La Paz, Baja California Sur (BCS). La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó de forma condicionada un proyecto para lotificar un predio en Conquista Agraria, municipio de La Paz; permitirá habilitar 26 lotes y una vialidad interna.
“Da por atendida la solicitud de mérito y se autoriza de manera condicionada el proyecto denominado ‘Lotificación Conquista Agraria’, que consiste en el cambio de uso de suelo forestal para lotificación de un predio rústico”, detalló la autoridad en su resolución.
En la zona no existen servicios de ningún tipo, estos se localizan en el núcleo ejidal Conquista Agraria, siendo este poblado la localidad más cercana con acceso a servicios de energía eléctrica, agua potable y otros servicios.
Para la venta de los lotes rústicos, el promovente está obligado a informar a los compradores que para el desmonte y desarrollo de cada lote deberá obtener las autorizaciones correspondientes ante las instancias.
Dentro de las múltiples condicionantes, se indicó que las obras se ejecutarán conforme a lo autorizado en la resolución, limitándose exclusivamente a la lotificación del predio y la habilitación del camino interior.
“La remoción de vegetación deberá limitarse exclusivamente a las superficies necesarias para la habilitación del camino interior y demás obras autorizadas, procurando conservar el mayor porcentaje posible de vegetación nativa”, detalló la autoridad.
Finalmente, se destacó que, “para evitar la gentrificación o desplazamiento de la comunidad originaria, el promovente deberá garantizar el libre acceso a espacios comunes e incluir espacios públicos de libre acceso”.
El gobierno federal otra vez anunció una inversión millonaria para limpiar la cuenca tras el derrame tóxico ocurrido en 2014; los pobladores denuncian simulación
Por Rigo Gutiérrez E.
El 6 de agosto de 2014, el cauce de los ríos Sonora y Bacanuchi se tiñó de naranja tras el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en un represo aguas arriba, perteneciente a la Mina de Cananea. Hoy, 12 años después, lo que para el Gobierno de Sonora representa el inicio de una «etapa definitiva» de soluciones, para los habitantes organizados en los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) no es más que la continuación de un rosario de promesas incumplidas.
El pasado miércoles en pleno corazón de Ures, el gobernador Alfonso Durazo y la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, anunciaron el arranque de una nueva fase de remediación. Anunciaron la asignación de 654 millones de pesos para limpiar suelos y sedimentos en una primera etapa que concluiría a finales de este año.
Justifican que a diferencia de administraciones pasadas, hoy existe un programa con tiempos, recursos y responsables, todo bajo el denominado “Plan de Justicia para Cananea-Río Sonora”. Y es que los ribereños ya han escuchado promesas de remediación tanto de las administraciones de Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Con todos hubo esperanza, pero con nadie han visto solución.
En esta ocasión, de acuerdo a lo declarado por las autoridades, se han tomado muestras en las presas Abelardo L. Rodríguez y El Molinito, y se comprometieron a construir un hospital especializado y garantizar agua limpia. «No somos iguales», afirmó el gobernador Durazo ante una población que, tras 12 años, mantiene una duda legítima.
Comités acusan política de simulación
El informe «La simulación como política pública», presentado por los CCRS, brinda una radiografía de la situación de abandono en toda la zona. Los pobladores señalan que el Estado ha sustituido la reparación real por una «apariencia de cumplimiento».06 Informe Cuenca
El documento denuncia que los planes de justicia y los convenios con la empresa minera se mantienen en secrecía, sin sustento legal en el Diario Oficial de la Federación. Para los afectados, la justicia quedó estancada entre diagnósticos y reuniones, lejos de los hechos.
Diagnóstico alarmante
A lo largo del Río Sonora todavía está latente una crisis de salud pública. De acuerdo al informe, mediante estudios oficiales del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (CENAPRECE) han identificado que casi la totalidad de la población de la cuenca está en riesgo de exposición a metales como plomo, arsénico, cadmio y mercurio.
A pesar de que el propio Estado reconoce que se requieren más de 1,700 millones de pesos solo para atención médica, el reciente convenio con Grupo México apenas alcanza los 1,500 millones para todas las acciones (remediación, agua y salud).
El reporte destaca que entre 2021 y 2022 CENAPRECE muestreó a 1,500 personas, de las cuales, 705 casos fueron identificados con plomo en sangre y requieren tratamiento de por vida. Sin embargo, los resultados fueron clasificados como reservados, no se entregó diagnóstico a las personas afectadas y no se ha brindado atención médica especializada. Las 705 personas siguen sin tratamiento.
Los habitantes denuncian que las personas siguen muriendo sin diagnósticos toxicológicos claros y que no hay personal capacitado en la región para atender enfermedades complejas derivadas de la contaminación.
Agua: derecho ausente
El acceso a agua segura CCRS sigue siendo una ficción. Estudios recientes y la Recomendación 50/2024 de la CNDH confirman que los pozos siguen contaminados y rebasan los límites permisibles.
La promesa original de 36 plantas se redujo a 16 en los anuncios más recientes, sin que se expliquen los criterios técnicos para este recorte ni se garantice que las nuevas plantas realmente puedan filtrar metales pesados.
En el caso del Río Sonora la justicia se ha escurrido como agua a lo largo de 12 años actualmente las autoridades apuesta por una nueva inversión de 654 millones de pesos para intentar cerrar una herida de 12 años. Sin embargo, para los Comités de Cuenca, la reparación no se mide en promesas, sino en la eliminación efectiva de la contaminación en sus ríos y el plomo en su sangre.
Cuatro promesas incumplidas:
-Unidad de Vigilancia (UVEAS) y hospital especializado. Este año otra vez iniciaron con la construcción de otro hospital sobre las ruinas del inconcluso.
-Instalación de 36 plantas potabilizadoras fijas. Solo instalaron una planta móvil en San Rafael de Ures.
-Limpieza total de la cuenca financiada por el Fideicomiso. Hay presencia de mercurio y arsénico en tomas domiciliarias.
-Reparación integral y sanciones a Grupo México. El monto de los llamados convenios «solidarios» solo cubren el 7.5% del daño estimado.
A casi dos meses de que Estados Unidos solicitara la detención urgente con fines de extradición de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, el gobierno estadounidense continúa sin entregar a México la información solicitada para sustentar el caso, confirmó este martes la presidenta Claudia Sheinbaum.
Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre el avance del expediente y respondió de manera tajante:
“No han enviado la información de detención urgente para extradición. No han enviado ninguna información”.
Sheinbaum recordó que la petición del gobierno de Estados Unidos corresponde a una detención urgente con fines de extradición y no a un juicio formal de extradición, por lo que, hasta ahora, no existe un plazo legal que obligue a México a ejecutar una captura.
