El Cabildo de Mazatlán rechazó por mayoría de 11 votos citar a comparecer ante el pleno al director general del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, Óscar García, para que rinda un informe detallado de los estados financieros, operativos, de planeación y ejecución del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026.

“Someto a la consideración de este honorable cuerpo edilicio los siguientes puntos: primero, el H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, apruebe y ordene la comparecencia del titular del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán ante el pleno de este Cabildo para que rinda un informe detallado respecto a los resultados financieros, operativos, de planeación y ejecución del Carnaval internacional de Mazatlán 2026”, manifestó el Regidor por Morena Guinani Gamaliel González Zataráin al presentar este punto de acuerdo.

“Segundo: se cite al funcionario en mención para que comparezca en un plazo de 10 días o en sesión ordinaria o extraordinaria programada para ese efecto con el objetivo de que presente, explique y desarrolle un informe detallado sobre los resultados del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026”.

En la sesión ordinaria de Cabildo realizada a las 10:00 horas de este jueves 28 de mayo y ante los integrantes del Cabildo pidió que dicho informe contemplara de manera desglosada el Presupuesto de Ingresos y Egresos ejercidos tanto de aportaciones estatales y municipales desglosando entre otros, los contratos de artistas, logística, carros alegóricos, Combate Naval y seguridad.

“(También debería contar con informes de) ingresos obtenidos por concepto de taquilla, donaciones, concesiones, eventos oficiales, permisos concedidos, patrocinios y aportaciones comerciales, resultado de afluencia y evaluación operativa del evento”, continuó.

“Tercero: Notifíquesele el presente acuerdo al C. Óscar García Osuna, director general del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán para su conocimiento y debido cumplimiento, requiriendo que remita la información documental de soporte a todas y todos los integrantes de este cuerpo edilicio con al menos 48 horas de anticipación a la fecha de la comparecencia para el análisis previo de la sesión”.

El propio Regidor les dijo a los integrantes del Cabildo que la decisión a tomar no es un asunto de simpatías ni de conveniencia de grupo o coyunturas políticas y acudir al voto en la Sala de Cabildo es la máxima expresión del mandato que les confirió la ciudadanía y que protestaron cumplir y hacer cumplir el día que se les tomó protesta y emitir el voto ya sea a favor o en contra es parte fundamental de la responsabilidad legal sustentada en la legalidad correspondiente que los faculta para vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones legales y el correcto funcionamiento de la administración pública.

“Soy plenamente consciente de que al final tal vez el sentido de la votación no favorezca la postura que hoy planteo, como lo he dicho en anteriores intervenciones, esto es parte de la democracia y de la pluralidad de este cuerpo edilicio, sin embargo, mi expectativa y mi exhorto más respetuoso, pero firme a este Cabildo, es que el voto de cada uno de ustedes se emita de manera libre, técnica, concienzuda, esperando que esta decisión no sea inducida por presiones externas ni quede sometida a juicios de valor personal y prejuicios que ameriten la objetividad que nuestro cargo exige, que sea la ley, el orden institucional y el bienestar de Mazatlán lo que guíe el sentido de nuestro voto”, reiteró.

Y efectivamente, 11 integrantes del Cabildo votaron en contra de citar a comparecer ante el pleno del Cabildo al director general del Instituto en mención, incluyendo la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, y nada más hubo tres votos a favor de dicha comparecencia.

De carácter informativo el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Ríos Pérez, y la Regidora por Morena, Alina Quintero Morales, manifestaron que dicha información se ha ido dando en las reuniones del Consejo de Administración del Instituto en mención y el director general solicitó una prórroga para junio para presentar completos los informes del Carnaval 2026.

“El director director del Instituto Municipal de Cultura tiene la obligación de rendir informes periódicos ante el Consejo de Administración de dicha entidad, en este Cabildo se encuentran siete integrantes de ese Consejo y un servidor como integrantes de los que estamos aquí y decirles que tan como lo menciona esta disposición de motivos se han venido desarrollando los informes, se han venido presentando conforme lo establece ese organismo, como lo establece su decreto de creación”, dijo Ríos Pérez.

