Vista de Lectura

Prohibido acosar a Morena con eso de “Narco-partido”

Por Manuel Gutiérrez

En un lejano lugar del que no quiero acordarme, dijo Cervantes en sus primeras líneas del Quijote de la Mancha, que todos los poderes están concentrados en el puño de la Presidencia. Un partido bananero se quejó de que uno de sus pares, de menor tamaño, de menor poder, lo estaba “acosando” llamándolo en forma despectiva “Narco-Partido”, lo que causaba trauma y grandes cuentas de terapia.

Por lo que, desesperado por tanta molestia, repetida hasta el cansancio, recurrió al Instituto Narco Electoral —perdón, error de dedo—; la palabra correcta es Naco, en referencia al personaje simplón de la fauna urbana que abunda en el país, que ingenuamente cree en la cartilla moral de Morena o en los aciertos de esta administración, los cuales son parte del imaginario de la fe; es como creer en los reptilianos.

Ser de La Mancha es ser manchego, no manchado. Pero el caso de Morena es más mancha que otra cosa, porque el apodo del niño travieso del colegio nacional, llamado Alito Moreno, le recetó al partido similar la frase de que era “narco-partido”, porque últimamente en México más bien todo es narco.

Narcocorridos, narco-camioneta, narco-secuestros, narco-bloqueos, narco-incendios, narco-plaza, narco-política, narco-gobierno, por tanto, ¿qué de raro tiene que el niño Alito se refiriera así al partido de la Regeneración? El cual resultó lo contrario, porque si bien el calificativo de narco revela de alguna manera sustantiva de qué estamos hablando: del problema de seguridad nacional.

Pero el Instituto Nacional Taddei —otro error de dedo—, en referencia a la favorita Lupita del presidente anterior que sigue ejerciendo el Maximato, mientras la familia Taddei pasaba a ser de sangre guindaazul de Morena, hasta le escrituraba Litiomex, empresa pública que para nada sirve, nada produce, sí cuesta y donde los Taddei metidos ahí sí cobran muy bien.

Ese órgano electoral, antaño defendido por el grueso de la población en los tiempos de Lorenzo Córdova con la frase “El INE no se toca”, tiene el problema de que no fue tocado: fue manoseado, deformado, manoseado (en gerundio) hasta convertirse en un apéndice oficioso del oficialismo; y claro, para desquitar las chuletas tiene que hacer méritos.

Uno es quitarle el apodo al partido del poder, al oficial, al partidazo que encabeza Ariadna Montiel, y en el que los que creen que ya tienen ganada la próxima repartidor privilegios, elección ven al de los nuevos de las nuevas chambas jugosas, de los negocios que da la impunidad, porque ese es el secreto de llamarse Morena: nadie te toca. Poder Judicial (en su bolsillo), Poder Legislativo (mayoriteado, controlado y con sobre representación). Batman se ha vuelto miope: sólo ve a los malos que traigan letrero de sujeto activo admisible de culpa, lo que no aplica con los de Morena.

Todo este asunto confuso es por culpa de la Presidenta, porque ella no quiere que se diga “refinería clandestina”, por más productiva que sea respecto a las de Pemex: se le llama “procesadora patito combustible”; antes no dijo “emprendimiento nueva generación”. Porque la verdad, la Nueva Generación es más eficiente en sus manejos que el mismo Pemex… se me hace que en un año son capaces de lograr números negros, pagar a proveedores, terminar las deudas, pagar las obligaciones con el extranjero y, con seguridad, hacer 2 millones de litros al día. 

Aunque sean para regalarse a los ricos de Cuba, porque el pueblo no tiene coches salvo modelos tipo picapiedra, en los que el pedal se acciona con la pata a raíz, lo cual es muy ecológico, aunque no recomendable en el asfalto caliente y en los baches… 

Bueno, no estamos hablando de nada más que del sopapo que le dio el INE como prefecto escolar de unas elecciones escolares ya arregladas con anterioridad, en las que no quiere que le recuerden las abundantes declaraciones de que el dinero del narco, narco-dinero, pasó a financiar las campañas de Tamaulipas con Américo, Durazo en Sonora, y en Sinaloa, Rocha Moya y una larga fila de cruces. Pero en la tierra de Pedro Infante, el narco-personal secuestró a representantes de partidos ajenos, amenazó a familias y los sacó de la jugada con procedimientos nada afines a la democracia; pero es que se trataba de otro modelo: “narco-democracia”, que genera un “narcoestado”, y ante el que el INE ni siquiera les dedicó un memorándum o les hizo una filípica.

Como Claudia, que pintaba frases de mucha democracia, de mucha libertad y mucho respeto a la libertad de expresión, pero nos advirtió que tiene todo el poder como para censurar en lo que queda de la república a quien quiera, como autócrata, como reina sin corona y como ayudante del mero mero que sigue siendo el Rey. 

Bueno, estábamos con el niño malo Alito. Para saltar la prohibición hizo propaganda inteligente como lo mostró Orquídea Fong, la tenaz periodista capitalina, con el hecho de que la prohibición impulsó a llamarse “narcopartido” en las redes por casi una semana consecutiva. El PRI, obediente, dijo: Morena es un “Ya sabes qué”, una forma graciosa de decirlo.

Cuando Andy recordó que era hijo del caudillo, del único, del inmarcesible, del máximo ser de la política mexicana, nadie procedió a llamarlo de otra forma que no fuera Andy, salvo los que solicitan audiencia en pos de favores o van a informarle de sus trabajos por los que están bien pagados. Pero para el pueblo siguió siendo Andy y se le quedó. 

Así los siervos del N-partido podrán decir ufanos: “Acercamos el cártel al pueblo”. Miren, es como el afán de la FIFA por prohibir cierta palabra de 4 letras que comienza con p y termina con o, y que se aplica al portero contrario en su despeje o según el humor del público en el estadio y las ganas de hacer humoradas; pero Infantino está pensando en cómo doblar a la UEFA, que le tiró el negocio con Kushner, de la familia real de Trump. 

Bien puede el INE agregarlo a su lista de prohibiciones, como tantas que se ponen y que al final son anécdotas; que al cabo a la gente le vale y lo dice como se le antoja y como es costumbre.

La fama pública se gana por hechos, y en este caso la vinculación de los morenos con los narcos tiene mucha tela de dónde cortar. Pruebas, pruebas. pues están las denuncias de los afectados por el despojo electoral del PRI, pero eso no vale: sólo las quejas de Morena. Desde el financiamiento electoral, los viajes de la real familia a Sinaloa, las giras a Badiraguato, la defensa del narco-gobernador Rocha Moya… ven, ya se me pegó, vade retro Satanás. En adelante diré: “Gober con licencia para cumplir los designios de la voz de mando que gobierna de facto este país”, GLVMGFP nada más. 

Y maña que se da el lujo de acabar con la flotilla de camiones de la Pepsi-Sabritas en Matamoros… por no pagar plaza, además de desaparecer jóvenes en su leva sicaria y los demás efectos colaterales que tiene la promoción de los opioides, los fentanilos, la marihuana y las pastillas y cápsulas de colores que producen pesadillas coloridas, y tantos centros de exterminio (perdón, el gobierno les llama “centros de la amistad y la concordia y magia desaparecedora”) y ya no pondré iniciales.

Yo solamente ilustré que es contraproducente, cuando te echan toda la carrilla, resistirte a los hechos y evitar los apodos o sobrenombres populares. 

Después de todo, hasta los cigarrillos clandestinos son impuestos en muchas tiendas de regiones enteras del país… tienes que chupar Laredo en lugar de Marlboro ante un gobierno que no sabe que el único facultado para cobrar impuestos con la ley es él, pero déjenlo dormir: su alcance no llega más allá de Cuautitlán. 

