La adopción de la tecnología blockchain (base de datos digital compartida y segura que guarda información en grupos llamados bloques) en la contratación pública ingresó en la agenda del gobierno de Abelardo de la Espriella, que recibió una propuesta de la Asociación Colombiana de Blockchain (Asoblockchain) para definir antes del 15 de noviembre la aplicación de este sistema en los contratos estatales y avanzar en una prueba piloto antes de que termine 2026.

El objetivo se enfoca en modernizar procesos que en 2025 movilizaron $174,8 billones. Asoblockchain le propuso al Gobierno una ruta de 100 días con cinco decisiones previas para llevar la cadena de bloques a la contratación pública en Colombia.

La hoja de ruta plantea:

• Respaldar “Blockchain 2030”.
• Abrir una discusión con sectores interesados.
• Dejar el liderazgo en el Ministerio TIC
• Crear un comité técnico para escoger una red existente.
• Definir un primer caso de uso, con el Plan de Alimentación Escolar (PAE) como posible piloto antes de fin de año.

La iniciativa se presentó en Bogotá, una semana después de la posesión de Abelardo de la Espriella. El presidente de Asoblockchain, Camilo Suárez, dijo que “la primera decisión del Gobierno no debe ser solo técnica, también es política”.

Ese primer caso de uso podría concentrarse en el PAE por el impacto que tiene sobre millones de estudiantes y por sus antecedentes de irregularidades. El gremio plantea que la primera prueba esté en marcha antes del 31 de diciembre, después de dejar definiciones listas antes del 15 de noviembre.

Tamaño del sistema que se busca blindar

El alcance de la propuesta se explica por el volumen de contratación que ya pasa por plataformas estatales. Al cierre de 2025, el 89,7% de las contrataciones y compras públicas se gestionó mediante Secop II y la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Dichas operaciones sumaron $174,8 billones, de acuerdo con Colombia Compra Eficiente. El dato corresponde a lo tramitado durante ese año y no describe una bolsa futura ni implica que todo ese dinero presente irregularidades.

Qué hace Helios y por qué sus cifras no se comparan

El Estado ya tiene un antecedente de uso tecnológico para vigilar la contratación. El Ministerio de Defensa presentó el 6 de agosto a Helios, una herramienta que procesa información de Secop I y Secop II e identifica:

• Oferentes únicos.
• Adjudicaciones rápidas.
• Concentración de contratos.
• Modificaciones aparentemente injustificadas.

Durante 2025, Helios analizó 1.050.850 contratos de 4.056 entidades, adjudicados a 581.741 proveedores por cerca de $182,7 billones. El planteamiento aclara que esa cifra no debe sumarse ni compararse con los $174,8 billones tramitados por Secop II y la Tienda Virtual.

Lo que se puede y no se puede evitar

Suárez explicó que la cadena de bloques añadiría una huella digital inalterable de cada documento, modificación, responsable y fecha. Esa marca permitiría detectar y comprobar con facilidad una alteración posterior. A su vez, el directivo marcó un límite técnico que el gremio no oculta: “Decir que vuelve imposible cualquier cambio sería exagerado: pueden incorporarse correcciones y nuevas versiones, dependiendo del diseño”. La propuesta no plantea un sistema sin ajustes, sino un registro con trazabilidad.

También fijó la principal restricción del modelo. Anotó que “hace casi imposible cambiar un dato después, pero no impide que alguien reporte desde el principio un avance que no existe”. Si la información entra falseada desde el origen, la tecnología conservará esa falsedad y la verificación seguirá en manos de supervisores, entidades y organismos de control.

Dicha propuesta coincide con un mayor escrutinio sobre la contratación estatal. El equipo de empalme radicó cuatro denuncias y una de ellas cuestionó un acuerdo marco de ciberseguridad estimado en $300.000 millones. Ese proceso no era un contrato adjudicado. Colombia Compra Eficiente lo suspendió durante 30 días ante requerimientos de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y 5.652 observaciones.

Costos pendientes y el antecedente que debe explicarse

La propuesta aún no calcula cuánto costaría integrar el blockchain con Secop, operar la red, auditar su seguridad y prestar soporte. Asoblockchain sostiene que no haría falta construir una red desde cero y que podrían usarse recursos destinados a tecnología.

Antes de cualquier piloto, todavía deben:

• Conocerse el presupuesto, los responsables y las reglas para corregir errores.
• Publicarse los criterios para escoger la red.
• Evitar dependencia de un proveedor y garantizar continuidad si cambia el operador tecnológico.

Colombia ya tuvo un antecedente en 2020 con la Procuraduría, la Universidad Nacional, el Foro Económico Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para seleccionar proveedores del PAE. Ese ejercicio se presentó como prueba de concepto, no como sistema nacional, y la nueva propuesta deberá explicar qué dejó, por qué no escaló y qué cambiaría seis años después.

Asoblockchain promete medir el resultado con tres señales:

• Más empresas participantes.
• Menos modificaciones injustificadas.
• Más alertas investigadas.

La jornada laboral en Colombia quedó en 42 horas semanales desde mediados de julio de 2026, en el tramo final de la reducción ordenada por la Ley 2101 de 2021. El cambio mantiene el salario de los trabajadores y obliga a las empresas a recalcular el valor de la hora ordinaria, las horas extra y los recargos. En Colombia, la reducción de la jornada máxima de 48 a 42 horas modifica la distribución de turnos y la liquidación de pagos por trabajo adicional, sin recortar salario ni prestaciones.

La norma se aplica a trabajadores del sector privado, es decir, a personas con contrato laboral en empresas privadas. También cobija a empleados de empresas del Estado cuyas relaciones laborales se rijan por el Código Sustantivo del Trabajo (CST). El recorte total fue de 6 horas, al pasar de 48 a 42 cada semana. Ese es el último ajuste previsto por la ley, al menos hasta que el Congreso de la República discuta y apruebe un nuevo proyecto de ley, confirmaron expertos.

Esta reducción busca dar más tiempo libre a los trabajadores y garantizar la compensación económica por laborar por encima de la jornada ordinario. No obstante, las propuestas para bajar el límite a 40 horas se rechazaron en su momento por el riesgo que, según empresarios, implicaba para los costos laborales.

Por supuesto, la nueva jornada también trae efectos para lo que resta del año. Entre ellos figura la eliminación del Día de la Familia en la segunda mitad del calendario. Por su parte, los empleadores deben recalcular el valor de la hora para liquidar horas extra y recargos nocturnos, dominicales y festivos, con respeto al principio de favorabilidad.

Por ahora, el gobierno de Abelardo de la Espriella no anunció ajustes de ese tipo. Las modificaciones laborales vigentes corresponden a las establecidas en la Reforma Laboral, que incluyó incrementos en el pago de horas extra, cambios en la jornada nocturna y la incorporación de nuevos permisos remunerados.

La abogada Laura Pérez, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social de Scola Abogados, señaló que “la disminución de la jornada no implica una reducción del salario ni de las prestaciones sociales”. Añadió que el cambio obliga a las empresas a reorganizar la distribución del tiempo de trabajo dentro del nuevo límite legal.

Cómo se pueden repartir las 42 horas de trabajo

La ley permite distribuir la jornada en cinco o seis días a la semana, siempre con al menos un día de descanso. Esa organización depende de acuerdos entre empleadores y trabajadores.

Ese margen obliga a revisar:

• Turnos.
• Procesos críticos.
• Cargas de trabajo.
• Descansos.

