Dejó de ser tema local y transmutó a notoriedad internacional la instalación en Topolobampo de la planta de amoniaco de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, filial de la firma alemana Proman, acentuando la disyuntiva entre más inversión extranjera que apuntale el desarrollo de Sinaloa o la supremacía del movimiento divergente que le antepone el vital cuidado del medio ambiente al también trascendente progreso industrial. Un estado con múltiples crisis que generan incertidumbres, libra las batallas por las economías sustentables y sostenibles.

Entre la camisa de fuerza que es la resistencia social del “Aquí no” y la función acicate que para los sectores público y privado desempeña la oferta de atraer capitales y empleos, el proyecto ha experimentado virajes inesperados durante los 13 años transcurridos desde que en 2013 el entonces Gobernador Mario López Valdez y Francisco Labastida Ochoa, quien fuera Secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal durante el gobierno del Presidente Miguel de la Madrid, les vendieron espejitos a los inversionistas.

En tal maraña de desavenencias han intervenido los gobiernos federal y estatal, Poder Judicial, dependencias y organizaciones ciudadanas en materia ambientalista, pueblos e instituciones indígenas, instancias de atención a controversias de comercio, políticos aprontados y liderazgos que divisan un botín a obtener, sin embargo, la fábrica va a paso de tortuga en su equipamiento mientras las discrepancias corren a marcha veloz.

Y ahora presenciamos la viñeta de lugareños oponiéndose a que sean instalados en las naves industriales los gigantescos reactores que vienen de tierras lejanas, en contraposición a la persistencia que durante tres períodos del Gobierno estatal han mostrado los inversionistas, conflicto tras conflicto. La repetición, guardadas las proporciones, de aquella resistencia que los pobladores originarios presentaron durante La Conquista, al blandir sus lanzas contra los navíos y expedicionarios españoles acercándose a las costas aztecas.

También la realidad va en contra del sueño de Albert Kimsey Owen, que en el Siglo 19 descubrió la esplendorosa región de Topolobampo y tuvo la visión del puerto de altura Pacific City que sería el centro neurálgico del comercio y desarrollo que vinculara a México con Estados Unidos. Hoy allí lo que persiste es la obstinación de etnias y activistas cerrándole el paso a la entelequia del nirvana sinaloense. Domina la encrucijada entre la preponderancia de lo social o la preeminencia del crecimiento económico, brillando por su ausencia la factibilidad de acudir a las posibilidades intermedias para acoplar tales visiones.

Además, ha cobrado mayor fuerza la oposición a la planta cuyo establecimiento en la Bahía de Ohuira requirió de mil 600 millones de dólares y que una vez en operación producirá 2 mil 220 toneladas métricas de amoniaco al día, y también se ve debilitada la acción gubernamental y de los sectores económicos en defensa del coloso petroquímico que sin problemas ha operado durante 40 años 17 plantas en distintos países del mundo, no obstante que la Presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobernador con licencia Rubén Rocha y la Mandataria estatal interina Yeraldine Bonilla se manifiestan a favor del sí a la fábrica de amoniaco.

El cordón tendido alrededor la planta para impedir la instalación de los reactores químicos recién llegados, la manifestación que se realizaría ayer en la Embajada de Alemania en México, las protestas en ciudades sinaloenses como la que efectuó el miércoles en Mazatlán y la marcha convocada para el próximo domingo en el trayecto entre Los Mochis y Topolobampo parecen ser el intento final, el mayor de todos, para obstruir el funcionamiento de la nave industrial de GPO que está planeado para iniciar en 2027 en etapa de prueba.

Otra cosa que llama la atención es el hecho de que la Iniciativa Privada sinaloense no haya emitido posicionamientos firmes en apoyo a la inversión de Proman y GPO en Sinaloa. Ambas empresas son apabulladas por la reacción de colectivos ecologistas y todo buen final depende de que los promotores de la planta prosigan en la inaudita capacidad de entereza o bien caigan en la frustración que los haga retirar la inversión.

En tanto están en modo de “El Chapulín Colorado”, enunciando la frase de “¡Oh! ¿Y ahora quien podrá ayudarnos?”.

No ha sido como día de campo,

Instalar la planta de amoniaco,

Y aún falta el final cardiaco,

En Sinaloa y Topolobampo.

Es verdad que se trata de una mujer valiente, pero la dirigente de Coparmex en Sinaloa, Martha Elena Reyes Zazueta, debe administrar, como protocolo de protección, sus apariciones dando la cara para exponer la crisis que enfrenta la economía estatal debido a la narcoguerra que se aproxima a los dos años y las consecuencias terribles pagadas por los sinaloenses en general. En estos tiempos convulsos abundan las tribunas abiertas de par en par para presentar devastada a la tierra de los once ríos, pero una vez que obtienen la entrevista esos espacios en medios y redes sociales abandonan a su suerte a “voceros” que estamos aquí en situación de alto riesgo. No vale la pena servir de carne de cañón para los partidos políticos ni para los megáfonos del catastrofismo.

A diferencia de la actividad que realiza en Sinaloa el Diputado federal Ricardo Madrid Pérez en defensa y fortalecimiento de las instituciones, con la convocatoria a unir esfuerzos para sacar a este estado de las crisis que enfrenta, la Senadora Paloma Sánchez Ramos se adhirió a la propuesta que su partido, el Revolucionario Institucional, realiza en unión con la Alianza Mexicana de Abogados consistente en la desaparición de poderes.

El contraste está en que Madrid Pérez, Legislador del Partido Verde Ecologista de México, recorre el territorio sinaloense con el exhorto al gran pacto ciudadano que aglutine los afanes por la estabilidad hoy dispersos, al margen de apetitos políticos y de diferencias de cualquier tipo, al mismo tiempo que Sánchez Ramos tomó la bandera que empuña Ricardo Beltrán Verduzco, autor del “fuera Rocha”, “fuera Yeraldine” y fuera quien llegue a la titularidad del Ejecutivo estatal si no proviene de las siglas tricolor.

Ricardo Madrid invita a pausar el futurismo político y potenciar el encuentro recuperando lo positivo como adhesivo de las buenas intenciones; Paloma Sánchez en mancuerna con Ricardo Beltrán incitan a capitalizar todas las dificultades que diezman a Sinaloa para pulverizar a las instituciones del Ejecutivo y Legislativo y trazar desde la nada quién sabe qué sancocho priista.

Cuando a Sinaloa le urge la gobernabilidad, el apremio de la Oposición consiste en la demolición de instituciones para que asuman el poder otros personajes o grupos de talante ilegítimo. Primero pedían la separación de Rubén Rocha del cargo de Gobernador, ahora menosprecian la aptitud de Yeraldine Bonilla para desempeñar el gobierno interino. Enseguida nadie les parecerá capaz si no se trata de alguno de los suyos.

Qué bien se les vería a los legisladores federales y estatales sentarse desprovistos de militancias en una gran mesa en la cual el tema crucial consista en cómo sacar a Sinaloa del complejo momento en que se encuentra. Madrid considera que existen múltiples arrestos en separado para resolver cómo salimos de aquí, pero unificados darían frutos formidables.

También le apuesta a la formación de liderazgos que logren la confianza de los sinaloenses como articuladores del gran plan de futuro que es indispensable a partir de estados de cosas que tocan fondo y a la vez significan oportunidades de alianzas que sean los parteaguas para la reconstrucción. Los jóvenes, considera, necesitan involucrarse en el proyecto del Sinaloa con seguridad pública, humanismo, civilidad, Estado de derecho y prevalencia de valores y convicciones originales.

Madrid Pérez se hace a un lado como aspirante a Gobernador y prefiere ser factor de gobernabilidad. La decisión de aparecer o no en la boleta electoral el año próximo la deja en manos de la dirigencia nacional del PVEM y mientras son peras o son manzanas viene todas las semanas a conocer las situaciones difíciles que derivan de las crisis de la seguridad pública, política y económica para ofrecerse como gestor de soluciones. En ese tenor se reunió el 2 de junio con el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, para trazar sinergias en torno a los retos de la UAS.

Claro que mediáticamente vende más el hecho de que Ricardo Beltrán, dirigente de la Alianza Mexicana de Abogados, vaya a la Ciudad de México y se diga vocero de amplios sectores de Sinaloa que según él reclaman la desaparición de poderes, pero ¿qué poderes habrá que anular y cuáles hacer que prevalezcan? Cuidado con el dilema de edificar la gobernabilidad con los ladrillos del constitucionalismo o erigirle castillos a la incivilidad con la saliva del oportunismo.

Sinaloa entero se halla lastimado y la acción cívica es también la que hará sanar las heridas. Tantas vidas humanas sacrificadas o víctimas de desapariciones forzadas, incalculables pérdidas en libertades y patrimonios, demasiadas balas sometiéndonos en la inmovilidad y la desesperanza, no se curan tan fácilmente y mucho menos ofreciendo como remedio la pócima envenenada de la politiquería. Sí estamos cansados pero no lo suficiente como para dejarnos arrastrar hacia peores males.

Allá quienes insistan en colocar a Sinaloa entre la pared que es el crimen y la espada que sería la desaparición de poderes. Los que creen que los sinaloenses vapuleados por la violencia son incapaces de alzarse con la tenacidad reconstructiva, son los mismos que se frotan las manos al apostarle al voto desesperado emitido desde la tribulación.