Los otros tienen su propia ley y cobran dónde y cuándo quieren, pero los “enjambres” de Batman al parecer toparon con pared en el Estado de México con Delfina porque siguen igual o peor… pero esto hace insostenible el imperium del gobierno, y sin eso no es gobierno. 

En resumen, alguien gobierna este país: unos dicen que son ellos y que son transformadores; claro, se volvieron traficantes de huachicol y cosas similares. Y los otros gobiernan desde no sé dónde, pero su poder fáctico los hace otro tipo de gobierno, con menos burocracia y sin mañanera, y manejan mejor la gasolina. 

Alito tendrá que estar en el patio con un ladrillo en cada mano, de rodillas, como en la antigua escuela mexicana, o como si fuera alumno de la Dönitz militarizada. 

Todos quieren que vuelva el orden, la disciplina, pero por arte de encantamiento, no por aplicar códigos y exigir esfuerzos y sacrificio personal. Son generaciones de niños cristal, violetas, millennials o como les quiera llamar, pero solamente saben exigirlo todo y nunca se dan por enterados de lo que cuesta… problema mundial, no sólo nacional. 

El problema de esta campaña fue que las escuelas internados serios militarizados quedaron ya prohibidos, pero serán las urgencias mundiales las que les devuelvan el crédito, sus programas oficiales y hasta el reconocimiento, porque estas nacieron de la Segunda Guerra Mundial, cuando tomar las armas contra las potencias del Eje era algo decente, valeroso y un modelo disciplinar en el que las órdenes de tipo militar eran aplicadas como sistema. Incluso el problema parte de la vida en las escuelas militares, en la que la disciplina, la debilidad, la falta de fuerza mental o física se convierten en motivo de la carrilla, de la carga, burla y de los castigos físicos que se emplean (dicen) para hacer verdaderos guerreros de las débiles criaturas; pero el bullying existe, existirá y seguirá con director disfrazado de marinero o de mentor. Es lo de menos: esperen y lo verán volver, porque casos de tragedias las hemos padecido en todo tipo de escuela sin excepciones. Pero por ahora ya satanizamos ese punto. Al cabo ni quería inscribirme en una de ellas… la vida civil es más cómoda, y La ciudad y los perros quedó de Don Mario Vargas como modelo peruano del modelo universal de chupar la alegría y de formarte a base de mamporros. Y ya viene el cambio, vean la serie coreana “Así aprenderás” y ocupamos la OPD de esa fantasía oriental

Bueno, entonces quedamos en que Morena no es N-partido. Nunca más, por favor; pero buscando pueden decir “Instituto Político Populista Vinculado con los Poderes Fácticos”, en siglas es IPPVPF, lo cual es simple y políticamente correcto. Gracias, de nada por la sugerencia.

Pero lo bueno es que la Gerenta no censura usando sus leyes; se sabe poderosa y que tiene todo a su alcance, pero ojalá lo que crearon no lo pierdan con el poder, porque otros harán la dictadura fácil con todo lo que aplanaron, aprobaron levantando la mano, o lo borraron o desaparecieron de contrapesos al poder, de rendir cuentas y de transparencia. Pero le basta con el INE por ahora, y de hecho eso ni les preocupa a los mexicanos para decir la neta.

Ya se sumarán otros organismos, el chiste está en que digamos las cosas de otra forma: “Personajes Públicos Sujetos a Campañas Difamatorias de la Extrema Derecha Internacional”, PPSCDEEI: a ver, deletrea, está bien fácil. “N-partido” nunca más, por favor; “N-partido” es “Narco-Partido”, no lo digan, pero pueden hacerlo cuando vean a la Presidenta: ella los absolverá, pero no le pidan presupuesto, porque ese no lo suelta y el gobierno está quebrado. 

Alito, qué travieso eres, sin duda… pero recuerdo un buen moquete en San Lázaro que te devolvió todos los puntos buenos que necesitas… Fernández Noroña ahí sigue y está necesitado de victimizarse por siempre, y su ayudante pone la cara. 

Alito, en tanto, necesita hacer el arte de fistiana, pero como en la primaria: afuera de la Cámara, a la salida y mano a mano —al que escupa primero—, y sigue hasta el primer mole… Eso eleva el debate y las inscripciones en los gimnasios de box, y te hace popular como eso de apodarle al PPSCDEEI “narco-partido”. Ya no más, por favor, pórtate bien; hoy contribuí a la pacificación.

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Exgobernadores presos: ¿Quién sigue?

En los casi ocho años que lleva gobernando la llamada Cuarta Transformación, la han agarrado contra puros exgobernadores de las oposiciones

 

Por Bulmaro Pacheco

Ángel Aguirre Rivero fue priista por un buen tiempo. Hizo su carrera en el estado de Guerrero a la sombra de José Francisco Ruiz Massieu y de Rubén Figueroa Alcocer, y le fue bien.

Ocupó todas las posiciones políticas locales y federales habidas, hasta que en 1996 le llegó la oportunidad de ser gobernador sustituto, al reemplazar a Rubén Figueroa Alcocer (1993-1996), quien dejó el cargo tras la matanza de Aguas Blancas, donde perdieron la vida 17 campesinos. Aguirre cubrió el periodo de 1996 a 1999.

La historia moderna de México registra que Ángel Aguirre, al igual que Víctor Cervera Pacheco, de Yucatán, han sido los únicos que, después de llegar al cargo por designación del Congreso (interinos), volvieron por la vía de la elección popular a ocupar la gubernatura.

Cervera sustituyó en 1984 al general Graciliano Alpuche Pinzón, quien solo pudo estar dos años al frente del gobierno de Yucatán (1982-1984), ante la falta de oficio político para lidiar con los conflictos postelectorales en la entidad. Cervera gobernó primero de 1984 a 1988 y después fue postulado por el PRI para gobernar de 1995 a 2001. Años más tarde buscó la alcaldía de Mérida, que perdió, y murió en 2004.

Aguirre volvió a ser gobernador —ahora electo— de 2011 a 2014, pero por un partido distinto al PRI. Ganó mediante la coalición Guerrero nos Une, integrada por el PRD, el PT y Convergencia, y renunció al PRI para tratar de convertirse en el líder de las izquierdas en esa entidad.

Aguirre cubrió solo tres años de su periodo y se vio obligado a dejar el cargo, presionado por la dirigencia nacional del PRD, tras la desaparición de los jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Después de los acontecimientos y de los escándalos de la pareja perredista que gobernaba Iguala, Aguirre no supo manejar las cosas y acusó a la dirigencia nacional del PRD de haberlo sacrificado y empujado fuera del gobierno de Guerrero, negando a cada rato alguna responsabilidad en los hechos relacionados con los jóvenes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

Confiado en su militancia perredista, quiso acercarse a la presidenta Sheinbaum y a Morena, enviándole, a través de interpósita persona, un regalo que la presidenta rechazó de inmediato: “Mándale saludos y dígale que no, gracias. No recibo regalos de ellos”. De ese tamaño.

Como exgobernador de oposición —quizá Aguirre se confió en que nada iba a pasarle después de casi 12 años de los acontecimientos por los que ahora se le involucra— es acusado de haber ordenado desaparecer los videos de aquella noche. La Fiscalía General de la República le imputa delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas por presuntamente haber ordenado ocultar y destruir las grabaciones captadas por las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando policías municipales y estatales detuvieron el autobús en el que viajaban los normalistas. Un juez le impuso prisión preventiva oficiosa y deberá permanecer en el penal del Altiplano mientras se resuelve si es vinculado a proceso.

El exmandatario de Guerrero se confió en los años transcurridos y creyó que le había bastado aquella declaración que dio meses atrás, cuando dijo que, como gobernador, había apoyado a la Escuela Normal con la donación de un camión. Nada dijo de las autoridades municipales de Iguala —la gota que derramó el vaso—, que, al igual que él, pertenecían al PRD y tenían el sello del expresidente López Obrador.