Asimismo, en sectores con operación por turnos, puede ser necesario rediseñar ciclos de trabajo y adoptar esquemas de rotación más uniformes. Las partes pueden:

• Pactar, de forma temporal o indefinida, turnos sucesivos de hasta seis horas al día y 36 a la semana. En esos casos no hay pago de recargo nocturno ni de trabajo suplementario.
• Acordar jornadas diarias flexibles de mínimo cuatro y máximo nueve horas, siempre que la suma no supere las 42 semanales. Bajo ese esquema tampoco hay lugar al pago de trabajo suplementario.

De igual forma, la ley prohíbe que el empleador programe dos turnos en un mismo día, incluso con consentimiento del trabajador. La excepción cubre al personal de dirección, confianza y manejo.

Calendario con el que bajó la jornada laboral

La aplicación de la norma fue gradual.

• 15 de julio de 2023: la jornada ordinaria pasó a 47 horas semanales.
• 15 de julio de 2024: bajó a 46 horas.
• 15 de julio de 2025: quedó en 44 horas.
• 15 de julio de 2026: la jornada laboral quedó regulada de forma definitiva en 42 horas semanales.

La gradualidad era facultativa para el empleador desde la entrada en vigencia de la ley.

Según Laura Pérez, la medida no altera las demás obligaciones laborales existentes. Así las cosas, lo que cambia de forma directa es la jornada máxima legal y el ajuste aplica sin distinción de la modalidad de trabajo, incluidas las jornadas especiales. La especialista también sostuvo que la ley reduce el tiempo máximo de trabajo, pero mantiene flexibilidad para distribuir esas horas dentro de la operación.

Qué dice el gobierno de Abelardo de la Espriella sobre el trabajo por horas

El equipo de Abelardo de la Espriella desmintió que su administración planee decretar o reglamentar un modelo de trabajo o cotización por horas en Colombia. La aclaración surgió después de declaraciones de un asesor del equipo de empalme que sugirió cambios normativos.

La respuesta oficial sostuvo que no existe ninguna decisión ni propuesta en marcha para modificar el sistema de contratación tradicional. También indicó que el colaborador que emitió esas opiniones, Charles Chapman López, fue apartado del equipo de empalme para evitar confusiones en el sector laboral y empresarial.

Ese episodio se sumó al debate por los cambios laborales aprobados en la Reforma Laboral mencionada. Entre ellos aparecen:

• Aumentos en pagos por horas extra.
• Ajustes a la jornada nocturna.
• Otros permisos remunerados.

El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, en medio de las consecuencias que vive el país por el terremoto del 10 de agosto de 2026, envió un mensaje al empresariado nacional. Desde Chocó, epicentro del sismo, el funcionario grabó en video su intervención para el Congreso Empresarial Colombiano de la Andi en Cartagena y agradeció las donaciones para los afectados.

Restrepo dijo a los empresarios que el gobierno de Abelardo de la Espriella será “amigo de la iniciativa privada”, que buscará impulsar el crecimiento de la inversión privada con garantías, confianza y seguridad física y jurídica, y que mantendrá el llamado al sector productivo para apoyar la atención inmediata y la reconstrucción en las zonas golpeadas por el sismo.

Restrepo se excusó por no asistir en forma presencial al evento y a la 82ª Asamblea General del gremio y explicó que cumple instrucciones directas del presidente y que se encuentra en Chocó al frente del recorrido por los municipios afectados.

“Estoy aquí en el departamento del Chocó. Estamos recorriendo prácticamente todos los municipios del departamento para conocer la realidad que están sufriendo”, afirmó. Añadió que las comunidades atraviesan un momento crítico y que algunas familias cambiaron radicalmente su forma de vida, mientras otras perdieron por completo sus viviendas y su patrimonio.

Ayuda inmediata y cifras de las donaciones

El vicepresidente Restrepo centró una parte de su mensaje en las necesidades más urgentes y en el apoyo del sector privado. “Hoy, prioritariamente, se necesita la ayuda de la nación. Se necesitan también frazadas, se necesitan colchones, se necesita tener esa atención básica que necesita hoy la familia de estos pueblos afectados para poder subsistir, para poder sobrevivir”, señaló.

Dijo que los recursos se destinan a kits de alimentación, frazadas, colchones y otros elementos básicos. También mencionó alimentos y bebidas para las familias que perdieron sus viviendas y sus medios de subsistencia.

“Su generosidad va a permitir mitigar parte de este dolor y sufrimiento. El hecho de haber recolectado cerca de $10.000 millones hasta el momento en que yo conocí, es un acto de generosidad y solidaridad”, dijo Restrepo al agradecer la suma a donar.

Reconstrucción ante la pérdida de decenas de miles de viviendas

José Manuel Restrepo advirtió que la emergencia humanitaria es solo la primera etapa. “Vamos a necesitar, además, todos sus impulsos, todos sus esfuerzos, porque superado este primer momento viene la fase de reconstrucción, y esta fase es compleja, porque fueron decenas de miles de casas las que se perdieron”, afirmó.

Añadió que no solo se perdieron viviendas. Señaló que hay familias que se quedaron sin hogar y otras sin sus comercios, que en muchos casos eran su única fuente de ingresos.

También sostuvo que la tragedia dejó al descubierto la capacidad de reacción solidaria del país. “Muestra también la solidaridad que siempre ha tenido Colombia, sin distingo de colores, de facciones, de ideologías, en momentos difíciles como el que hoy vive el país”, expresó.

Cuatro frentes de la respuesta empresarial

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, explicó que el sector empresarial trabaja en varios frentes para responder a la situación:

• Emergencia humanitaria, con provisión de alimentos y bebidas mediante una alianza con bancos de alimentos.
• Suministro de medicamentos para hospitales y puestos de salud a través de un banco de medicamentos.
• Creación de un banco de materiales de construcción para apoyar la fase posterior de reconstrucción.

Mac Master agregó que la Andi coordina estas acciones con distintas organizaciones para distribuir responsabilidades. El objetivo, según expuso, es asegurar trazabilidad y uso efectivo de los recursos.

Dentro de las entidades con las que avanzan conversaciones mencionó a la Fundación Mario Santo Domingo y al equipo que trabaja alrededor del despacho de la primera dama. El dirigente empresarial resumió que la respuesta busca cubrir la urgencia inmediata y preparar el siguiente paso en las zonas afectadas.

Mensaje del Gobierno al sector privado

Restrepo sostuvo que el Gobierno es “amigo de la iniciativa privada”. También afirmó que “cree en la necesidad de que la inversión privada tiene que crecer”. El vicepresidente dijo que para lograrlo se deben ofrecer garantías, confianza y seguridad física y jurídica a los empresarios. Sumó a eso la necesidad de promover “más empresarialidad” y de abrir espacio para nuevas inversiones en los próximos cuatro años.

Restrepo enumeró los sectores que, a su juicio, deben impulsar la economía:

• Agroindustria.
• Industria.
• Servicios basados en conocimiento.
• Energía.
• Turismo sostenible.
• Infraestructura.
• Minería.
• Hidrocarburos.
• Construcción.

“Que haya posibilidades para crecer más, para desarrollar sectores estratégicos como el sector agroindustrial, la industria, los servicios basados en conocimiento, la energía, el turismo sostenible, donde activemos de nuevo la infraestructura, la minería, los sectores de hidrocarburos, el sector de la construcción, entre otros”, expresó.