“Y nada más lo que se pide, pues hay que hablar con todas las aristas y la verdad, es que en el último informe nos lo presentaron a todos y ahí mismo se expuso una prórroga que pedía el director para unos ajustes que tenían que ver con los patrocinios y se le aprobó por mayoría y toca ya el 11 de junio que sería la reunión donde el mismo director que lo expuso y solicitó esa prórroga lo va cumplir”.

La Regidora por el PRI Maribel Collet Morán precisó que en la más reciente reunión del Consejo de Administración de dicho instituto su voto no fue a favor de ninguno de los estados financieros que ahí se presentaron porque nuevamente trae un desfasamiento en tiempos y por encima de la función que se desempeña del Consejo no tiene más que hacerse valer lo que el reglamento mandata de que es a final de cuentas es el Cabildo en pleno el que tiene la autoridad de convocar a los y a las funcionarios públicos municipales a comparecer.

La próxima quincena para trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa está garantizada, pese a la crisis financiera que enfrenta la institución aseguró la secretaria general de la institución, Yuniba Brun Corona.

Durante el arranque del Examen Institucional de Admisión y Diagnóstico, afirmó que el Rector Jesús Madueña Molina continúa realizando gestiones ante autoridades estatales y federales para obtener recursos extraordinarios.

“Por lo pronto la quincena siguiente, de acuerdo a lo que él (el Rector) nos ha estado señalando y las cifras de nuestra Secretaría de Administración y Finanzas, tengo entendido que está garantizada, sacrificando algunas cosas”, declaró.

Brun Corona señaló que el Rector ha priorizado el pago de salarios para proteger el patrimonio de miles de familias que dependen de la universidad.

“Él tiene una visión humanista. Él dice: ‘vamos garantizando antes que nada las quincenas. Vamos garantizando lo que es el recurso económico, que es el patrimonio de miles de familias que formamos parte de la Universidad’”, expresó.

La Secretaria General también se refirió a las manifestaciones y advertencias de suspensión de actividades realizadas por el Sindicato Único de Trabajadores de la UAS, y consideró que existe entendimiento entre ambas partes frente a la crisis.

Indicó que su labor en defensa de los derechos laborales, mientras la administración universitaria mantiene negociaciones con la Federación para evitar medidas drásticas.

“No podemos decirle a las y los trabajadores de la institución que vengan a trabajar si no se les paga la quincena”, advirtió.

Añadió que el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, mantiene comunicación con la rectoría y continúan las gestiones para conseguir apoyo extraordinario.

Reconoció además el respaldo otorgado por el Gobierno de Sinaloa mediante préstamos y facilidades financieras, aunque señaló que esos apoyos son insuficientes para resolver el problema estructural de la universidad.

“Son paliativos, pero nos están apoyando”, comentó.

La UAS advirtió esta semana sobre el riesgo de suspender actividades sustantivas por falta de recursos, en medio de una crisis financiera derivada, según la institución, de la ausencia de apoyos extraordinarios federales durante los últimos tres años.

El Frente de Defensa de los Derechos Laborales de la UAS fijó una postura ante el reciente llamado de la administración central de la Universidad Autónoma de Sinaloa a la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, para solicitar apoyos financieros extraordinarios.

Los integrantes del frente condicionaron la entrega de cualquier recurso adicional a la realización previa de una auditoría forense que aclare el destino del presupuesto universitario.

Heriberto Arias Suárez, coordinador del Frente, señaló que la Universidad ya recibe presupuestos aprobados tanto por el Gobierno federal como por el estatal y que la institución no carece de recursos.

“Hacemos tres razonamientos del por qué debe aplicarse una auditoría forense antes de otorgar cualquier recurso extraordinario”, planteó Arias Suárez.