Con esa militancia, Aguirre pensó que nunca le iba a suceder lo que le pasó a Rosario Robles, exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (1999-2000), quien pasó injustamente tres años en la cárcel. Ella había sido antes secretaria de Gobierno del Distrito Federal (1997-1999).

O que la iba a librar ignorando lo que le sucedió al exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez (2010-2016), extraditado de Estados Unidos en 2022 y nuevamente detenido en 2025, acusado de lavado de dinero y desvío de recursos públicos.

O el caso del exgobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam (1993-1998), procesado también por el caso Ayotzinapa, pero por haber desempeñado el cargo de procurador general de la República en el gobierno de Enrique Peña Nieto durante el año de los acontecimientos en Guerrero.

O el caso del exgobernador de Puebla, Mario Marín (2005-2011), detenido en 2021 y encarcelado por su presunta responsabilidad en la tortura de la periodista Lydia Cacho, muchos años después de dejar el poder.

Y, en el caso más reciente, el del primer gobernador de oposición que ganó la gubernatura de Baja California en 1989: Ernesto Ruffo Appel, detenido en julio de 2026 y vinculado a proceso por los presuntos delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos, en el caso conocido como “huachicol fiscal”.

Por lo visto, en los casi ocho años que lleva gobernando la llamada Cuarta Transformación, la han agarrado contra puros exgobernadores de las oposiciones: PRI, PAN y PRD. Todo, como una estrategia de manejo político-electoral para tratar de borrarlos del mapa político —mensaje para el proceso electoral de 2027— y como reafirmación de su tesis de los años “perdidos” (sic) en que gobernó la oposición en México; una justificación para la falta de respuestas y soluciones a los grandes e importantes problemas nacionales, a casi ocho años de que llegaron al poder.

Creemos que las cosas no van a parar ahí y la pregunta obligada ante esa estrategia política es: ¿quién sigue?

Ahí está Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán por el PRD (2015-2021), quien ya es buscado: enfrenta órdenes de aprehensión y una ficha roja de Interpol por acusaciones federales y estatales.

También está Francisco García Cabeza de Vaca (2016-2022), exgobernador panista de Tamaulipas, quien reside en Estados Unidos y cuya extradición ya solicitó el gobierno mexicano.

También está Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco por Movimiento Ciudadano (2018-2024), al que, al parecer, ya traen en la mira.

Y está Maru Campos, gobernadora de Chihuahua (2021-2027), contra quien legisladores de Morena promovieron acusaciones de “traición a la patria” y un juicio político —que no prosperó—, aunque seguramente esperarán a que termine su periodo en 2027 y deje de tener fuero.

También se ha mencionado a Miguel Ángel Mancera, exjefe de Gobierno de la Ciudad de México por el PRD, de 2012 a 2018.

¿Y los exgobernadores de Morena? ¿Y los señalados por su vinculación con la delincuencia organizada y el huachicol fiscal? Nada. Actualicemos la frase atribuida a Juárez: “A los enemigos, la ley; a los amigos, justicia y gracia”. A ellos no se les toca ni con el pétalo de un expediente judicial, porque se desgranaría la mazorca.

Así las cosas, en el México de la presumida “Revolución de las Conciencias”.

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“Si no les gusta, apáguenle” ¿El gobierno como Tribunal de la Verdad?

Tan convencido está el gobierno federal de que debe ser el “censor de la verdad”, que ya ha expresado que, después de emitir los Lineamientos para radio y televisión, podrían hacer algo similar para los medios digitales y alternativos  

 

Por Mónica Calles Miramontes

México vive un complejo contexto de erosión democrática. Tras la elección de 2024, con una ilegítima mayoría calificada en el Congreso, el poder político ha ido desmantelando uno a uno los contrapesos del Estado. Importantes órganos autónomos fueron eliminados, el árbitro electoral fue colonizado y la reforma judicial nos dejó sin un Poder Judicial independiente.

Ante la pérdida de tribunales capaces de actuar como un escudo para proteger a la sociedad de los abusos del poder, la libertad de expresión queda como la posibilidad real de retornar al camino de reconstrucción de la República.

No se trata solo de un derecho individual; es la última trinchera que le queda a la sociedad para señalar la injusticia cuando las vías institucionales dejan de funcionar, es la forma de denunciar la corrupción, es la voz que evidencia los datos y confronta la mentira oficial.

Por eso, dentro de este patrón de captura institucional, el paso siguiente es el control de los medios de comunicación, restringiendo nuestro derecho a expresarnos e informarnos libremente.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que depende del gobierno federal, ha anunciado la próxima emisión de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. Estos lineamientos fueron presentados por el Ejecutivo como un “noble esfuerzo” por proteger al espectador de la información que recibe de los distintos medios de comunicación. La realidad es que estamos frente a la fiscalización de la información y un grave intento de censura.

Es importante destacar que, los derechos de las audiencias que se pretenden regular hoy no son un tema nuevo en México. Al menos en la última década, en varios momentos se han suscitado controversias por su regulación. Muchos de los temas que hoy se presentan como una novedad —tanto por voces a favor como en contra— son aspectos que ya habían sido analizados por la Suprema Corte (Amparo en Revisión 499/2020), el Poder Legislativo, o incluso regulados por el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en 2025. 

Sin embargo, todas estas controversias y análisis surgieron en un contexto muy distinto, porque existía el IFT —un órgano autónomo, técnico y especializado— que era el encargado de reglamentar (y vigilar respetando la autorregulación editorial) el cumplimiento del derecho de las audiencias. Todo ello, dentro de un sistema que aún contaba con un Poder Judicial independiente, que podría proteger a la sociedad y a los medios de comunicación de un posible abuso.   

Hoy, en cambio, la regulación se pretende ejercer desde el propio gobierno federal (la CRT). Hay una paradoja reveladora en esto: mientras la propaganda oficial nos presenta los Lineamientos como la protección de las audiencias para recibir información veraz, se le miente a la audiencia para promoverlos; porque detrás del discurso paternalista y protector, se pretenden ocultar los verdaderos riesgos, sin agotarlos, nos centraremos en los siguientes:

•El gobierno como el “Tribunal de la Verdad”. El gobierno federal ha señalado que habrá una “auto vigilancia” de los medios de comunicación porque son los defensores de las audiencias nombrados por ellos mismos quienes decidirán cuándo se incumplen los Lineamientos, por lo que “nada hay que temer”. 

Sin embargo, no existe ni “auto vigilancia” ni “autorregulación” y todo se vuelve un espejismo, porque se omite decir que la CRT —que depende del Ejecutivo— es quien puede revisar las decisiones de las Defensorías de las Audiencias y en 72 horas decidir qué es falso, inexacto o violenta alguna disposición de los Lineamientos.  

•Amenaza económica: El artículo 54 establece multas desproporcionadas de hasta el 1% de los ingresos acumulables de las empresas concesionarias. Esto genera un efecto inhibidor. No necesitan retirar una concesión, porque la amenaza financiera bastará para lograr la autocensura. ¿Ante quién impugnarán estas multas? ¿Ante los tribunales que hoy no responden a la Constitución sino al poder político?

La amenaza no termina ahí, pues tan convencido está el gobierno federal de que debe ser el “censor de la verdad”, que ya ha expresado que, después de emitir los Lineamientos para radio y televisión, podrían hacer algo similar para los medios digitales y alternativos. 

La defensa de la democracia hoy está en la libertad de expresión. Quienes hemos dado la batalla en las aulas, en los foros y en las calles por la independencia del Poder Judicial debemos entender que esta no es una discusión ajena sobre empresas de televisión. Si permitimos que el gobierno federal se vuelva el censor de la verdad y decida qué se informa, habremos perdido el último dique de resistencia.

Sin tribunales independientes, la prensa y la opinión pública son nuestras únicas vías para denunciar la injusticia, la arbitrariedad y la mentira; si nos arrebatan eso, no solo habrán capturado las instituciones, habrán logrado el silencio de la sociedad.

