Texto: Manu Ureste

Los balazos se cuentan por decenas, cientos: enormes boquetes de grueso calibre repartidos a lo largo de una fachada blanca de dos niveles y unos 14 metros de ancho. Muchos de los impactos se concentran alrededor de las ventanas superiores, donde el yeso desprendido deja manchas grises y heridas abiertas sobre el muro. Nada extraordinario en la ciudad de Culiacán, que lleva casi dos años inmersa en la guerra que ‘mayitos’ y ‘chapitos’ desataron en el Cártel de Sinaloa, salvo por un detalle importante: la casa baleada con saña es propiedad del Gobernador Rubén Rocha Moya.

Es miércoles, 13 de mayo, a las 12:20 de la tarde. El termómetro alcanza los 38 grados en la capital de Sinaloa. Quizá por eso el cruce de las calles Lago de Cuitzeo y Laguna del Carmen, en el exclusivo fraccionamiento de Las Quintas, está desierto, en silencio y sin apenas movimiento de coches. Tan solo una camioneta con los cristales polarizados permanece estacionada bajo la sombra de un árbol junto a la casa baleada, lo que hace que los reporteros de Animal Político y Noroeste se la piensen varias veces antes de bajar a grabar el inmueble.

Apenas cuatro días antes, la mañana del 9, otra camioneta llegó al cruce y se detuvo frente a la casa donde el Gobernador vivió durante tres décadas cuando era rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. En un video difundido en redes sociales, se aprecia cómo varios hombres ataviados con chalecos antibalas y tocados por sombreros de ala ancha lanzan varias ráfagas de plomo contra el inmueble deshabitado, mientras de fondo se escucha un narcocorrido a todo volumen.

“Traigo el equipo listo pá pelear, bien artillado como guerrero...”.

En cuestión de segundos, los balazos sobre la pared blanca y el portón de madera levantan una polvareda de polvo y dejan cientos de cicatrices sobre el inmueble, que días después no está acordonado ni vigilado por autoridad alguna.

Luego, los criminales se marchan dejando tras de sí un velo de incertidumbre entre una ciudadanía que se pregunta si el ataque era un mensaje directo contra el mandatario -que el 1 de mayo pidió licencia para no entorpecer las investigaciones emanadas desde Estados Unidos en su contra y contra otros nueve funcionarios por presuntos vínculos con una de las facciones del Cártel de Sinaloa-, o si se trata de un mensaje a la propia ciudadanía que, temerosa y preocupada, se pregunta qué podría sucederles a ellos y a sus hogares si una de las casas de la máxima autoridad estatal puede ser atacada con impunidad.

Finalmente, los reporteros bajan del coche para grabar la fachada agujereada y hacer un reporte en video. Pero no permanecen ahí ni cinco minutos. El paso lento de un par de motocicletas y de varias camionetas que doblan hacia la calle -quizá por casualidad, quizá no- basta para acelerar la grabación y volver rápido al coche y salir de la zona.

Poco después, la calle vuelve a quedar con las cicatrices abiertas y a la vista: vacía, silenciosa, como si nada hubiera ocurrido ahí.

El regreso del encierro

—A casi dos años de la guerra, seguimos teniendo violencia en las calles; cadáveres que aparecen en las mañanas, a veces también en las noches. Durante un tiempo, los hechos de alto impacto dejaron de ocurrir. Pero ahora, coincidiendo con la acusación de Estados Unidos contra Rocha Moya, estamos ante una nueva “sacudida” entre las dos facciones del cártel, ante un reavivamiento de la violencia.

José Abraham Sanz, jefe de información de Noroeste, habla mientras conduce despacio por las calles del centro de la ciudad. En el asiento trasero acompaña durante toda la jornada Jesús Verdugo, reportero y camarógrafo del diario.

Apenas son las 18:50 y los últimos rayos del sol todavía se filtran entre las nubes, tiñendo el atardecer de tonos anaranjados y violetas. Pero la ciudad ya parece dormida. La inmensa mayoría de los comercios del primer cuadro de la capital, alrededor de la Catedral, bajaron la persiana hace rato. Los autobuses avanzan casi vacíos por la calle Benito Juárez, a unos metros del Palacio Municipal. Y los pocos comerciantes que aún permanecen en los alrededores del Mercadito Juárez barren deprisa las banquetas, recogen bolsas de basura y apresuran el cierre de los locales: nadie quiere permanecer en la calle después de las siete de la tarde.

El auto se detiene ante un semáforo en rojo. Arriba, donde antes había una cámara de videovigilancia, sólo queda un gancho vacío: el crimen organizado la arrancó a balazos meses atrás. Sanz explica que, aunque desde el inicio de “la guerra”, en septiembre de 2024, la situación nunca mejoró realmente -ni siquiera con el despliegue de más de 6 mil soldados enviados por la Federación-, durante los primeros meses de 2026 sí se había percibido una especie de tregua informal, al menos en cuanto a balaceras y hechos de alto impacto. Una calma precaria que permitió estirar un poco más los horarios de restaurantes y comercios.

