MAZATLÁN._ Temas de prevención y solución pacífica de conflictos laborales y organizacionales fueron planteados por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a personal de empresas locales.

La institución participó dentro de las actividades del Comité de Dimensión Social de Canacintra Mazatlán, quien a su vez hizo un llamado a fortalecer la cultura laboral.

La iniciativa es impulsada por empresas del Comité que están certificadas con el Distintivo de Empresa Comprometida con los Derechos Humanos.

Por ello, en la conferencia “Empresa Comprometida con los Derechos Humanos: Lineamientos del Distintivo y sus Beneficios dentro de tu Organización”, Rosario Guadalupe Borrego Gómez, integrante de la CEDH, destacó la importancia de la prevención y resolución de conflictos para consolidar un buen clima de trabajo.

El desarrollo de habilidades socioemocionales en colaboradores y equipos de trabajo, impulsar entornos laborales más productivos, inclusivos y respetuosos, integrar los derechos humanos y la sostenibilidad como ventajas competitivas empresariales, son ámbitos que día a día deben fortalecerse, dijo.

La conferencista agregó que que mediante un programa, que otorga el distintivo como Empresa Socialmente Responsable, puede generarse valor reputacional ante clientes, colaboradores, proveedores e inversionistas y complementar estrategias de Responsabilidad Social Empresarial.

El objetivo de fondo es que las empresas grandes, medianas y grandes trabajen por una cultura organizacional en torno a este distintivo como una oportunidad para fortalecer la organización, mejorar el clima laboral, impulsar prácticas de mejora continua y posicionar a las empresas como referentes de compromiso social y sostenibilidad.

La idea nació de afiliados como Grupo PINSA y Sugar Food, para invitar al personal de la CEDH y ver cómo sí se puede mejorar el clima laboral de las pequeñas, medianas y grandes empresas afiliadas como un distintivo oficial.

Por un lado, Borrego Gómez explicó que el objetivo busca preservar la identidad individual de cada una de las personas que conforman a las empresas y organizaciones, y al mismo tiempo propiciar mejorar el clima laboral.

Además, señaló a aquellas empresas que no cuentan con el Distintivo ESR, que busquen el reconocimiento que depende de cumplir con todo un programa de alternativa accesible y práctica para avanzar en la construcción de una cultura organizacional alineada.

Durante la conferencia también se habló de las principales ventajas de ser un distintivo gratuito y con lineamientos de implementación accesibles para empresas de todos los tamaños.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa informó que capacitó a 108 servidores públicos estatales y municipales en materia de derechos humanos y servicio público con el objetivo de fortalecer el derecho de la ciudadanía a recibir una atención digna por parte de las instituciones públicas.

La actividad se realizó en coordinación con la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, como parte de los trabajos de la Comisión Permanente de Vigilancia y Control Estado-Municipios, integrada por la dependencia estatal y las sindicaturas de procuración de los ayuntamientos.

La capacitación estuvo a cargo de la visitadora general de la CEDH, Reyna Isabel Mendoza Osuna, quien ofreció una sensibilización dirigida a las y los funcionarios convocados con el propósito de reforzar el respeto a los derechos humanos en el desempeño de sus funciones.

Durante la jornada denominada “Derechos humanos en el ejercicio del servicio público”, la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, Sandra Guadalupe Angulo Cázarez, señaló que este tipo de acciones buscan garantizar el respeto, la igualdad y el bienestar colectivo, además de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones que tienen los servidores públicos hacia la sociedad.

En la capacitación participaron representantes de órganos internos de control de diversas dependencias estatales, entre ellas la Secretaría de Educación Pública y Cultura, el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, el Sistema DIF Sinaloa, el Instituto Sinaloense de Cultura, la Universidad de la Policía y la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, entre otras.

También asistieron síndicos procuradores, personal de órganos internos de control y funcionarios municipales de Choix, El Fuerte, Guasave, Juan José Ríos, Mocorito, Sinaloa de Leyva, Angostura, Culiacán, Navolato, Eldorado, Salvador Alvarado, Elota, Mazatlán, Escuinapa y San Ignacio.

De acuerdo con la CEDH, estas acciones forman parte de los esfuerzos institucionales para promover una cultura de respeto a los derechos humanos y mejorar la atención que reciben las y los ciudadanos en las distintas dependencias gubernamentales.

Durante más de dos años, una madre buscó a su hijo desaparecido mientras su cuerpo permanecía bajo resguardo del Servicio Médico Forense en Culiacán.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa concluyó que la Fiscalía General del Estado incurrió en omisiones, dilaciones y negligencia que impidieron identificar oportunamente a la víctima y notificar a su familia.

La historia quedó plasmada en la Recomendación 5/2026 emitida por la CEDH contra la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, luego de analizar el expediente derivado de la queja presentada por la madre de la víctima.

De acuerdo con el documento, la desaparición fue denunciada en septiembre de 2022 ante la Agencia Especializada en Desaparición Forzada de Personas Región Centro.

La madre relató que, tras interponer la denuncia, proporcionó muestras de ADN para realizar confrontas genéticas con cuerpos sin identificar resguardados por el Semefo. Sin embargo, aunque la solicitud para realizar el estudio genético fue emitida desde octubre de 2022, la prueba no fue procesada sino hasta febrero de 2024.