En junio pasado, la presidenta ya había advertido que, si Washington no aportaba pruebas suficientes, la solicitud podría ser rechazada.
Sobre la permanencia de Rocha Moya fuera del cargo, Sheinbaum aclaró que se trata de una decisión personal del gobernador con licencia y no de una instrucción del Gobierno federal.
Cabe recordar que el gobernador con licencia Rocha solicitó licencia argumentando que «buscaba no poner en duda la gobernabilidad de Sinaloa mientras continuaban las investigaciones».
El caso permanece abierto mientras México espera la documentación de Estados Unidos que permita sustentar la solicitud de detención.
La Paz, Baja California Sur (BCS). Frente a las instalaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se realizó una conferencia de prensa por parte de una coalición de organizaciones y colectivos ciudadanos de La Paz; presentaron un oficio con firmas en defensa de la playa El Saltito.
“El promovente se desistió de 2 permisos que amenazaba la playa de El Saltito […] dejar claro que esto no ha terminado, fue un desistimiento, no una cancelación ni una negativa. El proyecto puede volver, por eso hoy hacemos un balance, entregamos a la autoridad las firmas de la ciudadanía”, mencionó.
Dentro de las actividades realizadas por la ciudadanía, se encuentra una caminata de observación naturalista, donde se logró registrar más de 40 especies de flora y fauna en el área de El Saltito.
“Divididos en grupos temáticos, las y los participantes registraron 41 especies de flora y fauna; y en apenas 3 horas de recorrido, y antes de la temporada de lluvias, cuando buena parte de la flora del desierto permanente latente y sin florecer”, indicó.
El objetivo fue reconocer el valor biocultural del lugar, su paisaje, su biodiversidad, y los usos comunitarios de la playa, comprender las amenazas que enfrentan y mostrar cómo participar en su defensa, añadieron.
“El dato es revelador, incluso en la temporada de menor visibilidad biológica, la observación directa de la comunidad documentó en territorio vivo, en contraste con los estudios del promovente que minimizan su riqueza; su registro se integra a un acervo público que hoy documenta 86 especies en la zona”, puntualizó.
Finalmente, se destacó que se entregó un documento con el registro de especies, así como cerca de 20,000 firmas ciudadanas que respaldan la defensa del sitio. Asimismo, se mencionó que están a favor de que se cumpla la ley, se priorice el agua y la decisión de la comunidad.
La Paz, Baja California Sur (BCS). Durante la Jornada Nacional de Reforestación “Sembrando Vida”, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la alcaldesa en funciones de La Paz, Amor Fenech Montaño, destacó que se ha mantenido un trabajo permanente en materia de cuidado ambiental.
La edil señaló que en los últimos años se han plantado más de 10,000 árboles en distintos puntos del municipio, labor que ha contribuido a que La Paz obtuviera en 2 ocasiones el reconocimiento como “Ciudad Árbol”, distinción que reconoce el compromiso con el manejo responsable de los recursos forestales y desarrollo de espacios verdes.
El evento se realizó en el Ejido El Rosario, a cargo de las autoridades estatales, donde Fenech Montaño subrayó que los árboles plantados por el Ayuntamiento son regados con agua tratada mediante la Pipa o Línea Púrpura.
“Son regados con agua tratada mediante la Pipa o Línea Púrpura, lo que permite aprovechar este recurso y reducir el uso de agua potable en el mantenimiento de las áreas verdes”, argumentó.
Por último, la Edil de La Paz refrendó el compromiso del Gobierno Municipal para impulsar acciones que contribuyan a la conservación de los ecosistemas, la recuperación de áreas verdes y el uso responsable de los recursos naturales.
La Paz, Baja California Sur (BCS). Tras darse a conocer una autorización que realizó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en la zona de Cerritos, autoridades del municipio de La Paz detallaron que se va a revisar la resolución, por lo que se solicitó una mesa de diálogo.
“Tuvimos una reunión con empresarios y vecinos de ahí de Cerritos, la semana pasada, con respecto a esta resolución de Semarnat, y ahí mismo acordamos que la resolución se va a revisar por parte del Jurídico de acá del Ayuntamiento, y solicitamos una mesa de diálogo con Semarnat”, declaró el Secretario General, Jehú Vázquez Savín.
El funcionario argumentó que se buscará que, lo que se haga o no, se buscará que esté “en la misma frecuencia y sea lo correcto”.
Desde que se dio a conocer parte de la resolución de Semarnat, la cual establece diversas condicionantes para la realización de obras en la playa de Cerritos, municipio de La Paz, la ciudadanía y organismos civiles han manifestado su rechazo.
“Qué terrible noticia”, “necesitamos urgentemente el apoyo de las autoridades”, “ayúdenos a parar esta destrucción de tan hermosa playa, no queremos que sea como Cabo”, fueron algunos de los comentarios que se expresaron.
Por su parte, la titular de Gestión Integral de la Ciudad, Kenia Cervantes, manifestó que no existe una solicitud de licencia de construcción, por lo que indicó que se deberá revisar el tema con el área de Comercio.
“Es una zona federal, en tanto están en una zona federal, pues no es posible la construcción. El Ayuntamiento, en cuestión de Gestión Integral, nuevamente, no tenemos ninguna solicitud para una licencia de construcción; habría que revisar, me imagino, en temas de comercio”, concluyó.
Tan convencido está el gobierno federal de que debe ser el “censor de la verdad”, que ya ha expresado que, después de emitir los Lineamientos para radio y televisión, podrían hacer algo similar para los medios digitales y alternativos
Por Mónica Calles Miramontes
México vive un complejo contexto de erosión democrática. Tras la elección de 2024, con una ilegítima mayoría calificada en el Congreso, el poder político ha ido desmantelando uno a uno los contrapesos del Estado. Importantes órganos autónomos fueron eliminados, el árbitro electoral fue colonizado y la reforma judicial nos dejó sin un Poder Judicial independiente.
Ante la pérdida de tribunales capaces de actuar como un escudo para proteger a la sociedad de los abusos del poder, la libertad de expresión queda como la posibilidad real de retornar al camino de reconstrucción de la República.
No se trata solo de un derecho individual; es la última trinchera que le queda a la sociedad para señalar la injusticia cuando las vías institucionales dejan de funcionar, es la forma de denunciar la corrupción, es la voz que evidencia los datos y confronta la mentira oficial.
Por eso, dentro de este patrón de captura institucional, el paso siguiente es el control de los medios de comunicación, restringiendo nuestro derecho a expresarnos e informarnos libremente.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que depende del gobierno federal, ha anunciado la próxima emisión de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. Estos lineamientos fueron presentados por el Ejecutivo como un “noble esfuerzo” por proteger al espectador de la información que recibe de los distintos medios de comunicación. La realidad es que estamos frente a la fiscalización de la información y un grave intento de censura.
