No Discriminación.

La mandataria estatal señaló que esta entrega de apoyos, realizada en coordinación con la Secretaría de Inclusión Social de Baja California, contempla su distribución en los siete municipios de la entidad, iniciando en Tijuana y finalizando en San Quintín.

“Más que apoyos, son lo que más merecen. Cuando llegamos al gobierno nos propusimos algo muy claro: que nadie en Baja California se quede atrás, ni por su condición, ni por su origen, ni por su lengua, ni por alguna discapacidad o cualquier barrera de discriminación”, resaltó.

En esta ocasión fueron 1 mil 152 apoyos económicos entregados a personas de grupos que históricamente han enfrentado discriminación, tales como pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad y población LGBTTTIQA+.

La titular de la Secretaría de Inclusión Social, Belinda Elizabeth Rodríguez Moreno, señaló que esta entrega de recursos representa un acto de justicia social, ya que detrás de cada apoyo hay un gobierno que respalda la lucha y la esperanza de todas y todos.

“Amigas y amigos que nos acompañan el día de hoy, queremos que este apoyo sea un impulso para sus proyectos, para su salud, para su hogar y para su educación; pero, sobre todo, para su tranquilidad y bienestar. Sigamos juntas, juntos y juntes construyendo un estado donde quepamos todas, todos y todes con respeto y dignidad”, expresó.

Como parte de las jornadas, se integraron módulos de diferentes dependencias que brindaron orientación y canalización a servicios de salud, identidad, bienestar y acceso a programas públicos para personas en situación de vulnerabilidad.

Magdalena, beneficiaria perteneciente a la comunidad purépecha, agradeció a la gobernadora por escuchar y visibilizar a este grupo de la población mediante las acciones del Programa de Inclusión Social y No Discriminación.

“Este recurso de inclusión y no discriminación, así como el apoyo a nuestros intérpretes de lenguas indígenas, no es solo una cifra; es una herramienta real para salir adelante con dignidad. Demuestra que la inclusión en Baja California no se queda en palabras, sino que llega directamente a quienes más lo necesitan”, declaró.

La edición 26 del Vive Latino se ha visto ensombrecida por una denuncia que escala rápidamente en redes sociales y medios nacionales. De acuerdo con información difundida por diversos colectivos antifascistas y de derechos humanos, se ha permitido la presentación en territorio mexicano de una banda finlandesa señalada por promover mensajes supremacistas y de odio. El hecho ha generado una ola de indignación, especialmente por el contraste que supone un festival que históricamente celebra la diversidad y la unión iberoamericana.

A pesar de las evidencias presentadas por activistas, quienes han documentado letras y simbología vinculada a grupos de extrema derecha en Europa, las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y los organizadores del evento han guardado un silencio absoluto. Esta omisión ha sido calificada como grave por expertos en derecho internacional, ya que la Constitución Mexicana prohíbe explícitamente cualquier discurso que promueva la discriminación o la violencia contra grupos específicos.

La controversia no solo queda en el escenario musical; pone sobre la mesa la responsabilidad de las empresas promotoras de eventos masivos al momento de contratar talento internacional. Según los críticos, la falta de un filtro ideológico o ético permite que agrupaciones que son canceladas en otros países por sus posturas radicales encuentren en México un espacio libre para difundir consignas que atentan contra la dignidad humana.

El marco legal en México respecto a los discursos de odio en espectáculos públicos presenta zonas grises que los organizadores parecen estar aprovechando. Mientras que en países como Alemania o la misma Finlandia existen restricciones severas para actos públicos con simbología neonazi o supremacista, en nuestro país la respuesta ha sido nula por parte de la Secretaría de Gobernación o el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).

La llegada de esta banda finlandesa a suelo nacional se da en un contexto donde los movimientos de ultraderecha han intentado ganar terreno en diversas partes del mundo. La falta de un comunicado oficial por parte de la Procuraduría de Justicia o de las autoridades del festival deja abierta la puerta a interpretaciones sobre la permisividad del Estado ante ideologías que promueven la desigualdad racial y social.

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El cargo Polémica en el Vive Latino 2026: Se presenta banda finlandesa supremacista ante el silencio de autoridades apareció primero en Tribuna de México.

ENSENADA, MARZO 11, 2026.-El Gobierno del Estado de Baja California llevó a cabo en el Centro Estatal de las Artes (CEART) de Ensenada la Jornada Integral para la Entrega de Apoyos Económicos del Programa de Inclusión Social y No Discriminación y del Programa de Apoyo a Personas Intérpretes y Traductoras de Lenguas Indígenas, a través de la Secretaría de Inclusión Social, beneficiando a 110 personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria.