Bien podría la chapulinada,

Pelear por Sinaloa la lid,

De la restauración concertada,

Que les propone Ricardo Madrid.

Que prisas las de los priistas por asaltar la constitucionalidad a casi un año de que la votación del 6 de junio de 2027 les permita demostrar que los rieles democráticos podrían llevarlos a presidir el Gobierno de Sinaloa, las presidencias municipales y ocupar curules en los congresos nacional y estatal. Presentarse como heraldos de sinaloenses que los autorizan a postular la anarquía los distancia aún más de la intención del voto y los exhibe descuidando el contacto popular y aproximándose demasiado a la antítesis política donde el dislate ahuyenta el sufragio. ¿Nada les han enseñado los años?

Mientras se perfilaba para ser electa como presidenta de la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio, y una vez que la mayoría de los socios le otorgó tal liderazgo, la reportera e investigadora América Armenta fue objeto de una campaña brutal que la pone en riesgo con base en mentiras elucubradas desde la impunidad dada a los agresores. Por la gravedad del caso, hacemos responsables a quienes estén detrás de los ataques y la apatía que muestre la Fiscalía General del Estado para esclarecer la acometida infame.

Camuflada detrás de la anarquía que vive Sinaloa por la violencia sin fin, la narcoguerra que se acerca los 21 meses sin treguas, cobra fuerza la cobarde práctica que pone a personas de bien en la mira de la delincuencia organizada sólo porque las redes sociales resultan idóneas en la estrategia de lanzar detracciones totalmente desprovistas de pruebas. Y porque los perpetradores saben bien que los aparatos ministerial y judicial los encubren por intención u omisión.

Para colmo de males, la Vicefiscalía Especializada en Atención a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que después de nueve meses de entrar en funciones no ha dado señales de eficacia en el esclarecimiento de carpeta alguna de investigación por delitos contra la libertad de expresión, insiste en turnar a los denunciantes a instancias de atención temprana sacándole la vuelta a casos en que comunicadores y activistas son evidentemente agredidos.

Aunque finalmente América Armenta logró denunciar los hechos ante la FGE, en razón de que los agresores utilizan su nombre e imagen en malos manejos para conjeturar vínculos con delincuencia, lo que se requiere es que la Vicefiscalía a cargo de Eladio García Arredondo dé señales, ya, de disponer de mecanismos como la Policía Cibernética y sistemas de prevención de delitos que por vías digitales colocan en vilo la integridad de sinaloenses íntegros.

La operación contra la periodista preocupa además por la amplia difusión que se busca en fanpages, patrocinándola inclusive con recursos económicos para mayor impulso, perfilando así el rastro de delincuencia a ras de lo robótico. ¿Qué pretende el bodrio sin pies ni cabeza armado con datos falsos? La única evidencia a la vista es la obsesión por arremeter sin tomarse la molestia de indagar sobre el blindaje moral que posee la destinataria del ataque.

Sin duda está en marcha en Sinaloa el pernicioso ardid que traba los engranajes de la Ley y activa la fábrica de peligros inminentes para la prensa, ofreciéndoles a las audiencias celadas de desinformación. Confabuladores sin rostros a mostrar ni consecuencias a pagar pretenden erosionar la confianza en periodistas y medios profesionales, apostándole a que la delincuencia tragará sin revisar los anzuelos con la difamación como carnadas.

Aunque esta vez la insidia es dirigida a América Armenta, periodista reconocida por su profesionalismo y los galardones obtenidos en los ámbitos nacional e internacional, que recibió en agosto de 2025 el Premios de la Sociedad Interamericana de Prensa, junto con Jesús Bustamante, por la indagación “Narco contaminación: Cocinando un desastre ambiental”, lo que en realidad se pretende arruinar es la credibilidad de la noticia construida por medios y redactores de alta confiabilidad.

Esto enciende otras luces de alarma en el Sinaloa bajo permanente estado de alerta. A los sobresaltos que a diario enfrenta la sociedad se le agregan amenazas al derecho a la información con tal de que continúe siendo rehén de contenidos que en las redes sociales promueven la parálisis colectiva y la normalización del terror como modo de vida. Tender más cortinas de confusión para que no veamos las salidas disponibles en el contexto de lucha frontal entre facciones del narco.

Y así periodistas y medios estarán muy ocupados en librar batallas legales contra agresores que la impunidad blinda, restándole oportunidades a la narrativa sustentada y corroborada que pretende hacer notar a los ciudadanos las posibilidades que nos saquen de la barbarie.

Prensa distraída mientras la gente pide auxilio en el fragor de la gran conflagración criminal.

Si la ausencia de Ley alienta,

Al miedo como atroz mordaza,

Siente tú, América Armenta,

Que el periodismo te abraza.

La principal condición para que los sinaloenses actuemos para el rescate de la seguridad, estabilidad, legalidad y unidad que nos han robado tiene que ver con el conocimiento pleno de la situación de violencia que vivimos y con base en dicha autenticidad implementar las acciones más adecuadas. No se entiende entonces por qué la Fiscalía General del Estado oculta a las víctimas mediante reclasificaciones tramposas que plantean hacernos creer en expectativas ficticias de pacificación. Pese a que laceran y arredran las muertes de la narcoguerra, es mucho mejor hacer el correcto pase de lista en el momento de calcular los arrestos cívicos que reclama la recuperación de nuestra patria chica.

Como si la estrategia de gestión turística del Gobierno de Sinaloa no careciera de todo sentido y calle, ahora resulta que el Mundial de Futbol servirá de promoción para la entidad.

Porque si algo sabe hacer la clase política cuando se trata de eventos internacionales, es subirse al tren de la expectativa. Ahora el balón servirá como estrategia de promoción y como escaparate para intentar vender la mejor versión del estado, esa que hace mucho se evaporó.

La administración estatal presentó “Sinaloa: La Fiesta del Mundial”, un programa que promete convertir a municipios, playas y Pueblos Mágicos en una especie de sede alterna de la Copa del Mundo, aunque ninguno de los partidos se jugará aquí.

La idea no es menor. El Mundial moverá millones de personas, inversiones, transmisiones y atención internacional. Y en un estado golpeado por la violencia, la caída del comercio y la percepción de inseguridad, cualquier oportunidad de proyectar otra imagen parece necesaria.

La pregunta es si el entusiasmo alcanzará para transformar la experiencia real de quienes visiten Sinaloa.

Esta estrategia suena por lo menos anticlimática, pues en Sinaloa han desaparecido turistas, en medio de una crisis de seguridad que la autoridad no ha podido controlar ni querido reconocer en su justa dimensión.

Porque el discurso turístico suele ser impecable: gastronomía, cultura, playas, identidad, hospitalidad y ahora futbol. Pero el reto sigue siendo el mismo de siempre: carreteras seguras, conectividad, servicios públicos funcionales y una percepción de tranquilidad que no se construye con campañas publicitarias.

El plan contempla actividades deportivas y culturales, transmisiones públicas y hasta 36 canchas en Pueblos Mágicos. Suena bien. Muy bien, incluso. El problema es que Sinaloa lleva años anunciando proyectos turísticos que terminan dependiendo más del optimismo oficial que de resultados medibles.

También hay algo simbólico en la estrategia: mientras el País entero volteará a ver el Mundial, Sinaloa quiere evitar quedarse fuera de la conversación nacional. Quiere mostrarse festivo, atractivo y competitivo.

Porque después de meses donde el nombre de Sinaloa ha aparecido ligado a violencia, narcotráfico y crisis económica, el Gobierno necesita otra postal para presumir.

Vaya sorpresita nos llevamos con la realidad de nuestros centros penitenciarios.

Mientras el año pasado presumían una calificación que apenas alcanzaba el pase tras años de reprobación, la realidad este 2026 se ríe en la cara con datos que no cuadran con ningún examen aprobado.

Hablar de un sistema que pasa mientras registra 27 internos fallecidos en lo que va del año, 14 de ellos tan sólo en el penal de Culiacán es, por decir lo menos, una burla sangrienta.

Casi tres muertes por mes en la zona centro nos dicen que, más que una escuela de rehabilitación, el Penal de Aguaruto se ha convertido en una sala de espera para el más allá.

Si usted pensaba que el SAT era voraz, le falta darse una vuelta por las aduanas del Penal.

Según la CEDH, los familiares de los internos tienen que pagar un impuesto de su propia bolsa, les retienen hasta el 16 por ciento de los alimentos o artículos que llevan para sus seres queridos, vaya comisión por custodia.

Resulta que, en el lugar donde el Estado debería garantizarlo todo, la corrupción es la que manda en la cocina.

Entre el cobro de cuotas y las denuncias de tortura en las revisiones, queda claro que el control no lo tiene la autoridad, sino el lucro y el abuso.

Dice la Comisión que las cárceles son el espejo de la violencia que se vive afuera.

Pero y si el espejo está roto y manchado de sangre, es porque la estructura misma ya no aguanta más.

Con una infraestructura que arrastra 55 o 56 años de antigüedad, el Penal de Aguaruto es más una reliquia peligrosa que un centro de reinserción.

El domingo pasado, siete vidas se perdieron bajo la supuesta protección del Estado.