Es importante destacar que, los derechos de las audiencias que se pretenden regular hoy no son un tema nuevo en México. Al menos en la última década, en varios momentos se han suscitado controversias por su regulación. Muchos de los temas que hoy se presentan como una novedad —tanto por voces a favor como en contra— son aspectos que ya habían sido analizados por la Suprema Corte (Amparo en Revisión 499/2020), el Poder Legislativo, o incluso regulados por el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en 2025.
Sin embargo, todas estas controversias y análisis surgieron en un contexto muy distinto, porque existía el IFT —un órgano autónomo, técnico y especializado— que era el encargado de reglamentar (y vigilar respetando la autorregulación editorial) el cumplimiento del derecho de las audiencias. Todo ello, dentro de un sistema que aún contaba con un Poder Judicial independiente, que podría proteger a la sociedad y a los medios de comunicación de un posible abuso.
Hoy, en cambio, la regulación se pretende ejercer desde el propio gobierno federal (la CRT). Hay una paradoja reveladora en esto: mientras la propaganda oficial nos presenta los Lineamientos como la protección de las audiencias para recibir información veraz, se le miente a la audiencia para promoverlos; porque detrás del discurso paternalista y protector, se pretenden ocultar los verdaderos riesgos, sin agotarlos, nos centraremos en los siguientes:
•El gobierno como el “Tribunal de la Verdad”. El gobierno federal ha señalado que habrá una “auto vigilancia” de los medios de comunicación porque son los defensores de las audiencias nombrados por ellos mismos quienes decidirán cuándo se incumplen los Lineamientos, por lo que “nada hay que temer”.
Sin embargo, no existe ni “auto vigilancia” ni “autorregulación” y todo se vuelve un espejismo, porque se omite decir que la CRT —que depende del Ejecutivo— es quien puede revisar las decisiones de las Defensorías de las Audiencias y en 72 horas decidir qué es falso, inexacto o violenta alguna disposición de los Lineamientos.
•Amenaza económica: El artículo 54 establece multas desproporcionadas de hasta el 1% de los ingresos acumulables de las empresas concesionarias. Esto genera un efecto inhibidor. No necesitan retirar una concesión, porque la amenaza financiera bastará para lograr la autocensura. ¿Ante quién impugnarán estas multas? ¿Ante los tribunales que hoy no responden a la Constitución sino al poder político?
La amenaza no termina ahí, pues tan convencido está el gobierno federal de que debe ser el “censor de la verdad”, que ya ha expresado que, después de emitir los Lineamientos para radio y televisión, podrían hacer algo similar para los medios digitales y alternativos.
La defensa de la democracia hoy está en la libertad de expresión. Quienes hemos dado la batalla en las aulas, en los foros y en las calles por la independencia del Poder Judicial debemos entender que esta no es una discusión ajena sobre empresas de televisión. Si permitimos que el gobierno federal se vuelva el censor de la verdad y decida qué se informa, habremos perdido el último dique de resistencia.
Sin tribunales independientes, la prensa y la opinión pública son nuestras únicas vías para denunciar la injusticia, la arbitrariedad y la mentira; si nos arrebatan eso, no solo habrán capturado las instituciones, habrán logrado el silencio de la sociedad.
* Abogada electoral y constitucional | Columnista | Análisis político
La problemática actual que enfrenta la Iglesia es estructuralmente más peligrosa que el levantamiento armado de 1926. En aquel entonces, el enemigo venía de fuera; hoy, la amenaza es una ingeniería de sustitución
Por Armando Vásquez Alegría
Aquel 31 de julio de 1926 inició la Guerra Cristera (finalizada en 1929 mediante acuerdos cupulares), cuando el clero mexicano, ante la promulgación de la «Ley Calles», decidió suspender el culto público antes que someter la fe a las exigencias de un Estado que buscaba subordinar la conciencia popular.
Un siglo después, ante un proceso de asfixia silenciosa y de corrosión interna que avanza hoy aceleradamente, la pregunta histórica resulta inevitable e incómoda: ¿Acaso no sirvieron de nada esas 250 mil muertes?
Sería un error analítico asumir que el cerco a la Iglesia católica es una invención reciente. Sin embargo, las acciones del 2018 para acá no son un hecho aislado, sino la culminación de un largo proceso histórico de neutralización eclesial.
Gobiernos anteriores de distintas siglas atacaron y despojaron a la Iglesia de forma agresiva: desde las Leyes de Reforma y la Constitución de 1917 —que despojaron a la institución de la propiedad de sus templos para pasarlos a manos del Gobierno Federal—, hasta la persecución silenciosa del régimen postrevolucionario donde centros de catecismo y bienes parroquiales, al no poder estar a nombre de la Iglesia, tuvieron que registrarse a nombre de terceros que terminaron por adueñarse de esas propiedades que es lo más actual.
A esta mutilación patrimonial se sumaron el acorralamiento mediático —con la prohibición legal para transmitir servicios religiosos en medios públicos de televisión y radio— y el control administrativo del Estado. Incluso hay un problema en los municipios pues la federación no quiere pagar los prediales de los templos que están a su nombre.
Y cómo olvidar que, tras las reformas de los noventa, se estableció el padrón obligatorio ante la Secretaría de Gobernación (SEGOB), exigiendo el registro formal de cada asociación religiosa y ministro de culto: un mecanismo institucional diseñado para mantener una fiscalización y un control estatal hermético sobre la estructura eclesial.
La historia de la relación Estado-Iglesia en México ha sido la historia de un despojo sistemático de su patrimonio material, legal, comunicativo y de supervisión operativa.
Los números de aquel 1926, con cerca de 4,500 sacerdotes y los 15 millones de habitantes, nada tienen que ver con los aproximadamente 15 mil sacerdotes diocesanos y religiosos que hoy atienden a más de cien millones de bautizados. Un presbítero por cada seis mil personas: vaya que suena a misión imposible.
Hoy, como antes, las obras de la Iglesia Católica han sido fundamentales para frenar el problema de la pobreza que el propio Estado debería atender. Se calcula que sus acciones de impacto positivo alcanzan anualmente a entre 7 y 9 millones de mexicanos.
Por un lado, las obras socio-caritativas benefician a entre 5 y 7 millones de personas en situación de vulnerabilidad extrema a través de una sólida arquitectura asistencial:
Son más de 2.5 millones de personas que reciben alimento diario en cientos de comedores parroquiales y a través de la red Cáritas; 1.5 millones de personas sin seguridad social tienen acceso a salud con medicamentos de bajo costo en los mil 200 dispensarios y clínicas de órdenes religiosas.