El Frente calificó de ilegítimo el posible llamado a un paro de labores por parte de la administración y el sindicato en caso de no recibir los fondos solicitados.

Criticaron que sea el patrón quien promueva la suspensión de actividades, afectando el derecho a la educación de los estudiantes, cuando el recurso para el pago de nómina ya está etiquetado en el presupuesto ordinario.

“Dicen que no tienen dinero para pagar, entonces, ¿dónde está el dinero que está etiquetado como concepto de nómina del presupuesto?”, cuestionó.

La organización también denunció una serie de irregularidades en la gestión interna de la UAS, como cuotas por servicios que no existen, como laboratorios, transporte y aire acondicionado en las aulas.

También compartieron que mientras se alega crisis, la universidad adquirió 10 camionetas para movilización de personas.

Acusaron que se utiliza el presupuesto para promociones de tiempo completo y para ejercer control político en las elecciones de directores de escuelas.

Otro punto que compartieron es el descuento aplicado a los jubilados bajo el concepto de jubilación dinámica.

Los afectados denuncian que las autoridades universitarias no han mostrado la documentación legal completa del supuesto fideicomiso al que se destinan estos fondos.

Temen que el dinero retenido a los trabajadores activos y jubilados esté siendo utilizado para otros fines, como la compra de vehículos, sin ninguna transparencia ni rentabilidad.

El abogado del Frente, Rubén Darío Rivera Montoya, reafirmó que mantendrán la defensa legal y la exigencia de que no se realicen descuentos salariales hasta que una auditoría ordene el manejo de los recursos propios y federales de la UAS.

La Diputada María Teresa Guerra Ochoa se pronunció sobre la situación financiera de la Universidad Autónoma de Sinaloa, luego de que la institución solicitara un nuevo apoyo al Gobierno federal.

Señaló que la casa de estudios necesita optimizar el uso de sus recursos, así como revisar la estructura de su planta laboral, particularmente en lo referente al personal de confianza, al considerar que existe un número elevado que podría representar excesos en el gasto administrativo.

“Yo creo que también desde los institucional se debe reforzar a reducir la plantilla laboral de confianza, así como disminuir las prestaciones excesivas que existen dentro del personal” expresó.

Indicó además que tanto el Gobierno federal como el estatal han mostrado disposición para otorgar apoyos económicos a la Universidad; sin embargo, subrayó que la institución debe acompañar estos recursos con estrategias de eficiencia interna.

Guerra Ochoa también mencionó que la UAS ha mantenido esquemas de jubilación con montos que, dijo, en algunos casos superan los límites establecidos por la Ley.

En ese sentido, reconoció que existe inconformidad entre algunos trabajadores jubilados ante posibles ajustes en sus percepciones, aunque consideró que dichas medidas podrían ser necesarias para mejorar la viabilidad financiera de la institución.

“Creo que la reingeniería debe pasar por revisar algunas jubilaciones que rebasan los topes establecidos a nivel federal. Yo considero que institucionalmente se pueden y se deben seguir haciendo esfuerzos. Si bien aún existe controversia sobre este tema, entiendo que hay un número de personas jubiladas que no están de acuerdo con estos descuentos; sin embargo, creo que desde las instituciones se debe mostrar voluntad y también apelamos a que desde el Gobierno Federal haya una respuesta”, enfatizó.

Expresó su confianza en que se realicen las modificaciones necesarias y se fortalezca la ingeniería financiera de la Universidad, al destacar que se trata de una de las instituciones educativas más importantes del Estado.

Al señalar que a pese a que la máxima fiesta porteña concluyó desde febrero, la regidora Maribel Chollet Morán cuestionó públicamente la falta de transparencia y rendición de cuentas en torno a los resultados financieros del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 por parte del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, al todavía no presentar información clara y detallada sobre ingresos, egresos y balances finales del evento.

Durante una entrevista con medios de comunicación, Chollet Morán criticó el retraso en los informes administrativos del Instituto de Cultura, y acusó a la administración municipal de mantener una política de opacidad en temas financieros relacionados con el Carnaval.