—Ya no había balaceras simultáneas por toda la ciudad —explica un elemento de seguridad consultado poco antes del recorrido, un escolta que pidió anonimato—. Como que se veía que iban más por alguien en particular y ya. “Pero ahora, con esto del Gobernador y el Alcalde, pues no sabemos cómo se van a acomodar otra vez las cosas. Hay mucho temor porque, poco después de que balearon la casa del Gobernador, volvió otra vez mucha violencia. No sabemos si es por la falta de gobernabilidad, porque ya lo tenían planeado, o por qué. Esa gente siempre es una incógnita y nunca sabes cuándo ni por qué se van a descontrolar”.

Óscar Sánchez, presidente de la Unión de Comerciantes de Culiacán, coincide con ese diagnóstico. La población “ya había empezado a salir un poco más” a las calles antes de que, nuevamente, hechos de alto impacto -como la quema de un casino en el sector financiero de la capital- empujaran otra vez a la ciudadanía a autoimponerse un toque de queda.

—Había mayor movilidad social, no solamente durante el día, también en horarios nocturnos. La gente ha aprendido a vivir entre las balas, arriesgando la vida —comentó el líder comerciante, apoyado en el mostrador de un negocio de aguas frías. Afuera, el bullicio de los camiones del transporte público es ensordecedor.

—Y eso es lo que hacemos quienes nos levantamos a primera hora para abrir nuestros negocios: despedirnos de nuestros hijos, de nuestras familias, y salir a trabajar. Así lo está haciendo toda la población de Culiacán.

—Porque vemos —añadió— que en cualquier lugar, en cualquier crucero, en cualquier calle, se genera una balacera y hay personas heridas y muertas. Ese ya es nuestro pan de cada día.

Como resultado, Sánchez asegura que, desde el inicio de la guerra, alrededor de 3 mil locales han cerrado sus persianas o reducido drásticamente sus horarios, especialmente por las noches. Lo cual, añade, ha provocado pérdidas económicas cercanas a los 75 mil millones de pesos en Sinaloa, “tomando en cuenta que la reactivación empresarial ha sido muy lenta”.

—Venimos de un cierre prácticamente total, de una afectación casi absoluta —subraya el dirigente comerciante—. Y aunque gradualmente algunos negocios se han ido reincorporando, y eso ha permitido disminuir un poco las pérdidas este año, lo cierto es que siguen siendo enormes.

Cuestionado sobre la presencia de miles de soldados y elementos federales de seguridad, Sánchez lamenta que el despliegue tampoco se haya traducido en una mejora tangible para comerciantes y ciudadanos.

—Creemos que se sigue una política equivocada. Porque para nosotros no es un avance que maten a un poquito menos de personas. Un buen resultado sería que dejaran de matar gente todos los días. Eso permitiría recuperar la calma, la confianza para vivir y para invertir. Nos permitiría recuperar la dinámica que teníamos antes de esta guerra.

La guerra contada a través de sus ruinas

El vehículo con los periodistas a bordo pasa por varios de esos lugares marcados por la violencia cotidiana de los que habla el líder comerciante Óscar Sánchez. Aunque, en realidad -comentan resignados los periodistas del Noroeste-, es difícil transitar por algún punto de la ciudad en el que no haya habido una balacera, un asesinato o un intento de asesinato, una persecución de película, una casa quemada, o un negocio baleado o “reventado”, como se dice en la urbe.

A las 12:43, luego de tomar imágenes de la casa baleada de Rocha Moya, los reporteros se dirigen a la zona nororiente de la capital, a la pensión de vehículos asegurados por la Fiscalía estatal de Sinaloa.

El escenario recuerda más a un deshuesadero de guerra que a una pensión vehicular: tierra y montañas de autos polvorientos y apilados unos sobre otros los reciben. Casi todos presentan las mismas cicatrices: agujeros de bala en lunas delanteras, ventanas y por toda la carrocería.

Aquí, entre camiones de carga baleados -uno de ellos, de color blanco, presenta un orificio grueso justo a la altura del conductor- y automóviles de lujo que ya son chatarra, permaneció asegurada una camioneta tipo van que se hizo tristemente célebre en la ciudad y en todo el país: es la camioneta en la que el 28 de septiembre de 2024, luego de una visita a la capital del entonces Presidente López Obrador, una de las facciones del cártel dejó seis cadáveres en su interior y un mensaje macabro: “Bienvenidos a Culiacán”. Era el inicio de la guerra.

A las 13:40, los periodistas pasan por una gasolinera abandonada y con la fachada de su oficina quemada y repleta de balazos, ubicada en el concurrido boulevard Emiliano Zapata. Luego se dirigen a una escena del crimen. De camino, pasan por un panteón. Desde la carretera se alcanza a ver una enorme estructura de varios pisos de altura: una tumba que es una réplica ostentosa del Taj Mahal.

—No te dejan entrar si no tienes enterrado a algún familiar. Hay más seguridad ahí que en toda la ciudad —ríe amargo el fotoperiodista Jesús Verdugo.