La Pastoral de la Movilidad Humana sostiene más del 70% de las casas del migrante en el país, atendiendo a cerca de 1 millón de personas en tránsito. A esto se suman cerca de mil 200 asilos de ancianos y centros de rehabilitación de adicciones sostenidos por la fe de los creyentes.
Sume a esto el apoyo que se le brinda a 1.8 millones de estudiantes de todos los niveles, incluyendo universidades, en una red que supera las cuatro mil instituciones educativas.
Pero el movimiento de la 4T busca sustituir este apostolado implementando su propia religiosidad de Estado. Por ello adopta el lenguaje de la justicia, la opción por los pobres y el amparo a los vulnerables. ¿Cómo no celebrar que se hable de los desposeídos si ese ha sido el mandato del Evangelio durante dos milenios?
Sin embargo, la historia de la sociología política nos obliga a pedirle al clero de a pie un minuto de pausa. La problemática actual que enfrenta la Iglesia es estructuralmente más peligrosa que el levantamiento armado de 1926. En aquel entonces, el enemigo venía de fuera y la fe se fortalecía en el martirio; hoy, la amenaza es una ingeniería de sustitución que opera en tres pasos sutiles, situándose México en estos momentos en pleno reforzamiento de la segunda etapa:
1. El arrebato de la bandera moral y el monopolio del bienestar: La 4T busca apoderarse de la bandera de la caridad para invisibilizar la red asistencial eclesial. Esta estrategia se complementa con la invasión ideológica de los nuevos modelos educativos oficiales, los cuales inculcan desde la infancia una moral laica donde el gobierno es el único redentor social. Al moldear las mentes juveniles desde las aulas públicas, se erosiona la raíz del pensamiento trascendente, secando los seminarios y asfixiando las vocaciones antes de que nazcan.
2. La trampa de la división y la grieta ideológica en pleno reforzamiento («el clero cooptado»): Esta es la fase crítica donde hoy está parado nuestro país. Una de las tácticas más astutas del régimen es halagar desmedidamente al párroco humilde mientras se fustiga a la jerarquía, una fisura que actualmente se profundiza de forma sistemática.
Diversos análisis de la realidad sociorreligiosa en México —respaldados por observatorios del Centro Católico Multimedial (CCM) y otros estudios geopolíticos— advierten sobre un fenómeno inédito: un porcentaje creciente de sacerdotes de base (estimado en diversos sectores entre un 15% y 25%, saque cuentas si son quince mil) son chairos o han sido atrapados en la narrativa del discurso oficialista.
El reforzamiento de esta etapa busca consolidar una masa crítica de presbíteros cooptados por el estatismo para fragmentar la unidad eclesial, dejando al párroco crítico aislado entre las presiones de la burocracia, la seducción ideológica y la amenaza impune del crimen organizado en su territorio.
3. El destino de la irrelevancia y la sustitución: Esta es la tercera y más peligrosa fase que aguarda si no se frena la aceleración de la etapa actual. Si en 1926 las balas generaron mártires que encendieron la fe, el modelo actual busca la muerte por asfixia y mimetismo.
Los espejos rotos de Nicaragua o Cuba muestran la estación final de este trayecto: cuando el Estado consolidó su propia «fe laica», prescindió de las sotanas. Quienes denunciaron el autoritarismo terminaron en el destierro o el silencio; quienes callaron o aplaudieron, vieron cómo sus templos se vaciaban y sus seminarios morían por desuso.
Las matemáticas vocacionales actuales nos indican que en 1926 se ordenaba un sacerdote por cada 75 mil habitantes; hoy apenas se logra una ordenación por cada 300 mil. La corrosión educativa, la fractura ideológica interna y el intento estatal por adueñarse de la acción social están dejando a las diócesis sin cantera y sin brújula.
Ante este peligro latente, la respuesta institucional no puede ser la resignación ni el repliegue argumentando la otra mejilla si buscan su muerte. Para recuperar su peso moral, la Iglesia Católica debe actuar en cuatro frentes urgentes:
Primero, sanar la brecha entre la cúpula y el clero de base, escuchando los dolores reales del párroco de a pie —que son la mayoría— y dotándolo de una formación teológico-política firme en Doctrina Social para no ser cooptado.
Segundo, mantener una voz profética por la paz y los derechos humanos que trascienda la polarización partidista, sirviendo como refugio de verdad y no como facción política.
Tercero, la jerarquía necesita modernizar su comunicación para traducir el mensaje evangélico a los lenguajes ágiles y digitales de las nuevas generaciones.
Y cuarto, debe empoderar a un laicado ciudadano autónomo que asuma las batallas culturales y democráticas en la esfera pública, evitando que la sotana sea vulnerada. Solo así la institución protegerá su independencia frente al mimetismo estatal.
Aún se puede. Otros países ya vivieron lo que ocurre hoy con la Iglesia católica de México ante la embestida estatista. La Iglesia en Polonia fue el único espacio de libertad real y de ahí nació el movimiento sindical Solidarność con Lech Wałęsa; la Unión Soviética no pudo doblegar al catolicismo clandestino en Lituania, y algo similar ocurrió con el modelo eslovaco por más intentos que hizo el régimen comunista por crear redes de «sacerdotes patriotas».
No es fácil, pero es necesario. Los párrocos mexicanos deben entender que su valor social no proviene de ser ejecutores o aplaudidores de las políticas de un gobierno en turno, sino de ser la conciencia crítica e independiente de la sociedad, el refugio de la verdad frente al poder y el pastor que une a la comunidad en lugar de dividirla. ¿O no son parte de las enseñanzas de Cristo?
Cuando el sacerdote renuncia a su voz profética para alinearse ideológicamente con el poder de la 4T, no está evangelizando la política; está permitiendo que la política desarme el Evangelio. Si no toman conciencia de esta sutil sustitución —ojo, hablamos de la segunda fase—, los sacrificios de hace un siglo habrán sido en vano y el mañana no traerá la justicia anhelada, sino un país donde el Estado sea la única religión permitida y la función del sacerdote corre el riesgo de quedar reducida a un mero recuerdo folclórico como ha ocurrido en otros países ya conocidos.
Es momento para que los sacerdotes realicen una reflexión más profunda.
Sonora registra un incremento de 59% en intoxicaciones por picadura de alacrán; una revisión al inventario estatal revela que decenas de unidades médicas cuentan con una sola dosis de antídoto
Por Rigo Gutiérrez E.