La regidora señaló que el Consejo de Administración del Instituto de Cultura, del cual forma parte como consejera, presenta un desfase importante en sus sesiones ordinarias y en la entrega de documentación, situación que, aseguró, impide conocer con precisión cómo se ejercieron los recursos de la fiesta más importante del puerto.

“La administración pública no puede manejarse en una realidad alterna; la información debe ser pública. El Carnaval terminó el 17 de febrero y a estas alturas ya debieron tener listos los resultados financieros, por lo que traen un desfasamiento totalmente erróneo en sus informes administrativos”, comentó.

“Al día de hoy no hay información y eso deja espacio para la especulación. Con la nula transparencia y la opacidad que existe en esta administración, es imposible no cuestionar”, agregó.

La edil mencionó que la última sesión ordinaria a la que fueron convocados se realizó hasta finales de marzo, cuando ya debían contar con los resultados financieros del Carnaval, celebrado en febrero.

Ante ello, dijo haber votado en contra de la mayoría de los puntos abordados en esa reunión debido a las inconsistencias administrativas y a la falta de información actualizada.

“Yo voté en contra porque no había claridad en los informes que nos estaban entregando, por lo que di no nos convocan a reunión, seguramente es porque todavía están capturando la información”, declaró.

La regidora sostuvo que ni siquiera mediante solicitudes institucionales de acceso a la información han logrado obtener datos completos relacionados con ingresos por boletaje, patrocinios y gastos operativos, lo que, afirmó, genera especulación sobre el verdadero estado financiero del evento.

Las declaraciones de la edil surgieron luego de que el director del Instituto de Cultura, Óscar García Osuna, defendiera el manejo financiero del Carnaval y asegurara que la edición 2026 logró reducir significativamente el gasto en comparación con el año anterior.

García Osuna informó que este año se ejercieron aproximadamente 63 millones de pesos, mientras que en 2025 el gasto fue cercano a los 77 millones, lo que representó un ahorro de alrededor de 14 millones de pesos.

“Fueron 14 millones menos lo que se gastó y estamos muy contentos por el ahorro que se logró, pero más contentos por el impacto que tuvo el Carnaval. Este año se gastaron aproximadamente 63 millones de pesos contra 77 millones del año pasado”, expresó García Osuna.

El funcionario explicó que el análisis financiero no debe centrarse en si hubo ganancias o pérdidas, sino en la capacidad de realizar un evento de gran impacto con menor gasto público.

En este sentido, señaló que el Instituto trabaja bajo un esquema de presupuesto previamente autorizado y que el objetivo principal ha sido desarrollar eventos más sustentables para el erario, apoyándose en patrocinios y recursos externos.

“No podemos hablar de ganancias, pues aquí hablamos de un presupuesto asignado y de que generamos menos egresos que lo autorizado. Lo que tratamos de hacer es dar sustentabilidad y buscar eventos que cuesten menos al erario público”, dijo.

Asimismo, reconoció que conseguir patrocinadores ha sido más complicado en los últimos años, debido a la disminución de aportaciones de empresas que anteriormente participaban con mayores recursos económicos, lo que obligó a buscar nuevas estrategias de financiamiento.

Pese a ello, defendió que el Carnaval tuvo un impacto positivo tanto económico como turístico para Mazatlán y aseguró que la celebración se desarrolló en un ambiente de tranquilidad, fortaleciendo la proyección del puerto a nivel nacional.

“El impacto económico que tuvo el Carnaval fue importante, incluso mayor al del año pasado. Logramos un Carnaval en total tranquilidad y eso ayudó a proyectar positivamente a Mazatlán”, explicó.

Sin embargo, Chollet Morán insistió en que las declaraciones sobre ahorro y éxito turístico no sustituyen la obligación de presentar informes financieros claros y auditables.