El vicepresidente cerró su intervención con un nuevo agradecimiento al empresariado. “Hoy de corazón quiero agradecerles y decirles que ese gesto muestra la resiliencia de Colombia, de su sector empresarial, pero muestra la solidaridad que siempre ha tenido Colombia sin distingo de colores, de partidos, de ideologías en momentos difíciles como este que hoy vive”, afirmó.

El mensaje final dejó planteado un trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el sector productivo. La apuesta oficial, según expuso el vicepresidente, es atender la emergencia y sostener después un esfuerzo compartido para la recuperación del país.

El dólar estadounidense cerró la jornada del 12 de agosto de 2026 en Colombia en un promedio de $3.127,78, lo que representó una subida de $4,52 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.123,28 . Según informó la plataforma Set-FX, durante el día se negociaron más de USD1.095 millones en 1.894 transacciones, con un precio de apertura de $3.126,51, un mínimo de $3.116,36 y un máximo de $3.137,00.

En la última semana, el dólar estadounidense registró una bajada del -1,29%, mientras que su variación interanual se sitúa en un -16,81%. El tipo de cambio del dólar estadounidense a peso colombiano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos tres días, reflejando una presión creciente sobre la moneda local.

Por su parte, tiene una volatilidad actual del 4,3%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 13,74%, el mercado muestra señales de estabilidad en este par de divisas.

Inflación en Estados Unidos

Dicho movimiento se dio debido a que, a nivel internacional, se conoció una baja de la inflación en Estados Unidos al 3,4%, dato que los mercados financieros consideraban como el más relevante de la semana. Según reportó Bloomberg, la cifra se ubicó en línea con las expectativas de los analistas y marcó un alivio para los inversionistas, quienes venían anticipando un comportamiento volátil de la moneda ante la publicación de los indicadores.

Terremoto en Colombia

A nivel nacional, los mercados colombianos enfocan su atención en los primeros días de gestión de Abelardo de la Espriella, que asumió la Presidencia de Colombia el 7 de agosto.

La Administración enfrenta el reto de la emergencia debido al terremoto del 10 de agosto de 2026, situación que llevó al Gobierno a declarar una emergencia económica y anunciar medidas de apoyo a las zonas afectadas, priorizando la reconstrucción. A las 5:00 p. m. del 13 de agosto, el terremoto dejaba 273 muertos.

Al mismo tiempo, la relación bilateral con Estados Unidos adquirió protagonismo ante la confirmación del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, sobre la solicitud de operaciones conjuntas contra el narcoterrorismo.

Dólar en casas de cambio

El precio del dólar en Colombia bajó de manera considerable en 2026 en el mercado regulado, debido, principalmente, a la emisión de deuda del Gobierno y los resultados de las elecciones presidenciales, así como la guerra entre Estados Unidos e Irán, lo que hizo que en el mercado cambiario, es decir, en las casas de cambio del país, el dólar se compre y se venda, en la mayoría, entre $3.300 y $3.500.

Con exactitud, el precio promedio de compra a nivel nacional, el 13 de 2026, fue de $3.308,57, mientras que el de venta resultó de $3.424,29.

Lo hacen de la siguiente manera:

• Money Max: compra: $3.200. Venta: $3.300.
• Cambios Kapital: compra: $3.250. Venta: $3.330.
• Nutifinanzas: compra: $3.150. Venta: $3.330.
• Smart Exchange: compra: $3.270. Venta: $3.330.
• Cambios Vancouver: compra: $3.260. Venta: $3.330.
• Cambios y Divisas Chipichape: compra: $3.200. Venta: $3.350.
• Cambios El Poblado: compra: $3.830. Venta: $4.000.

Dólar por ciudades

De igual forma, el precio promedio en las casas de cambio en las ciudades estuvo en $3.380 para compra y en $3.420 para venta. Exactamente estuvo así:

• Bogotá D.C.: compra: $3.200. Venta: $3.340.
• Medellín: compra: $3.330. Venta: $3.5480.
• Cali: compra: $3.200. Venta: $3.350.
• Cartagena: compra: $3.750. Venta: $3.980.
• Cúcuta: compra: $3.270. Venta: $3.310.
• Pereira: compra: $3.730. Venta: $3.800.

Por qué está más barato el dólar en las casas de cambio

El hecho de que el dólar se compre y venda más barato en casas de cambio se registra porque el mercado de las divisas extranjeras en Colombia se divide en regulado y cambiario.

En el primero se hacen todas las operaciones por medio de intermediarios, bancos y entidades financieras. Por tal motivo, funciona en grandes cantidades o “al por mayor”. Las divisas en este mercado se transan en el sistema de negociación electrónica Set-FX, en donde se fija el precio del dólar por oferta y demanda.

Por otra parte, está el mercado cambiario, que no está regulado e incluye remesas, giros y compra de monedas en casas de cambio, que son hechas por personas naturales. Se trata de un mercado minorista. Aquí se negocia en dólares fijos y de manera directa, por eso sus precios varían.

Hay que tener en cuenta que la TRM es fijada de acuerdo con el resumen contable de las operaciones reguladas que pasaron por todos los intermediarios, como los bancos, entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m. en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc). Por su parte, las operaciones en casas de cambio no se pueden medir diariamente porque responden a fluctuaciones del mercado de billetes físicos.

El impacto del terremoto del 10 de agosto de 2026 en Colombia puso bajo presión una gran parte del aparato productivo de cinco departamentos del país, donde se concentran 269.786 empresas y 1.396.020 empleos formales potencialmente afectados. En esas zonas predominan los negocios de menor tamaño.

Las zonas más afectadas por el sismo de magnitud de 7,4 concentran 269.786 empresas responsables de 1.396.020 empleos formales, el 15% del empleo formal del país, según la línea base de la Red de Cámaras de Comercio. El análisis abarca 127 municipios de Chocó, Quindío, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas, donde viven cerca de 7,98 millones de personas y funcionan 237.774 establecimientos potencialmente afectados.

La base de referencia se elaboró con información del Registro Único Empresarial y Social (Rues) y la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila). Por actividad económica, el comercio es el principal sector empresarial en las zonas analizadas, seguido por los servicios, la industria manufacturera y las actividades profesionales y técnicas.

Microempresas y empleo, en la zona de mayor riesgo

Del total de compañías identificadas, 250.628 son microempresas, equivalentes al 93% del tejido empresarial de los departamentos con mayor afectación. Según la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras), este segmento tiene menor capacidad para absorber pérdidas, mantener el empleo y reanudar con rapidez sus operaciones ante una emergencia.

La composición aumenta el riesgo de una interrupción prolongada de la actividad económica. “En una emergencia de esta magnitud es tan importante atender a las personas como proteger las empresas que generan empleo y sostienen la economía de las regiones”, afirmó el presidente de Confecámaras, Nicolás Botero-Páramo Gaviria.

Sobre esto, el dirigente gremial dijo que “se evidencia que una eventual interrupción prolongada de la actividad económica tendría efectos sobre el empleo, el abastecimiento y la dinámica productiva regional”.

Cali, Pereira, Manizales y Armenia concentran la mayor exposición

Las jurisdicciones de las cámaras de comercio de Cali, Pereira, Manizales y Armenia reúnen 189.754 empresas. Esa cifra equivale al 70% del tejido empresarial de los departamentos más afectados. En esas mismas zonas se registran 1.152.119 empleos formales. El volumen representa el 83% del empleo de las regiones evaluadas.

Cali concentra el mayor peso, con 106.342 empresas y 790.746 empleos formales. Le siguen:

• Pereira: 31.229 empresas y 152.785 empleos.
• Manizales: 27.203 empresas y 120.946 empleos.
• Armenia: 24.980 empresas y 87.642 empleos.