Pasaban las tres de la tarde cuando la señora Julia realizaba labores del hogar en su vivienda de la comunidad rural de Mesa del Seri, a unos 20 kilómetros de Hermosillo. Al introducir la mano en un bolso con ropa sintió un piquete que le recorrió el brazo como rayo. En el momento no sabía qué había sido. Tras revisar alrededor descubrió al causante: un alacrán. El dolor punzante no cedía, así que decidió acudir a buscar ayuda en el centro de salud de la comunidad, pero estaba cerrado.
Aun con malestar y mareos tuvo que trasladarse a Hermosillo para buscar atención médica. Un doloroso recorrido de casi una hora hasta llegar al Centro de Salud de la Colonia Olivares (antes Materno).
Para su sorpresa, le dijeron que ahí no atendían esas urgencias y no contaban con antídoto. Debía ir al Hospital de Especialidades por el boulevard Colosio.
Terminó por consultar a un médico de farmacia. Después del susto, de tanto buscar, y unas pastillas para el dolor, el malestar comenzaba a ceder.
Los casos de intoxicación por picadura de alacrán aumentaron 59% en Sonora respecto al año pasado. Sin embargo, tras una revisión al inventario de los centros de salud, decenas de unidades médicas apenas disponen de una dosis de antídoto.
Pica con fuerza
En Sonora en lo que va de este año se han registrado 3,180 casos de intoxicación por picadura de alacrán. De acuerdo con al más reciente Boletín del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en la semana del 19 al 25 de julio, ocurrieron 184 casos.
Los meses de junio y julio se incrementaron los casos llegando a tener un promedio de 200 casos por semana.
Para la misma semana de 2025 se habían registrado 1,998 casos. Es decir, el incremento de 2025 a 2026 fue de 1,182 casos, lo que representa un 59.16 % de aumento.
Escasea antídoto de alacrán
“Primera Plana” obtuvo vía Transparencia el inventario de antídotos en todos los centros de salud del estado de Sonora. Los datos muestran que en comunidades serranas y alejadas, cuentan con una sola dosis de antídoto disponible.
Este semanario solicitó el informe al IMSS-Bienestar (institución que desde 2022 tiene a su cargo los centros y hospitales de Sonora).
La Coordinación Estatal de los Servicios de Salud IMSS Bienestar Sonora giró un reporte fechado el 09 de julio del 2026, con detalle de cuántas piezas tenían en ese momento cada una de las unidades u Hospitales en la entidad.
El documento fue firmado por César Arturo Cuen Paredes, enlace de Transparencia, con copia para la Dra. Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes, titular de la Coordinación de los Servicios de Salud Estatal IMSS Bienestar.
El informe se establece que, en total había 2,096 piezas de antídotos distribuidas en 201 establecimientos de salud (que incluyen Centros de Salud Rurales, Urbanos, Hospitales Generales, Comunitarios y Unidades Médicas Móviles).
¿Se agota el antídoto?
Un total de 29 centros de salud cuentan con una sola pieza de antídoto antialacrán en su inventario.
La mayoría de estas unidades se concentran en el sur del estado, y se distribuyen por municipio de la siguiente manera:
Álamos (10 centros): Cerro Colorado, El Chinal, El Maquipo, El Tabelo, Gerocoa, Los Muertos, Mexiquillo, Mocuzarit, Tapizuelas y Techobampo.
Navojoa (9 centros/unidades): Caravana Tipo III Navojoa, Centro de Salud Rural Bacabachi, Nachuquis, Tesia, Tetapeche, Centro de Salud Urbano Navojoa, y las Unidades Médicas Móviles (UMM) Álamos, Cuchujaqui y la Caravana de la Salud Etchojoa.
Etchojoa (8 centros): Bacame Nuevo, Bacobampo, Basconcobe, Buaysiacobe, El Rodeo, Centro de Salud Rural Etchojoa, Jitonhueca y La Bocana.
Huatabampo (1 centro): Centro de Salud Rural Melchor Ocampo.
Onavas (1 centro): Centro de Salud Rural Onavas.
Por otra parte, centros con solo dos piezas: Se identifican 46 establecimientos, distribuidos en municipios como Huatabampo (8 centros), Cajeme (7 centros), Navojoa (6 centros), Guaymas (5 centros), Empalme y Soyopa, entre otros.
Quedan a deber antídotos
“Primera Plana” consultó la Plataforma de Monitoreo de Medicamentos establecida por el Gobierno Federal y se detectó que en Sonora faltan por entregar 646 piezas del Faboterápico polivalente antialacrán, el medicamento que se suministra en caso de picaduras.
Tras revisar el historial de solicitudes de medicamentos, desde abril de 2025 a la fecha, se solicitaron 8,758 piezas en total, de las cuales fueron abastecidas 8,112, según los registros de la Plataforma y todavía faltan por entregar. Cabe mencionar que este año las autoridades locales han solicitado 1,941 dosis. 04 Reporte Antídoto Alacrán
Sin NOM de picadura de alacrán
Hace dos años el Gobierno Federal determinó cancelar la Norma Oficial (NOM-033-SSA2-2011), la cual regulaba la vigilancia, prevención y control de la intoxicación por picadura de alacrán.
Entre otros aspectos, con la cancelación ya no se exige legalmente a las unidades de salud de zonas vulnerables mantener un inventario básico de antídotos. Al no existir la norma, las clínicas ya no son sancionadas si sus refrigeradores están vacíos. El abasto ahora depende de la eficiencia y voluntad presupuestal de cada gobierno estatal.
Distribución en Hermosillo:
El inventario total de antídoto anti-alacrán en el municipio de Hermosillo asciende a 180 piezas, las cuales se encuentran distribuidas en 13 unidades médicas
Hospital Infantil del Estado de Sonora: 53 piezas.
Hospital General del Estado de Sonora: 45 piezas.
Centro de Salud Poblado Miguel Alemán II: 23 piezas.
Centro de Salud Rural Plan de Ayala: 11 piezas.
Centro de Salud Rural Bahía de Kino: 10 piezas.
Centro de Salud Rural Miguel Alemán: 8 piezas.
Centro de Salud Rural San Pedro El Saucito: 6 piezas.
Centro de Salud Rural Mesa del Seri: 6 piezas
Centro de Salud Rural Punta Chueca: 4 piezas.
Centro de Salud Rural La Victoria: 4 piezas.
Centro de Salud El Tazajal: 4 piezas.
Centro de Salud Rural El Choyudo: 4 piezas.
Centro de Salud Urbano La Floresta: 2 piezas
Además, la Región Operativa Hermosillo, registra un total de 219 piezas.
“Nunca lo dije en campaña como tal”, respondió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al ser cuestionada sobre una supuesta promesa de no utilizar la técnica del fracking para la extracción de gas natural, durante la conferencia matutina de este jueves.
“Lo que hemos planteado siempre es que lo que buscamos nosotros es la soberanía energética garantizando los mínimos impactos ambientales”.
