Distraída por enésima ocasión en detener los frecuentes dardos judiciales que le lanza el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, Imelda Castro Castro le estaría dedicando mayor tiempo a defenderse de tales resoluciones adversas que a competir por obtener la candidatura del Movimiento Regeneración Nacional a la Gubernatura. La diferencia es que había resistido sin objetar la acometida institucional y ahora induce la eventualidad del golpeteo político contra ella.

Ante tantos resolutivos del Teesin desfavorables para una sola de los 13 aspirantes que se registraron para obtener la coordinación de defensa de la Cuarta Transformación y la soberanía nacional en Sinaloa, la sospecha pública procede a interpretarlos como descarríos que desvían al órgano enjuiciador de su cardinal función neutral y lo mete en la tentación de ser juez y parte al apalear jurídicamente a unos y omitir judicializar a otros. Tanto va el Tribunal a validar las quejas contra la ex Senadora que sus fallos resultan adivinables y cuestionables.

Más allá de que el Teesin atiende denuncias de partidos y ciudadanos que se consideran vulnerados en determinados derechos, la suspicacia está en que la instancia jurisprudencial valide cuanta controversia se le presenta y cae en trampas de actores y factores que quieren ganar los procesos electorales en los juzgados y no mediante las votaciones constitucionales. Rara manera de convertir hasta los chismes de barrio en demoledores dictámenes contenciosos.

Además, en el caso Castro el Tribunal que preside el Magistrado Édgar Donato Vega Márquez proyecta la idea de situarse como pieza plenipotenciaria en el ámbito comicial, echando abajo todo lo que avanza en debido sentido legal en Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. Desecha lo que aprueba la primera instancia cuyas atribuciones genuinas no tendrían por qué supeditarse a ardides que no abonan a la confianza sino al sospechosismo.

Con más de 30 mujeres y hombres de todos los partidos promocionándose con miras a la elección del próximo 6 de junio, el principio de lex dura se vuelca hacia la morenista que por cierto lleva meses apareciendo a la cabeza en las encuestas que miden la viabilidad de las candidaturas a la titularidad del Ejecutivo estatal, mientras la normatividad y el aparato procesal en la materia exhibe obsesión por hacer leña a un solo árbol del inmenso bosque de campañas anticipadas.

Otra cosa muy distinta sería el hecho de que el Teesin emitiera laudos en forma pareja contra todos los que en redes sociales y mediante el activismo en territorio son visibles en adelantarse a los plazos legales del proceso electoral. Tomando como muestra a las cinco mujeres y ocho hombres que pelean por presidir la obra del segundo piso de la 4T pues allí comienza la extrañeza de que Imelda Castro siempre esté en la mira del Tribunal Electoral.

En contrasentido, los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano desarrollan una importante efervescencia electoral con el uso de plataformas digitales, visitas domiciliarias, activismo en cruceros, presencia en medios de comunicación impresos y electrónicos, pero escapan del radar acusador y obtienen el privilegio de no aparecer en los alegatos del Teesin.

La consecuencia de dicha ausencia de equilibrio procesal tiene que ver con el riesgo de que al inclinarse únicamente contra ICC el fiel de la balanza del arbitraje electoral acabe siendo coadyuvante de la percepción social que asocia la actual crisis sinaloense con el debilitamiento de instituciones claves para la vigencia del Estado de derecho. No es tan complicado entender que cualquier pilar indispensable para la gobernabilidad debería mostrarse estoico hoy en su propósito de brindar legalidad a secas.

El juego político de moda, de “péguenle a Imelda”, por supuesto que sobrepasa los intereses de cuidar la legitimidad de la elección en puerta. Se ha vuelto negocio lucrativo de individuos y grupos que mercantilizan la agresión disfrazada de cruzada cívica y, por si acaso no lo supieran los magistrados del Teesin, la conversación pública cuchichea las posibles inacciones legales obsequiadas a muchos encampañados y la mano dura enderezada contra una mujer que futurea.

La corrección es indispensable. Cuando la justicia deja de abatir impunidades y procede a construir nuevas víctimas entonces en caso de que el Tribunal Electoral reincida en inmiscuirse en la designación de la candidata o candidato de Morena la principal violentada será la democracia. ¿Para qué añadirle mayor fragilidad a la de por sí débil institucionalidad en Sinaloa?

Exige esta tierra dolida,

A las injusticias ponerles fin,

Y no aplique la Ley torcida,

A Imelda Castro el Teesin.

Sería injusto no darle el bono de confianza que le corresponde al Secretario de Seguridad Pública estatal, General Sinhué Téllez López, en los buenos resultados reportados en los días recientes para la pacificación de Sinaloa pues a él le toca responder por lo que se hace bien o mal, y ayer la Gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, le dio posesión al Coronel Efrén Martínez Casimiro como Subsecretario de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, lo cual seguramente fortalecerá la coordinación interinstitucional para ofrecer el pronto regreso de condiciones seguras para la vida normal en esta tierra que ya no soporta ni merece más víctimas de la narcoguerra.