De camino al sector Campo Argentina II, donde en una tienda de abarrotes ubicada en contraesquina de una escuela primaria tuvo lugar una de las seis escenas del crimen de la jornada, el coche transita lentamente por un campo baldío con numerosos reportes de fosas clandestinas en una ciudad con, al menos, 2 mil 390 denuncias por desaparición en menos de dos años, aunque los colectivos de búsqueda elevan la cifra por arriba de los 3 mil casos.

—En la guerra de 2008 aquí era un tiradero de cuerpos. Y aún hoy se encuentran osamentas —dice José Abraham Sanz, que destaca que en el lugar hay muchos “cenotafios” recordando a personas cuyos restos fueron hallados ahí. Y, en efecto, en el trayecto se contabilizan cinco en menos de cinco minutos de camino hasta la remota tiendita donde un hombre de unos 40 años fue asesinado a tiros cuando jugaba a unas maquinitas.

Luego, a las 17:51 horas, el pequeño convoy de periodistas asiste a otra escena del crimen, esta vez sobre la calzada que lleva al aeropuerto, muy cerca del penal de Aguaruto, del tutelar de menores, y para más inri, de las instalaciones de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR): sobre el arcén, nueve casquillos de bala yacen esparcidos unos junto a otros. Los primeros reportes indican que un sujeto le descargó una ráfaga de plomo a otro hombre de unos 30 años de edad y huyó del lugar. A unos pocos metros del lugar, en las inmediaciones del penal, hay un retén de soldados.

La ciudad de los retenes y el miedo nocturno

A las 19:50, la noche cae por completo sobre Culiacán. El coche de Noroeste transita ahora por la calle Miguel Hidalgo. Apostados a un costado de la escasamente iluminada calzada hay dos Humvees repletos de soldados, que observan a los pocos vehículos que todavía circulan por la zona.

Sin embargo, la noche del 27 de abril no estaban presentes cuando un hombre se acercó caminando a la estética canina que seguía abierta sobre esta misma calle. Sentada sobre la banqueta, descansando, estaba Sara, la dueña del local. Platicaba con otra mujer alrededor de las siete de la tarde cuando el individuo se aproximó, sacó una pistola y, con total calma, les disparó en la cabeza. Luego, quizá para no dejar testigos -aunque una cámara de vigilancia lo grabó-, el hombre abrió fuego contra otras dos mujeres -madre e hija- que permanecían dentro de una camioneta estacionada frente a la estética. Esperaban a un técnico de lavadoras que trabajaba en un negocio cercano. Era el esposo de una de las víctimas y el padre de la otra. El multihomicidio ocurrió a apenas cuatro cuadras de la Catedral y de la Plazuela Obregón.

Ahora, el coche se dirige por la avenida de Los Insurgentes hacia el sector Tres Ríos, el corazón financiero de Culiacán. Primero pasa frente al enorme edificio del Gobierno de Sinaloa -donde despachó Rocha Moya hasta que pidió licencia al cargo el pasado 1 de mayo- y luego toma la carretera Niños Héroes, bordeando el Estadio Universitario de la Autónoma de Sinaloa, hasta llegar al Casino Tropicana, baleado y quemado el pasado 4 de mayo.

Antes de llegar al casino, un aparatoso retén militar ocupa uno de los carriles de la avenida y detiene aleatoriamente vehículos y motociclistas para revisar que no transporten armas ni drogas.

—Los retenes están por toda la ciudad, ya es algo con lo que nos hemos acostumbrado a vivir —dice en una entrevista previa a este recorrido un productor agrícola que, como la gran mayoría de los entrevistados para esta crónica, pide anonimato por temor a represalias del crimen organizado—.

—Trayectos de apenas 10 minutos acabas haciéndolos en 50 o en una hora. Cierran todo y hazle como quieras —lamenta el hombre—. Y pues, para mí, solo sirven de presencia. Para que veas que hay gobierno por todas partes, pero no sirven de mucho. Llegan ya para levantar los cuerpos o precintar la escena del crimen.

—Hay mucha seguridad por todas partes —corrobora el agente de seguridad citado anteriormente—. Pero muchas veces no se dan cuenta de cuál es la gente que va armada. Yo mismo he pasado muchas veces armado por esos retenes y nunca me han revisado.

—Y de todas formas —reflexiona a colación—, aunque haya muchos puntos de revisión, sigue habiendo mucho desmadre por toda la ciudad. Es muy difícil parar esto; lo dejaron crecer demasiado. Culiacán quiere continuar, salir adelante de esta pesadilla, de esta guerra. Pero no puede. No la dejan.

Miriam, una ciudadana que pide no publicar su nombre completo ni su ocupación, también por temor, considera desde la terraza de un café del centro que la opinión respecto a los militares “está dividida”.

—Aunque los resultados no han sido los prometidos, sí ha habido retenes donde han detenido a personas involucradas con la delincuencia. Por eso creo que la opinión está dividida: a mucha gente le molestan, porque es cierto que se forman filas muy grandes de coches, pero también muchos los vemos como un mal necesario en la ciudad.