¿De qué sirve que el sistema penitenciario pase de panzazo si la materia de seguridad y vida la tiene más que reprobada?

Urge un nuevo modelo, porque seguir parchando un cascarón de hace medio siglo sólo garantiza que las tragedias sigan siendo el pan de cada día.

Los que andan más picados que los ojos del Santo después de pegarse un tiro con Blue Demon, son los productores sinaloenses que ya anunciaron movilizaciones para boicotear el Mundial de Futbol en plazas como Guadalajara, Monterrey o la misma CDMX.

Y lo de las últimas horas es señal de su calentura, pues aunque Manuel Lim Cisneros, uno de los productores del valle de Culiacán, anunció que las movilizaciones comenzarían hasta mañana miércoles, en las últimas horas corrió cómo pólvora el mitotazo de que hoy mismo, por la mañana, tomarán la caseta de Costa Rica.

Las acciones tienen que ver con sus acciones de una jornada nacional de protestas con lo que buscan presionar al Gobierno federal ante la crisis que enfrenta el campo.

Su plan es que primero haya toma de las carreteras a nivel estado, con Sinaloa como punta de lanza en la manifestación, y luego moverse a la sedes mundialistas en las metrópolis del País.

Además de Sinaloa se espera que a la protesta se sumen agricultores de al menos 28 estados.

Originalmente, según las declaraciones de Lim Cisneros, las movilizaciones comenzarían este miércoles 3 de junio en la zona norte de la entidad, con productores de Guasave, Los Mochis y Juan José Ríos concentrándose en la caseta de Cuatro Caminos desde las 09:00 horas.

Y seguirían los agricultores del Valle de Culiacán y de Navolato en la caseta de El Pisal, sin embargo todo parece indicar que hubo cambios de última hora y la presión comenzará este martes.

A ver si es cierto, hoy nos daremos cuenta desde temprano.

¡FOUL!... La Fiscalía del Estado encabeza la lista de recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos con 11 emitidas y solo seis aceptadas. Sus funcionarios son acusados por omisión de funciones y negligencia en identificación de cadáveres. ¡Qué raro!

México, y particularmente Sinaloa, han estado sufriendo una serie de crisis y problemas sociopolíticos, frutos de decisiones muy personales de los gobernantes que han incidido en la vida y en el futuro de los ciudadanos, sus familias y sus organizaciones; muchas de esas decisiones han estado inspiradas, en forma muy negativa por las intenciones de vengar agravios, reales, supuestos o inventados, que han llevado del ámbito personal e ideológico a niveles de política nacional y hasta familiar.

Sin pretender remontarse a otros actos de años atrás, en los que también se habla de otras venganzas, véanse las actitudes de Andrés Manuel López Obrador cuando fue derrotado por Felipe Calderón Hinojosa en las elecciones de 2006 a la Presidencia de la República, después de lo cual inició un constante proceso de venganza personal contra el Gobierno, contra los órganos electorales, contra el PAN, la prensa y todo aquel que apoyara al régimen que él consideraba “espurio”. Denostó al Presidente y sus políticas hostigándolo con marchas, protestas, toma de calles, carreteras y edificios públicos y festinó constantemente el combate a la delincuencia organizada ordenada por el Presidente Calderón, principalmente en Michoacán, argumentando que la aprehensión de los líderes de los grupos delictivos todo lo que ocasionaba era “dar golpes al avispero” pues salían muchos otros jefes igual de peligrosos.

En 2012, el PRI recobró el gobierno nacional con el Presidente Enrique Peña Nieto, quien tuvo colaboradores muy señalados de corrupción, con políticas deficientes y sin decidirse a continuar la lucha contra la delincuencia organizada que empezaba a integrarse en grupos con mucho poder en armas, dinero y gente, y que además se infiltró en los ámbitos de su gobierno, por lo que se supone acordó protección con AMLO a cambio de no obstruir su elección.

López Obrador tuvo su momento en la elección de 2018 cuando ganó la Presidencia de la República y a partir de ahí llegó también su oportunidad de “satisfacer su necesidad de vengarse”, utilizando toda la fuerza del Gobierno, pues pudo controlar al Poder Legislativo y destruyó los organismos ciudadanos independientes, además, con ciertos acuerdos, utilizó a su favor el “poder de los narcotraficantes” a quienes les dio “manga ancha” para que actuaran dentro y hacia afuera del país. Con su política de “abrazos no balazos” los protegió y aprovechó electoralmente los recursos para favorecer a su partido Morena, a sus colaboradores y familiares; favoreció también a los narcotraficantes “enviando” miles de migrantes de otros países a la frontera con EU, facilitándoles los procedimientos aduaneros y militares, sin percatarse, o tal vez a sabiendas, de que estaba ocasionando un problema mayor para México con una reacción de Estados Unidos, como así ocurrió.

AMLO “se vengó” de todo y de todos, “desbarató” al INE y al TRIFE, logró el control total del Congreso, destruyó al Poder Judicial porque no acataba sus “disposiciones presidenciales”, militarizó al País otorgando al Ejército obra pública, las aduanas, los puertos, los aeropuertos, etc., utilizando mandos y soldados que le sobraban, pues el combate a los delincuentes no se estaba llevando a cabo; además “logró” el apoyo popular para él y su partido con el reparto indiscriminado de recursos públicos a la población, a costa de un debilitamiento de la educación, de la salud y de la economía en general, pues la inversión privada, nacional y extranjera no llega y no crea empleos ante la inseguridad y el desorden.

Esta crisis de venganza tuvo su clímax con la traición perpetrada entre los grupos de delincuentes cuando el grupo de “El Chapo” Guzmán y familia traicionaron al capo mayor, “El Mayo” Zambada, a quien secuestraron y entregaron a las autoridades de EU a cambio de protección y perdón, iniciando así un largo periodo de venganzas que han costado miles de muertes, desaparecidos, heridos y aprehendidos, lo que todavía se resiente en todo Sinaloa y en todo México, en lo que quedó involucrado el Gobierno del Estado.

La Presidenta Sheinbaum ha continuado con esas políticas “vengativas”; sigue el acoso contra la Iniciativa Privada, contra la prensa y la Oposición, contra Estados Unidos por lo de Cuba y Venezuela, contra España y contra Hernán Cortez “para vengar a Cuauhtémoc”; aunque se han encontrado con “la horma de su zapato” con EU y el Presidente Trump, quien también tiene agravios que vengar contra estos gobiernos de Morena.

Son pues, tiempos de venganza.

Existen señales a favor de la posible recomposición por las vías diplomática y política de la acusación que el 29 de abril emitió sorpresivamente el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios en activo unos y en situación de ex otros, por posibles vínculos con el crimen organizado. La intensidad de la tensión binacional baja gradualmente y todo indica que habría desenlaces que atenderán la gobernabilidad antes que la especulación y la inculpación sin pruebas.

En los días posteriores a la imputación ha ocurrido la secuencia de situaciones que vale la pena desentrañar. Lo más reciente es la aclaración que hizo el miércoles el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, descartando que exista alguna alerta internacional o notificación activa de Interpol en contra de Rocha Moya. Ello echó abajo la perturbada teoría de convoyes y aeronaves con barras y estrellas llegando a Culiacán para llevarse al político badiraguatense.

Pero lo principal es que a raíz de la investigación que realiza la Fiscalía General de la República se fortalecería la hipótesis de la imputación injustificada y en el mismo sentido apuntan las testificaciones que las secretarías de Defensa Nacional, Marina y la SSPC han hecho llegar a la Casa Blanca dando cuenta de que en ningún momento Rocha ni los demás señalados obstruyeron la estrategia local antinarco y que, al contrario, colaboraron desde el ámbito de cada quien al buen resultado de los operativos.

Así como fue imposible prever las crisis de la seguridad pública y política que aquejan a Sinaloa, hoy es prematuro anticipar el regreso de Rocha Moya a la titularidad del Ejecutivo Estatal y de Juan de Dios Gámez a la Alcaldía de Culiacán, retornos que dependen de las deliberaciones ministeriales y judiciales respecto a si existen o no impedimentos para ello. En el análisis pesa el hecho de que ambos no fueron destituidos de los cargos sino que solicitaron licencias de separación temporal en tanto corren las indagatorias que efectúa la FGR.

Si el Ministerio Público Federal no encuentra elementos para atribuirles delitos a Rocha Moya y Gámez Mendívil, así como al Senador Enrique Inzunza Cázarez que ayer pidió licencia en la Cámara alta, y los fiscales estadounidenses siguen sin entregar las pruebas que soporten la acusación presentada ante el Tribunal del Distrito Sur con sede en Nueva York, estaría agotada la materia jurídica con base a la cual La 65 Legislatura estatal tendrá que decidir si le amplía el mando a Yeraldine Bonilla Valverde, hoy encargada del Despacho del Gobernador, designándola ahora como Mandataria interino, o bien opta por el regreso de Rocha.

Lo que sí hay son componentes de la valoración que también tienen que ver con la reunión que el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, sostuvo el 21 de mayo con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en un gesto de la administración Trump para corregir el entendimiento binacional que se tornó rígido desde la acusación contra Rocha y demás funcionarios morenistas. En dicha cumbre de seguridad se acordó reforzar los esfuerzos conjuntos en el combate al tráfico de drogas, fentanilo y el crimen organizado.