* Abogada electoral y constitucional | Columnista | Análisis político

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Pide PAN retirar propaganda política de espacios del Ayuntamiento de Culiacán

La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional solicitó al Ayuntamiento de Culiacán retirar la propaganda política electoral que se encuentra colocada en bienes municipales.

Este viernes, representantes del partido acudieron al Palacio Municipal para presentar una solicitud dirigida a la alcaldesa de Culiacán, en la que piden intervenir y ordenar el retiro de dicha publicidad.

La dirigente estatal del PAN, Wendy Barajas Cortés acusó que el municipio se encuentra “tapizado” de propaganda política y señaló que esta se encuentra en espacios pertenecientes al Ayuntamiento.

“Culiacán está tapizado de propaganda política. Por eso el día de hoy vinimos a presentar una solicitud a la alcaldesa de Culiacán para pedirle que haga retiro de toda la propaganda política electoral que están en los bienes del Ayuntamiento”, expresó.

El partido pidió a la Presidenta Municipal interina, Ana Miriam Ramos Villarreal actuar y retirar la propaganda que considera irregular de postes, luminarias, puentes peatonales, puentes vehiculares, semáforos, estructuras metálicas, infraestructura vial, camellones, bardas pertenecientes al patrimonio municipal, mobiliario urbano y demás bienes destinados al uso común.

“Presidenta municipal no se haga de la vista gorda, haga su trabajo y ordene el retiro de toda esa propaganda ilegal que tienen actualmente”, señaló.

La dirigente panista indicó que no localizaron a Ramos Villarreal en su despacho al momento de acudir, aunque la solicitud fue recibida por personal del Ayuntamiento.

Barajas Cortés fue acompañada por la coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, Roxana Rubio, y la regidora Guillermina López.

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IEES mantiene tres procedimientos por presuntos actos anticipados de campaña

El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa mantiene tres procedimientos relacionados con presuntas violaciones a la legislación electoral, mientras continúa aplicando los criterios establecidos por los tribunales para determinar cuándo existen actos anticipados de campaña, informó su presidente, Arturo Fajardo Mejía.

El consejero presidente explicó que recientemente el Tribunal Electoral del Estado confirmó dos resoluciones emitidas por el IEES. En una de ellas determinó que sí existió promoción personalizada por parte de una persona denunciada, resolución que aún podría ser impugnada ante la Sala Guadalajara o la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En otro expediente, el Tribunal confirmó el criterio del Instituto al considerar que la colocación de bardas y la realización de diversos eventos denunciados no constituyen actos anticipados de precampaña o campaña, al no reunir todos los elementos que exige la legislación electoral.

Fajardo Mejía indicó que actualmente el Instituto tiene tres asuntos en distintas etapas procesales: una investigación contra una diputada federal, un procedimiento que involucra a una senadora y una queja presentada por un ciudadano que fue devuelta por el Tribunal para que el IEES determine si es competente para iniciar un procedimiento.

El presidente del organismo electoral explicó que, con base en la jurisprudencia vigente, para acreditar un acto anticipado de campaña debe demostrarse el llamado elemento subjetivo, lo que representa un llamado expreso al voto o a favorecer una candidatura.

“Puedes poner una fotografía, colocar un espectacular o emitir mensajes públicos, pero mientras no exista un llamado expreso al voto, los tribunales han establecido que no necesariamente se configura un acto anticipado de campaña”, señaló.

Añadió que el IEES resuelve las denuncias con base en la ley y en los criterios emitidos por las autoridades jurisdiccionales, por lo que será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que determine, en caso de impugnaciones, si dichos criterios permanecen o se modifican de cara al proceso electoral de 2027.

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“Muy interesante la visión de Julieta Ramírez sobre BC”: Jaime Bonilla Valdez

TIJUANA, AGOSTO 3, 2026.- El Comisionado Político Nacional del PT, Jaime Bonilla Valdez, recibió en sus oficinas a la senadora con licencia Julieta Ramírez Padilla, aspirante a la coordinación estatal de Morena. Está reunión obedece a los exhortos de la lideresa nacional morenista, Ariadna Montiel; y del coordinador nacional petista, Prof. Alberto Anaya Gutiérrez, en el sentido de estrechar las relaciones entre las fuerzas aliadas de la 4T.

Durante este sustancioso encuentro, Bonilla Valdez y Ramírez Padilla coincidieron en que el diálogo y la tolerancia son la base de la solución de los conflictos.

“La senadora Julieta Ramírez nos dejó una grata impresión, una persona que identifica muy bien los problemas del estado y que goza de legitimidad en el movimiento”, apuntó Bonilla Valdez.

Asimismo, el también ex gobernador resaltó las definiciones de Julieta Ramírez en el sentido de ser “una persona autónoma” y de enfocar las lealtades no en personas sino en proyectos.

“La 4T en Baja California requiere de un ajuste mayor y para lograr ese objetivo se necesita gente limpia, con la disposición de erradicar las malas prácticas y la mala imagen que desafortunadamente ha estigmatizado a nuestro estado en los últimos años”, recalcó.

Jaime Bonilla dejó en claro que las puertas del PT en Baja California están abiertas para el diálogo a todos los aspirantes del movimiento que estén dispuestos a emprender un nuevo rumbo en nuestra entidad.

Interrogado sobre las posibilidades de la coordinadora petista Monserrat Caballero para triunfar en la encuesta, el comisionado político Bonilla dijo que las encuestas, incluso las de Morena, “hablan por sí solas… Monserrat está en unas en primero, en otras en segundo, pero siempre aparece en espacios de alta aceptación popular”.

“No tengo duda que con el trabajo que está realizando nuestra coordinadora será la triunfadora de la encuesta”, concluyó Bonilla.

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El INE amurallado ¿A qué le tiene miedo?

Al final del día, las puertas del INE podrán estar cerradas, pero la institución le pertenece a la sociedad mexicana, y esa misma ciudadanía será la encargada de vigilar, exigir y rescatar la democracia que nos pretenden arrebatar

 

Por Mónica Calles Miramontes

Hace más de treinta años en México nacía una institución destinada a cambiar el rumbo de la historia y que marcaría el inicio de la transición democrática. Una institución que sería ciudadana y rompería esos muros que existían entre la sociedad mexicana y la política. Era un órgano ciudadano y para los ciudadanos. Construir este camino democrático demoró más de tres décadas; pero han bastado solo tres años para que esa “casa de la ciudadanía” se convirtiera en un búnker autoritario inaccesible para la sociedad. El autoritarismo que hoy representa el INE se refleja de todas las maneras posibles: en sus decisiones, en su arbitrariedad, en el abierto sesgo político para beneficiar al partido en el poder. Sin embargo, también puede verse en sus puertas. El INE ya no es de la ciudadanía, le teme y le tiene pánico.