Mientras conduce ahora sobre el boulevard Enrique Sánchez Alonso -más conocido como el malecón que corre paralelo al río Humaya-, José Abraham Sanz coincide en señalar que existe una marcada división de opiniones sobre la presencia de soldados y fuerzas federales. Aunque también cuestiona la efectividad real de los retenes y su aparente nulo efecto disuasorio frente a otra de las estadísticas escalofriantes que ha dejado la guerra en estos 21 meses: las más de 8 mil denuncias por robo de vehículo registradas entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025.

—Hemos levantado numerosos testimonios de robos de autos a tan solo unos metros de controles militares, incluso frente a instalaciones de la Fiscalía. El porcentaje de robo de vehículo con violencia y armas de fuego es altísimo. Y pues la gente se pregunta: “si hacen eso delante de la autoridad, que está armada, ¿qué será de quienes viajamos para trabajar en los pueblos de alrededor o por carreteras alejadas de la ciudad?”.

A las 20:43 horas, la noche es tan solitaria en el centro de Culiacán que parece madrugada profunda. Por las calles laberínticas y mal iluminadas solo se alcanzan a distinguir los rostros cubiertos por pasamontañas de los soldados y las luces azuladas de las sirenas oficiales.

Mientras la ciudad duerme en medio de un silencio autoimpuesto y forzado por las balas, sobre una pared blanca de unos tres metros de altura alguien pintó un grafiti con enormes letras negras: “QUIERO GRITAR”.

Verónica ha sido testigo de hechos de violencia varias veces: la primera, cerca de su casa, mientras esperaba a su esposo, vio cómo un par de jóvenes llegaron y asesinaron a balazos a una señora en la banqueta y luego se dieron a la fuga en una motocicleta.

“¿Quiénes fueron?, ¿quién sabe? No vimos, solamente sabíamos que eran jóvenes que no llegaban a los 18 años, se veían pequeños”, destaca.

La segunda ocurrió cuando ella estaba en un restaurante comiendo a su hora designada entre el trabajo, cerca de su consultorio dental, entre 2 y 3 de la tarde, llegó un grupo de personas armadas y baleó el local enseguida.

“Y pues todos al piso, porque pues nos podía tocar alguna bala”, recuerda con coraje.

Y para la tercera recuerda que un joven en motocicleta llegó y se paró frente a un automóvil que le estorbaba.

“Te sacan la pistola para que te detengas y les cedas el paso, porque atrás viene otro carro con más personas y más armas todavía”.

“Aún habiendo retenes, los retenes no funcionan, porque le sacan la vuelta o están en lugares donde los puede ver la gente”, critica.

Verónica, quien tiene 45 años, odontóloga de profesión y quien ha sido culichi toda la vida, debe ser un ejemplo como muchos en Culiacán de personas que, a diferencia de otras partes del mundo, viven en carne propia y ya ven hasta normal las experiencias con armas de fuego en las calles.

Y es que la crisis de armamentismo que padece Sinaloa, que fue insistentemente señalada por el Consejo Estatal de Seguridad Pública desde hace más de una década, se disparó con el estallido de la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa el pasado 9 de septiembre de 2024.

Los hechos violentos, entre homicidios, secuestros, enfrentamientos, robos de vehículos, se dispararon a niveles que todavía no hay techo, respaldados todos por el uso de armas de fuego.

El 10 de noviembre de 2024, tras cumplirse el primer mes de la disputa, Noroeste reportó que los saldos acumulados ya eran de 189 homicidios, 298 autos robados y 227 personas privadas de la libertad, según una base de datos que el medio creó con fuentes públicas estatales y federales y colectivos de buscadoras.

Y en ese primer mes, también llegaron los primeros detenidos, 39 detenidos, más de 140 armas decomisadas y más de 100 vehículos asegurados.

La estrategia del Gobierno federal llegó tras admitir, luego de un par de meses de disputa entre “La Mayiza” y “La Chapiza”, que sí era real, fue clara: llenar las calles de elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina Armada de México y la Policía federal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, conocidos como los Harfuch.

El 13 de noviembre de 2024, el entonces Gobernador en funciones Rubén Rocha Moya informó que llegaron 100 militares más de la segunda compañía de las Fuerzas Especiales, cuyos elementos se sumaron a los mil 900 efectivos federales enviados a Sinaloa para detener los hechos de violencia desatados tras la captura de “El Mayo” Zambada.

“Se ha incrementado el homicidio, nos preocupa. Anoche mismo, ayer tarde nos llegó una compañía de Fuerzas Especiales, exclusivamente para operar el tema de los homicidios”, dijo Rocha Moya en aquel ahora lejano 2024.

“Vamos a trabajar especialmente un operativo para tratar de frenar los homicidios que es lo que nos tiene ahorita muy mortificados. El tema de los homicidios nos preocupa mucho, como cualquier tema de violencia, pero particularmente donde muere gente, es la mayor preocupación que tenemos. Por eso es que tenemos un operativo especial. El operativo especial lo empezamos incluso con la Guardia Nacional, ampliando la frecuencia de recorridos en las carreteras, que es donde se manifiestan”.