A los días, el 26 de mayo, el Embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, presentó su informe con un viraje positivo en lo concerniente a la ofensiva del gobierno de Sheinbaum contra el crimen organizado, reconociendo avances en materia de seguridad fronteriza, combate al tráfico de fentanilo y grupos criminales. Sobre la visita de Mullin consideró que “refuerza la histórica cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México que se lleva a cabo bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum”.

Otra verdad sí verificable es que el enigma político de Sinaloa está por llegar al final. De momento, según el artículo 58 de la Constitución de Sinaloa, Yeraldine Bonilla es la encargada del Despacho por un período de 30 días debido a que ocupaba el cargo de Secretaria General al ausentarse el Gobernador; si la ausencia excede tal plazo el Congreso deberá designar al Gobernador o Gobernadora interina. Y si fuera la falta absoluta de Rocha durante los últimos cuatro años del desempeño de funciones, el artículo 59 mandata al Legislativo a designar al Gobernador sustituto.

En síntesis, lo que asoma es la eventualidad de una salida negociada entre el País que acusa y la Nación que no encuentra pruebas firmes para judicializar el dossier Sinaloa, aunque falta muy poco para conocer las resoluciones porque ya está andando la carreta binacional y las calabazas de la diplomacia y la política proceden a acomodarse.

Sinaloa pronto podrá saber,

Cuál será el destino de Rocha,

Unos desean que pueda volver,

Otros verlo colgar de la brocha.

En la otra arena, que es la pelea por las postulaciones de los partidos políticos a los cargos que se definirán en Sinaloa durante la elección constitucional del 6 de junio de 2026, el Diputado federal priista Mario Zamora Gastélum subió la expectativa a que la Comisión Federal de Electricidad aplique el programa “Adiós a tu deuda” en beneficio de familias que no le pueden pagar a la paraestatal los cobros abusivos; mientras que la Legisladora Graciela Domínguez, de Morena, activó un buzón de quejas para darle seguimiento a estos reclamos y convertirlos en gestiones ante la Secretaría de Hacienda. Qué bien que se acerquen a los sinaloenses en momentos en que más los necesitan, independientemente de que les den o no votos.

El más reciente informe de Article 19, presentado el 6 de mayo de este año en la Ciudad de México bajo el título “Estructuras del silencio: censura, opacidad y vigilancia” (2025), plantea una advertencia, la normalización de la violencia contra la prensa, en cualquiera de sus formas, es uno de los riesgos más graves para la vida democrática.

El dato más brutal viene primero: México registró siete asesinatos de periodistas y una desaparición durante 2025. Con eso, nuestro país encabeza, por enésima vez, la lista de los más letales para ejercer el periodismo en toda la región. No en una zona de guerra declarada. Aquí, en México.

Pero los asesinatos son sólo la punta del iceberg. Article 19 documentó 451 agresiones contra la prensa en México a lo largo del año pasado. Eso equivale a una agresión cada 20 horas. Las ciudades con mayor número de casos documentados fueron Ciudad de México con 84, Puebla con 39 y Veracruz con 34. No son ciudades remotas ni zonas de conflicto olvidadas por el mapa; son los centros neurálgicos del país, los lugares donde más se concentra el poder y, al parecer, también donde más se concentra el miedo a que ese poder sea cuestionado.

El indicador que predomina en todos los países analizados -México, Guatemala, Honduras y El Salvador- es lo que Article 19 llama “ambiente hostil”: discursos intimidantes, agresiones en línea, desplazamiento forzado. En México, este indicador concentró el 44 por ciento de todos los casos registrados. No son solo balas. Son amenazas, acoso digital, periodistas que tienen que abandonar sus comunidades porque quedarse significa morir. La violencia tiene muchas formas y no todas dejan huella visible.

Leopoldo Maldonado, director regional de Article 19, lo dijo con una claridad que no admite eufemismos: “Si bien cada país construye silencio a su manera, la tendencia regional es clara: una lógica compartida desde el aparato estatal y los poderes fácticos para deslegitimar la crítica y convertir la información en una amenaza que debe eliminarse.”

El silencio no llega de golpe. Llega poco a poco, normalizado, maquillado de eficiencia o de seguridad pública. Y en México ese proceso tiene dos caras igualmente preocupantes: la opacidad institucional y la vigilancia tecnológica.

En materia de transparencia, el informe documenta algo que debería provocar indignación ciudadana. El organismo que sustituyó al INAI -llamado Transparencia para el Pueblo, bajo la promesa de ser más ágil y cercano a la gente- desechó en 2025 alrededor del 99.6 por ciento de los recursos de revisión que los ciudadanos presentaron en su portal. Léase bien: de cada mil solicitudes ciudadanas que buscaban que el Gobierno rindiera cuentas, apenas cuatro fueron atendidas. El resto, al archivo. Un organismo que nació con el discurso de democratizar la información se convirtió, en los hechos, en un muro.

Y si la opacidad cierra una puerta, la vigilancia abre una ventana que nadie pidió. México se consolidó en 2025 como el principal cliente de Pegasus en el mundo, con 456 ataques documentados de un total de mil 400 registrados a nivel global. Uno de cada tres ataques con ese software espía en todo el planeta tuvo como objetivo a alguien en México. ¿A quiénes? A periodistas, activistas, personas que hacen exactamente lo que una democracia necesita que alguien haga: preguntar, investigar, revelar.

A esto se suma la Ley de la Guardia Nacional, que en su texto estipula que los militares tendrán acceso a los datos personales de la población sin controles claros. El informe de Article 19 advierte que esta y otras legislaciones promovidas bajo el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum legalizan la vigilancia disfrazada de un bien necesario para la ciudadanía. La militarización del País avanza y, con ella, la normalización del uso de la tecnología como aparato de control. Cuando el Estado puede observarte sin que tú lo sepas ni puedas impedirlo, ¿quién vigila al vigilante?

Adrián López, director del periódico Noroeste y participante en la presentación del informe, es uno de los que conoce de cerca lo que significa ejercer el periodismo en un entorno hostil. Noroeste ha sido víctima de presiones y amenazas. Su presencia en este foro no es anecdótica: es el recordatorio de que estas cifras no son abstracciones. Son colegas, son redacciones, son comunidades que se quedan sin voz cuando el periodismo cede.

Maldonado hizo al final un llamado que vale la pena repetir: no normalizar la censura ni la violencia contra la prensa. Porque si lo hacemos, advirtió, “el silencio se convierte en la norma y el periodismo abandona su papel de nombrar, documentar y confrontar”. Y cuando eso ocurre, no sólo pierde el periodismo. Perdemos todos.

Quizás en Sinaloa no nos baste ni la lámpara con la que Diógenes buscaba a ciudadanos honestos, en la emergencia de ubicar a mujeres y hombres para creer que ellas y ellos nos llevarían a estructurar el gran movimiento social que saque a nuestro estado de la maraña de intereses que se mueven en el mismo sentido que las crisis de seguridad pública, económica y política. Alguien que nos extraiga del territorio de las balas, miedo, inestabilidad e incuantificables pérdidas humanas, materiales y morales.

Dónde están los líderes a los cuales podemos darles el cheque en blanco de la confianza, firmarles a ciegas el pacto social y acompañarlos en jornadas arduas por la seguridad, el desarrollo y los valores, sin temor a la traición. Bajo cuántas lupas cívicas tendremos que colocarlos para sondear en los intersticios profundos que esconden corrupción, engaños y oportunismos. Qué microscopio popular es tan potente que permita diseccionar las entrañas de las y los que se ofertan como redentores del pueblo. Si es que las y los hay cómo buscarlos hasta dar con ellas y ellos.

¿Quién que nos diga cuál de ellas o ellos que se promueven como diques contra corrupción, violencia y narcopolítica puede garantizar el cumplimiento de la palabra? ¿Una comunidad tan herida como lo está la sinaloense querrá asirse de viejas manos extendidas que luego la suelten para que caiga al abismo? ¿Estamos acaso a tiempo aunque sea para construir los nuevos liderazgos del futuro? Son preguntas lanzadas al océano de la perplejidad dentro de una botella en espera de que no las encuentren y respondan las mismas sirenas que por décadas nos embaucaron con seductores cantos.

Sin embargo, los embates de la decepción no deben doblegarnos a los sinaloenses en el ímpetu por un mejor mañana si es que el hoy ya está del todo perdido. La pesada carga de la narcoguerra, el lastre de la codicia política tendiéndonos redes de demagogia, la pesadumbre generalizada que agrega como víctima colateral al sentimiento social, le dejan poco lugar a la esperanza. Por desgracia, los ideales y los principios son los primeros caídos en el campo de batalla que es vivir aquí.

No es poca cosa despertar corroborando los 5.3 homicidios dolosos y 6.2 privaciones ilegales de la libertad que en promedio ocurren a diario como posdatas del interminable memorando que evita olvidar que cada uno resistimos con el arma apuntándonos siempre a la sien. Y la maldición de ecos nacionales e internacionales que repiten incesantemente la fatalidad de coexistir en la cuna del narcotráfico y nos quiere mimetizar a la generalidad en ese linaje criminal. Normalizar a modo de resiliencia la imposibilidad de rebelarnos ante la delincuencia sin el riesgo de perder la vida en el intento.