Hoy, cualquier ciudadano que pretenda ir a las oficinas centrales del INE para realizar un simple trámite, entregar documentos o ejercer su derecho a estar presente en una sesión pública —o algún otro derecho—, es tratado como un peligroso sospechoso. Registros con fotografía obligatoria y datos personales —sin aviso de privacidad—, revisión invasiva de los documentos por parte de elementos de seguridad, un trato sumamente hostil y torniquetes en cada área con vigilancia constante para que nadie camine un metro más del que “se autorizó”. Así es como se recibe a la ciudadanía cuando acude a esta institución. Para colmo, la Oficialía de Partes cierra recepción física a las 7:00 p.m. inventando procedimientos por correo fuera de norma, que no son más que una barrera para el acceso a la justicia; barrera que muchas veces resulta insuperable para quienes viajan de otros estados. Este cambio no es casualidad. Coincide con la llegada de perfiles más políticos que técnicos a puestos clave de la institución, quienes han priorizado la obediencia sobre la autonomía y hoy tienen pánico a la vigilancia ciudadana. Es muy claro, la colonización del INE no solo está en sus decisiones, hoy alcanzó cada pasillo, cada oficina y cada espacio que debería ser una vitrina donde la sociedad pueda observar

Estamos a poco más de un mes de que inicien los procesos electorales 2026-2027, y en lugar de prepararse para enfrentar los mayores retos sociales y políticos que se han visto en décadas, el INE está más ocupado en cerrar sus puertas, poner torniquetes, esconderse tras grandes muros y amedrentar a la ciudadanía. Esto no solo es una señal del camino autoritario que México está transitando, es la muestra más evidente del fin de la legitimidad de esta institución. Hoy enfrentamos una paradoja sumamente peligrosa, iniciará “la elección más compleja de la historia” y será organizada por un grupo de personas en quienes la ciudadanía ya no reconoce autoridad, conocimiento, legitimidad y mucho menos confianza. El árbitro se atrincheró entre la burocracia y su propia paranoia, porque sabe que le ha fallado a México. Al final del día, las puertas del INE podrán estar cerradas, pero la institución le pertenece a la sociedad mexicana, y esa misma ciudadanía será la encargada de vigilar, exigir y rescatar la democracia que nos pretenden arrebatar. Ningún muro será lo suficientemente alto para ocultar el deterioro institucional que en tres años ha causado la colonización del INE. Porque si de muros hablamos, hay que recordarles a los consejeros del INE que incluso el Muro de Berlín cayó, porque ningún muro que pretenda defender la tiranía se ha mantenido de pie y siempre son los ciudadanos quienes los derrumban. ¡Recuperaremos la ciudadanía del INE!

 

*Abogada electoral y constitucional | Columnista | Análisis político Web: defensaelectoral.com.mx Directora del observatorio LupaReforma2026.mx X: moni_calles

 

 

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Exceso de reservas, riesgo para la transparencia: ex presidenta de INAI

Julieta del Río analiza las prácticas recurrentes en la clasificación de datos patrimoniales; además critica que el INE sea «juez y parte» en transparencia

 

Por Rigo Gutiérrez E.

La ex comisionada presidenta del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Julieta del Río Venegas, advierte que existe un uso excesivo de la protección de datos personales en las declaraciones patrimoniales de servidores públicos, práctica que, consideró desvirtúa el objetivo de estos instrumentos, concebidos para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

En entrevista para Semanario “Primera Plana”, Del Río sostuvo que el debate no debe limitarse a la cantidad de bienes que reportan los funcionarios, sino a verificar que la información declarada sea veraz.

“La discusión no debería centrarse únicamente en quién tiene más o quién tiene menos, sino también en la veracidad de lo que ponen en las declaraciones patrimoniales y que las revisiones sean parejas y no por intereses políticos”, señaló.

La ex comisionada explicó que tanto la legislación en materia de transparencia como la Ley General de Responsabilidades Administrativas establecen que las declaraciones patrimoniales y de intereses son públicas y deben difundirse mediante versiones públicas.

 

Los límites de la protección de datos personales

 

Precisó que datos como cuentas bancarias, la CURP o información de terceros sí deben reservarse; sin embargo, sostuvo que otros elementos deben permanecer visibles para la ciudadanía, como el número de propiedades, vehículos, ingresos, percepciones adicionales, participación en empresas y bienes adquiridos durante el año.

«Si yo tengo cinco, seis o siete propiedades, las debo de poner en mi declaración pública. También deben aparecer los vehículos, los ingresos, los honorarios y los bienes adquiridos. Eso no es privado», afirmó.

Del Río recordó que la obligación de publicar estas versiones públicas está prevista en la Ley General de Transparencia y que las declaraciones patrimoniales constituyen información de oficio, por lo que su difusión no depende de criterios discrecionales de las instituciones.

 

INE es “juez y parte”

 

La excomisionada también criticó el esquema de transparencia que entró en vigor tras la desaparición del INAI en marzo de 2025, al considerar que organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE) ahora resuelven recursos relacionados con solicitudes dirigidas contra ellos mismos.

Explicó que el INE funge actualmente como autoridad garante en materia de transparencia para los asuntos de su competencia y que las inconformidades son analizadas por una comisión integrada por consejerías designadas por el propio Consejo General.

«El INE regula a los partidos políticos y también se autorregula. Si un ciudadano presenta una inconformidad por la reserva de información de la presidenta del INE o de cualquier consejero, el propio instituto resuelve esa queja. Es juez y parte», sostuvo.

Añadió que, si una persona no está conforme con la resolución emitida por el instituto, puede promover un medio de impugnación ante el Tribunal especializado en materia de transparencia dentro del plazo legal de 15 días.

 

Ve un retroceso en Transparencia

 

Como reflexión final, Del Río aseguró que la desaparición del INAI representó un retroceso para el acceso a la información pública en México.

Argumentó que la nueva legislación incrementó de 13 a 17 las causales para reservar información y eliminó la disposición que impedía clasificar información relacionada con presuntos actos de corrupción, criterio que anteriormente permitió hacer públicos expedientes de casos como Odebrecht y diversas investigaciones sobre Pemex.

Asimismo, advirtió que el nuevo modelo fragmentó el sistema nacional de transparencia al sustituir a los organismos especializados por cientos de autoridades garantes dentro de los propios poderes e instituciones públicas.

«Antes había un organismo nacional y 32 organismos locales especializados. Hoy existen cerca de 300 autoridades responsables. Se complicó la vida al ciudadano y muchas de esas instancias no cuentan con personal especializado para garantizar el derecho de acceso a la información», afirmó.

Finalmente, la ex comisionada dijo que este nuevo esquema favorece que las instituciones resuelvan sus propias controversias en materia de transparencia, situación que, a su juicio, debilita la confianza ciudadana y facilita una mayor reserva de información pública.

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El INE oculta parte del patrimonio de Guadalupe Taddei

Por Rigo Gutiérrez E.

Las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos tienen como objetivo permitir a los ciudadanos conocer la evolución tanto de sus ingresos como de bienes, y con esto, abrirse a la rendición de cuentas. Sin embargo, en el caso de la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, la información pública disponible, cierra el paso a la transparencia y apunta a la opacidad.

A través de una solicitud de información vía Plataforma Nacional de Transparencia, el Semanario “Primera Plana” tuvo acceso a las declaraciones patrimoniales de Taddei Zavala, correspondientes a los ejercicios fiscales 2023, 2024 y 2025; sin embargo, una parte de la información fue clasificada como confidencial por determinación del Comité de Transparencia del INE.

Este órgano colegiado, estableció que el Órgano Interno de Control (OIC) puso a disposición versiones públicas de los documentos debido a que contenían diversos datos considerados confidenciales, por lo que fueron testados apartados con información personal, patrimonial y financiera.

La clasificación incluye datos como: CURP, RFC, domicilio, números telefónicos, correo electrónico personal, estado civil, régimen matrimonial; además información de la pareja y dependientes económicos.

El Comité de Transparencia del INE justificó que la medida está basada en criterios internos de confidencialidad —CI-INE005/2015—, relativo a datos personales, además de diversos acuerdos.

La determinación concluyente en el expediente INE-CT-ST-R-0197-2026 fue la siguiente: “El CT confirma la clasificación de confidencialidad parcial sustentada por el OIC (Punto único), al contener datos personales de cuyos titulares no se cuenta con el consentimiento para difundir dicha información, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 de la LGTAIP”.

En este sentido, con la información a medias que brinda el INE de Taddei Zavala, el ciudadano recibe un archivo testado de principio a fin, sin posibilidad conocer claramente la evolución del patrimonio.

 

Remuneración pública millonaria

 

En abril de 2023, Taddei tomó protesta como presidenta del INE y su mandato concluirá el 3 de abril de 2032.