Son detenidos, luego son dejados en libertad

Para el 22 de diciembre de 2024, y tras la llegada de otros 150 militares, las autoridades informaron que en ese momento ya había 10 batallones en todo el Estado y sumaban al menos 2 mil 500 elementos militares en el territorio.

Resultados hubo, del 9 de septiembre al 16 de diciembre de 2024, el entonces Secretario de Seguridad Pública, el General en retiro Gerardo Mérida Sánchez, anunció la detención de 190 personas, el aseguramiento de 905 armas de fuego, 765 de alto poder y 140 cortas, 109 granadas, 4 mil 434 cargadores y más de 249 mil 100 cartuchos.

Para el 2025, el llamado Grupo Interinstitucional reportó que en todo el año fueron detenidas en Sinaloa un total de 2 mil 169 personas, y se aseguraron armas, municiones, explosivos, drogas y vehículos.

El Consejo de la Judicatura Federal publicó en el apartado de transparencia de su página web que, entre el 9 de septiembre de 2024 y el 15 de mayo de 2026, se emitieron 148 sentencias en los juzgados de Culiacán y Los Mochis de personas detenidas con armas de fuego, y de las cuales, en 85 casos fueron dejadas en libertad por beneficios legales.

El porcentaje de dejados en libertad es de más de la mitad: 57.43 por ciento.

La información se extrajo de las sentencias emitidas desde el 9 de septiembre de 2024, día en el que para todos en Sinaloa fue evidente el estallido de la guerra entre “Los Chapitos” y “Los Mayos”, hasta las emitidas antes de la segunda quincena de mayo de 2026.

Los 148 sentenciados incluyen a personas detenidas antes de que comenzara la crisis y también a personas que fueron detenidas después de que comenzó la guerra y en ambos casos resultaron dejadas en libertad durante la misma.

De las 148 sentencias en los juzgados de personas detenidas con armas de fuego, fueron dejadas en libertad en 85 casos por alcanzar beneficios legales.

Estos beneficios se obtienen por apegarse al procedimiento abreviado, por haber cometido el delito por primera vez, no tener otro proceso en desarrollo, no presentar agravantes como intentar huir o haber atacado a los policías o militares durante su detención, el más importante que la sanción por la sentencia sea menor a los cuatro años, entre otros.

Es decir, mientras en la mayoría de los municipios del centro y sur del Estado había estallado la guerra definitiva del cártel que nació en el mismo Estado, los juzgadores aplicaron la ley sin tomar en cuenta la crisis.

Peor es, que según las fechas de los expedientes, después de que estalló la guerra, se procesaron 80 casos de personas detenidas con armas de fuego y 46 fueron liberadas, un 57.5 por ciento, es decir, casi 6 de cada 10 personas.

Robos de vehículo, casas dañadas por balazos

Jesús, quien es un profesional de temas inmobiliarios, aseguró conocer a personas que han sido víctimas directas de hechos violentos, y recordó el de una persona allegada a su familia que le despojaron su unidad saliendo de la escuela de su hijo.

“La verdad que una cosa tremenda que haya sido cuando ya había dejado al menor, y a dos calles más o menos de ahí de donde lo dejó”, recordó.

El robo de vehículo es otro de los delitos que se han disparado en medio de esta crisis de inseguridad.

Según las bases de datos de Noroeste, entre el 9 de septiembre de 2024 y hasta el 24 de mayo de 2026, se han robado 11 mil 224 vehículos, la mayoría con violencia y el uso de armas de fuego, a un ritmo de 18.1 diarios.

“Ahí le quitaron su carro... un carro que, pues uno puede decir un carro ‘no muy llamativo’, porque es un Versa, y se lo se lo quitaron ahí pues con lujo de violencia y todo”, lamentó.

Otro problema que le generó esto a la víctima es que el seguro aún no resuelve el trámite, pues tiene la justificación de que, por la misma situación de que se disparó el delito, están tardando meses en terminar con los trámites para responder.

También fue testigo de que un grupo armado llegó, baleó e incendió una casa a unos metros de la suya.

“Quemaron una casa, que era una propiedad muy grande y la quemaron, y pues eso nos afectó a todos aquí en el sector, tanto por la inseguridad, de ahí al día de hoy, en todo, porque mucha gente de aquí del sector dejó sus casas, se fue”, explicó.

“Los que tenían posibilidades de irse afuera se fueron, los que tenían posibilidades de irse con un familiar pues se aprovecharon y en ese inter en los días posteriores a que quemaron esa casa, pues había mucho movimiento de militares, había retenes afuera de las casas en donde no había antes”.

La guerra en sí, reflexionó, sí los ha afectado en todos los aspectos, laboral, económico, familiar.

“Todo se ha visto muy disminuido y pues esto nos ha afectado a todos, a todos de una u otra manera, ya que pues los ingresos de las familias han bajado, no hay mucho trabajo, se ha despedido a mucha gente de sus empleos”, lamentó.

“Entonces, todos hemos resentido pues esta guerra, que sin querer nosotros estar dentro de, pues somos parte del campo de batalla. Eso es lo que sí ha sucedido”.