Por actividad económica, el comercio es el principal sector empresarial en las zonas afectadas por el terremoto, seguido por:

• Servicios.
• Industria manufacturera.
• Actividades profesionales y técnicas.

Una interrupción prolongada de estas actividades podría afectar el empleo, el abastecimiento y la dinámica productiva regional.

La densidad empresarial revela brechas en la recuperación

El análisis fija en 34 empresas por cada 1.000 habitantes la densidad empresarial promedio de los territorios priorizados. Pereira registra 46 y Armenia 45, las cifras más altas entre las zonas destacadas. En el otro extremo aparecen Chocó, con 16 empresas por cada 1.000 habitantes, y Buenaventura, con 21. Esa diferencia refleja un tejido productivo con menor densidad empresarial frente a otros territorios incluidos en el análisis.

La comparación muestra que algunos territorios enfrentan el proceso de recuperación con una base empresarial más débil. Esa condición incide en la capacidad de recuperar la actividad económica.

Caracterización de daños buscará orientar la reactivación

Ante ese panorama, la Red de Cámaras de Comercio habilitó un proceso de caracterización de afectaciones para empresarios y comerciantes de las zonas impactadas.

El objetivo es:

• Identificar daños.
• Estimar pérdidas económicas.
• Aportar información para coordinar acciones de recuperación entre las autoridades nacionales y territoriales.
• Apoyar la continuidad de las actividades productivas.

Según la organización, durante 2026 esa estructura ha apoyado a más de 360.000 unidades productivas. La información recogida en esta etapa busca servir de base para definir prioridades y focalizar las medidas de recuperación.

El tamaño del desafío en las zonas afectadas no se limita a la infraestructura. La salida de la emergencia también depende de cuántos negocios logren retomar operaciones y de cuántos puestos de trabajo puedan sostenerse.

La Vicepresidencia de Colombia se refirió a la información que trascendió en varios medios de comunicación sobre el posible retiro forzado de pensionados que trabajan como funcionarios: negó que promueva, prepare o haya propuesto un decreto para sacar a estos, incluidos docentes.

La entidad también aseguró que no impulsa esa medida, que no tiene competencia para expedir decretos del Gobierno nacional y que tampoco es cierto que el vicepresidente José Manuel Restrepo haya hecho las declaraciones que algunas versiones le atribuyeron sobre esa supuesta iniciativa.

Con exactitud, la Vicepresidencia afirmó a medios como Portafolio y Valora Analitik que “ni ha propuesto ningún decreto para ordenar el retiro de funcionarios públicos pensionados, incluidos los docentes”. También señaló que “no se ha impartido instrucciones, adelantado gestiones o formulado una propuesta en ese sentido”.

Los medios añadieron que la Vicepresidencia sostuvo que Restrepo no está promoviendo ni preparando una norma de esa naturaleza. Además, reiteró que esa oficina no expide decretos del Ejecutivo.

Así las cosas, la entidad negó igualmente que Restrepo hubiera pronunciado las declaraciones que algunos medios le atribuyeron. La aclaración surgió después de la circulación de versiones sobre una eventual norma para retirar del cargo a servidores pensionados. Con esto, hay un alivio para los docentes, ya que serían los más golpeados con una medida de esta magnitud.

Qué decían las versiones sobre el retiro de pensionados

Las versiones que motivaron el pronunciamiento hablaban de una medida para sacar del servicio a empleados públicos que ya reciben pensión y siguen vinculados al Estado. La supuesta iniciativa se presentaba como una vía para facilitar el relevo generacional en la administración pública y abrir espacios para nuevos profesionales.

Dentro del rumor se decía que el texto oficial todavía no se había divulgado y tampoco se conocía la fecha de expedición. Además, que sindicatos, gremios educativos, el magisterio y Fecode seguían el tema por su posible impacto jurídico.

Qué dice la ley sobre retiro forzoso y permanencia

El marco legal distingue entre el retiro forzoso por edad y la permanencia voluntaria en el cargo de quien ya reúne condiciones para pensionarse. La Ley 1821 de 2016 elevó la edad máxima de retiro forzoso de 65 a 70 años para quienes ejercen funciones públicas. Dicho apartado de la norma en estos términos: “La edad máxima para el retiro del cargo de las personas que desempeñen funciones públicas será de setenta (70) años. Una vez cumplidos, se causará el retiro inmediato del cargo que desempeñen sin que puedan ser reintegradas bajo ninguna circunstancia”.

Ese supuesto no equivale al caso de un servidor que ya obtuvo o tramita su pensión. El Departamento Administrativo de la Función Pública indicó que quien haya cumplido o cumpla los requisitos para pensionarse y cuente con resolución de reconocimiento o trámite en curso puede optar por seguir en el puesto hasta los 70 años.

La entidad explicó que “el empleado que haya cumplido o cumpla los requisitos para adquirir el derecho a la pensión de jubilación y cuente con resolución de reconocimiento de pensión o se encuentre en trámite, podrá acogerse a la opción voluntaria de permanecer en el cargo hasta la edad de retiro forzoso (70 años), siempre y cuando informe tal situación al empleador para que se postergue el pago de la respectiva pensión, en este caso la entidad deberá respetar la opción voluntaria del empleado”.

Recordó que hay servidores que alcanzaron la edad de jubilación sin completar los aportes requeridos para pensionarse. En Colpensiones, el requisito mencionado por ese medio es de 1.300 semanas.

Aclaración sobre la desvinculación

El punto distinto es la desvinculación de quien ya obtuvo pensión y fue incluido en la nómina de pensionados. El Concepto 139191 de 2023 de Función Pública dice que “constituye causal para desvincular a un empleado público el haber obtenido la pensión de jubilación o vejez, siempre y cuando además de la notificación del reconocimiento de la pensión, se le notifique debidamente su inclusión en la nómina de pensionados correspondiente”.

Dicho criterio se apoya en la Ley 797 de 2003 y la Ley 100 de 1993. Ambas permiten terminar la relación laboral o reglamentaria cuando la pensión ya fue reconocida y el servidor entra en la nómina de pensionados.

Además, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-1037 de 2003, fijó un límite para ese procedimiento. Entonces, el retiro solo procede cuando la entidad competente notifica formalmente la inclusión del trabajador en la nómina de pensionados.

Función Pública también precisó que no define casos concretos dentro de cada entidad. El concepto aclara que esa decisión corresponde a la autoridad empleadora y nominadora, en ejercicio de su autonomía administrativa y presupuestal. Bajo ese criterio, la salida del cargo debe ocurrir cuando el pago de la pensión ya puede hacerse efectivo. Así, el paso entre el fin de la relación laboral y el inicio de la mesada pensional no debe dejar al trabajador sin ingreso.

El economista Ricardo Valencia fue designado por el gobierno de Abelardo de la Espriella como nuevo director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Se espera que el nombramiento quede en firme en las próximas horas, lo que supondrá un relevo clave en la entidad encargada de la información estadística en Colombia.

Con una trayectoria de más de 20 años en gerencia de impacto, analítica avanzada y políticas públicas, Valencia ha ocupado posiciones de liderazgo en distintos organismos. Entre 2018 y 2022, acompañó al exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo como subdirector de la entidad, donde coordinó operaciones estadísticas vinculadas a la economía circular, según registros institucionales.