Por ello volteamos a los lados escudriñando si el pasado, presente o futuro muestran a aquellos que quieran ser cabeza de ratón en vez de cola de león para seguirlos en la operación rescate de Sinaloa. Ya no más madres empuñando palas y zapapicos al buscar a sus desaparecidos sino gente de bien blandiendo las ideas y el voto libre como herramientas de reconstrucción de Sinaloa. La no repetición de ametralladoras demoliendo las fuentes lícitas del desarrollo y sí la multiplicación de tesones legítimos por la paz y civilidad.

Cada inocente caído, niñas y niños, mujeres y jóvenes entre ellos; cada noche en vela por la pólvora que avisa de la proximidad de la fatalidad; cada empleo o empresas perdidos que se traduce en hogares sin medios de sustento; cada ausencia de seres entrañables que parece se los tragó la tierra, son motivación para seguir de pie restaurando las corroídas tranquilidad y justicia. Por más difícil que resulte retomar optimismos, caer en la pesadumbre no es opción.

Pero Y sí. Estamos en la encrucijada de proseguir pasivos en situación de habitantes resignados a sufrir todos los males habido y por haber, o bien encontrar las agujas de la dignidad que hemos perdido en el pajar de la barbarie. Es muy probable que en el segmento de quienes sin deberla ni temerla son los más vapuleados por la violencia existan esas mujeres y hombres que decreten el ya basta de guerras criminales y el hasta aquí de rendición de los pacíficos. Tenemos que encontrarlos donde estén.

Habremos de hallarlos no obstante el ruido, el escándalo y el escarnio. Sacarlos de entre las marejadas de sensacionalismo y especulación y los ríos de lágrimas derramadas por las muertes de inocentes.

Y si en medio del hartazgo,

La intrepidez nos convence,

Que en cada sinaloense,

hiberna un buen liderazgo.

Con la premisa de “creo en el Sistema Judicial Mexicano, confío en nuestro Estado de Derecho y respeto a nuestras instituciones de justicia que el movimiento de la Cuarta Transformación, ha venido saneando y legitimando”, Rubén Rocha Moya fue de los primeros en acudir ayer a las indagatorias que inició la Fiscalía General de la República con las “entrevistas” a funcionarios en calidad de licencias y de ex. Todos externaron la confianza en las instancias que investigan sus casos, mientras que a los ciudadanos nos corresponde instalar las condiciones indispensables para que el principio de “dura lex, sed lex” prevalezca por encima de cacerías de brujas, satanizaciones y piras encendidas al estilo inquisitorio del Santo Oficio de la Edad Media. Que cese el clímax de los que sentencian con base a apetitos de poder o venganzas políticas, para hacer posible que domine la acción, nos guste o no, de las instituciones del Estado.

Como neblina que aparece de manera repentida y de pronto se esfuma, los ex alcaldes Luis Guillermo Benítez Torres, Gerardo Vargas Landeros y Jesús Estrada Ferreiro regresan al escenario político de Sinaloa para presentarse como perseguidos políticos del hoy Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y el Senador Enrique Inzunza Cázarez. Con procesos penales los tres por desempeño irregular de la función pública, utilizan la bruma de la ingobernabilidad para ocultar las carpetas de investigación que los obligaron a dejar los cargos.

Destituidos como presidentes municipales Benítez Torres en Mazatlán, Vargas Landeros en Ahome y Estrada Ferreiro en Culiacán, se han vuelto muy entrevistables en la coyuntura en que el escándalo hace posible invisibilizar largas colas de corrupción con tal de encontrar resentimientos que le agreguen tensión a la de por sí tirante atmósfera sinaloense a raíz de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos levantó cargos contra Rocha Moya y nueve funcionarios en activo o en situación de ex, por supuestos vínculos con el narcotráfico.

A esa historia que está por resolver la Fiscalía General de la República le faltaba la carga dramática de ex ediles de inocencia angelical que buscan engañar a los públicos de medios y redes sólo porque fueron expulsados del edén del mesías tropical Andrés Manuel López Obrador, quien los castigó por violentar el triduo moral de “no robar, no mentir, no traicionar”. Después del bingo logrado con el erario, ahora pretenden ganar el premio mayor de la desmemoria colectiva.

Fue un error que los tres ex Alcaldes el hecho de salir juntos en perfecta sincronía y con el mismo discurso en el que se autodenominen víctimas del rochismo, en el ardid para obtener la misericordia de ciudadanos a los que expoliaron. Al contrario de la clemencia ciudadana solicitada, lo que logran tiene que ver con refrescar en la memoria colectiva los ilícitos contra el patrimonio público en los cuales los juzgados correspondientes han tardado en dictar sentencias.

Benítez Torres lleva tatuado el caso Azteca Lighting desde que la Auditoría Superior del Estado le descubrió en 2022 la compra anómala de 2 mil 139 luminarias para instalar en Mazatlán, por un monto de 400 millones de pesos, encontrándose en el proceso de fiscalización un daño a las finanzas municipales por 60 millones de pesos que derivó en la acusación que formuló la Fiscalía General del Estado y la causa penal todavía no cerrada.

El mismo año, la FGE abrió dos carpera de investigación contra quien se desempeñaba como Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, al hallar evidencias de que éste participó en la contratación de servicios a través de la adjudicación directa pese a que la ley establecía que debían concursarse, e incurrió en discriminación y abuso de autoridad contra viudas de policías, lo que le valió ser desaforado y vinculado a proceso por el Juez Adán Alberto Salazar.

Y en 2025 el entonces Alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, fue vinculado en tres ocasiones a procesos penales por la acusación de presuntos actos de corrupción que tienen que ver con la renta irregular de 100 vehículos para actividades de seguridad pública por un monto de 171 millones de pesos, así como pagarle 33.7 millones de pesos a un despacho que ayudó al Ayuntamiento a recuperar 96 millones de pesos del Impuesto Sobre la Renta.

Esos hechos se borran en los alegatos públicos de los ex alcaldes que a raíz de que Rocha Moya pidió licencia como Gobernador procedieron a presentarse como víctimas de persecución política y amenazas, seres de manchas imperceptibles en el contexto de confusión donde los sinaloenses los podrían considerar puros, inclusive elevarlos al culto de los altares, por tan transparentes y ejemplares desempeños en el ejercicio del gobierno.

Así, aprovechando la pesada cortina de humo que Estados Unidos implementa en Sinaloa por los señalamientos de narcopolítica, la demás delincuencia expía sus culpas y pretende la transformación camaleónica de ignominiosos a santos. Creen que la lupa cívica transmutó a caleidoscopios donde la gente los ve a todos indistintamente con ropajes áureos que los libran de ser los malvados de la película.

A Benítez, Estrada y Vargas,

Con vestiduras de hombres probos,

Se les nota que tras las botargas,

Hay ovejas con pieles de lobos.

Para creer en la necesaria dinámica que presente al Poder Ejecutivo Estatal funcionando en medio de la crisis política que vive Sinaloa, todos los integrantes del Gabinete de la Gobernadora interina Yeraldine Bonilla necesitan mostrarse activos, sin esconderse en sus oficinas ni ignorar llamadas telefónicas y mucho menos cambiar los datos de contacto. Al contrario, deben dar la cara y ser más responsables en sus funciones porque lo peor que le puede ocurrir a los ciudadanos es que la licencia temporal concedida por el Congreso a Rubén Rocha Moya transmute a ausencia de gobierno. Si los dejaron a cargo del changarro es para que hagan equipo con Bonilla Valverde en atender de la mejor manera a los gobernados.

Es común, en las reuniones de los grupos sociopolíticos y aún en las de económicos, que, al discutirse sobre los problemas locales y nacionales, se haga la pregunta toral sobre ¿qué líder se tiene o se pudiera tener, que quiera y sepa enfrentar el cúmulo de riesgos a los que se enfrenta el País o el Estado? La conclusión más pesimista es la de que no se tiene un líder reconocido que encabece un movimiento político y social que pudiera lograr el cambio que se necesita; pero otras opiniones sostienen que sí los hay, principalmente en el ámbito empresarial, aunque los nombres que se mencionan no convencen a la mayoría, y al analizar los liderazgos políticos de los partidos, tampoco aparece alguno con suficiente aceptación.

Como el conjunto de problemas nacionales sólo se han estado difiriendo por la Presidenta Sheinbaum, habría que enfocarse en la búsqueda de liderazgos estatales, dispuestos a enfrentar, por lo menos localmente, la inseguridad, la falta de empleos, el desorden en los servicios públicos, el deterioro del clima, una educación en constante retroceso, los problemas de salud, etc., razones que llevan a considerar no la búsqueda de un líder, sino la búsqueda de varios líderes, de una pléyade de líderes, regulares, buenos y mejores, que tendrán que ser muy valientes para enfrentar no sólo a un gobierno amenazante dispuesto a conservar el poder a toda costa, sino también a enfrentar a los cárteles y grupos delincuenciales que, gracias a la política de “abrazos no balazos”, crecieron y se apoderaron de territorios, pueblos, economía y control con las armas y el dinero del narcotráfico.