La regidora cuestionó que, hasta el momento, no exista un balance público detallado sobre cuánto ingresó realmente por venta de boletos, patrocinadores y otros conceptos relacionados con el Carnaval, ni cómo se distribuyeron los recursos.

“Quienes formamos parte del Consejo de Administración deberíamos tener ya toda la información financiera. El único responsable de rendir cuentas es el director y es él quien tiene que salir a dar la cara”, mencionó.

Finalmente, sostuvo que la ciudadanía tiene derecho a conocer con exactitud cómo se ejercen los recursos públicos en uno de los eventos más importantes del municipio y advirtió que la falta de transparencia termina debilitando la confianza ciudadana en las instituciones.

La deuda pública de los municipios de Sinaloa se encuentra altamente concentrada en tres ayuntamientos: Culiacán, Mazatlán y Guasave, que en conjunto acumulan 537.6 millones de pesos, es decir, el 90.6 por ciento del total del endeudamiento municipal registrado al cierre de 2025.

De acuerdo con el reporte elaborado por la Unidad de Estadística y Análisis del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, los municipios del estado cerraron 2025 con obligaciones financieras por 593 millones de pesos.

Culiacán encabeza la lista con una deuda de 392.4 millones de pesos, equivalente al 66.2 por ciento del total estatal. Le siguen Mazatlán con 74.5 millones de pesos, que representan el 12.6 por ciento, y Guasave con 70.7 millones de pesos, equivalentes al 11.9 por ciento.

En conjunto, estos tres municipios concentran 537.6 millones de pesos, lo que refleja que nueve de cada diez pesos de la deuda municipal de Sinaloa corresponden únicamente a estos ayuntamientos.

A pesar de ello, el endeudamiento municipal mostró una reducción durante 2025. En comparación con 2024, la deuda total de los ayuntamientos disminuyó en 171.2 millones de pesos, equivalente a una baja del 22.4 por ciento.

Mazatlán registró la mayor reducción al disminuir su deuda en 122.3 millones de pesos; Culiacán la redujo en 74.1 millones y Ahome en 9.2 millones de pesos.

La Universidad Autónoma de Sinaloa solicitó públicamente el apoyo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para hacer frente a la crisis financiera estructural que atraviesa la institución y garantizar la continuidad de sus funciones sustantivas.

Mediante un desplegado firmado por el Rector Jesús Madueña Molina y difundido este lunes, señaló que en los últimos tres años no ha recibido recursos extraordinarios federales, lo que ha dificultado el cumplimiento de compromisos relacionados con jubilaciones y pensiones.

Aunque reconoció el respaldo del Gobierno del Estado a través de préstamos, precisó que esos apoyos solo han permitido mantener la operación de manera temporal, sin resolver el problema financiero de fondo.

“El apoyo estatal, mediante préstamos, mismos que agradecemos, ha permitido continuar, pero no resuelve el fondo del problema. Hoy enfrentamos el riesgo vigente de suspender las actividades sustantivas por insuficiencia financiera, no por una huelga ni por un paro voluntario, sino por la escasez real de recursos para operar”, destaca.

La institución informó que actualmente desarrolla un proceso de reingeniería integral en coordinación con la Subsecretaría de Educación Superior del Gobierno Federal, con el objetivo de garantizar la excelencia educativa y la certeza laboral.

Asimismo, indicó que en este esfuerzo participan trabajadores activos, jubilados, sindicato y administración universitaria, bajo criterios de austeridad y transparencia respaldados por auditorías federales y estatales, así como mecanismos internos de rendición de cuentas.

“Cada aula sin poder abrir representa sueños truncados y oportunidades perdidas para miles de jóvenes sinaloenses que ven en la educación pública su única oportunidad de transformar su vida”, expresó la institución en el mensaje dirigido a la titular del Ejecutivo Federal.

Pidieron a la Presidenta Claudia Sheinbaum sumar el respaldo del Gobierno Federal para asegurar la continuidad de la UAS y fortalecer su papel como referente educativo y motor de desarrollo para Sinaloa y México.