Valencia es economista de la Pontificia Universidad Javeriana, donde también cursó estudios de maestría. En la actualidad, lidera como CEO y cofundador la firma Algebra Labs, especializada en asesoría para la estructuración de ecosistemas de datos, de acuerdo con su perfil profesional.

Durante su gestión anterior en el Dane, Valencia estuvo a cargo de la gerencia de la cadena de valor de producción estadística, abarcando procesos como la recolección de información en campo, procesamiento de datos, planeación de censos y desarrollo de encuestas nacionales. Además, ha desempeñado funciones como director estratégico en iniciativas de cooperación internacional, consultor en gestión de datos y coordinador de programas de análisis económico, lo que refuerza su perfil para asumir el liderazgo de una de las entidades clave para la toma de decisiones económicas y sociales en Colombia.

En desarrollo...

Un terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto de 2026, hacia las 7:34 a. m.. Tuvo epicentro en San José del Palmar, Chocó, y se sintió en distintas regiones y dejó afectaciones sobre todo en Chocó, Risaralda, Caldas y Valle del Cauca. El sismo volvió urgente una obligación que ya pesaba sobre edificios y conjuntos residenciales. Ante los daños reportados en viviendas, edificaciones y copropiedades, la Ley 675 de 2001 cobró de nuevo importancia por exigir cobertura sobre bienes comunes ante incendio y terremoto.

Y es que los conjuntos residenciales en Colombia están obligados a tener pólizas que cubran incendio y terremoto sobre los bienes comunes susceptibles de aseguramiento. Si un sismo causa daños, la administración debe revisar la póliza vigente, informar el siniestro a la aseguradora, pedir inspección y valoración, y actuar con soporte técnico antes de autorizar el ingreso a inmuebles con afectación estructural.

Con exactitud, la norma regula la propiedad horizontal y, en el artículo 15, señala que los edificios o conjuntos “podrán constituir pólizas de seguros que cubran los riesgos de incendio y terremoto y que garanticen la reconstrucción total de los inmuebles”.

Dicho artículo, en su parágrafo primero, añade que “será obligatoria la constitución de pólizas de seguros que cubran los riesgos de incendio y terremoto sobre los bienes comunes susceptibles de ser asegurados”. La coexistencia no extiende de manera automática la cobertura a cualquier bien del edificio. La obligación estricta recae sobre los bienes comunes que puedan asegurarse, mientras la ley además prevé pólizas orientadas a respaldar la reconstrucción total del inmueble.

La ley también fija el destino principal del pago que surja de ese seguro. “La indemnización debe destinarse, en primer término, a la reconstrucción del edificio o conjunto cuando esta sea procedente”, dice.

Qué exige la ley a las copropiedades y a sus administradores

Dentro de la copropiedad, la responsabilidad operativa recae primero sobre la administración. Dentro de sus funciones está conservar y proteger los bienes comunes, de modo que la gestión de la póliza, la contratación, su vigencia y la revisión de coberturas forman parte de sus deberes.

Así las cosas, el Consejo de Administración también tiene tareas concretas. Debe:

• Ejercer control y seguimiento para verificar que la protección de los bienes comunes sí se atienda y que la copropiedad no deje vencer sus coberturas.
• Los bienes comunes incluyen elementos necesarios para la estabilidad, la conservación y la seguridad del edificio o conjunto. Allí entran estructuras, cimientos, fachadas, cubiertas y otras áreas e instalaciones comunes.

Ese alcance importa porque, después de un terremoto, la revisión no puede limitarse al interior de cada apartamento. La administración debe establecer si hay afectaciones en esos componentes y definir, con las evaluaciones del caso, cuáles requieren intervención. La póliza colectiva tampoco reemplaza la protección de los bienes privados de cada propietario. Los dueños pueden contratar seguros adicionales para sus bienes particulares con el fin de complementar la cobertura de las áreas comunes.

Qué deben hacer los conjuntos si el sismo causa daños

Tras un evento sísmico, es necesario:

• Revisar de inmediato la póliza vigente.
• La administración debe identificar qué amparos están activos y qué procedimiento exige la aseguradora para informar un eventual siniestro.
• Si aparecen daños, corresponde informarlos a tiempo a la compañía y solicitar inspección y valoración.
• La existencia de una póliza no significa que cualquier afectación quede cubierta, porque la respuesta depende de condiciones, exclusiones y valores asegurados.
• Debe verificarse si existen coberturas adicionales útiles en la emergencia. Entre ellas pueden figurar, si están expresamente pactadas, gastos de alojamiento temporal para familias afectadas.
• La administración además debe mantener informados a los copropietarios sobre las gestiones hechas, el estado de las reclamaciones y las medidas de seguridad adoptadas. En paralelo, debe adelantar las reparaciones y obras necesarias para restablecer condiciones adecuadas de seguridad.

Al respecto, la presidenta ejecutiva de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, Lina María Torrado, pidió actuar con rapidez, pero con prioridad en la integridad de las personas.

“En momentos como este, nuestra prioridad debe ser la vida y la seguridad de las personas, pero también debemos actuar rápidamente para proteger los hogares y el patrimonio de miles de familias. Hacemos un llamado a los administradores y órganos de administración de las copropiedades para que activen los mecanismos de protección con los que cuentan y adelanten las gestiones necesarias frente a las aseguradoras”, dijo.

Cuando hay daños estructurales, la recomendación es más estricta. No debe autorizarse el ingreso o la permanencia de personas sin conceptos y evaluaciones técnicas previas.

Cuántos inmuebles están asegurados ante terremoto en Colombia

El sismo también activó los protocolos del sector asegurador para atender a personas, empresas y copropiedades afectadas. La Federación de Aseguradoresde Colombia (Fasecolda) informó que las compañías habilitaron canales para recibir reclamaciones por medio de líneas telefónicas, páginas web, aplicaciones y puntos de atención oficiales.

Quienes tengan una póliza y hayan sufrido afectaciones en su integridad, salud o bienes deben:

• Comunicarse con su aseguradora y seguir las instrucciones para presentar la reclamación.
• Registrar los daños con fotos o videos, siempre que hacerlo no implique riesgo, y evitar reparaciones definitivas o desechar elementos dañados antes de recibir indicaciones, salvo que sea indispensable para proteger la vida, evitar nuevos daños o cumplir una orden de la autoridad.

En todo el país hay 2.258.594 viviendas aseguradas contra terremoto. En las zonas de mayor afectación, que abarcan 105 municipios de siete departamentos, hay 442.514 riesgos asegurados.

De ese total en las áreas más golpeadas:

• 277.308 corresponden a hogares.
• 8.510 a copropiedades.
• 128.359 son riesgos privados.
• 28.337 son riesgos públicos.

Fasecolda aclaró que esas cifras describen inmuebles asegurados, no daños confirmados en todos ellos. Los riesgos privados incluyen inmuebles empresariales, también industriales y pequeñas y medianas empresas, mientras los públicos abarcan parte de la infraestructura crítica, como hospitales y colegios.

Después de la urgencia inmediata, administradores, consejos y propietarios tienen otra tarea pendiente: revisar protocolos de prevención, mantenimiento, gestión del riesgo y aseguramiento puede definir la capacidad de una copropiedad para responder cuando otro sismo deje de ser una hipótesis y se convierta en un costo sobre su patrimonio compartido.

La banca colombiana, luego del terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto de 2026, mantuvo operativos al 100% sus canales digitales, avanzó en el restablecimiento de 533 oficinas afectadas y anunció un plan de alivios para hogares y empresas afectadas, informó la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) el 12 de agosto.