La declaración ocurrió a pregunta expresa de un reportero sobre si las conclusiones del comité de especialistas sobre fracturación hidráulica representaban el cumplimiento de ese compromiso. En redes sociales circuló posteriormente un video en el que, durante un acto de campaña, Sheinbaum aparece señalando que no se permitiría la explotación de hidrocarburos mediante fracking.
El comité convocado por el gobierno federal recomendó evaluar proyectos piloto en zonas específicas de Coahuila y Tamaulipas, mientras descartó la cuenca Tampico-Misantla por sus condiciones poblacionales y ambientales.
Sheinbaum ha señalado que existen nuevas técnicas de fracturamiento hidráulico con menor impacto, en medio de la búsqueda del país por reducir la dependencia del gas importado.
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, cuestionó la propuesta del Gobierno Federal sobre los nuevos lineamientos para proteger los derechos de las audiencias y advirtió que podrían convertirse en un mecanismo para que la autoridad decida qué información puede difundirse.
A través de sus redes sociales, la mandataria afirmó que la iniciativa representa un riesgo para la libertad de expresión al considerar que permitiría al gobierno definir «qué es verdad y qué es mentira» y quién puede transmitir determinados contenidos.
«No se defiende la democracia pretendiendo decirle a la gente qué es verdad y qué es mentira. La democracia se defiende garantizando que muchas voces puedan expresarse, aunque incomoden», publicó.
La postura de Campos surge en medio de la polémica generada por los lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), actualmente en consulta pública, que buscan fortalecer los derechos de las audiencias en radio y televisión.
Mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado que los nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias representen un intento de censura y sostiene que el Gobierno no decidirá qué información es verdadera o falsa.
La mandataria sostiene que la propuesta busca garantizar información veraz y fortalecer los códigos de ética de los concesionarios; mientras que partidos de oposición, organismos empresariales y diversos comunicadores han advertido que algunos apartados podrían abrir la puerta a la censura.
Con el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) ya fuera del mapa institucional, el Gobierno federal dio este martes un paso más hacia su nuevo esquema de acceso a la información.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó un decreto para fortalecer la transparencia en las dependencias públicas, pero el anuncio llegó acompañado de otro tema que volvió a encender el debate: las nuevas reglas para los medios de comunicación y los derechos de las audiencias.
Durante la conferencia matutina, Sheinbaum aseguró que el objetivo del decreto es ampliar la información disponible para la ciudadanía y evitar que quede a criterio de los funcionarios decidir qué documentos pueden reservarse. Entre los cambios, los contratos de Pemex y CFE deberán publicarse cada mes, en lugar de hacerlo trimestralmente, además de reducirse los supuestos para clasificar información como reservada. En los casos relacionados con seguridad nacional o litigios, deberán difundirse versiones públicas cuando la ley lo permita.
La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, explicó que la medida busca fortalecer el principio de máxima publicidad, mientras que la consejera jurídica María Luisa Alcalde aclaró que los lineamientos sobre derechos de las audiencias no contemplan sanciones por contenidos periodísticos.
Sin embargo, cada medio de comunicación deberá contar con un código de ética, designar un defensor de las audiencias y establecer mecanismos para recibir quejas ciudadanas. De no cumplir con estas obligaciones, será la autoridad la que intervenga para exigir su aplicación.
Ante las críticas surgidas en distintos sectores sobre una posible limitación a la libertad de expresión, la presidenta respondió de manera directa: «No estamos limitando nada», al sostener que las nuevas disposiciones buscan regular procedimientos y no el contenido de las publicaciones.
El decreto será publicado en el Diario Oficial de la Federación, mientras que la iniciativa de reforma a la Ley General de Transparencia será enviada al Congreso al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones.
Más allá del discurso oficial, el nuevo modelo abre una discusión que apenas comienza: cómo garantizar el acceso a la información pública y, al mismo tiempo, preservar la autonomía y la libertad de los medios de comunicación.
La Paz, Baja California Sur (BCS). La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) probó de manera condicionada la Manifestación de Impacto Ambiental para un proyecto que busca construir restaurantes y otras obras en el ecosistema costero de Cerritos, en el municipio de La Paz.
“Se autoriza de manera condicionada la MIA-P para el proyecto denominado ‘Cerritos La L’ para llevar a cabo la regularización de diferentes obras en ecosistema costero”, detalló la autoridad federal en el resolutivo del proyecto impulsado por representantes del Ejido El Pescadero.
Autoridades locales lo señalaron como “no viable”
Semarnat explicó que, durante el proceso de análisis, se recibió un oficio por parte del Ayuntamiento de La Paz, a través de la Dirección General de Gestión Integral de la Ciudad, en el que se especificó que el proyecto “no es viable”.
“No es viable […] porque no cumple con todos los requisitos legales previstos en la normatividad aplicable. Por tal motivo, se considera necesario que, para efecto de la autoridad correspondiente emita alguna autorización, deberá observar lo mencionado.
“Se reitera que el proyecto no es congruente con los instrumentos de planeación urbana y legislación vigente, y debe ser condicionado al cumplimiento estricto de las disposiciones señaladas”, puntualizó el gobierno paceño.
Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la entidad emitió una opinión en la que se considera el proyecto como “No factible, ya que representa una obstrucción al flujo del cauce federal del Arroyo la Zacatosa, fundado en el principio de salvaguardar la vida de las personas y la seguridad de sus bienes”.
El proyecto fue aprobado por Semarnat, por 10 años
El proyecto se trata de la Regularización de diferentes obras en ecosistema costero como guardería, área de tablas de surf, club de playa, área de tablas de surf, surfshack, área ejido, área de tablas de surf, área de baños, tratamiento y cisternas, además de 5 restaurantes.
“La presente autorización del proyecto se otorga por una vigencia de 10 (diez) años para etapas de operación y mantenimiento. El plazo empieza a correr a partir del presente resolutivo”, añadió Semarnat en su resolutivo.
Finalmente, el documento de la autoridad federal señala al menos 35 condicionantes para el promovente del proyecto, entre las cuales se destaca que se deberá garantizar el abasto del líquido sin que se vea afectado el abastecimiento de agua de los colonos y la población aledaña del proyecto; además, no podrá ni deberá impedir el libre acceso a la Zona Federal Marítimo Terrestre, por mencionar algunos.
Son 7 mil mdp para impulsa obras estratégicas en infraestructura, salud, vivienda, agua potable, deporte y desarrollo urbano
Con una inversión conjunta de 7 mil millones de pesos, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador Alfonso Durazo Montaño impulsa una transformación histórica en Navojoa mediante obras de infraestructura, vivienda, salud, agua potable, deporte y equipamiento urbano que atienden rezagos de décadas y generan mejores condiciones de bienestar para más de 164 mil habitantes del municipio.