Las sentencias pueden mostrar decisiones que para muchos podrían considerarse absurdas.

Hay un ejemplo, pues ya iniciada la guerra interna del Cártel de Sinaloa, un hombre fue detenido en las inmediaciones de Huatabampo, el 18 de octubre de 2024

Un hombre transportó, desde la ciudad de Nogales, Sonora, hasta el lugar de su detención acontecida en las inmediaciones del kilómetro 113 de la carretera, en el entronque con camino al poblado Las Bocas, Huatabampo, Sonora, en el carril de circulación que corre de norte a sur, cinco fusiles, dos escopetas y una carabina, nueve pistolas y revólveres y más de 500 cartuchos de diferentes calibres.

“En la caja o batea del vehículo que conducía tipo pick up marca Ford, línea F-150, cabina y media, color blanco, con placa trasera del Estado de Arizona, Estados Unidos de América, el cual se encontraba acoplado a un semirremolque tipo cama baja, color blanco”, dice el informe.

Luego en un par de cuartillas detalla aún más que poseyó ocultas en muebles que transportaba.

“Un arma de fuego tipo rifle, calibre 22, marca Ruger, modelo 10 22; un arma de fuego tipo escopeta, calibre 12, marca Stoeger, modelo 3000; un arma de fuego tipo escopeta, calibre 12, marca Remington, modelo 1100; un arma de fuego a su vez tipo fusil, calibre 7 milímetros Rem Mag; arma de fuego tipo carabina, calibre 5.56 x 45, modelo DTI-15”, detalla el informe.

“En el congelador vertical de la marca Holiday de color blanco, el siguiente armamento: un arma de fuego tipo pistola, calibre 45 auto, marca Colt, modelo 1991a1; un arma de fuego tipo pistola, calibre 38 súper, marca ACP, modelo 1911 A1-FS; cargador, contenido en un estuche de plástico color negro con la leyenda Rock Island Armory; un arma de fuego tipo pistola, calibre 9 milímetros, 9 x 19 milímetros, marca Stoeger, modelo STR-9F, con su respectivo cargador; un arma de fuego tipo pistola, calibre 9 milímetros o 9 x 19 milímetros, marca Beretta Corp, modelo APX, con su respectivo cargador”.

“También un arma de fuego tipo revolver, calibre 38 Special, marca Colt, modelo Official Police, contenido en un estuche de plástico color negro con la leyenda doskocil indicio; a su vez un arma de fuego tipo revolver, calibre .22, marca Smith&Wesson, modelo N/V; un arma de fuego tipo revolver, calibre 38 Special, marca Colt, modelo Official Police; y a su vez un arma de fuego tipo revolver, calibre .22, marca Colt, modelo Trooper MK II, este se encuentra señalada como indicio 2.8; y a su vez un arma de fuego tipo revólver, calibre 38 Special, marca Smith&Wesson, modelo 10-5, importada por Smith&Wesson Springfield; 94 cartuchos calibre 45 auto, tipo de bala normal; a su vez 250 cartuchos calibre 9 milímetros, tipo de bala normal, 100 cartuchos calibre 38 Súper, tipo de bala normal, 30 cartuchos calibre 7 milímetros, tipo de bala punta blanda expansiva y 30 cartuchos calibre 7 milímetros PRC, tipo de bala punta blanda, es decir expansiva, estos se encuentran marcados como indicio 2.1, Secretaría de la Defensa Nacional para transportar armas de fuego, tanto del uso exclusivo del Ejército, Armada y así como de sin licencia, así como cargadores y cartuchos que se encuentran señalados como del uso exclusivo de esa Secretaría y a su vez no se encuentra acreditado que sea miembro de las fuerzas castrenses, ni de ninguna corporación policiaca, transgrediendo el bien jurídico tutelado por la norma que es la paz y seguridad pública”.

Esa persona detenida el 18 de octubre en Sonora fue juzgada en Sinaloa, a donde se dirigía, y se apegó también al procedimiento abreviado, con apenas cuatro años de prisión y 20 días de multa; equivalentes a la cantidad de 2 mil 171.40 pesos.

Debido a que recibió una pena igual o menor a los cuatro años, se le concedieron al sentenciado el beneficio de sustitución de prisión por trabajo a favor de la comunidad y semilibertad.

La bala que amenazó a Francisco y a su hijo

Francisco es un maestro de nivel profesional desde hace 20 años, y labora como profesor en dos universidades importantes de Sinaloa, además de contar con un negocio propio.

Desde su punto de visto, todo ha sido muy difícil, pues ha sido una preocupación constante, llena de estrés, muy “similar a la pandemia”, en el sentido de que han tenido que cambiar sus rutinas personales, familiares y de trabajo.

Antes podía ir a practicar senderismo a zonas de monte y montaña, en las afueras de la ciudad, en las que hoy es imposible.

“Las salidas familiares también pues ahora son programadas, ¿no? La tenemos que revisar más a fondo con más detalle y sobre todo valorando los niveles de violencia en el momento”, lamenta.

Y del trabajo, pues los constantes anuncios de violencia de nuevo lo han obligado a mantenerse en virtualidad como primera opción de contacto.