Por medio de un comunicado, el gremio reportó que el sector mantiene la atención para todos sus clientes por canales digitales, atiende en las sucursales sin daños estructurales y aplica un esquema de alivios para personas y empresas damnificadas. Según Asobancaria, esas medidas podrían beneficiar a 2,8 millones de usuarios en las zonas impactadas, mientras cada entidad definirá las condiciones concretas y los canales para solicitarlas.

Su respuesta se basa en dos frentes: el restablecimiento del servicio en las oficinas afectadas y un plan especial para damnificados, en apoyo a los esfuerzos del Gobierno nacional bajo la declaratoria de desastre.

Al respecto, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, dio un parte de tranquilidad. Dijo que “los canales digitales operan al 100% y, gracias al compromiso de sus funcionarios, el sector atiende al público en todas las sucursales sin daños estructurales”. Además, qie “actualmente, las entidades se encuentran trabajando para restablecer la atención en las 533 oficinas afectadas (4% del total nacional y 34% de las de Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca). En cualquier caso, todos los clientes cuentan hoy con un canal de comunicación con su banco”, reportó el dirigente.

Alivios anunciados para hogares y empresas damnificados

Según Asobancaria, el plan parte de que cada familia y cada empresa enfrenta una situación distinta. Por eso, cada banco lo aplicará con autonomía y de acuerdo con sus políticas internas.

La lista de medidas divulgada por el gremio quedó planteada así:

• Atención prioritaria a los clientes de las zonas afectadas, con trámites simplificados y evaluación individual de cada caso;

• Alivios que podrán incluir periodos de gracia de hasta 12 meses en los casos de mayor afectación, redefinición de plazos y condiciones, y tratamientos especiales en materia de intereses;

• Protección del historial crediticio: suspensión temporal de las gestiones de cobro jurídico y prejurídico a los deudores damnificados.

Qué decisiones tomaron los bancos

Ante las consecuencias del terremoto, algunos bancos tomaron las siguientes decisiones:

• Banco de Bogotá: suspendió la atención presencial en sus sucursales de Risaralda, Caldas y Quindío. La entidad activó protocolos de contingencia, realizó evaluaciones de infraestructura y dejó habilitados los canales telefónicos, WhatsApp, banca móvil y banca virtual para operaciones remotas.

• BBVA: cerró de forma preventiva oficinas en Caldas, Risaralda, Quindío, Cauca, Valle del Cauca y Chocó. La entidad indicó que equipos especializados verifican la seguridad de las instalaciones y que el resto de las oficinas sigue operando si no presenta daños. Los clientes pueden seguir usando los servicios por canales digitales y por call center. También señaló que comunicará cualquier cambio sobre la reapertura de las sucursales cerradas.
• Bancolombia: activó protocolos de atención para verificar la seguridad del personal y evaluar la infraestructura de sus sedes. De sus 563 sucursales en el país, 46 cerraron temporalmente, sobre todo en el sur y en Chocó, y otras 46 en zonas afectadas permanecen abiertas. Su red de cajeros, corresponsales y plataformas digitales sigue operando. Fundación Bancolombia habilitó una cuenta de ahorros para recibir donaciones y el banco anunció que informará de forma gradual la reapertura de las oficinas suspendidas.

Asobancaria sostuvo que la aplicación de los alivios dependerá de la situación particular de cada usuario y de las reglas internas de cada banco. Bajo ese esquema, el sector pidió a las personas y empresas afectadas usar los canales habilitados por su entidad para exponer su caso y solicitar atención prioritaria.

Balance de la emergencia en las ciudades más afectadas

Con base en datos agregados de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) citados por Asocapitales, el balance nacional del boletin número 18 sumaba 241 personas fallecidas, 3.771 heridos y 287 desaparecidos. El mismo informe advierte que las cifras están en actualización permanente y, en sus conclusiones ejecutivas, también consigna otros cortes parciales de 176 fallecidos, 1.762 heridos y 280 colapsos estructurales totales.

Asocapitales ubicó en alerta roja a cinco capitales: Quibdó, Cali, Manizales, Pereira y Armenia.

• Quibdó: reportó nueve personas fallecidas, 119 heridas, cuatro desaparecidas, 1.198 viviendas averiadas, 48 viviendas colapsadas y 20 infraestructuras afectadas, entre ellas cinco edificios municipales, 13 educativos y dos de salud.
• Cali: el informe registró 74 personas fallecidas, 1.008 heridas, 89 rescatadas y 230 desaparecidas. También señaló 107 viviendas colapsadas, 800 averiadas, 56 estructuras colapsadas, tres vías colapsadas, cuatro estaciones de policía afectadas, 750 rescatistas desplegados y 14 caninos en labores de rescate.
• Manizales: seis fallecidos, 182 heridos y 4.000 damnificados. A eso sumó 1.970 viviendas averiadas, 1.150 viviendas colapsadas, 57 edificios colapsados, 19 edificaciones averiadas, 24 colegios públicos con afectaciones en estado crítico y 16 colegios privados con afectaciones.
• Pereira: 83 fallecidos, 45 desaparecidas y 279 heridas, además de 243 personas rescatadas y 85 heridos atendidos en centros de salud, cifra que el documento marcó como parcial y en verificación frente al total de lesionados. También registró 14 animales rescatados, 75 edificios colapsados, 26 viviendas averiadas, alrededor de 14 vías y puentes afectados, la Terminal de Transporte de Pereira cerrada y el Aeropuerto Internacional Matecaña con operación restringida.
• Armenia: cero personas fallecidas, 174 heridas, 69 edificios colapsados y 1.400 estructuras averiadas. El informe añadió requerimientos de ayuda por ciudad, entre ellos equipos de búsqueda y rescate, agua, insumos médicos, sangre, carpas, colchonetas, plantas eléctricas, mercados y kits de aseo.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció la declaratoria de emergencia económica en el país para enfrentar la crisis causada por el terremoto del 10 de agosto y acelerar la reconstrucción y la reactivación de ciudades como Manizales, Pereira y Cali, entre otras. Dijo que la decisión busca responder al impacto del sismo y acelerar la recuperación de las zonas afectadas.

“Por el terremoto. También, como lo dije anteriormente, es absolutamente necesario, fundamental y determinante agilizar la reconstrucción de las zonas afectadas. Por ello, le informo al país que he decidido hacer uso de la emergencia económica, mecanismo que contempla nuestra constitución para poder enfrentar esta crisis como corresponde”, dijo.

Añadió que la declaratoria abrirá paso al Fondo Milagro, una nueva entidad para canalizar aportes nacionales e internacionales. “La emergencia que propongo va a crear un fondo milagro, una entidad que va a canalizar los aportes nacionales e internacionales, que se destinarán a la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos, que sufrieron afectaciones por el sismo”, explicó.

También presentó la medida como una herramienta para impulsar la economía ante la catástrofe. Apuntó que “la emergencia, además, deberá contemplar medidas de reactivación económica que estimulen la inversión, reduzcan los obstáculos para el desarrollo de proyectos y generen más empleos”.

La medida permite al presidente expedir normas con fuerza de ley de forma transitoria para atender la calamidad, pero solo sobre asuntos ligados de manera directa a la crisis. Cada declaratoria puede durar hasta 30 días, no puede superar 90 días al año y queda sujeta al control de la Corte Constitucional y del Congreso de la República.