Se requieren varios líderes, ya sea para encabezar a los partidos políticos, o para que acepten ser candidatos a Gobernador, presidentes municipales, diputados locales y diputados federales, que sean o no políticos, empresarios o dirigentes sociales; profesionistas, comerciantes, artistas y deportistas; jóvenes, de mediana edad, adultos mayores y hasta de más edad; no necesariamente ricos, pero sí que convenzan a quienes tienen con qué, pero no quieren correr riesgos; ¿es tiempo de alguien muy combativo o muy conciliador?, más bien a alguien que sepa qué batallas enfrentar y cuáles evadir.

Como dicen Michel Porter, en sus libros sobre Ventajas y Estrategia Competitiva, y Al Rics y Jack Trout, en La Guerra de la Mercadotecnia, hay cuatro formas de pelear una guerra de mercadotecnia (o una campaña electoral) y son: La defensiva, la ofensiva, el flanqueo y la guerra de guerrillas; sostienen que realmente sólo el líder tiene la opción de jugar a la defensiva y lo que los demás deben hacer es no permitirle que pase a la ofensiva; en este caso, Morena estará a la defensiva en la mayoría de los estados y moverá todos sus recursos legales, extralegales y también los ilegales.

En una guerra a la ofensiva se requiere concentrarse en un solo punto, buscando las debilidades del enemigo, olvidarse de atacar en todo el frente y menos en donde el líder es más fuerte, por ejemplo, olvidarse de atacar sobre el reparto de recursos a la población.

El flanqueo es otra táctica, buscando elementos de novedad y exclusividad, ser sorpresivos, reforzando ahí donde se empieza a tener éxito y abandonando donde hay resistencia.

En la “guerra de guerrillas” (táctica que por cierto los delincuentes han estado jugando contra el Ejército Mexicano), como decía Mao Tse Tung: “si el enemigo avanza, nosotros retrocedemos; si el enemigo acampa, nosotros merodeamos; si el enemigo se cansa, nosotros atacamos y si el enemigo retrocede, nosotros perseguimos”; en una guerrilla no hay que actuar nunca como el líder y retirarse apresuradamente si se requiere. Según los autores, “de cada 100 compañías, una debe jugar a la defensiva, dos a la ofensiva, tres deben flanquear y 94 deben ser guerrilleras”.

Se requieren líderes que atiendan a estas circunstancias, que sigan una estrategia, que ayuden a eliminar inseguridades, miedos y confusiones, que den buen ejemplo a sus seguidores, porque “el reto de los líderes de este siglo es poder guiar, dirigir e interactuar con gente más preparada, más informada y más exigente” y su éxito en una campaña o en el gobierno “será proporcional a su capacidad de administrar los talentos de su equipo”.

Se buscan líderes que impulsen a más líderes, no sólo seguidores; líderes que mañana tomen la batuta y continúen la tarea.

En resumen, se buscan “líderes de la luz que contrarresten a los líderes de la oscuridad, de la indiferencia, la anarquía y la ilegalidad”, porque hay que estar seguros que los buenos son más que los malos.

La verdad es que Rubén Rocha Moya no necesitaba aliarse con el Cártel de Sinaloa para ganar la elección de Gobernador de 2021. Las encuestas decían que ganaba por el efecto Morena que todavía aportaba un bono de confianza a los sinaloenses.

Aun así Rocha y su equipo de campaña decidieron asegurar el triunfo, era la tercera vez que el maestro era candidato a la Gubernatura, había sido en 1986, 1998 y ahora en 2021.

En 1986 fue una candidatura testimonial, pero en 1998 contra Juan Millán, del PRI, Rocha vio cómo le había redituado a Millán su alianza con “El Mayo” Zambada, por lo que en 2021 no quiso jugar riesgos y buscó la bendición con “el señor del sombrero”.

Con el apoyo de “El Mayo”, los hijos de Rocha buscaron a los hijos de “El Chapo” Guzmán, de quienes habían sido compañeros de adolescencia en la colonia las Quintas en Culiacán, y así se integraron un grupo de amigos de los hijos de Rocha a la campaña y a su vez se establecieron los acuerdos con Los Chapitos. Estos acuerdos incluían financiamiento y operación política que garantizara el triunfo.

Durante la campaña de 2021, Rocha y su equipo llegaban a reuniones con empresarios y les decían que no les venían a pedir dinero, que eso estaba garantizado.

Por otro lado, el día miércoles 2 de junio de 2021, día de su cierre de campaña en Culiacán, llegó el entonces candidato de Morena a la Gubernatura Rubén Rocha a mi oficina, había solicitado cita el día anterior. Llegó tranquilo, no se le veía preocupado por el evento ni por la elección del domingo. Venía hacer de mi conocimiento que no estaba contento con la cobertura informativa que le había realizado el periódico Noroeste del que soy socio minoritario.

“Han estado muy cargados en contra nuestra en el Noroeste”, me dijo en tono suave al tiempo que esquivaba la mirada después del saludo.

“A huevo, ¡a huevo que estamos cargados!”, le contesté con mi habitual vehemencia, “claro que estamos cargados, traes a Gerardo Vargas en tu equipo como candidato en Ahome y ese cabrón siendo Secretario de Gobierno con Malova mandó darle un balazo al Adrián López, nuestro director en el periódico, a huevo que estamos cargados ¿querías que te aplaudiéramos?”.

Sorprendido por mi reacción sobre la cobertura periodística, me contestó a rajatabla, “Gerardo no es de nosotros, nos lo pusieron de México... Scherer”.

Después de ver la operación política de Los Chapitos a favor de Morena en esa elección de 2021 en Sonora, Sinaloa y Nayarit, me queda claro que Rocha y su equipo estaban confiados que Rocha sería Gobernador, le habían vendido el alma al diablo.

A la embestida indiscriminada que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirige contra Sinaloa, repartiendo acusaciones a diestra y siniestra, se le debe de anteponer la presunción de inocencia, pues delata la estrategia del refrán “calumnia, que algo queda” donde la intención de manchar la reputación de sirios y troyanos rebasa la obligación de presentar las pruebas. Frente a tal ardid más inquisitorial que judicial, tiene razón Ricardo Jenny del Rincón al blindarse judicialmente de la moda de quemar por igual a culpables e inocentes en piras de leña verde.

El titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública otea la posibilidad de que una denuncia presentada en 2024 por el Partido Sinaloense, derivada de la licitación de 18 vehículos y 48 camionetas pick up destinadas al equipamiento de la Policía, sea utilizada como paja que mantenga ardiente la narrativa que inculpa a servidores públicos por presuntos nexos con organizaciones y negocios del crimen organizado.

Dicho episodio, que se creía ya solventado y se adelanta a resolutivos de exculpación que están por emitir las instancias ministeriales y de transparencia, para nada significa la antorcha que active la llamarada que lo incinera todo y abona a la aberración de comunidad de potenciales indiciados sólo en espera de que al principal inquilino de la Casa Blanca se le ocurra agregarnos a su lista del sospechosismo. Y al paso de los días, una vez que la norma jurídica exonere a los presuntos, perdurará la mácula para los fines que a otros intrigantes convengan.

Por donde se le revise, a Jenny del Rincón se le encontrará únicamente la convicción por contribuir desde la atalaya ciudadana a que los sinaloenses vivamos seguros y veamos hacia la meta de progresar ceñidos a cánones legítimos. En materia económica ninguna necesidad tiene de lucrar con el erario ni de pagar costo político alguno por la vocación cívica pacificadora desplegada en el contexto de violencia que es peligroso para él y cualquiera.

Pero nadie se toma la molestia de conocer los procesos administrativos y judiciales que están por determinar la ausencia de irregularidades en el procedimiento de asignación del contrato para la compra de automotores destinados a mejorar la seguridad pública. Claro que la crónica de estos tiempos aciagos prescinde de reseñas respecto a desempeños honestos en el Gobierno porque no son carnada apetitosa para audiencias ávidas de escándalos.

El hobby generalizado es ahora la acusación insidiosa sin la responsabilidad de sustentarla en evidencias. A muchos les gusta utilizar el dedo flamígero y les parece ejercicio lúdico en tanto la lumbre del sospechosismo no llegue a los aparejos de ellos. Nos ha cambiado o enfermado la interminable narcoguerra a tal grado que nos hace ver un maleante por cada prójimo.

Nunca antes fuimos los inquisidores de todo y contra todos. Al contrario, la presunción de inocencia operó hasta en aquel día que unos cuantos salieron a defender a Joaquín “El Chapo” Guzmán, exigiendo su liberación cuando en 2014 fue detenido en Mazatlán. Igual nos mimetiza en la complicidad la asignación de “en algo malo andaba metido” que hacemos cada vez que el hampa ultima a quienes catalogamos como víctimas colaterales. ¿Cuándo rompimos el lazo de la fraternidad que nos hacía confiar de unos a otros?

Cuidado con las artimañas del sospechosismo que levantan humaredas densas en medio de las cuales indistintamente a cada sinaloense los golpee la maquinación fraguada en redes sociales o medios de comunicación. En el caso de Ricardo Jenny del Rincón allí están los expedientes que dan cuenta que la asignación del contrato se realizó con todas las de la Ley, comprándose las unidades al mejor precio y la mayor calidad, sin embargo, eso no interesa en el barullo que busca quién la pague antes de confirmar quién la debe.