“Simplemente para no arriesgarnos, de ser víctima de sobre todo de robo de vehículo”, dice.

Y aunque podría ser para muchos poca cosa, como considerar que no ha sido víctima directa de un hecho violento, Jesús cuenta que una vez, mientras llevaba a la escuela a su hijo de 12 años, circulaba por el Bulevar Emiliano Zapata y una bala perdida cayó sobre su auto.

“Curiosamente minutos antes se había suscitado un evento de alto impacto, un asesinato por la Avenida Federalismo, recuerdo que había un juego infantil de beisbol, por eso se me quedó muy grabado ese día”, recuerda.

“Pasamos por el puente rumbo a Soriana y nos tocó ver muchas familias preocupadas, patrullas, ambulancias y posterior a eso, por el (Bulevar) Zapata fue cuando nos cayó esa bala perdida”.

La bala, admite, la guardó como un recuerdo de lo peligroso que puede ser simplemente transitar por las calles de la ciudad Culiacán.

También ha sabido de tres robos violentos contra sus primos, dos en Culiacán y otro más en la carretera de Mazatlán a Culiacán.

Lamentó comentar que muchas personas que conoce, incluyendo familiares directos, han sido víctimas de hechos de violencia como asaltos, secuestros, robo de autos y hasta homicidios.

“Lo que sucede seguido es escuchar balaceras, ¿eh?, lejos y cerca, en la casa, en el trabajo, por todos lados, me ha tocado. Ya después uno se entera de lo que sucedió y va desde daños a fachadas (de casa) hasta asesinatos, ¿no? Entonces sí, sí está preocupante”, señala.

Recordó que la única experiencia que tiene con armas de fuego ha sido con un familiar que le gustaba practicar la cacería y el tiro al blanco.

“Sí he visto armas de fuego, tengo un primo que tiene una pistola hace unos años, me la mostró, también me mostró el permiso de portación, le pregunté para qué la tenía y me dijo que la utilizaba para practicar tiro legalmente y la tenía en su casa como protección personal”, dijo.

“También algunos amigos han comentado que tienen armas, igualmente como protección personal y con permiso”.

Sin embargo, en Sinaloa no todos siguen esta obligación.

Las personas que habían sido detenidas por portar armas sin licencia y procesadas durante la guerra interna del Cártel de Sinaloa, fueron 29, y por lo menos 26 de ellas lograron obtener sentencias entre 2 años y de 3 a 8 meses de prisión y multas entre 4 mil 500 pesos y hasta 9 mil pesos.

De los otros tres, las sentencias mostraron el dato testado, por lo que fue imposible compararlo e incluirlo.

La única ocasión en que las sentencias para personas que fueron detenidas con armas de fuego sin permiso, subió a más de tres años, fueron un par porque se combinaron con la posesión de algunos narcóticos.

Durante la guerra, según datos de Noroeste hasta el 23 de mayo de 2026, el recuento ya suma 3 mil 290 homicidios dolosos, con promedio de 5.3 diarios; 3 mil 856 personas privadas de la libertad, con promedio de 6.2 diarios, 3 mil 590 personas detenidas y 190 personas abatidas.

Los cambios de hábito; las experiencias de la guerra

La odontóloga recalca que estos han sido los peores años, pues han tenido que modificar sus rutinas y jornadas laborales.

“Del 9 de septiembre del 2024 a la fecha, con la violencia que se está generando en Culiacán, ha sido que en los negocios hemos tenido que cerrar temprano, ya que por miedo a que nos toque una bala, a que nos toque un asalto, la gente ya no acude a consulta”, señala.

“Por lo tanto, pues tenemos que cerrar”.

Por su parte, Enrique, un ingeniero en sistemas que trabaja para una empresa privada de presencia nacional, lamenta que su experiencia tras el estallido de la guerra haya sido “muy muy mala”.

“He tenido que cambiar mis hábitos diarios, como para dirigirme a mi trabajo, para regresar de mi trabajo, el llevar a los niños a la escuela. Es una experiencia mala, porque estamos con la incertidumbre, ¿no? De qué pueda pasar algo en cualquier momento. He sido víctima indirecta de hechos violentos”, explicó.

“Me ha tocado tener que regresarme de mi trabajo por algún punto en el trayecto que sucede algo y pues eso me cambia mucho la dinámica y también estar muy al pendiente de cerca de las escuelas de mi hijo o si pasa algún hecho violento”, explica.

Dijo conocer conocer también a personas que han sido víctimas, sus familiares, por ejemplo, y también amigos que han sido víctimas directas de un hecho violento, especialmente robos de coches principalmente.

“Hay mucho robo de coches con violencia. Al entrar a sus casas, este, o al llegar a sus casas o dirigirse al trabajo o cuando están haciendo vueltas personales y les han hecho robo violento, ¿no?”, comenta.

La parte más dura que le ha tocado presenciar es cuando le quitaron la vida a una persona muy cerca de su casa.

“Es algo que impacta, al final le quitan la vida a una persona y aunque no estuve cerca, sino de lejos pude verlo y sí fue algo que me marcó y que y que pues es algo que me impacta y me deja pensando, ¿no?”, señaló.