Qué permite y qué limita la emergencia económica

Anterior a ello, el Gobierno firmó un decreto de desastre nacional, una figura distinta de la emergencia económica, social y ecológica. Este surge de la Ley 1523 de 2012 y permite destrabar el presupuesto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, además de acelerar la contratación de ayuda humanitaria. Por su parte, la emergencia económica se apoya en el artículo 215 de la Constitución y faculta al Ejecutivo para legislar de forma transitoria sin pasar por el Congreso.

La diferencia, según la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura (sede Bogotá), Lorena Gutiérrez, está en el alcance de esos poderes extraordinarios. “No es un cheque en blanco, se trata de una autorización estrecha. El Gobierno expide normas con fuerza de ley, pero solo si guardan relación directa y específica con la calamidad que las origina”, apuntó.

Cuánto duran los poderes extraordinarios y quién los controla

La Constitución impone varias condiciones a esa declaratoria. El decreto debe llevar la firma del presidente y de todos sus ministros, explicar sus motivos, delimitar el territorio de aplicación y fijar su plazo.

Cada declaratoria puede durar un máximo de 30 días calendario y el uso acumulado de esa figura no puede superar 90 días en un año. Ese margen ya tiene un antecedente cercano: en febrero de 2026, el Decreto 150 aplicó la misma figura durante 30 días en ocho departamentos por la emergencia causada por fuertes lluvias.

Ese antecedente reduce el tiempo disponible para la crisis del terremoto a 60 días dentro del mismo año. Gutiérrez aseguró que “el límite temporal obliga a priorizar. Treinta días alcanzan para la atención y para montar la financiación, pero la reconstrucción tendrá que salir por la vía ordinaria, con presupuesto y ley”.

Dentro de ese lapso, el Ejecutivo puede:

• Reorientar partidas presupuestarias.
• Crear fondos.
• Autorizar contratación directa.
• Modificar calendarios tributarios.
• Fijar impuestos temporales. Esos tributos dejan de regir al terminar la vigencia fiscal siguiente, salvo que el Congreso decida volverlos permanentes.

La norma también establece prohibiciones expresas. El Gobierno no puede:

• Desmejorar los derechos sociales de los trabajadores.
• Suspender derechos fundamentales.
• Interrumpir el funcionamiento de las ramas del poder.

Además, cada decreto pasa a revisión automática de la Corte Constitucional. El Congreso conserva la potestad de modificarlo o derogarlo después, y ese control ya tuvo efectos este año: en abril tumbó la emergencia de diciembre de 2025 y en junio avaló la de febrero, aunque con restricciones.

Cifras de la reconstrucción y alivios tributarios

Las primeras medidas económicas ya tienen montos definidos por el Gobierno:

• El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, anunció un crédito de hasta USD450 millones con el Banco Mundial, la disposición total del presupuesto de ese fondo y la reasignación de partidas de 2026.
• La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) dijo que hay cerca de $35.000 millones en la línea de atención inmediata. Esa bolsa puede ampliarse con traslados, mientras Hacienda descartó alzas de impuestos y señaló que los recursos saldrán de crédito y de la priorización del gasto.

• Aplazamiento de un mes en la presentación de la declaración de renta, retenciones y autorretenciones. La medida cobijará a quienes tuvieran domicilio fiscal en el RUT al momento del sismo en Cali, Pereira, Manizales, Armenia, Popayán, Tuluá, Palmira, Buenaventura o Quibdó. Ese aplazamiento supone un impacto temporal de $624.000 millones para la caja de la Nación. De ese total, $213.000 millones corresponden a personas naturales y $411.000 millones a retención en la fuente, aunque el Gobierno aclaró que no se trata de una condonación, sino de un nuevo plazo.
• A esas medidas se suman subsidios de arrendamiento para quienes no puedan volver a sus viviendas y la puesta en marcha del Fondo Milagro para la reconstrucción.

Gutiérrez remarcó el alcance de los controles sobre esos recursos: “Cada peso girado bajo emergencia queda expuesto al escrutinio de la Corte, del Congreso y de los órganos de control. Esa trazabilidad es la que protege al ciudadano”.

Para los damnificados, la recomendación práctica es conservar fotos de los daños, facturas, contratos de arriendo, pólizas y el certificado de afectación expedido por la alcaldía. Esa documentación servirá para censos, ayudas y reclamaciones ante aseguradoras.

El alcance final de la emergencia quedará definido cuando el Gobierno publique el articulado del decreto. Ese texto precisará la duración, los municipios incluidos y las medidas autorizadas, y de esa definición dependerá la velocidad con que los alivios pasen del anuncio a la ejecución.

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) lanzó la campaña #EmpresasUnidasPorColombia para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2016. Se anunciaron recursos económicos y donaciones en especie. El fondo arrancó con $2.000 millones y, según lo informado durante la jornada, los aportes privados superaron los $4.500 millones en apenas dos horas.

Al respecto, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, durante el Congreso Empresarial Colombiano y la 82ª Asamblea General del gremio, explicó que el encuentro pasó a ser un espacio para movilizar recursos y capacidades. “La Andi arranca en este momento poniendo los primeros $2.000 millones, que es el resultado del 50% de las inscripciones”, afirmó.

Aportes privados crecieron en las primeras horas

Por su parte, el presidente de la Junta Directiva de la Andi, Jaime Murra, líder del Grupo Diana, dijo que los aportes privados superaron los $4.500 millones en apenas dos horas.

Murra sostuvo que el empresariado tiene hoy la responsabilidad de “ayudar a construir país”. También planteó que esa tarea requiere respaldo institucional de las altas cortes, el Congreso de la República, los organismos de control, los medios de comunicación y la fuerza pública.

Campaña para atender la emergencia

La campaña #EmpresasUnidasPorColombia recibirá aportes económicos y donaciones en especie para asistencia humanitaria y reconstrucción. Entre los elementos mencionados están alimentos, productos de higiene, medicamentos y materiales.

Mac Master precisó el arranque de la iniciativa. “Lo primero que vamos a hacer entonces es una campaña de donaciones que estamos lanzando en este momento”, señaló. El gremio prevé articularse con fundaciones, organizaciones sociales, bancos de alimentos y un banco de medicamentos para canalizar las ayudas. También busca reunir materiales que puedan usarse después en las labores de reconstrucción.

La Andi anunció además un registro público de los recursos recibidos. “Esta campaña vamos a trabajar con un contador que les vamos a estar mostrando a ustedes de forma permanente a lo largo de estos dos días y medio y luego lo mantendremos también en las redes sociales”, dijo Mac Master.

La reorganización del congreso también alcanzó sus actividades paralelas. “Los eventos sociales del Congreso, entonces los nuestros se convertirán en eventos solidarios”, sostuvo el presidente del gremio. Por ahora, no se definió hacia qué territorio específico irán las ayudas. La recolección de aportes en dinero o especie se cumplirá en los próximos tres días.

Respuesta coordinada para la reconstrucción

Mac Master insistió en que la respuesta empresarial no se limitará a los recursos económicos. “Vamos a requerir también por supuesto de capacidad logística, vamos a requerir de materiales, infraestructura, alimentos, transporte, tecnología, conocimiento, talento humano y la voluntad de poder trabajar de miles de personas”, afirmó.

También indicó que el gremio ya inició conversaciones con empresas vinculadas a materiales de construcción para identificar qué aportes podrían sumarse en las siguientes etapas de la emergencia.

Resaltó que la atención a los damnificados exigirá capacidad de ejecución, además de recursos. “No va a ser solamente un tema de recursos que lo es, va a ser un tema también de capacidades de hacer cosas y de poder atender en forma eficaz a los damnificados”, indicó.