De acuerdo con información de la Plataforma Nacional de Transparencia, la remuneración mensual bruta correspondiente a la Presidencia del Instituto asciende a 262 mil 634 pesos, mientras que la percepción mensual neta reportada es de 178 mil 516 pesos —dato de 2025—.

A esta estructura de remuneraciones se suma una prestación institucional correspondiente al seguro de vida, con un costo mensual reportado de 39 mil 793 pesos brutos.

En sus declaraciones patrimoniales, Guadalupe Taddei reportó que sus ingresos provienen exclusivamente de su cargo público, sin registrar percepciones adicionales por actividades empresariales, servicios profesionales, actividades financieras o enajenación de bienes.

 

Ingresos anuales con variaciones  

 

La revisión de las declaraciones patrimoniales muestra variaciones en los ingresos anuales netos reportados.

En la declaración de modificación correspondiente a 2023, Taddei informó ingresos anuales netos por 2 millones 250 mil 481 pesos.

Para el ejercicio 2024, la cifra reportada fue de 4 millones 334 mil 534 pesos, mientras que en la declaración correspondiente a 2025 el monto fue de 3 millones 218 mil 693 pesos.

Los documentos señalan que estos ingresos corresponden a remuneraciones derivadas del cargo público, incluyendo sueldo, honorarios, compensaciones, bonos, aguinaldo y otras prestaciones.

Sin embargo, las versiones públicas entregadas no permiten conocer el desglose detallado de cada concepto, debido a las clasificaciones aplicadas por el Instituto.

Una casa declarada y luego sin registro  

 

Otro de los hallazgos corresponde al apartado de bienes inmuebles.

En la declaración patrimonial Inicial de 2023 y de Modificación 2023 aparece registrada una casa con una superficie de 140 metros cuadrados, adquirida el 30 de noviembre de 2018 y pagada de contado.

El valor de adquisición del inmueble aparece testado en la versión pública del documento.

No obstante, en las declaraciones correspondientes a 2024 y 2025, el apartado de «Bienes Inmuebles (Situación Actual)» aparece registrado como «Ninguno».

Las versiones públicas consultadas no contienen información que permita conocer si el inmueble dejó de formar parte del patrimonio de la funcionaria, si ocurrió alguna transmisión o si existe una explicación administrativa relacionada con ese cambio.

 

Información patrimonial bajo clasificación

 

El Comité de Transparencia del INE argumentó que los datos clasificados corresponden a información confidencial protegida por la normativa vigente en materia de acceso a la información y protección de datos personales.

En su determinación, el órgano colegiado señaló que, aunque algunos criterios internos fueron emitidos bajo marcos normativos anteriores, sus elementos esenciales permanecen vigentes al encontrarse incorporados en la legislación actual.

Asimismo, estableció que una vez aprobadas versiones públicas que contienen datos considerados confidenciales, dichas clasificaciones pueden aplicarse en futuras solicitudes cuando se trate de información similar.

De esta manera, los documentos públicos permiten conocer parte de la información patrimonial y remuneratoria de la presidenta del INE, pero mantienen bajo reserva diversos apartados que forman parte de las declaraciones presentadas ante el propio Instituto.

 

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Los “nubarrones” en el porvenir económico de México, expuesto por Pedro Aspe

Por Francisco Javier Ruiz Quirrín

ESTE periodo vacacional invita a la reflexión respecto a uno de los problemas torales que se presentan en este México de la tercera década del siglo XXI.

El actual régimen populista de la “cuarta transformación” critica severamente el periodo “neoliberal”, pero los números son fríos y si se relacionan con los resultados de un gobierno, sus habitantes son beneficiados o perjudicados.

Dígase ahora lo que se diga, el crecimiento del Producto Interno Bruto de nuestro país sostenía un crecimiento promedio del 3 por ciento al año en ese periodo neoliberal, no comparable con los años del “desarrollo estabilizador” (1952-1970, que se caracterizó por un crecimiento entre el 5 y 6 por ciento anual-, pero nunca antes como la caída estrepitosa a partir del año 2018, en que ni siquiera crecemos el 1 por ciento al año.

Como secretario de hacienda durante el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari, Pedro Aspe Armella no solo fue exitoso en su manejo de la economía nacional, sino además, su aportación para hacer del Banco de México una institución autónoma fue esencial y fue capaz de crear una escuela con talentos altamente capaces en su ramo como José Ángel Gurría, Guillermo Ortiz y Agustín Carstens.

Ellos fueron los encargados de desaparecer la acostumbrada inestabilidad económica en las transacciones sexenales.

Desde luego, el régimen impuesto por López Obrador y continuado por Claudia Sheinbaum se oponen a ese pensamiento, pero como señalamos anteriormente, había registros de progreso y desarrollo, a pesar de la enorme corrupción de la época.

Aspe Armella se ha convertido en consultor y hace poco tiempo participó en una cumbre en el MIT (Instituto Tecnológico de Massachussets) de extraordinario prestigio en el mundo. Abordó el escenario que se vive en nuestro país y las consecuencias que nos esperan si continúa desarrollando su política populista el gobierno.

Por ser comentarios muy valiosos y con gran visión, me permito reproducir algunas de sus principales conclusiones, por lo demás, fáciles de comprender, al sostener que México enfrenta un deterioro macroeconómico impulsado por un aumento sostenido del gasto corriente improductivo, un crecimiento acelerado de la deuda pública y una caída de la inversión productiva:

Hoy México tiene un déficit presupuestal alto.

El gobierno ha expandido fuertemente el gasto corriente.

Especialmente en programas sociales de transferencias directas (“segunda nómina”). Los beneficiarios aumentaron a casi 30 millones de personas y el gasto social pasó de 0.5% del PIB en 2018 a alrededor de 3% del PIB.

Este gasto no genera retornos productivos suficientes y desplaza recursos que antes se destinaban a infraestructura e inversión.

Señala que el gobierno destina alrededor de 400 mil millones de pesos anuales en subsidios y apoyos a Pemex, pese a que la producción petrolera continúa cayendo.

La producción ha bajado de 2.5 millones de barriles diarios en 2013 a menos de 1.4 millones proyectados para 2025-2026.

Pemex absorbe recursos públicos sin mejorar su eficiencia, ni su producción.

Por otra parte, la inversión física federal muestra una fuerte contracción con una caída cercana al 28% entre 2024 y 2025, descrita como la mayor en décadas.

Paralelamente, el gasto en educación, salud y seguridad permanece estancado en términos reales.

El argumento es que el gasto social y los rescates financieros han desplazado inversiones necesarias para elevar productividad y crecimiento de largo plazo.

La deuda pública pasó de 38% del PIB en 2011 a casi 59% en 2025, acercándose al umbral crítico de 60% del PIB.

Se advierte que varios países emergentes perdieron grado de inversión al cruzar ese nivel, señalando que un déficit fiscal cercano a 5.7% del PIB podría llevar a México a superar dicho umbral en 2026, generando mayores tasas de interés, presión cambiaria y desaceleración económica.

La conclusión es que México está entrando en una “cascada estructural hacia el estancamiento”: más gasto corriente y deuda, menos inversión productiva y menor crecimiento del PIB per cápita y de la productividad.

Finalmente, sostiene Aspe que, sin una corrección fiscal y una reorientación hacia inversión productiva, el país enfrentará menor crecimiento potencial y mayores riesgos financieros.

La incapacidad que hoy nos muestran quienes manejan la situación económica de México a través del gobierno, debería contar con una excepción de algún talento que estaría previniendo sobre este peligroso futuro para la población mexicana.

Y como ahora la política está por encima de la Ley y de la eficiencia y eficacia del gobierno, los operadores políticos del régimen deben haber encontrado a quienes calificará como culpables del desastre.