La investigación de la CEDH acreditó que el cuerpo de la víctima había ingresado al Servicio Médico Forense de Culiacán el 8 de septiembre de 2022 y que ese mismo día se tomaron muestras para obtener el perfil genético. Pese a ello, la identificación formal ocurrió hasta septiembre de 2024, prácticamente dos años después.

En su resolución, la Comisión señaló que la Fiscalía incurrió en una “deficiente investigación” al no dar seguimiento a solicitudes periciales, omitir el cruce de información entre áreas y desaprovechar datos que estaban disponibles incluso en plataformas institucionales de cuerpos no identificados.

La CEDH también advirtió que personal ministerial ignoró elementos relevantes para la búsqueda, como la coincidencia entre las prendas descritas en la denuncia de desaparición y las fotografías publicadas por la propia Fiscalía sobre cuerpos no identificados.

“... todo ese tiempo estuvo en poder de la institución investigadora”, señala la recomendación.

Además, sostiene que la falta de coordinación y las omisiones provocaron que la familia no pudiera localizar ni recuperar el cuerpo de la víctima durante más de dos años.

El organismo concluyó que se vulneró el derecho humano a la búsqueda y localización de personas desaparecidas, así como el derecho a la identificación de personas fallecidas. Además, citó estándares internacionales que obligan al Estado a actuar con debida diligencia en casos de desaparición.

La recomendación fue dirigida a la Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, y forma parte de las resoluciones emitidas por la CEDH durante el primer trimestre de 2026.

MEXICALI, MAYO 18,2026.- Por instrucción de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, el secretario general de Gobierno, Juan José Pon Méndez, dio seguimiento a las mesa de trabajo con familias de personas desaparecidas en el municipio de Mexicali, como parte del seguimiento permanente a los acuerdos establecidos con las víctimas indirectas de este delito en Baja California.

Durante el encuentro se revisaron avances en distintos temas planteados por las familias, así como acciones relacionadas con búsqueda en campo, fortalecimiento institucional con organismos de derechos humanos, acompañamiento institucional y atención a casos particulares.

Juan José Pon Méndez reiteró la disposición del Gobierno del Estado de mantener espacios permanentes de diálogo y seguimiento, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre las instituciones involucradas y dar atención a las inquietudes expuestas por las familias.

“Continuamos con las mesas de trabajo que nos comprometimos a llevar a cabo con las familias de personas desaparecidas. Seguimos construyendo rutas de atención y coordinación entre las distintas autoridades para avanzar en los temas que aquí se plantean”, expresó.

Como parte de los acuerdos revisados durante la sesión, la Comisión Local de Búsqueda presentó la agenda de trabajo programadas en coordinación con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Comisión Nacional de Búsqueda, con el objetivo de fortalecer herramientas institucionales y de acompañamiento.

Por su parte, representantes del Poder Judicial del Estado informaron sobre trabajos de diagnóstico y reuniones técnicas relacionadas con procedimientos de declaraciones especiales de ausencia, así como acciones de fortalecimiento institucional y acompañamiento con organismos autónomos y autoridades vinculadas al tema.

En ese sentido, el secretario general de Gobierno informó que se continuará fortaleciendo el trabajo interinstitucional entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, la Fiscalía Especializada y demás autoridades competentes para agilizar la atención de estos procedimientos.

Asimismo, destacó que se mantiene coordinación con la Guardia Nacional para reforzar el acompañamiento en acciones de búsqueda en campo, además de señalar que la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda confirmó la contratación de diez nuevas personas dedicadas exclusivamente a labores de búsqueda.

Durante la reunión también participaron la subsecretaria de Derechos Humanos, Melba Adriana Olvera Rodríguez; el comisionado local de Búsqueda, Jorge Aguirre Carbajal; representantes del Poder Judicial del Estado; la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas; la Defensoría Pública; la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada; así como familiares de personas desaparecidas.

DURANGO, MAYO 17, 2026 .- La Subsecretaría de Derechos Humanos de Baja California participó en el “Segundo Encuentro de la Red Nacional de Mecanismos de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (REDPRO)”, realizado en el estado de Durango, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre entidades y compartir experiencias en materia de protección a periodistas y personas defensoras.

Baja California forma parte de las 14 entidades federativas que integran actualmente la REDPRO, red nacional orientada al fortalecimiento de mecanismos locales de prevención, atención y protección.

En representación de la entidad, la subsecretaria de Derechos Humanos, Melba Adriana Olvera Rodríguez, participó en la mesa redonda “Motivos de la Red Nacional de Mecanismos para la Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, espacio de diálogo enfocado en el intercambio de experiencias y herramientas para fortalecer la coordinación entre mecanismos estatales y federales.

Durante su participación, Olvera Rodríguez destacó la importancia de mantener espacios permanentes de coordinación que permitan visibilizar los retos que enfrentan periodistas y personas defensoras, así como compartir herramientas y estrategias de atención entre entidades federativas.

Asimismo, señaló que, bajo la directriz del secretario general de Gobierno, Juan José Pon Méndez, Baja California mantiene una política de fortalecimiento institucional y coordinación permanente para garantizar mecanismos de protección más eficaces y cercanos a las necesidades de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

En el encuentro participaron representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), del Mecanismo Federal de Protección, así como de las instancias locales de Baja California, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Estado de México, Jalisco, Veracruz, Ciudad de México, Yucatán, Querétaro, Coahuila y Nuevo León.

El Gobierno del Estado, encabezado por la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones de coordinación y protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos.