Dejó de ser tema local y transmutó a notoriedad internacional la instalación en Topolobampo de la planta de amoniaco de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, filial de la firma alemana Proman, acentuando la disyuntiva entre más inversión extranjera que apuntale el desarrollo de Sinaloa o la supremacía del movimiento divergente que le antepone el vital cuidado del medio ambiente al también trascendente progreso industrial. Un estado con múltiples crisis que generan incertidumbres, libra las batallas por las economías sustentables y sostenibles.

Entre la camisa de fuerza que es la resistencia social del “Aquí no” y la función acicate que para los sectores público y privado desempeña la oferta de atraer capitales y empleos, el proyecto ha experimentado virajes inesperados durante los 13 años transcurridos desde que en 2013 el entonces Gobernador Mario López Valdez y Francisco Labastida Ochoa, quien fuera Secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal durante el gobierno del Presidente Miguel de la Madrid, les vendieron espejitos a los inversionistas.

En tal maraña de desavenencias han intervenido los gobiernos federal y estatal, Poder Judicial, dependencias y organizaciones ciudadanas en materia ambientalista, pueblos e instituciones indígenas, instancias de atención a controversias de comercio, políticos aprontados y liderazgos que divisan un botín a obtener, sin embargo, la fábrica va a paso de tortuga en su equipamiento mientras las discrepancias corren a marcha veloz.

Y ahora presenciamos la viñeta de lugareños oponiéndose a que sean instalados en las naves industriales los gigantescos reactores que vienen de tierras lejanas, en contraposición a la persistencia que durante tres períodos del Gobierno estatal han mostrado los inversionistas, conflicto tras conflicto. La repetición, guardadas las proporciones, de aquella resistencia que los pobladores originarios presentaron durante La Conquista, al blandir sus lanzas contra los navíos y expedicionarios españoles acercándose a las costas aztecas.

También la realidad va en contra del sueño de Albert Kimsey Owen, que en el Siglo 19 descubrió la esplendorosa región de Topolobampo y tuvo la visión del puerto de altura Pacific City que sería el centro neurálgico del comercio y desarrollo que vinculara a México con Estados Unidos. Hoy allí lo que persiste es la obstinación de etnias y activistas cerrándole el paso a la entelequia del nirvana sinaloense. Domina la encrucijada entre la preponderancia de lo social o la preeminencia del crecimiento económico, brillando por su ausencia la factibilidad de acudir a las posibilidades intermedias para acoplar tales visiones.

Además, ha cobrado mayor fuerza la oposición a la planta cuyo establecimiento en la Bahía de Ohuira requirió de mil 600 millones de dólares y que una vez en operación producirá 2 mil 220 toneladas métricas de amoniaco al día, y también se ve debilitada la acción gubernamental y de los sectores económicos en defensa del coloso petroquímico que sin problemas ha operado durante 40 años 17 plantas en distintos países del mundo, no obstante que la Presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobernador con licencia Rubén Rocha y la Mandataria estatal interina Yeraldine Bonilla se manifiestan a favor del sí a la fábrica de amoniaco.

El cordón tendido alrededor la planta para impedir la instalación de los reactores químicos recién llegados, la manifestación que se realizaría ayer en la Embajada de Alemania en México, las protestas en ciudades sinaloenses como la que efectuó el miércoles en Mazatlán y la marcha convocada para el próximo domingo en el trayecto entre Los Mochis y Topolobampo parecen ser el intento final, el mayor de todos, para obstruir el funcionamiento de la nave industrial de GPO que está planeado para iniciar en 2027 en etapa de prueba.

Otra cosa que llama la atención es el hecho de que la Iniciativa Privada sinaloense no haya emitido posicionamientos firmes en apoyo a la inversión de Proman y GPO en Sinaloa. Ambas empresas son apabulladas por la reacción de colectivos ecologistas y todo buen final depende de que los promotores de la planta prosigan en la inaudita capacidad de entereza o bien caigan en la frustración que los haga retirar la inversión.

En tanto están en modo de “El Chapulín Colorado”, enunciando la frase de “¡Oh! ¿Y ahora quien podrá ayudarnos?”.

No ha sido como día de campo,

Instalar la planta de amoniaco,

Y aún falta el final cardiaco,

En Sinaloa y Topolobampo.

Es verdad que se trata de una mujer valiente, pero la dirigente de Coparmex en Sinaloa, Martha Elena Reyes Zazueta, debe administrar, como protocolo de protección, sus apariciones dando la cara para exponer la crisis que enfrenta la economía estatal debido a la narcoguerra que se aproxima a los dos años y las consecuencias terribles pagadas por los sinaloenses en general. En estos tiempos convulsos abundan las tribunas abiertas de par en par para presentar devastada a la tierra de los once ríos, pero una vez que obtienen la entrevista esos espacios en medios y redes sociales abandonan a su suerte a “voceros” que estamos aquí en situación de alto riesgo. No vale la pena servir de carne de cañón para los partidos políticos ni para los megáfonos del catastrofismo.

A diferencia de la actividad que realiza en Sinaloa el Diputado federal Ricardo Madrid Pérez en defensa y fortalecimiento de las instituciones, con la convocatoria a unir esfuerzos para sacar a este estado de las crisis que enfrenta, la Senadora Paloma Sánchez Ramos se adhirió a la propuesta que su partido, el Revolucionario Institucional, realiza en unión con la Alianza Mexicana de Abogados consistente en la desaparición de poderes.

El contraste está en que Madrid Pérez, Legislador del Partido Verde Ecologista de México, recorre el territorio sinaloense con el exhorto al gran pacto ciudadano que aglutine los afanes por la estabilidad hoy dispersos, al margen de apetitos políticos y de diferencias de cualquier tipo, al mismo tiempo que Sánchez Ramos tomó la bandera que empuña Ricardo Beltrán Verduzco, autor del “fuera Rocha”, “fuera Yeraldine” y fuera quien llegue a la titularidad del Ejecutivo estatal si no proviene de las siglas tricolor.

Ricardo Madrid invita a pausar el futurismo político y potenciar el encuentro recuperando lo positivo como adhesivo de las buenas intenciones; Paloma Sánchez en mancuerna con Ricardo Beltrán incitan a capitalizar todas las dificultades que diezman a Sinaloa para pulverizar a las instituciones del Ejecutivo y Legislativo y trazar desde la nada quién sabe qué sancocho priista.

Cuando a Sinaloa le urge la gobernabilidad, el apremio de la Oposición consiste en la demolición de instituciones para que asuman el poder otros personajes o grupos de talante ilegítimo. Primero pedían la separación de Rubén Rocha del cargo de Gobernador, ahora menosprecian la aptitud de Yeraldine Bonilla para desempeñar el gobierno interino. Enseguida nadie les parecerá capaz si no se trata de alguno de los suyos.

Qué bien se les vería a los legisladores federales y estatales sentarse desprovistos de militancias en una gran mesa en la cual el tema crucial consista en cómo sacar a Sinaloa del complejo momento en que se encuentra. Madrid considera que existen múltiples arrestos en separado para resolver cómo salimos de aquí, pero unificados darían frutos formidables.

También le apuesta a la formación de liderazgos que logren la confianza de los sinaloenses como articuladores del gran plan de futuro que es indispensable a partir de estados de cosas que tocan fondo y a la vez significan oportunidades de alianzas que sean los parteaguas para la reconstrucción. Los jóvenes, considera, necesitan involucrarse en el proyecto del Sinaloa con seguridad pública, humanismo, civilidad, Estado de derecho y prevalencia de valores y convicciones originales.

Madrid Pérez se hace a un lado como aspirante a Gobernador y prefiere ser factor de gobernabilidad. La decisión de aparecer o no en la boleta electoral el año próximo la deja en manos de la dirigencia nacional del PVEM y mientras son peras o son manzanas viene todas las semanas a conocer las situaciones difíciles que derivan de las crisis de la seguridad pública, política y económica para ofrecerse como gestor de soluciones. En ese tenor se reunió el 2 de junio con el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, para trazar sinergias en torno a los retos de la UAS.

Claro que mediáticamente vende más el hecho de que Ricardo Beltrán, dirigente de la Alianza Mexicana de Abogados, vaya a la Ciudad de México y se diga vocero de amplios sectores de Sinaloa que según él reclaman la desaparición de poderes, pero ¿qué poderes habrá que anular y cuáles hacer que prevalezcan? Cuidado con el dilema de edificar la gobernabilidad con los ladrillos del constitucionalismo o erigirle castillos a la incivilidad con la saliva del oportunismo.

Sinaloa entero se halla lastimado y la acción cívica es también la que hará sanar las heridas. Tantas vidas humanas sacrificadas o víctimas de desapariciones forzadas, incalculables pérdidas en libertades y patrimonios, demasiadas balas sometiéndonos en la inmovilidad y la desesperanza, no se curan tan fácilmente y mucho menos ofreciendo como remedio la pócima envenenada de la politiquería. Sí estamos cansados pero no lo suficiente como para dejarnos arrastrar hacia peores males.

Allá quienes insistan en colocar a Sinaloa entre la pared que es el crimen y la espada que sería la desaparición de poderes. Los que creen que los sinaloenses vapuleados por la violencia son incapaces de alzarse con la tenacidad reconstructiva, son los mismos que se frotan las manos al apostarle al voto desesperado emitido desde la tribulación.

Bien podría la chapulinada,

Pelear por Sinaloa la lid,

De la restauración concertada,

Que les propone Ricardo Madrid.

Que prisas las de los priistas por asaltar la constitucionalidad a casi un año de que la votación del 6 de junio de 2027 les permita demostrar que los rieles democráticos podrían llevarlos a presidir el Gobierno de Sinaloa, las presidencias municipales y ocupar curules en los congresos nacional y estatal. Presentarse como heraldos de sinaloenses que los autorizan a postular la anarquía los distancia aún más de la intención del voto y los exhibe descuidando el contacto popular y aproximándose demasiado a la antítesis política donde el dislate ahuyenta el sufragio. ¿Nada les han enseñado los años?

Mientras se perfilaba para ser electa como presidenta de la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio, y una vez que la mayoría de los socios le otorgó tal liderazgo, la reportera e investigadora América Armenta fue objeto de una campaña brutal que la pone en riesgo con base en mentiras elucubradas desde la impunidad dada a los agresores. Por la gravedad del caso, hacemos responsables a quienes estén detrás de los ataques y la apatía que muestre la Fiscalía General del Estado para esclarecer la acometida infame.

Camuflada detrás de la anarquía que vive Sinaloa por la violencia sin fin, la narcoguerra que se acerca los 21 meses sin treguas, cobra fuerza la cobarde práctica que pone a personas de bien en la mira de la delincuencia organizada sólo porque las redes sociales resultan idóneas en la estrategia de lanzar detracciones totalmente desprovistas de pruebas. Y porque los perpetradores saben bien que los aparatos ministerial y judicial los encubren por intención u omisión.

Para colmo de males, la Vicefiscalía Especializada en Atención a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que después de nueve meses de entrar en funciones no ha dado señales de eficacia en el esclarecimiento de carpeta alguna de investigación por delitos contra la libertad de expresión, insiste en turnar a los denunciantes a instancias de atención temprana sacándole la vuelta a casos en que comunicadores y activistas son evidentemente agredidos.

Aunque finalmente América Armenta logró denunciar los hechos ante la FGE, en razón de que los agresores utilizan su nombre e imagen en malos manejos para conjeturar vínculos con delincuencia, lo que se requiere es que la Vicefiscalía a cargo de Eladio García Arredondo dé señales, ya, de disponer de mecanismos como la Policía Cibernética y sistemas de prevención de delitos que por vías digitales colocan en vilo la integridad de sinaloenses íntegros.

La operación contra la periodista preocupa además por la amplia difusión que se busca en fanpages, patrocinándola inclusive con recursos económicos para mayor impulso, perfilando así el rastro de delincuencia a ras de lo robótico. ¿Qué pretende el bodrio sin pies ni cabeza armado con datos falsos? La única evidencia a la vista es la obsesión por arremeter sin tomarse la molestia de indagar sobre el blindaje moral que posee la destinataria del ataque.

Sin duda está en marcha en Sinaloa el pernicioso ardid que traba los engranajes de la Ley y activa la fábrica de peligros inminentes para la prensa, ofreciéndoles a las audiencias celadas de desinformación. Confabuladores sin rostros a mostrar ni consecuencias a pagar pretenden erosionar la confianza en periodistas y medios profesionales, apostándole a que la delincuencia tragará sin revisar los anzuelos con la difamación como carnadas.

Aunque esta vez la insidia es dirigida a América Armenta, periodista reconocida por su profesionalismo y los galardones obtenidos en los ámbitos nacional e internacional, que recibió en agosto de 2025 el Premios de la Sociedad Interamericana de Prensa, junto con Jesús Bustamante, por la indagación “Narco contaminación: Cocinando un desastre ambiental”, lo que en realidad se pretende arruinar es la credibilidad de la noticia construida por medios y redactores de alta confiabilidad.

Esto enciende otras luces de alarma en el Sinaloa bajo permanente estado de alerta. A los sobresaltos que a diario enfrenta la sociedad se le agregan amenazas al derecho a la información con tal de que continúe siendo rehén de contenidos que en las redes sociales promueven la parálisis colectiva y la normalización del terror como modo de vida. Tender más cortinas de confusión para que no veamos las salidas disponibles en el contexto de lucha frontal entre facciones del narco.

Y así periodistas y medios estarán muy ocupados en librar batallas legales contra agresores que la impunidad blinda, restándole oportunidades a la narrativa sustentada y corroborada que pretende hacer notar a los ciudadanos las posibilidades que nos saquen de la barbarie.

Prensa distraída mientras la gente pide auxilio en el fragor de la gran conflagración criminal.

Si la ausencia de Ley alienta,

Al miedo como atroz mordaza,

Siente tú, América Armenta,

Que el periodismo te abraza.

La principal condición para que los sinaloenses actuemos para el rescate de la seguridad, estabilidad, legalidad y unidad que nos han robado tiene que ver con el conocimiento pleno de la situación de violencia que vivimos y con base en dicha autenticidad implementar las acciones más adecuadas. No se entiende entonces por qué la Fiscalía General del Estado oculta a las víctimas mediante reclasificaciones tramposas que plantean hacernos creer en expectativas ficticias de pacificación. Pese a que laceran y arredran las muertes de la narcoguerra, es mucho mejor hacer el correcto pase de lista en el momento de calcular los arrestos cívicos que reclama la recuperación de nuestra patria chica.

Existen señales a favor de la posible recomposición por las vías diplomática y política de la acusación que el 29 de abril emitió sorpresivamente el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios en activo unos y en situación de ex otros, por posibles vínculos con el crimen organizado. La intensidad de la tensión binacional baja gradualmente y todo indica que habría desenlaces que atenderán la gobernabilidad antes que la especulación y la inculpación sin pruebas.

En los días posteriores a la imputación ha ocurrido la secuencia de situaciones que vale la pena desentrañar. Lo más reciente es la aclaración que hizo el miércoles el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, descartando que exista alguna alerta internacional o notificación activa de Interpol en contra de Rocha Moya. Ello echó abajo la perturbada teoría de convoyes y aeronaves con barras y estrellas llegando a Culiacán para llevarse al político badiraguatense.

Pero lo principal es que a raíz de la investigación que realiza la Fiscalía General de la República se fortalecería la hipótesis de la imputación injustificada y en el mismo sentido apuntan las testificaciones que las secretarías de Defensa Nacional, Marina y la SSPC han hecho llegar a la Casa Blanca dando cuenta de que en ningún momento Rocha ni los demás señalados obstruyeron la estrategia local antinarco y que, al contrario, colaboraron desde el ámbito de cada quien al buen resultado de los operativos.

Así como fue imposible prever las crisis de la seguridad pública y política que aquejan a Sinaloa, hoy es prematuro anticipar el regreso de Rocha Moya a la titularidad del Ejecutivo Estatal y de Juan de Dios Gámez a la Alcaldía de Culiacán, retornos que dependen de las deliberaciones ministeriales y judiciales respecto a si existen o no impedimentos para ello. En el análisis pesa el hecho de que ambos no fueron destituidos de los cargos sino que solicitaron licencias de separación temporal en tanto corren las indagatorias que efectúa la FGR.

Si el Ministerio Público Federal no encuentra elementos para atribuirles delitos a Rocha Moya y Gámez Mendívil, así como al Senador Enrique Inzunza Cázarez que ayer pidió licencia en la Cámara alta, y los fiscales estadounidenses siguen sin entregar las pruebas que soporten la acusación presentada ante el Tribunal del Distrito Sur con sede en Nueva York, estaría agotada la materia jurídica con base a la cual La 65 Legislatura estatal tendrá que decidir si le amplía el mando a Yeraldine Bonilla Valverde, hoy encargada del Despacho del Gobernador, designándola ahora como Mandataria interino, o bien opta por el regreso de Rocha.

Lo que sí hay son componentes de la valoración que también tienen que ver con la reunión que el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, sostuvo el 21 de mayo con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en un gesto de la administración Trump para corregir el entendimiento binacional que se tornó rígido desde la acusación contra Rocha y demás funcionarios morenistas. En dicha cumbre de seguridad se acordó reforzar los esfuerzos conjuntos en el combate al tráfico de drogas, fentanilo y el crimen organizado.

A los días, el 26 de mayo, el Embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, presentó su informe con un viraje positivo en lo concerniente a la ofensiva del gobierno de Sheinbaum contra el crimen organizado, reconociendo avances en materia de seguridad fronteriza, combate al tráfico de fentanilo y grupos criminales. Sobre la visita de Mullin consideró que “refuerza la histórica cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México que se lleva a cabo bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum”.

Otra verdad sí verificable es que el enigma político de Sinaloa está por llegar al final. De momento, según el artículo 58 de la Constitución de Sinaloa, Yeraldine Bonilla es la encargada del Despacho por un período de 30 días debido a que ocupaba el cargo de Secretaria General al ausentarse el Gobernador; si la ausencia excede tal plazo el Congreso deberá designar al Gobernador o Gobernadora interina. Y si fuera la falta absoluta de Rocha durante los últimos cuatro años del desempeño de funciones, el artículo 59 mandata al Legislativo a designar al Gobernador sustituto.

En síntesis, lo que asoma es la eventualidad de una salida negociada entre el País que acusa y la Nación que no encuentra pruebas firmes para judicializar el dossier Sinaloa, aunque falta muy poco para conocer las resoluciones porque ya está andando la carreta binacional y las calabazas de la diplomacia y la política proceden a acomodarse.

Sinaloa pronto podrá saber,

Cuál será el destino de Rocha,

Unos desean que pueda volver,

Otros verlo colgar de la brocha.

En la otra arena, que es la pelea por las postulaciones de los partidos políticos a los cargos que se definirán en Sinaloa durante la elección constitucional del 6 de junio de 2026, el Diputado federal priista Mario Zamora Gastélum subió la expectativa a que la Comisión Federal de Electricidad aplique el programa “Adiós a tu deuda” en beneficio de familias que no le pueden pagar a la paraestatal los cobros abusivos; mientras que la Legisladora Graciela Domínguez, de Morena, activó un buzón de quejas para darle seguimiento a estos reclamos y convertirlos en gestiones ante la Secretaría de Hacienda. Qué bien que se acerquen a los sinaloenses en momentos en que más los necesitan, independientemente de que les den o no votos.

Pese a contextos complicados que amenazan con trabar los afanes colectivos que saquen adelante al estado, el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa procede a darle forma a un plan estratégico de largo plazo de involucramiento plural y con visión de futuro para que la sociedad sea por sí misma la luz al final del túnel y también puertas de emergencia frente a las crisis que amenazan. Simplemente se trata de construir las salidas que el desánimo, la inestabilidad y las desidias nos cierran.

La iniciativa que encabeza Héctor Ley Pineda, presidente ejecutivo del Codesin, encuentra disposición en empresarios, académicos, profesionistas, funcionarios gubernamentales y representantes de organizaciones civiles para trabajar en definir qué se necesita hacer para colocar a Sinaloa entre las 10 entidades más competitivas de México. Al fin salta a la escena deprimente la acción social que anima a intentar los necesarios rescates.

Tal vez presenciamos el mayor esfuerzo que se haya hecho al lograr que alrededor de 500 liderazgos se involucren con carácter constructivo a través de cuatro foros presenciales realizados en Culiacán, Mazatlán, Los Mochis y Guasave, con alcance desde lo regional a lo estatal donde el optimismo logre derrotar a la pesadumbre. La premisa es que nadie deje de nadar, así sea a contracorriente, hasta llegar a la orilla donde lo fundamental esté a salvo.

Es que ya estuvo bien de preguntar cómo llegamos a esta coyuntura compleja y comenzar a preocuparnos y ocuparnos en hacia dónde queremos ir y cómo alcanzar dichas metas. Basta de disgregarnos como polvo de negligencia y entender que el alineamiento tipo roca en torno al Sinaloa que queremos es lo que permitirá conquistar las divisas de paz, legalidad, desarrollo y valores. La esperanza no se da en racimos; la tenemos que construir con las tenacidades.

Como avance hacia el modelo de Sinaloa con Visión al año 2050, el Codesin realizó durante mayo en curso los encuentros “Sinaloa Logistics Hub”, el 19 en Los Mochis, dedicado consolidar la plataforma logística, industrial y energética sostenible del estado, y “Sinaloa Food Industry”, el 20 en Guasave, orientado a la alimentación, la innovación y el futuro productivo de la agroindustria.

El 21 efectuó en Culiacán lo referente a “Sinaloa Smart Services”, enfocado a la economía del conocimiento, el talento tecnológico y los servicios de alto valor, y 22 en Mazatlán llevó a cabo el apartado “Sinaloa Health & Culture Hub”, con el análisis específico del turismo especializado, las industrias creativas, la cultura y la economía de experiencias y bienestar. Estas activaciones que son el eje de la estrategia Sinaloa 10+ continuará abierta hasta el 14 de junio pero a modo de consulta digital.

El primer mérito consiste en el hecho de abrir la conversación en la encrucijada dura donde el silencio se torna cosa de vida o muerte. Compartir experiencias, ideas, triunfos, fracasos e inclusive frustraciones y desamparos constituye el primer andamio que lleve primero a la visión estratégica y enseguida a cristalizar los objetivos. Todo se irá dando apegado al croquis en el cual las entelequias transmutan a realidades siempre y cuando las ilusiones se tejan con hilos de perseverancia y convicciones.

El Codesin considera que La planeación de largo plazo permite identificar las vocaciones productivas de un territorio, reconocer tendencias, anticipar retos globales y ordenar las inversiones estratégicas. “También ayuda a alinear a la sociedad, el gobierno, la academia y el sector empresarial en torno a una visión común, capaz de transformar la economía, mejorar la calidad de vida y generar oportunidades sostenibles con continuidad y rumbo”.

Entonces bienvenida la iniciativa y doblemente enhorabuena por el ímpetu ciudadano que se integra alrededor de proyectos y anhelos por el mejor nivel de vida posible para los sinaloenses en general. Esto no germina desde el hartazgo sino de la posibilidad de convertir las debilidades en fortalezas. Tampoco es que acabe la pesadilla sinaloense sino de estar siempre despiertos para no darle lugar a malos sueños.

Ya dejemos de quejamos,

De adversidades sin fin,

Y tracemos con Codesin,

Las rutas para salvarnos

Los diputados federales de Sinaloa, Mario Zamora Gastélum, del PRI; Graciela Domínguez Nava y Merary Villegas Sánchez, de Morena, dieron a conocer el martes gestiones ante la Comisión Federal de Electricidad para lograr acuerdos como la suspensión temporal de cortes de energía, la revisión de casos con cobros excesivos, pagos de adeudos de manera fraccionada a mensualidades y la instalación de módulos de atención ciudadana. Pero la realidad real se mostró ayer con usuarios del servicio eléctrico enfrentando las mismas penurias y desdén porque aquello que la paraestatal ofreció en la capital del País, aquí acabó siendo promesa incumplida. Y lo que parecía un arreglo terminó siendo enojo popular potenciado. Ojalá insistan los legisladores hasta que las palabras se enchufen con los hechos.

Quizás en Sinaloa no nos baste ni la lámpara con la que Diógenes buscaba a ciudadanos honestos, en la emergencia de ubicar a mujeres y hombres para creer que ellas y ellos nos llevarían a estructurar el gran movimiento social que saque a nuestro estado de la maraña de intereses que se mueven en el mismo sentido que las crisis de seguridad pública, económica y política. Alguien que nos extraiga del territorio de las balas, miedo, inestabilidad e incuantificables pérdidas humanas, materiales y morales.

Dónde están los líderes a los cuales podemos darles el cheque en blanco de la confianza, firmarles a ciegas el pacto social y acompañarlos en jornadas arduas por la seguridad, el desarrollo y los valores, sin temor a la traición. Bajo cuántas lupas cívicas tendremos que colocarlos para sondear en los intersticios profundos que esconden corrupción, engaños y oportunismos. Qué microscopio popular es tan potente que permita diseccionar las entrañas de las y los que se ofertan como redentores del pueblo. Si es que las y los hay cómo buscarlos hasta dar con ellas y ellos.

¿Quién que nos diga cuál de ellas o ellos que se promueven como diques contra corrupción, violencia y narcopolítica puede garantizar el cumplimiento de la palabra? ¿Una comunidad tan herida como lo está la sinaloense querrá asirse de viejas manos extendidas que luego la suelten para que caiga al abismo? ¿Estamos acaso a tiempo aunque sea para construir los nuevos liderazgos del futuro? Son preguntas lanzadas al océano de la perplejidad dentro de una botella en espera de que no las encuentren y respondan las mismas sirenas que por décadas nos embaucaron con seductores cantos.

Sin embargo, los embates de la decepción no deben doblegarnos a los sinaloenses en el ímpetu por un mejor mañana si es que el hoy ya está del todo perdido. La pesada carga de la narcoguerra, el lastre de la codicia política tendiéndonos redes de demagogia, la pesadumbre generalizada que agrega como víctima colateral al sentimiento social, le dejan poco lugar a la esperanza. Por desgracia, los ideales y los principios son los primeros caídos en el campo de batalla que es vivir aquí.

No es poca cosa despertar corroborando los 5.3 homicidios dolosos y 6.2 privaciones ilegales de la libertad que en promedio ocurren a diario como posdatas del interminable memorando que evita olvidar que cada uno resistimos con el arma apuntándonos siempre a la sien. Y la maldición de ecos nacionales e internacionales que repiten incesantemente la fatalidad de coexistir en la cuna del narcotráfico y nos quiere mimetizar a la generalidad en ese linaje criminal. Normalizar a modo de resiliencia la imposibilidad de rebelarnos ante la delincuencia sin el riesgo de perder la vida en el intento.

Por ello volteamos a los lados escudriñando si el pasado, presente o futuro muestran a aquellos que quieran ser cabeza de ratón en vez de cola de león para seguirlos en la operación rescate de Sinaloa. Ya no más madres empuñando palas y zapapicos al buscar a sus desaparecidos sino gente de bien blandiendo las ideas y el voto libre como herramientas de reconstrucción de Sinaloa. La no repetición de ametralladoras demoliendo las fuentes lícitas del desarrollo y sí la multiplicación de tesones legítimos por la paz y civilidad.

Cada inocente caído, niñas y niños, mujeres y jóvenes entre ellos; cada noche en vela por la pólvora que avisa de la proximidad de la fatalidad; cada empleo o empresas perdidos que se traduce en hogares sin medios de sustento; cada ausencia de seres entrañables que parece se los tragó la tierra, son motivación para seguir de pie restaurando las corroídas tranquilidad y justicia. Por más difícil que resulte retomar optimismos, caer en la pesadumbre no es opción.

Pero Y sí. Estamos en la encrucijada de proseguir pasivos en situación de habitantes resignados a sufrir todos los males habido y por haber, o bien encontrar las agujas de la dignidad que hemos perdido en el pajar de la barbarie. Es muy probable que en el segmento de quienes sin deberla ni temerla son los más vapuleados por la violencia existan esas mujeres y hombres que decreten el ya basta de guerras criminales y el hasta aquí de rendición de los pacíficos. Tenemos que encontrarlos donde estén.

Habremos de hallarlos no obstante el ruido, el escándalo y el escarnio. Sacarlos de entre las marejadas de sensacionalismo y especulación y los ríos de lágrimas derramadas por las muertes de inocentes.

Y si en medio del hartazgo,

La intrepidez nos convence,

Que en cada sinaloense,

hiberna un buen liderazgo.

Con la premisa de “creo en el Sistema Judicial Mexicano, confío en nuestro Estado de Derecho y respeto a nuestras instituciones de justicia que el movimiento de la Cuarta Transformación, ha venido saneando y legitimando”, Rubén Rocha Moya fue de los primeros en acudir ayer a las indagatorias que inició la Fiscalía General de la República con las “entrevistas” a funcionarios en calidad de licencias y de ex. Todos externaron la confianza en las instancias que investigan sus casos, mientras que a los ciudadanos nos corresponde instalar las condiciones indispensables para que el principio de “dura lex, sed lex” prevalezca por encima de cacerías de brujas, satanizaciones y piras encendidas al estilo inquisitorio del Santo Oficio de la Edad Media. Que cese el clímax de los que sentencian con base a apetitos de poder o venganzas políticas, para hacer posible que domine la acción, nos guste o no, de las instituciones del Estado.

Como neblina que aparece de manera repentida y de pronto se esfuma, los ex alcaldes Luis Guillermo Benítez Torres, Gerardo Vargas Landeros y Jesús Estrada Ferreiro regresan al escenario político de Sinaloa para presentarse como perseguidos políticos del hoy Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y el Senador Enrique Inzunza Cázarez. Con procesos penales los tres por desempeño irregular de la función pública, utilizan la bruma de la ingobernabilidad para ocultar las carpetas de investigación que los obligaron a dejar los cargos.

Destituidos como presidentes municipales Benítez Torres en Mazatlán, Vargas Landeros en Ahome y Estrada Ferreiro en Culiacán, se han vuelto muy entrevistables en la coyuntura en que el escándalo hace posible invisibilizar largas colas de corrupción con tal de encontrar resentimientos que le agreguen tensión a la de por sí tirante atmósfera sinaloense a raíz de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos levantó cargos contra Rocha Moya y nueve funcionarios en activo o en situación de ex, por supuestos vínculos con el narcotráfico.

A esa historia que está por resolver la Fiscalía General de la República le faltaba la carga dramática de ex ediles de inocencia angelical que buscan engañar a los públicos de medios y redes sólo porque fueron expulsados del edén del mesías tropical Andrés Manuel López Obrador, quien los castigó por violentar el triduo moral de “no robar, no mentir, no traicionar”. Después del bingo logrado con el erario, ahora pretenden ganar el premio mayor de la desmemoria colectiva.

Fue un error que los tres ex Alcaldes el hecho de salir juntos en perfecta sincronía y con el mismo discurso en el que se autodenominen víctimas del rochismo, en el ardid para obtener la misericordia de ciudadanos a los que expoliaron. Al contrario de la clemencia ciudadana solicitada, lo que logran tiene que ver con refrescar en la memoria colectiva los ilícitos contra el patrimonio público en los cuales los juzgados correspondientes han tardado en dictar sentencias.

Benítez Torres lleva tatuado el caso Azteca Lighting desde que la Auditoría Superior del Estado le descubrió en 2022 la compra anómala de 2 mil 139 luminarias para instalar en Mazatlán, por un monto de 400 millones de pesos, encontrándose en el proceso de fiscalización un daño a las finanzas municipales por 60 millones de pesos que derivó en la acusación que formuló la Fiscalía General del Estado y la causa penal todavía no cerrada.

El mismo año, la FGE abrió dos carpera de investigación contra quien se desempeñaba como Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, al hallar evidencias de que éste participó en la contratación de servicios a través de la adjudicación directa pese a que la ley establecía que debían concursarse, e incurrió en discriminación y abuso de autoridad contra viudas de policías, lo que le valió ser desaforado y vinculado a proceso por el Juez Adán Alberto Salazar.

Y en 2025 el entonces Alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, fue vinculado en tres ocasiones a procesos penales por la acusación de presuntos actos de corrupción que tienen que ver con la renta irregular de 100 vehículos para actividades de seguridad pública por un monto de 171 millones de pesos, así como pagarle 33.7 millones de pesos a un despacho que ayudó al Ayuntamiento a recuperar 96 millones de pesos del Impuesto Sobre la Renta.

Esos hechos se borran en los alegatos públicos de los ex alcaldes que a raíz de que Rocha Moya pidió licencia como Gobernador procedieron a presentarse como víctimas de persecución política y amenazas, seres de manchas imperceptibles en el contexto de confusión donde los sinaloenses los podrían considerar puros, inclusive elevarlos al culto de los altares, por tan transparentes y ejemplares desempeños en el ejercicio del gobierno.

Así, aprovechando la pesada cortina de humo que Estados Unidos implementa en Sinaloa por los señalamientos de narcopolítica, la demás delincuencia expía sus culpas y pretende la transformación camaleónica de ignominiosos a santos. Creen que la lupa cívica transmutó a caleidoscopios donde la gente los ve a todos indistintamente con ropajes áureos que los libran de ser los malvados de la película.

A Benítez, Estrada y Vargas,

Con vestiduras de hombres probos,

Se les nota que tras las botargas,

Hay ovejas con pieles de lobos.

Para creer en la necesaria dinámica que presente al Poder Ejecutivo Estatal funcionando en medio de la crisis política que vive Sinaloa, todos los integrantes del Gabinete de la Gobernadora interina Yeraldine Bonilla necesitan mostrarse activos, sin esconderse en sus oficinas ni ignorar llamadas telefónicas y mucho menos cambiar los datos de contacto. Al contrario, deben dar la cara y ser más responsables en sus funciones porque lo peor que le puede ocurrir a los ciudadanos es que la licencia temporal concedida por el Congreso a Rubén Rocha Moya transmute a ausencia de gobierno. Si los dejaron a cargo del changarro es para que hagan equipo con Bonilla Valverde en atender de la mejor manera a los gobernados.