Señaló que el gremio ya conversó con integrantes del Gobierno sobre la posibilidad de unir capacidades para responder a las necesidades que dejó el terremoto. “La responsabilidad es de todos y es muy importante en este instante, nosotros sintamos que la responsabilidad del gobierno sí, pero que nosotros vamos a estar con el gobierno trabajando de la mano”, afirmó.

En la misma línea, descartó que uno de los dos actores pueda afrontar por sí solo la magnitud de la tarea. “Si alguien cree que el sector empresarial puede realmente salir adelante solo, está muy equivocado”, dijo. Para Mac Master, la salida exige articulación entre sectores. “Aquí solo podemos tener una acción colectiva, generosa de trabajo mutuo, de trabajo coordinado y con intereses definitivamente marcados por el bienestar general”, señaló.

Agenda económica sigue abierta pese al giro solidario

La emergencia también alteró el componente político del congreso. Ningún funcionario del gabinete de Abelardo de la Espriella asistirá a las sesiones previstas entre el 12 y el 14 de agosto en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, porque el aparato estatal concentra su atención en la fase crítica del desastre.

Pese a esa ausencia, el encuentro se mantiene en Cartagena y conserva su agenda sobre geopolítica, democracia, economía e innovación. La Andi señaló en redes sociales que el eje central del congreso será la solidaridad y el apoyo a la emergencia bajo la etiqueta #MásPaísANDI. Mac Master pidió que la discusión no se concentre en revisar responsabilidades del pasado. “No queremos hacer en este evento, en este instante, un recuento de culpabilidades hacia el pasado”, afirmó.

También planteó que el congreso debe enfocarse en las decisiones que el país tendrá que tomar desde ahora. “Queremos la energía de ustedes y queremos promoverles a ustedes el interés por gastar su energía en tratar de entender qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante y cómo lo vamos a hacer”, sostuvo.

Según explicó, durante el encuentro se trabajará sobre áreas como finanzas públicas, salud, relaciones internacionales, seguridad y sector energético. El ejercicio estará dividido en cuatro etapas: diagnóstico, estabilización, recuperación y proyección.

Durante la jornada, el presidente del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Sergio Díaz-Granados, afirmó que la confianza institucional es clave para atraer inversión y cerrar las brechas sociales que persisten en la región.

Confirmó que la entidad considera aumentar el financiamiento para Colombia, pasando de los USD9.000 millones previstos inicialmente a un rango de entre USD15.000 millones y USD16.000 millones durante los próximos cuatro años.

La inflación en Colombia sorprendió a la baja en julio de 2026 con una variación mensual de 0,17%, por debajo del 0,31% esperado por el consenso de analistas, y la tasa anual cedió de 6,14% a 6,03%. No obstante, el fenómeno de El Niño y la emergencia por el terremoto en el occidente del país ponen en riesgo el indicador porque, según el Banco de Bogotá, podrían generar presiones sobre alimentos, energía y otros precios por choques climáticos, problemas de abastecimiento, indexación con referente de 5,1% y afectaciones en la infraestructura de transporte.

La sorpresa bajista fue de 14 puntos básicos (pb) frente a lo previsto y se convirtió en la segunda mayor de 2026, solo detrás de febrero, cuando llegó a 19 puntos básicos. El informe señala además que el dato quedó incluso por debajo del mínimo estimado por los analistas.

Frente a junio, cuando la inflación mensual fue de 0,39%, el dato de julio marcó una desaceleración. También quedó por debajo del 0,27% observado en julio de 2025. Aun así, la inflación anual siguió por encima del 4,90% de un año antes.

Qué explicó la desaceleración de julio

Los alimentos fueron uno de los principales apoyos del resultado mensual. “Los precios de los alimentos cayeron -0.13% mensual, restando -2pb a la inflación total del mes”, dice la entidad. Esa división pasó de una inflación anual de 6,83% a 5,82%. Dentro del descenso figuraron las legumbres, con -0,9%, las frutas, con -0,8%, y los huevos, con -0,9%.

Los arriendos también ayudaron a moderar el dato. Su variación mensual fue de 0,23% y su inflación anual bajó de 4,92% a 4,83%.

El informe indicó que “los arriendos evidenciaron su indexación más baja del año con alrededor de 70%”. Ese nivel se compara con cerca de 80% en junio, casi 100% en el primer semestre y alrededor de 120% entre abril y mayo.

Mientras tanto, en bienes la variación mensual fue de 0,04%, la menor en poco menos de dos años, mientras la inflación anual subió de 3,23% a 3,24%. En servicios sin arriendo, la variación mensual fue de 0,24% y la inflación anual pasó de 9,02% a 8,98%.

Dentro de bienes destacó la caída de -0,6% en vehículos, su mayor retroceso en dos años. La gasolina también bajó 0,2% y restó un punto básico a la inflación del mes.

Pese a ese alivio, las medidas de inflación subyacente siguieron elevadas. La inflación sin alimentos ni regulados bajó de 6,00% a 5,96%, pero la inflación sin alimentos subió de 5,98% a 6,07%. Además, cedió de 6,30% a 6,27%, mientras el promedio de tres mediciones básicas permaneció en 6,10%. Según el análisis, “las mediciones básicas se mantuvieron relativamente estables en términos anuales, todas muy cerca o por encima de 6%”.

El Niño y la energía vuelven a poner presión

El Banco de Bogotá advirtió que “la moderación no cambia sustancialmente las preocupaciones sobre el elevado nivel del ajuste de precios”. Esa señal aparece en un momento en que la segunda mitad del año todavía enfrenta choques de oferta y costos.

Uno de los riesgos que menciona es el fenómeno de El Niño. El análisis plantea que, tras varios meses con menores presiones en alimentos, el cambio de condiciones climáticas podría alterar esa tendencia. A ese frente se suman la gasolina y la energía. El documento sostiene que esos rubros enfrentarían presiones por el choque de Medio Oriente, los problemas de abastecimiento y la cercanía de afectaciones climáticas.

Los regulados ya mostraron esa tensión en julio. Aunque la gasolina cayó 0,2%, la energía subió 2,3% y aportó siete puntos básicos, mientras el gas aumentó 0,4%.

En conjunto, los precios regulados avanzaron 0,41% mensual y su inflación anual pasó de 5,90% a 6,44%, el mayor salto entre los grandes componentes. Vivienda, por su parte, subió 0,55% en el mes y elevó su inflación anual de 5,02% a 5,40%.

El informe también señala que la indexación sigue como un canal de presión relevante. Aunque en arriendos se moderó, el análisis advierte que “con un referente de 5.1%, la presión por esta vía es importante”.

Las proyecciones del equipo apuntan a una inflación mensual de 0,2% en agosto y de 0,3% en septiembre. Para el cierre de 2026, la previsión es de 6,8% anual.

El terremoto agrega un riesgo de oferta para los precios

A los focos ya abiertos se añadió la emergencia por el terremoto en el occidente del país. Según el informe, ese evento “podría generar nuevas presiones de precios” por tres vías vinculadas a oferta, demanda e infraestructura.

El análisis enumera una “restricción de oferta de ciertos productos producidos/cultivados en la zona”, una mayor demanda para envío de suministros a la zona y la afectación de infraestructura de transporte. Ese cuadro, si se materializa, añadiría presión sobre productos y costos logísticos.

Con ese telón de fondo, el alivio de julio aparece como una mejora puntual más que como un cambio consolidado. El descenso reciente dejó margen, pero el informe advierte riesgos que pueden volver a presionar el costo de vida en los próximos meses.