 

La 4-T y su propósito de coartar el periodismo crítico

 

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum ha promovido una iniciativa de reforma para establecer los “nuevos lineamientos de protección de los derechos de las audiencias” que aplicarán en una primera etapa a los espacios en radio y televisión…

Presidenta Sheinbaum… Paso firme para acabar con medios y periodistas.

Argumenta que el propósito fundamental es dar voz a todo público que se sienta agraviado por la publicación de informaciones falsas o bien, algunas opiniones imprecisas o equívocas que pudieran causar un daño a la imagen o a la integridad de alguna persona o institución… La mandataria anunció que a partir de este día 27 de julio, la propuesta será sujeta a una consulta popular en todo el país la que terminará el 21 de agosto… La iniciativa parece ser un arma de dos filos… Por un lado, pretende institucionalizar la sección “quién es quién en las mentiras”, creada por López Obrador en su “mañanera” para lanzar sus mentís y ataques a todos los periodistas que utilizaran la crítica contra el régimen… Por otro lado, la crítica periodística se caracteriza por incomodar al poder, por hacer revelaciones en base a la investigación, por exhibir ante el público la corrupción de los servidores públicos y los excesos del gobierno… Luego entonces, ¿quién será recurrentemente el agraviado?, el régimen… Y de aprobarse la idea, la “cuarta transformación” tendrá en sus manos un instrumento jurídico para irse contra todos aquellos que no piensen como ellos desde la radio y la televisión —por lo pronto— para trasladar después esa facultad a la prensa escrita y las redes sociales… En el texto de la propuesta se contemplan sanciones, que van desde una amonestación hasta la aplicación de multas y en el Capítulo VI habla de una “Suspensión Precautoria de Emisiones”, que será determinada por un comité especialmente designado para ese fin y que basará sus decisiones en “la protección de los derechos de las audiencias, el tenor de la Constitución y los tratados internacionales”… Las sanciones están contempladas en el artículo 68… Imposible no pensar en un objetivo controlador de la información por parte del gobierno y castigar a quienes insistan en sus ataques al régimen… Están haciendo a un lado los vigentes códigos penal y civil, que ya contemplan como delito la calumnia, la difamación y la extorsión, así como el daño moral contra el honor de las personas y las instituciones… Estas legislaciones siguen vigentes y son retomadas por la ciudadanía ante algún agravio personal o colectivo…Al mismo tiempo, se envía al archivo del olvido las posturas de anteriores presidentes que, en aras del respeto a la prensa, prefirieron “tolerar los excesos que limitar la libertad”… Evidentemente, hoy se quiere coartar esa libertad… Además un aspecto muy importante: Nunca como ahora, el ejercicio periodístico se ha vuelto tan vulnerable, sobre todo porque los excesos de algunos de nuestros gobernantes incluyen no solo las faltas de respeto al trabajo reporteril, sino que privilegian la impunidad que conduce a la facilidad de disponer de la vida de un periodista… Solo en el par de años que lleva en el gobierno este “segundo piso de la 4-T”, han asesinado cuando menos a una veintena de “aplastateclas”, mujeres y hombres del micrófono… El periodismo crítico continúa siendo un baluarte de la libertad y del equilibrio político, económico y social en nuestro país… No resulta extraño entonces, que un gobierno que camine rumbo a la intolerancia y el totalitarismo, busque acabar con la libertad de expresión, uno de sus peores enemigos.

 

Si es un proceso interno, ¿por qué MORENA sale a la población?

 

MUCHOS nos preguntamos las razones por las que los partidos de oposición a MORENA no son más insistentes y eficaces en el combate al partido en el poder… ¿Ocultarán algún propósito mezquino?, porque argumentos sobran en medio de un proceso electoral que se supone —según su convocatoria— es solo interno, lo que quiere decir que sus jornadas promocionales solo deben dirigirse a la militancia del partido… Todos sabemos que no es así y que llevan a cabo una abierta y descarada campaña ante la población abierta que busca posicionar a sus figuras en camino a los tiempos de las postulaciones en el calendario electoral… ¿Por qué no existe una denuncia formal en el Instituto Nacional Electoral con todos los elementos probatorios a la mano para mostrar la ilegalidad de MORENA en su proceso interno?… ¿Por qué la oposición asume un papel de florero ante una real grosería contra la población?

EN SU momento, el entonces presidente Enrique Peña Nieto autorizó reconstruir la carretera de cuatro carriles de Estación Don a Nogales, utilizando concreto hidráulico…

Claudia Pavlovich… Nunca reclamó el concreto hidráulico Hermosillo-Santa Ana.

La obra tardó pero se concluyó a excepción del tramo Hermosillo-Santa Ana, so pretexto de que “ya se había firmado un contrato para rehabilitarlo con asfalto”… Las consecuencias las vivimos ahora… Si usted viaja de norte a sur y ha pasado Santa Ana, se encontrará un tramo en estado muy deplorable, con muchos y profundos baches y no se han registrado más accidentes solo porque Dios es muy grande… Aquí el reproche es para la entonces gobernadora, Claudia Pavlovich, quien prefirió la frivolidad a reclamar al gobierno federal concluir con el proyecto original de hacer de la rúa un camino de concreto… Muy lamentable, sobre todo cuando era inocultable su excelente relación con el presidente López Obrador, tanto así, que le entregó el Estado.

HISTÓRICAMENTE, los gobernadores y presidentes municipales de Sonora —de todos los colores y sabores— han recibido favores del Grupo Larrea, en su momento de don Jorge y desde hace poco más de treinta años, de su hijo Germán Larrea Motavelasco… “Grupo México” ha cambiado dinero y generación de miles de empleos para el beneficio de las regiones donde opera sus minas, a cambio de la contaminación de nuestra tierra… Aquel 2014 y su derrame de material aciduloso sobre el Río Sonora, mantiene hasta ahora sus nefastas consecuencias y después del accidente ferroviario de esta semana en el rancho El Potrero del Cobre, ejido Cuauhtémoc en Naco, -donde fueron derramados casi 60 mil litros de hidrosulfuro de sodio-, apenas muestra el inicio de un daño ambiental sobre las personas, la flora y la fauna… Germán Larrea es el ejemplo de un personaje muy poderoso que está considerado el segundo hombre más rico de México y, por lo tanto, intocable… Sonora es un estado minero por excelencia y el poder lamentará públicamente las contaminaciones de nuestra tierra, pero en privado continuará llegando a acuerdos con “Grupo México”.

 

¿Dinero público en las precampañas de los aspirantes “morenistas” en Sonora?

 

ANTES de otra cosa, una disculpa, pero es difícil creer que los seis aspirantes avalados por palacio de gobierno que buscan la coordinación para la defensa de la 4-T y la soberanía nacional en Sonora, estén utilizando dinero de su bolsa en sus recorridos… Lo escribimos hace tres semanas y lo reiteramos hoy… Los recursos saltan a la vista y la verdad, es mucho lo que está frente a nuestros ojos… Actos y más actos multitudinarios en los 72 municipios de la entidad y el rostro sonriente de Célida López Cárdenas en la primera plana del diario “El Universal”, con una encuesta que le favorece y que nomás no es de gratis… Qué tristeza si nuestros impuestos se utilizan para este propósito innecesario, si como se dice, MORENA la gana porque la gana en el 2027… ¿Solicitud de transparencia?… No nos hagan reír.

POR CIERTO, un bien posicionado de MORENA y aliados en la carrera rumbo a la candidatura para buscar la alcaldía de Hermosillo —Norberto Barraza Almazán— visitó este martes palacio de gobierno y conversó con el titular en la oficina más refrigerada del histórico inmueble… De lo que hablaron solo ellos lo saben.

 

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Con diálogo, Milena Quiroga fortalece vínculos con comunidades del norte de Los Cabos 

La Paz, Baja California Sur (BCS). La alcaldesa con licencia, Milena Quiroga Romero, sostuvo un encuentro con habitantes de Buena Vista y comunidades de la zona norte de Los Cabos, donde compartió los avances de la Cuarta Transformación y el compromiso de seguir caminando junto al pueblo.  