El mandatario estatal destacó que esta inversión histórica es resultado del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y del respaldo decidido de la presidenta de México para atender los rezagos de los municipios sonorenses.
«A ella le debemos la mayor parte de esa inversión. Obviamente hay un esfuerzo del Gobierno del Estado, pero el respaldo más relevante es del Gobierno Federal, de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum», subrayó el jefe del Ejecutivo estatal.
Con la presencia de Jorge Alberto Elías Retes, alcalde de Navojoa, se destacaron acciones en materia de salud y bienestar social, como la construcción del nuevo Hospital General de Zona del IMSS, con una inversión de 2 mil 322 millones de pesos, mientras que el Programa Vivienda para el Bienestar contempla la edificación de 7 mil 700 viviendas en Navojoa, de las cuales alrededor de 4 mil serán entregadas durante la presente administración estatal.
También destaca la modernización del estadio Manuel «Ciclón» Echeverría, que registra una inversión histórica de 200 millones de pesos, mismo que quedará listo previo al inicio de temporada este próximo octubre.
Como parte de esta visión municipalista, el Gobierno de Sonora ha fortalecido la capacidad operativa del Ayuntamiento con una inversión superior a 74 millones de pesos en maquinaria y equipo, como camiones recolectores de basura, camiones de volteo, motoniveladoras, tractores con implementos, rodillos compactadores, excavadoras y retroexcavadoras.
A estas acciones se suma la entrega de una planta de asfalto con valor de 16 millones de pesos, que permitirá al municipio realizar de manera permanente trabajos de bacheo y conservación de vialidades.
En materia de justicia hídrica, la administración estatal ha destinado más de 60 millones de pesos para la perforación y equipamiento de pozos, construcción de líneas de conducción y obras de electrificación en comunidades como Masiaca, Bacabachi, Rosales y Fundición, donde había localidades con hasta 30 años sin acceso regular al servicio.
Asimismo, se invirtieron más de 103 millones de pesos en el rescate de la red de drenaje y colectores sanitarios. Destacan la construcción del Colector Nogalitos, que beneficiarán a alrededor de 60 mil habitantes, además de la rehabilitación de los colectores Matamoros, Ramón Corona, Bugambilias, Brisas del Valle y diversos cárcamos estratégicos.
A estas acciones se suman la entrega de 56 mil becas para estudiantes de educación superior, con una inversión de 272 millones de pesos, así como mil 500 tarjetas del programa Sonora de Oportunidades, que brindan un apoyo mensual de 2 mil 500 pesos a familias en condición vulnerable. Además, continúan los programas productivos y la construcción de caminos artesanales para impulsar el desarrollo de las comunidades rurales.
Con estas acciones, el gobernador Alfonso Durazo Montaño fortalece una política municipalista que impulsa el desarrollo integral de Navojoa mediante obras estratégicas, inversión histórica y programas sociales orientados a mejorar la calidad de vida de las familias y reducir rezagos históricos.
En entrevista exclusiva, el presidente del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores advierte riesgos para la libertad de expresión
Por Redacción
El Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores manifestó su rechazo a la consulta pública nacional impulsada por el Gobierno Federal para analizar posibles mecanismos de regulación de los medios de comunicación, al considerar que representa un riesgo para la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en México.
En entrevista para el Noticiero De Primera Mano con Ruiz Quirrín, el presidente del organismo, Iván Duarte, informó que la organización mantiene reuniones con representantes de distintos estados del país para definir una postura común ante la iniciativa, la cual, aseguró, ha generado preocupación entre periodistas de diversas entidades.
“Estamos en constantes reuniones con los compañeros a nivel nacional y el ánimo coincide en el mismo tenor: existe preocupación porque estas consultas pueden convertirse en un instrumento de opinión que eventualmente sea utilizado a favor del gobierno”, señaló.
Duarte sostuvo que el Foro respalda el derecho de las audiencias a recibir información con transparencia, ética y respeto; sin embargo, se pronunció en contra de que el Estado asuma funciones de regulación sobre los contenidos periodísticos.
“Condenamos totalmente que exista el Estado como rector o juez y parte para determinar qué es correcto o incorrecto en el ejercicio periodístico, e incluso promover sanciones. Eso desplaza la libertad de expresión», afirmó.
El dirigente consideró que una regulación de esta naturaleza podría inhibir la crítica hacia las autoridades y limitar la función del periodismo como mecanismo de vigilancia del poder público.
Asimismo, recordó que la legislación mexicana ya contempla mecanismos para sancionar conductas como la extorsión, la difamación —en las entidades donde aplica— y el daño moral, por lo que estimó que no sería necesaria una nueva figura que, desde su perspectiva, pudiera utilizarse para restringir el trabajo de los medios de comunicación.
Durante la entrevista también expresó preocupación por las condiciones de seguridad que enfrentan los periodistas en el país. Señaló que la vulnerabilidad del gremio continúa siendo un tema pendiente, debido a los hechos de violencia registrados contra comunicadores y a las investigaciones que permanecen abiertas.
En ese contexto, Duarte indicó que el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores prepara un pronunciamiento que será distribuido entre sus delegaciones estatales para que pueda ser difundido por quienes deseen sumarse a la postura del organismo.
Además, informó que se busca establecer vínculos con organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa de la libertad de expresión, con el propósito de fortalecer las acciones de difusión y concientización sobre los alcances de la propuesta.
Respecto al sentir de los integrantes del Foro, señaló que la inquietud no se presenta con la misma intensidad en todas las entidades; sin embargo, afirmó que en la Ciudad de México y en estados del centro y centro-norte del país varios periodistas han expresado preocupación ante la posibilidad de que este tipo de medidas puedan replicarse posteriormente en las legislaciones locales.
Finalmente, Duarte reiteró que el objetivo del organismo será mantener una postura pública en defensa de la libertad de expresión y del ejercicio periodístico, al considerar que cualquier regulación debe garantizar el respeto a los derechos fundamentales sin afectar la labor informativa.
ESTE periodo vacacional invita a la reflexión respecto a uno de los problemas torales que se presentan en este México de la tercera década del siglo XXI.
El actual régimen populista de la “cuarta transformación” critica severamente el periodo “neoliberal”, pero los números son fríos y si se relacionan con los resultados de un gobierno, sus habitantes son beneficiados o perjudicados.
Dígase ahora lo que se diga, el crecimiento del Producto Interno Bruto de nuestro país sostenía un crecimiento promedio del 3 por ciento al año en ese periodo neoliberal, no comparable con los años del “desarrollo estabilizador” (1952-1970, que se caracterizó por un crecimiento entre el 5 y 6 por ciento anual-, pero nunca antes como la caída estrepitosa a partir del año 2018, en que ni siquiera crecemos el 1 por ciento al año.