Durante la jornada se entregaron apoyos económicos consistentes en cheques por $4,500 pesos a personas de pueblos y comunidades indígenas, personas de la diversidad sexual y de género, personas con discapacidad, personas cuidadoras, entre otras; así como apoyos por $1,500 pesos dirigidos a personas intérpretes y traductoras de lenguas indígenas, con el objetivo de reconocer su labor en la preservación y promoción de las lenguas originarias.

La Secretaria de Inclusión Social, Mtra. Belinda Elizabeth Rodríguez Moreno, destacó que estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno del Estado, encabezado por la Gobernadora Mtra. Marina del Pilar Ávila Olmeda, de impulsar políticas públicas con enfoque humanista que pongan en el centro a las personas, especialmente a quienes históricamente han enfrentado mayores condiciones de desigualdad y exclusión.

Durante el evento se contó con la presencia de la Lic. Rebecca Vega Arriola, Secretaria de las Mujeres de Baja California; Lic. Carmen Jiménez García, Delegada de la Secretaría de Bienestar en Ensenada; así como de las Regidoras del XXV Ayuntamiento de Ensenada, Ana Lara Carbajal y Mtra. Raquel Esther Manríquez Peña, quienes acompañaron esta jornada de atención dirigida a personas de grupos prioritarios.

Asimismo, participaron dependencias que instalaron módulos de atención para acercar servicios públicos a la población, entre ellas la Secretaría de Bienestar, delegación Ensenada, y Servicios Médicos Municipales, fortaleciendo así la atención integral durante esta jornada.

Como parte de la estrategia estatal para ampliar el acceso a estos apoyos, la Secretaría de Inclusión Social continúa realizando jornadas de entrega en los distintos municipios de Baja California, con el objetivo de acercar programas y servicios a las comunidades y garantizar el acceso a derechos para quienes más lo necesitan.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso con la inclusión social, la no discriminación y el fortalecimiento de políticas públicas que promueven el acceso equitativo a oportunidades y servicios para todas las personas.

MEXICALI, MARZO 04, 2026.-El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) dio cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California (TJEBC), al aprobar un nuevo acuerdo mediante el cual se atiende la solicitud presentada por la ciudadana Ma. Teresita Díaz Estrada, dentro del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía, identificado con la clave JC-05/2026.

Durante la 3ª Sesión Extraordinaria, se informó que la autoridad jurisdiccional revocó parcialmente un acuerdo previo del Consejo General, con el efecto de que se emitiera una nueva determinación que atendiera de manera clara, precisa y congruente la petición relacionada con el avance en la implementación de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, relativa a la igualdad laboral y no discriminación.

En acatamiento a lo ordenado, el Consejo General desarrolló en el nuevo acuerdo los alcances del derecho de petición previsto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reiterando que toda autoridad debe emitir respuestas fundadas y motivadas, dentro de un plazo razonable y en observancia de los principios de legalidad y seguridad jurídica.

Respecto a la implementación de la citada Norma Mexicana, se precisó que previamente se instruyó a la Unidad de Igualdad Sustantiva y No Discriminación, con acompañamiento del Departamento de Administración, a elaborar una ruta de trabajo orientada a integrar y ejecutar prácticas institucionales en materia de igualdad laboral y no discriminación en los procesos de gestión de recursos humanos del IEEBC.

Se informó que, una vez concluido formalmente el Proceso Electoral Local Extraordinario 2025, inició el cómputo del plazo otorgado para la elaboración de dicha ruta, misma que fue presentada oportunamente ante la Secretaría Ejecutiva.

El documento contempla fases de implementación, acciones específicas, objetivos, áreas responsables, periodos de ejecución, indicadores y porcentajes de avance, enfocados en fortalecer la transversalización de la perspectiva de género y el principio de igualdad sustantiva al interior del Instituto.

Asimismo, se destacó que las áreas responsables han sostenido reuniones de trabajo para dar seguimiento a los componentes previstos, lo que refrenda el compromiso institucional con la consolidación de una cultura organizacional basada en la igualdad y la no discriminación.

Finalmente, el Consejo General instruyó la notificación personal del acuerdo a la promovente en copia certificada, así como la remisión de las constancias correspondientes al Tribunal Local para acreditar el debido cumplimiento de la sentencia, en los términos ordenados por la autoridad jurisdiccional.