La reunión fue convocada por el presidente de la Asociación de Colonos Ángeles de Buena Vista, Martín Geraldo Montaño, asistiendo familias de Los Barriles, Buena Vista, Campamento, La Ribera, La Capilla, Las Cuevas y Santiago, quienes dialogaron sobre los principales retos y oportunidades para la región.  

En su mensaje, Milena Quiroga destacó el respaldo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha brindado al pueblo de México y subrayó la importancia de mantener el trabajo cercano con la ciudadanía.  

Uno de los temas prioritarios para el país es el ordenamiento del territorio, al considerar que brinda mayor certeza a las familias y contribuye al desarrollo ordenado de las comunidades.  

“Quiero agradecer a las vecinas y a los vecinos de Buena Vista. Decirles que yo seguiré actuando con mucha honestidad, apoyando y defendiendo al pueblo”, comentó.  

Los habitantes de la región presentaron un video compartiendo la historia de más de 2 décadas de lucha por la certeza de sus tierras, un testimonio que permitió conocer de primera mano una de las principales causas que ha marcado a la comunidad.  

Finalmente, Milena Quiroga agradeció las muestras de respaldo de las familias asistentes y reiteró que continuará recorriendo Baja California Sur para mantener un diálogo permanente con la ciudadanía.  

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Los consejeros del IEE Sonora bajo la lupa: Ganan casi $100 mil al mes… y no transparentan patrimonio

Por Rigo Gutiérrez E.

En Sonora hay una élite de la burocracia gubernamental que tiene acceso a un privilegiado sueldo que ronda los 100 mil pesos mensuales —cifra que dista mucho de los 10 mil del salario mínimo— entre estos se encuentran los siete Consejeros que integran el Instituto Estatal Electoral, órgano desconcertado encargado de organizar las elecciones cada tres años.  

“Primera Plana” tuvo acceso a las Declaraciones Patrimoniales de los funcionarios correspondientes a los años 2024 y 2025. Encontramos que hay tres tipos funcionarios: Primero: los que se resisten a transparentar información bajo el argumento de señalar como “reservado” cualquier dato. Por otra parte, hay quienes lo cumplen a medias. Y finalmente una tercera categoría son los cumplidos, tal como indica la Ley.

A través de una solicitud de Transparencia, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, proporcionó los expedientes en su versión pública de los seis Consejeros: el presidente Nery Ruiz Arvizu; los consejeros Alma Lorena Alonso Valdivia; Flor Terecita Barceló Noriega; Linda Viridiana Calderón Montaño; Benjamín Hernández Avalos; Wilfredo Román Morales Silva; y Jaime Olea Miranda.

Todos perciben un sueldo mensual bruto de $133,354 pesos, y menos impuestos $98,962 Neto. 

Para revisión de las Declaraciones Patrimoniales no enfocamos en tres rubros: Ingreso anual del funcionario; Bienes Inmuebles; y Vehículos. 

Alma Lorena Alonso Valdivia

-Ingreso Anual 

2024: $1,438,056.

2025: $1,708,064.

-Bienes Inmuebles:

2024: «No tengo información que reportar».

2025: «No tengo información que reportar».

-Vehículos:

2024: Los datos del apartado aparecen como Información clasificada debido a que los vehículos están a nombre de un dependiente económico/pareja.

2025: «No tengo información que reportar».

Benjamín Hernández Ávalos

-Ingreso Anual

2024: $ 1,375,758.

2025: $ 1,813,032.

-Bienes Inmuebles:

2024: Toda la información marcada como clasificada.

2025: Información sigue como clasificada.

-Vehículos:

2024: 

-Moto Susuki GSX; Año: 2021; Pago: Contado; Valor: 180,000; Fecha de Adquisición 2020.

-Moto BMW F; Año: 2022; Pago: Contado; Valor: 308,400; Fecha de Adquisición 2022.

-Mazda 3 HB; Año: 2020; Pago: Crédito; Valor: 348,900; Fecha de Adquisición 2020.

-Honda HRV; Año: 2022; Pago: Contado; Valor: 533,900; Fecha de Adquisición 2022.

-Honda CRV; Año: 2014; Pago: Crédito; Valor: 324,900; Fecha de Adquisición 2014.

2025:

-Mantiene los vehículos anteriores, excepto la moto Suzuki que reporta como baja por venta.

Flor Terecita Barceló Noriega

-Ingreso Anual 

2024 (Inicio): $93,611 (Monto mensual neto).

2025: $1,750,053.

-Bienes Inmuebles:

2024: Casa; Pago: Contado; Valor No especificado. Fecha de Adquisición: 2024.

2025: «No tengo información que reportar».

-Vehículos:

2024: Honda CRV; Año: 2025; Pago: Contado; Valor: 850,900; Fecha de Adquisición 2024.

2025: No reporta variación.  

    

Jaime Olea Miranda

-Ingreso Anual 

2024 (Inicio): $93,611 (Monto mensual neto).

2025: $2,194,376.

-Bienes Inmuebles:

2024: Aparece como Información clasificada.

2025: Mantiene como Información clasificada.

-Vehículos:

2024:

-Hyundai Creta; Año: 2018; Pago: Crédito; Valor: 266,595; Fecha de Adquisición 2017.

-Volkswagen Jetta; Año: 2016; Pago: Contado; Valor: 130,000; Fecha de Adquisición 2019.

2025: Mantiene los mismos 2 vehículos.

Linda Viridiana Calderón Montaño

-Ingreso Anual 

2024: $1,438,056.

2025: $1,727,383.

-Bienes Inmuebles:

2024: Casa; Pago: Crédito; Valor: $5,100,000; Fecha de Adquisición: 2023.

2025: Mantiene la misma información.

-Vehículos:

2024: «No tengo información que reportar».

2025: «No tengo información que reportar».

Nery Ruiz Arvizu

-Ingreso Anual 

2024: $1,748,807.

2025: $2,119,219.

-Bienes Inmuebles:

2024: «No tengo información que reportar».

2025: «No tengo información que reportar».

-Vehículos:

2024: «No tengo información que reportar».

2025: «No tengo información que reportar».

Wilfredo Román Morales Silva

-Ingreso Anual 

2024 (Inicio): $93,611 (Monto mensual neto).

2025: $1,709,764

-Bienes Inmuebles:

2024: Aparece como Información clasificada.

2025: Sigue como Información clasificada

-Vehículos:

2024 

-RAM Big Horn; Año: 2015; Pago: Contado; Valor: 275,000; Fecha de Adquisición 2023.

-NISSAN X-TRAIL; Año: 2018; Pago: Crédito; Valor: 349,000; Fecha de Adquisición 2022.

-Ford Fusion; Año: 2013; Pago: Contado; Valor: 160,000; Fecha de Adquisición 2021.

2025: Reporta la RAM y X-TRAIL con los mismos datos.

 

Más allá de lo legal, se trata de confianza

Y es que, según la Ley de responsabilidades y sanciones para el estado de Sonora, en su artículo 33, los funcionarios: “Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante la Secretaría o su respectivo Órgano Interno de Control, todos los Servidores Públicos”.

Y aunque cualquier ciudadano podría consultar estos documentos, para vigilar la evolución de los bienes de funcionarios, la misma Ley en el artículo 29 establece “candados”: “Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos”. 

Julieta del Río, consejera del extinto Instituto Nacional de Acceso a la Información, en una reflexión sobre las declaraciones, establecía que más allá de la obligación legal, se trata de una herramienta para brindar confianza a la ciudadanía.

Y es que así se puede documentar que los bienes con que cuenta un servidor público corresponden con los ingresos económicos que recibe. Un instrumento para vigilar su correcto transitar por el servicio público, sin que se desvíen por oscuros caminos.

 

 

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