A la llegada el sábado de mil 700 elementos de la Secretaría de Marina para reforzar los operativos contra la violencia en Mazatlán le correspondió de manera simultánea el operativo de las fuerzas armadas y corporaciones policiacas que logró la detención de 28 presuntos delincuentes en la zona rural de la Sindicatura de El Roble, tratándose ambas cosas del mayor golpe asestado al crimen y de una especie de salvavidas arrojado al destino de playa cuando la marea roja de la narcoguerra le llega al cuello.

El despliegue de marinos llega en contrasentido del discurso que han mantenido las autoridades locales al repetir como disco rayado que la seguridad pública está garantizada en Mazatlán, e inclusive atreverse a clasificar con saldo blanco la actual temporada vacacional de verano, con corte al 5 de agosto. Esa falta de tacto declarativo o dificultad para guardar silencio pasó por alto los 36 homicidios dolosos de julio y los 15 de la primera semana de agosto que si bien es cierto no ocurrieron en la zona turística sí fueron perpetrados dentro del casco urbano.

El apremio de las instituciones por dar mejores resultados en seguridad pública, como los presentados el fin de semana, debe concordar con la desesperación de la gente pacífica debido al hartazgo que causa la violencia en su avance hacia dos años constante y atemorizante. La estrategia de permitir que los resultados hablen y los servidores públicos adopten adecuados márgenes de cautela son condiciones fundamentales en la consecución de paz.

Es decir, en caso de que los secretarios de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, hubieran hecho suyo el informe de Mazatlán como paraíso de apacibilidad y legalidad, entonces ninguna razón habría para destacamentar al gran número de efectivos navales. Hicieron la lectura adecuada: no es necesario que las balas rocen a los turistas para deducir que el peligro es también para éstos.

Por fortuna, el arribo de los efectivos de Marina fue secundado por el operativo en la Sindicatura de El Roble, municipio de Mazatlán, que detuvo a 28 personas presuntas generadoras de violencia y les aseguró el enorme arsenal de 15 armas largas, 94 cargadores, 3 mil cartuchos útiles y ocho chalecos con 16 placas balísticas. Véase como se vea, esto abona bastante a que la gente adquiera confianza respecto a las labores de pacificación de Sinaloa.

También se trata de un apoyo federal que llega tarde. Sin ánimo de ponerle plazos a la atención de acontecimientos que esparcen terror y frustración en Sinaloa, cada vez que desembarcan militares, guardias nacionales y policías federales habrá el reclamo del retraso en la operación anticrimen con sustento en la dolorosa suma de las vidas sacrificadas, los hogares en los cuales la fuerza delictiva se llevó a uno o más de los suyos, y la afectación que las armas de los maleantes causan al patrimonio de familias y actividades económicas.

Ojalá que estas acciones contra el hampa adquieran un efecto irradiador hacia los municipios de Concordia, Escuinapa y Concordia en los cuales se ha concentrado en las semanas recientes la disputa entre facciones del narco por el control de territorios. El sur se ha convertido en la joya de la corona para las organizaciones criminales que chocan a partir de que Ismael Zambada García, jefe del Cártel de Sinaloa, fue llevado con engaños a un lugar de Culiacán donde lo secuestraron para llevarlo a la fuerza a Estados Unidos donde la justicia lo sentenció a cadena perpetua.

En síntesis, la apuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por más marinos para restablecer la Ley y el orden en Mazatlán, contrasta con la idea de generales y jefes policiacos que creen que mientras los crímenes no ocurran en la franja turística que abarca de El Faro a Cerritos, entonces la Perla del Pacífico goza de paz aceptable. O viceversa, si los asesinatos se registran en el malecón ¿en nada afectan al resto de perímetro citadino?

Con estos “mínimos” ajustes que dejen atrás el método separatista en materia de incidencia delictiva y en cambio fortalezcan los logros en beneficio de la tranquilidad de la sociedad, no es descartable que Mazatlán y el sur transmuten a la percepción de calma y amparo aportadas por las instituciones de seguridad pública.

Y allí sí hay que ponernos las pilas todos en la lógica de reconocer que así se trate de una sola vida humana la que es rescatada de la atroz narcoguerra, indistintamente de si es lugareño o visitante, las instancias de salvaguarda de la integridad física y patrimonial de los sinaloenses activaron a tiempo y en sincronía los engranajes de la maquinaría pública para la pacificación, tal como ocurrió el sábado.

Nadie entiende la indolencia,

De acudir a falsas aristas,

Si son víctimas de la violencia,

Sean mazatlecos o turistas.

Y en Los Mochis, que se supone es territorio ajeno a la narcoguerra, la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado reportó el domingo el ataque a elementos de la Guardia Nacional por parte de un grupo de civiles armados. El resultado consistente en la detención de ocho de los agresores también le aporta a la esperanza de retomar a Sinaloa como lugar para vivirlo, nunca más para temerle o coexistir sintiendo la sensación del arma en la sien de cada ciudadano que ni la debe ni la teme. ¿Alguien que reconozca estos aciertos poniendo en pausa el negativismo que le es intrínseco a barbaries como la que inició el 9 de septiembre de 2024?