Como sociedad tenemos que mantenernos en alerta ante la tentación e intervención de actores y factores políticos extasiados por el deporte de moda que consiste en poner bajo sospecha a quien se les ocurra, así se trate de personas o grupos de intachable trayectoria pública y privada. Con su táctica similar a los ajustes de cuentas que efectúa el narcotráfico al atacar sólo por el hecho de creer que alguien pertenece al bando enemigo, así segmentos e individuos se asumen como modernos inquisidores con hogueras dispuestas para zanjar fobias febriles.

En el caso que nos ocupa, Jenny del Rincón no se sentó de brazos cruzados a esperar que la insidia lo vulnere y procedió a ampararse contra cualquier treta inculpatoria. La razón jurídica y las barreras testimonial y moral están de su lado y el tiempo se encargará de certificarlo.

Como un asalto a la razón,

Y desdén a la inteligencia,

Involucran a Jenny del Rincón,

En ardides de maledicencia.

Aquí a Sinaloa y la mayor parte de México llegan de pronto las listas negras de las autoridades de Estados Unidos entablando cargos contra personas o grupos reeditando la práctica de tatuar “acusaciones” que en la mayoría de los casos quedan en dichos, pero marcan de por vida a los inscritos en el padrón de los sospechosos. Es la “tómbola” de las barras y las estrellas que ayer volvió a girar hacia el lado de Culiacán, esta ciudad una y otra vez estigmatizada por el narco.

Con el Partido Revolucionario Institucional víctima de un cuadro grave de amnesia que olvida décadas de narcopolítica en sus gobiernos, y Movimiento Ciudadano que con la posición más prudente llama a no aprovecharse del tema con discursos simples y reduccionistas que estigmatizan a Sinaloa con una realidad vieja que afecta a todo México, Culiacán continuó siendo ayer temporada de patos para quienes apuntan las escopetas contra una sociedad que creen presa fácil pero acaban los cazadores cazándose ellos mismos.

Son las dos caras de la narrativa dantesca que no conforme con la demolición de uno de los pilares de la gobernabilidad sinaloense le apuesta a derruir el edificio constitucional entero porque en lugar de preocuparles el sufrimiento de toda una sociedad, lo que los mueve es la zafra de votos así sean los rastrojos reservados para el placer de los eternamente perversos. Cuando deberían traer esperanza, lo que ofrecen a raudales es mayor caos añadido a la devastación institucional.

Los priistas han asumido que para ellos es cuestión de prolongación de vida o de muerte súbita en política la situación que enfrenta Sinaloa a raíz de acusaciones que el Departamento de Justicia de Estados Unidos enderezó contra el Gobernador y Alcalde de Culiacán con licencias, Rubén Rocha Moya y Juan de Dios Gámez Mendívil, y otros funcionarios en activo o en condición de ex, aunque se están viendo mal los agoreros del tricolor al apostarle a que se encienda la pradera completa.

En la rueda de prensa de ayer cuyo objetivo consiste en agregarle leña a la hoguera de por sí incandescente, Paola Gárate saca sus mejores frases oportunistas al resumir que “en Sinaloa nos sentimos bien chingones, pero somos el primer estado en exportar narcopolíticos” e Irma Garmendia pide más cabezas colgadas en la plaza porque considera que el Estado actúa como protector de los acusados por Estados Unidos.

Por otra parte, apostándole más a la mesura que a la estridencia, la presencia ayer en la capital del estado del coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, para instalar un grupo de acción con la premisa de “Sinaloa tiene futuro”, trajo un poco de agua fresca que enfría el sobrecalentamiento preelectoral que la Oposición propone. Dejó la sensata reflexión de que toda esa terminología que gira en torno de la narcopolítica le parece “odiosa, enfadosa”, porque no se trata nada más de Rubén Rocha Moya sino también “del que está de Embajador en España, de lo que ha sucedido durante muchos años por las omisiones de los que se dan golpes de pecho y de pureza; es una situación compleja la que nos ha traído a este punto”.

“No es sólo Sinaloa. No es un problema aislado aquí que no se refleje en otras partes del País y por eso creo que hay que ser respetuosos del pueblo de Sinaloa, de la cultura de Sinaloa, del momento que se atraviesa, del dolor de las personas que no se puede instrumentalizar como asunto político-electoral”, consideró quien fue candidato naranja en la elección presidencial de 2024.

En tal panorama la opinión pública preguntará en qué momento el PRI hará el indispensable repaso de su propia historia en la cual la aberrante fusión de crimen y gobierno fue visible y cínica frente a sinaloenses de bien, con capos que se paseaban abrazados con gobernadores y las maletas de dólares que llegaban a los despachos de éstos mientras miles de vidas les eran arrebatadas a inocentes. Para parecer confiables, los miembros de la cúpula priista tendrían que recordar los agravios que Sinaloa nunca olvidará, si es que en realidad proponen un presente de paz y legalidad.

La ingobernabilidad como credo partidista constituye profanación a la ilusión popular por salir de esta crisis con un proyecto de Sinaloa que desde la acción social edifique el monumento a la resistencia y determine el edicto del nunca más la barbarie. Para que ello ocurra, los partidos y los oportunistas deben dejar de concebir a la tierra de los once ríos como territorio de caza y pesca y olvidar esa propuesta de la violencia política que empeora la atrocidad del crimen.

Al parecer Movimiento Ciudadano empezó a darle al caso Sinaloa el sesgo de la participación ciudadana indicando la agenda a seguir, con la integración de liderazgos como los de Enrique Riveros, Edna Fong, Mirna Nereida Medina, Carlos Lim y Daniel Blanco en el Consejo Consultivo “Pensemos en México: Capítulo Sinaloa”. Y el PRI no entiende que no entendió las reprimendas dadas por los electores en 2021 y 2024, en rechazo a la postura camorrista que presenta.

A lo recóndito de esta zanja,

Del Sinaloa de fétidos lodos,

El PRI propone echarnos a todos,

Incluso a la cordura naranja.

En la encrucijada de ser opción que avale la mayoría electoral o seguir siendo la chiquillada que cacha migajas de poder, los partidos de Oposición deben intentar la medición de escenarios y el cálculo de oportunidades quitándose la venda irascible que les evita ver la mugre en la pezuña propia y sobredimensionar la suciedad en la uña ajena. Todos tienen la cola sucia por la narcopolítica y el hecho de ocultarla no necesariamente la invisibiliza en la memoria social. La entelequia del sufragio corrigiéndolo todo hoy es más utopía debido a la partidocracia hipócrita.

Jesús Alfonso Ibarra Ramos alza la mano para competir por la candidatura del Movimiento Regeneración Nacional al Gobierno de Sinaloa tras la valoración, dice, de la emergencia de reconstruir los ciudadanos de bien al otrora granero de México, a tal grado de que ningún sinaloense se sienta en peligro o se avergüence de vivir aquí por los estigmas que se le recalcan al solar de los once ríos. Además recopila opiniones e intenciones para presentar un proyecto de gobierno elaborado por la sociedad.

Afirma que se registrará cuando la convocatoria de Morena determine los plazos y términos y el tiempo que falta por transcurrir lo utilizará en involucrar a la población en el diagnóstico de cómo estamos y cuál Sinaloa ha de emerger de las circunstancias adversas que tocan fondo con las crisis de la seguridad pública, política y económica a ras de la ingobernabilidad.

La apuesta consiste en que el movimiento de la Cuarta Transformación todavía no determina, ni está escrito en ningún lado, que la cuota de género les corresponde a mujeres en lo concerniente a la postulación para la titularidad del Ejecutivo estatal. Cree que está en curso la valoración partidista de qué perfil de gobernante deberá presentar para hacerle frente a la complicada coyuntura sinaloense.

Por supuesto que el evento encabezado el domingo en Culiacán por Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, significa la voz de arranque de Ibarra Ramos en la contienda interna fundada en la posibilidad de que la cúpula guinda dé un viraje sorpresivo en la decisión donde todas las encuestas proyectan, hoy, a la Senadora Imelda Castro Castro a la candidatura a Gobernadora y a las siglas del cuatroteísmo a una victoria abrumadora.

La diferencia sería en todo caso que Jesús Ibarra le da forma a un plan de gobierno 2027-2033 participativo en el cual plantea incluir a los más aptos para el ejercicio de la función pública sin importar el partido del que provengan, con la égida que delineó Ramírez Cuéllar en la Convención Culiacán: reconstruir la grandeza de Sinaloa a través del fortalecimiento de las actividades productivas; lograr seguridad pública como factor de estabilidad para atraer inversiones y recuperar el crecimiento económico, y empujar la estrategia de recuperación basada en la coordinación y la participación social al margen de diferencias partidistas.

Hasta ahora Ibarra Ramos irrumpe como el único candidato del sector masculino que se registre en el proceso intramuros del movimiento de la Cuarta Transformación trayendo en el currículum las credenciales de haber sido dos veces Diputado local, una por el Partido Nueva Alianza y otra por Morena, y ahora Diputado federal tras haber renunciado al PANAL en 2018. Fue secretario particular en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en los tiempos en que Enrique Martínez y Martínez estuvo al frente de esta dependencia.

También registra el desempeño como asesor del ex Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro; director de Promoción e Inversión Turística del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa en el gobierno de Jesús Aguilar Padillla, y Subdirector de Enlace con Entidades Federativas de la Secretaría de Gobernación cuando Miguel Ángel Osorio Chong presidió la Segob.