En las sentencias de los detenidos con armas de fuego que fueron procesados, hay algunos tan increíbles que duraron una semana, o incluso 48 horas para recibir su sentencia y además recibir el beneficio de sustituir la sanción de prisión por trabajo a favor de la comunidad o llevar el proceso en semilibertad.

“El 6 de junio de 2025, momentos antes de las 3:46 horas, al circular en un vehículo, en las inmediaciones del (...), portó un arma de fuego tipo revólver, calibre .357 Magnum”.

“Asimismo, poseyó 13 cartuchos calibre .40 S&W. Objetos bélicos dictaminados como del uso exclusivo de las fuerzas armadas del país”, dice la sentencia.

El día 8 de junio de 2025, apenas 48 horas de su detención y procesamiento, el involucrado solicitó la sentencia por procedimiento abreviado y obtuvo 3 años y 8 meses y una multa de apenas poco más de 4 mil 100 pesos.

Otros casos de apenas 48 horas fueron el registrado el 6 de enero de 2026.

“Momentos previos a su detención ocurrida a las 7 horas con 45 minutos en la Avenida (...) usted mantuvo dentro de su radio de acción y ámbito de disponibilidad inmediata, portó en su mano derecha un arma de fuego, tipo pistola, color negra, calibre 9 mm, marca Luger, modelo 09, con matrícula *******, está con su respectivo cargador abastecido con 30 cartuchos útiles al mismo calibre, esto sin la autorización correspondiente por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y sin ser miembro de alguna institución armada del país...”.

El 8 de enero de 2026, el imputado se sometió al procedimiento abreviado, por lo que fue sentenciado a cuatro años de prisión, y 80 días de multa, equivalentes a la cantidad de 9 mil 051.20 pesos.

Como la sentencia fue de cuatro años de prisión, el juez concedió al sentenciado los beneficios de sustitución de sanciones de trabajo a favor de la comunidad y semilibertad.

“El tema da tristeza, la verdad. La experiencia con armas de fuego, pues realmente es mucho, ver a los militares armados, al Gobierno armado en todas las esquinas aquí en Culiacán y que de todas maneras, suceden hechos violentos, no para, parece que incrementan. Entonces es algo muy raro”, señala Enrique.

Por la crisis, en desacuerdo por beneficios

A los testigos se les preguntó sobre los beneficios que otorgan los acusados por diferentes delitos para llevar su proceso en libertad o hacer trabajos para la comunidad.

“Estoy en desacuerdo de que se apliquen beneficios para liberar a las personas que están involucrados en este tipo de actos, ya que si ya son capaces de usar un arma o de andar en la calle o de andar metidos en este tipo de de actividades, fácilmente el que les den la libertad de procesarlos en sus casas, pues es como si le dieran un premio”, dijo Verónica.

“Porque no les están haciendo nada y pues ellos continúan con la mentalidad de que pueden seguir haciéndolo al cabo no pasa nada. Y como decimos, en México no pasa nada. Sí, no pasa nada porque no hacen lo que deben de hacer las autoridades”.

Según Humberto, sí le ha tocado ver gente armada.

“Y sí sé que son muchos los beneficios para liberar a las personas que los agarran con armas y otra, muy laxo el tema de que todos sabemos que ahorita hay muchísima gente armada en las calles”, lamentó.

“Y qué casualidad que todos los retenes que hay nunca detienen gente armada. Entonces, el tema viene por ese lado. De que estamos en una crisis de violencia. Hay muchos retenes que se supone que lo que están haciendo es 100 por ciento estar sobre la gente armada. Se sabe que hay muchas armas en la calle, que hay mucha gente armada y nunca detienen a nadie”.

Entonces, renegó, las autoridades actúan de manera “muy tenue” con esa lucha contra la violencia y el crimen organizado.

“Muy laxo el tema con la gente que haga lo poco que sí le tienen armados, pues les dan muchos beneficios para liberarlos”, recalcó.

Francisco se dijo en contra, pues ellos son “aficionados” a las armas, señaló.

“Directamente no conozco a alguien detenido y dejado en libertad por portación de armas. Pero pues me entero por las noticias, obviamente de que salen en libertad personas que, a pesar de llevar armas, drogas y cometer delitos, los dejan en libertad por alguna falla en el proceso, ¿no? U otra razón.”, recalcó.

Francisco fue más allá, y se declaró en contra de otorgar permisos o que puedan adquirir armas de fuego los civiles.

“Me parece mal. El portar arma es una responsabilidad muy grande y creo que se debe de contar además del permiso, pues obviamente experiencia y sobre todo criterio para su uso”, agregó.

“Darle un beneficio a las personas que están armadas durante la violencia, pues la realidad no sería positivo, ya que entre más armas hay, pues más riesgo de que puedas hacer un accidente en casa o que pueda haber un accidente en cualquier lugar, considero que no es la solución el tener armas o que se den beneficios a las personas por dejarlos tener un arma, ¿no? Creo que incrementa el problema”.