Ibarra se reta a sí mismo, a los 45 años de edad. Se atiene a que cualquier viraje súbito en el timón de la 4T sinaloense lo requiere peleando por la Gubernatura con su planteamiento para que la salud política, económica y social del estado mejore al inyectarle participación ciudadana. “No tenemos por qué vivir así ni estar pensando en irnos a otros lugares antes de recuperar la fortaleza que invariablemente pone de pie a Sinaloa”, sostiene.

Lo real es que la dirigencia nacional de Morena ni la Presidenta Claudia Sheinbaum le ponen en rojo el semáforo futurista a los hombres, declarando el conveniente “serenos, morenos” que les dejaría la vía libre sólo a las mujeres. Al contrario, el lenguaje político es el silencio que alienta al ruidoso hándicap de la sucesión donde la caballada ni siquiera sabe hacia dónde corre aprisa Sinaloa.

Y ellos, todos, se presentan como alazanes tostados antes que cansados.

Si el corral carece de trancas,

Y el taste es de pesadilla,

Que las mujeres monten en silla,

Y los hombres cabalguen en ancas.

Nadie debe tomar a la ligera el pronunciamiento que publicó ayer la Universidad Autónoma de Sinaloa sintetizado en “la UAS ya cumplió; falta la corresponsabilidad del Gobierno” porque se trata de la viabilidad financiera de la casa de estudios y de la solución a problemas estructurales que la aquejan desde hace años, entre estos el esquema de jubilación dinámica. Los pactos social e institucional deben activarse por tres frases claves de la solicitud de auxilio: existe el riesgo de suspender actividades por insuficiencia de recursos; no se pide desde la comodidad sino desde la necesidad del contexto, y en los últimos tres años no ha recibido recursos extraordinarios federales mientras que el apoyo estatal a través de préstamos ha permitido continuar operaciones pero no resuelve el problema de fondo.

Ayer se rindió un justo y merecido homenaje a todos los profesores y mentores, celebrando con devoción y pasión el Día del Maestro. Para Sinaloa, y en concreto para Culiacán, es una fecha que, como el 2 de octubre, tampoco se olvida desde el año 2017, en que ocurrió el lamentable e inasimilable asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas.

En su busto, ubicado en la Plazuela Álvaro Obregón, se rindió un emotivo homenaje presidido por su viuda, Griselda Triana, y por el director del semanario Ríodoce, Ismael Bojórquez, al igual que representantes de los organismos Propuesta Cívica, Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica, Comité para la Protección de Periodistas, y el profesor Óscar Loza Ochoa, titular estatal de Derechos Humanos, además de una nutrida asistencia de periodistas y amigos, donde se reiteró como mensaje central que no puede haber justicia total mientras no se extradite al responsable principal de este execrable hecho.

Javier Valdez fue un gran cronista citadino, pues comenzó escribiendo sus crónicas del asfalto, aunque posteriormente se especializó en retratar a las víctimas del narco. Sociólogo de profesión, pero reportero y periodista por vocación.

Tengo en mis manos su libro “De azoteas y olvidos. Crónicas del asfalto”, que me dedicó generosamente en un desayuno que sostuvimos, el 13 de noviembre de 2006: “Para Rodolfo Díaz Fonseca con gratos recuerdos por el periodismo y los sueños compartidos”.

Lógicamente, la dedicatoria del libro es para su querida familia: “A los morros, Tania y Francisco, mis hijos. A Gris, mi compañera. A la ciudad: sus estertores, latidos y fluidos torrenciales”.

Al final del prólogo, el escritor Francisco Alcaraz pregunta: “¿por qué nos sentimos parte de una ciudad? ¿Qué tanto nos pertenece?”.

Hoy, nos preguntamos: ¿Nos sentimos parte de Javier? ¿Nos pertenece?

A Imelda Castro Castro la prospectan la mayoría de las encuestas, si no es que todas, a ser la candidata del Movimiento Regeneración Nacional a Gobernadora de Sinaloa en caso de que el partido y los centros de decisión de la Cuarta Transformación determinen que una mujer encabece lo que ellos llaman coordinadores estatales de defensa de la 4T. En eso sí adquieren claridad la estrategia política y las mediciones de proyección del voto, no obstante lo revuelto de la sucesión por factores y actores que en la Oposición, e inclusive dentro de Morena, insisten con enturbiar las aguas de la sucesión.

Lo otro que también perfilan los estudios de intención del voto es que Morena mantiene una mayoría sólida en las primeras dos semanas de mayo sin que las dos crisis vigentes en Sinaloa, la de la seguridad pública y la de la política, hagan mella notable en el virtual direccionamiento del sufragio con miras al 6 de junio de 2027. Aquí vale la acotación de esperar mayor tiempo y desenlaces para tener la radiografía completa porque lo de hoy significa una foto instantánea.

Según la evolución que presentan los tracking que se realicen con rigor metodológico, sin la injerencia de cuchareos o datos ajustados sobre pedido, Castro está posicionada como la favorita con reflejo en las consultas que realice por su cuenta Morena como uno de los elementos de peso para designar a las y los candidatos a 17 gubernaturas. Lo otro tiene que ver con lo programático y trayectorias libre de máculas, en lo que todo indica que la Senadora no presenta negativos.

El único punto pendiente de resolver consiste en la concreción de la posibilidad que se maneja desde hace años, alentada desde la 4T nacional y estatal, en lo que concierne a que una mujer sea la primera en gobernar Sinaloa por el período constitucional de seis años, definición que hasta el momento no registra virajes, sin pasar por alto que la política suele dar giros vertiginosos y muestra de ello es la actual recomposición temporal del poder público estatal.

Las encuestas podrían estar manipuladas unas cuantas pero no en su totalidad y en todo caso al analizarlas en su conjunto aportan realidades que a corto plazo o en el futuro inmediato son irreversibles. En mayo, después de que la injerencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos alterara el tablero futurista local, la medición de Rubrum pone como puntera a Imelda Castro con la amplia ventaja de 34.2 puntos y en segundo lugar a Graciela Domínguez con 11.8; Gobernarte le da a la Senadora 28.1 de aceptación siendo María Teresa Guerra la más cercana competidora con 10.7, mientras que Demoscopía-La Jornada revela que 30.1 desea que Castro sea la candidata de Morena y 21.8 apoya a Guerra.

También las encuestas de mayo le otorgan ventaja a Morena ante la pregunta de ¿si hoy fueran las votaciones para elegir Gobernador/a de Sinaloa por cuál partido optarías? Por ejemplo, C&E Research registra porcentajes de 42.3 por ciento a favor de Morena, 23.1 al PAN, 7.7 a MC, 7.7 al PRI y 3.8 al PVEM; en los hallazgos de De las Heras Demotecnia el 45 por ciento sufragaría por Morena, 9 por el PAN, 6 por el PRI, 6 por MC, 1 por el PVEM y 1 por PT. Es pertinente aclarar que se trata de estados de ánimo actuales que por supuesto están sujetos a variaciones tomando en cuenta los distante del día de la votación y que las campañas formales aún no empiezan.

Igual cabe la precisión de que si bien es cierto que en las encuestas Imelda Castro se halla firme en la eventualidad de que su partido la nomine como candidata, cuestión que a estas alturas es de alta probabilidad, todavía falta que la legitimen los órganos de dirección de la fuerza guinda. Y que en caso de determinar un abanderamiento femenino existen otras mujeres que andan en campaña y que están en la jugada mientras la tómbola siga girando como ahora lo está. En cuestión de política las cosas que flotan en el aire no son del todo seguras para nadie.

Imelda Castro se encuentra bien posicionada en el conocimiento de los ciudadanos y las redes sociales dan crecientes señales de empatía hacia ella. Pero siempre debe estar presente la experiencia política que dice cómo en 1998 la candidatura del PRI prácticamente la tenía en la bolsa el agricultor Lauro Díaz Castro y se le atravesó Juan Millán Lizárraga para obtener la postulación y ganar la elección, y el episodio de 2016 cuando Gerardo Vargas Landeros se aprestaba a ser investido por el tricolor y el entonces Presidente Enrique Peña sacó el as que traía bajo la manga con Quirino Ordaz Coppel, que desempeñó la titularidad del Ejecutivo estatal de 2017 a 2021.

Nada está garantizado cuando hay tantos gallos que quieren maíz.

Debería saber muy bien Imelda,

Lo que los ruines estilan ahora,

Que ya le tienen lista una celda,

Para cuando sea Gobernadora.

Si bien es cierto lo que dice el dirigente del Movimiento Regeneración Nacional en Sinaloa, Edgar Barraza Castillo, de que Juan de Dios Gámez, Alcalde de Culiacán con licencia, y el Senador Enrique Inzunza no tienen impedimento para registrarse como candidatos, porque la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, han repetido una y otra vez que no hay en México investigación ni sentencia firme que les impida la participación política, de cualquier forma el líder morenista debería mostrar algo de malicia para no agregarle más arena a esa mezcla con poca cal. Qué caso tiene echarle sal a una herida que en la opinión pública tiende a cicatrizar y que los partidos y candidateables de la Oposición le rascan para que no deje de sangrar.