Como secretario de hacienda durante el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari, Pedro Aspe Armella no solo fue exitoso en su manejo de la economía nacional, sino además, su aportación para hacer del Banco de México una institución autónoma fue esencial y fue capaz de crear una escuela con talentos altamente capaces en su ramo como José Ángel Gurría, Guillermo Ortiz y Agustín Carstens.
Ellos fueron los encargados de desaparecer la acostumbrada inestabilidad económica en las transacciones sexenales.
Desde luego, el régimen impuesto por López Obrador y continuado por Claudia Sheinbaum se oponen a ese pensamiento, pero como señalamos anteriormente, había registros de progreso y desarrollo, a pesar de la enorme corrupción de la época.
Aspe Armella se ha convertido en consultor y hace poco tiempo participó en una cumbre en el MIT (Instituto Tecnológico de Massachussets) de extraordinario prestigio en el mundo. Abordó el escenario que se vive en nuestro país y las consecuencias que nos esperan si continúa desarrollando su política populista el gobierno.
Por ser comentarios muy valiosos y con gran visión, me permito reproducir algunas de sus principales conclusiones, por lo demás, fáciles de comprender, al sostener que México enfrenta un deterioro macroeconómico impulsado por un aumento sostenido del gasto corriente improductivo, un crecimiento acelerado de la deuda pública y una caída de la inversión productiva:
Hoy México tiene un déficit presupuestal alto.
El gobierno ha expandido fuertemente el gasto corriente.
Especialmente en programas sociales de transferencias directas (“segunda nómina”). Los beneficiarios aumentaron a casi 30 millones de personas y el gasto social pasó de 0.5% del PIB en 2018 a alrededor de 3% del PIB.
Este gasto no genera retornos productivos suficientes y desplaza recursos que antes se destinaban a infraestructura e inversión.
Señala que el gobierno destina alrededor de 400 mil millones de pesos anuales en subsidios y apoyos a Pemex, pese a que la producción petrolera continúa cayendo.
La producción ha bajado de 2.5 millones de barriles diarios en 2013 a menos de 1.4 millones proyectados para 2025-2026.
Pemex absorbe recursos públicos sin mejorar su eficiencia, ni su producción.
Por otra parte, la inversión física federal muestra una fuerte contracción con una caída cercana al 28% entre 2024 y 2025, descrita como la mayor en décadas.
Paralelamente, el gasto en educación, salud y seguridad permanece estancado en términos reales.
El argumento es que el gasto social y los rescates financieros han desplazado inversiones necesarias para elevar productividad y crecimiento de largo plazo.
La deuda pública pasó de 38% del PIB en 2011 a casi 59% en 2025, acercándose al umbral crítico de 60% del PIB.
Se advierte que varios países emergentes perdieron grado de inversión al cruzar ese nivel, señalando que un déficit fiscal cercano a 5.7% del PIB podría llevar a México a superar dicho umbral en 2026, generando mayores tasas de interés, presión cambiaria y desaceleración económica.
La conclusión es que México está entrando en una “cascada estructural hacia el estancamiento”: más gasto corriente y deuda, menos inversión productiva y menor crecimiento del PIB per cápita y de la productividad.
Finalmente, sostiene Aspe que, sin una corrección fiscal y una reorientación hacia inversión productiva, el país enfrentará menor crecimiento potencial y mayores riesgos financieros.
La incapacidad que hoy nos muestran quienes manejan la situación económica de México a través del gobierno, debería contar con una excepción de algún talento que estaría previniendo sobre este peligroso futuro para la población mexicana.
Y como ahora la política está por encima de la Ley y de la eficiencia y eficacia del gobierno, los operadores políticos del régimen deben haber encontrado a quienes calificará como culpables del desastre.
La 4-T y su propósito de coartar el periodismo crítico
LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum ha promovido una iniciativa de reforma para establecer los “nuevos lineamientos de protección de los derechos de las audiencias” que aplicarán en una primera etapa a los espacios en radio y televisión…
Presidenta Sheinbaum… Paso firme para acabar con medios y periodistas.
Argumenta que el propósito fundamental es dar voz a todo público que se sienta agraviado por la publicación de informaciones falsas o bien, algunas opiniones imprecisas o equívocas que pudieran causar un daño a la imagen o a la integridad de alguna persona o institución… La mandataria anunció que a partir de este día 27 de julio, la propuesta será sujeta a una consulta popular en todo el país la que terminará el 21 de agosto… La iniciativa parece ser un arma de dos filos… Por un lado, pretende institucionalizar la sección “quién es quién en las mentiras”, creada por López Obrador en su “mañanera” para lanzar sus mentís y ataques a todos los periodistas que utilizaran la crítica contra el régimen… Por otro lado, la crítica periodística se caracteriza por incomodar al poder, por hacer revelaciones en base a la investigación, por exhibir ante el público la corrupción de los servidores públicos y los excesos del gobierno… Luego entonces, ¿quién será recurrentemente el agraviado?, el régimen… Y de aprobarse la idea, la “cuarta transformación” tendrá en sus manos un instrumento jurídico para irse contra todos aquellos que no piensen como ellos desde la radio y la televisión —por lo pronto— para trasladar después esa facultad a la prensa escrita y las redes sociales… En el texto de la propuesta se contemplan sanciones, que van desde una amonestación hasta la aplicación de multas y en el Capítulo VI habla de una “Suspensión Precautoria de Emisiones”, que será determinada por un comité especialmente designado para ese fin y que basará sus decisiones en “la protección de los derechos de las audiencias, el tenor de la Constitución y los tratados internacionales”… Las sanciones están contempladas en el artículo 68… Imposible no pensar en un objetivo controlador de la información por parte del gobierno y castigar a quienes insistan en sus ataques al régimen… Están haciendo a un lado los vigentes códigos penal y civil, que ya contemplan como delito la calumnia, la difamación y la extorsión, así como el daño moral contra el honor de las personas y las instituciones… Estas legislaciones siguen vigentes y son retomadas por la ciudadanía ante algún agravio personal o colectivo…Al mismo tiempo, se envía al archivo del olvido las posturas de anteriores presidentes que, en aras del respeto a la prensa, prefirieron “tolerar los excesos que limitar la libertad”… Evidentemente, hoy se quiere coartar esa libertad… Además un aspecto muy importante: Nunca como ahora, el ejercicio periodístico se ha vuelto tan vulnerable, sobre todo porque los excesos de algunos de nuestros gobernantes incluyen no solo las faltas de respeto al trabajo reporteril, sino que privilegian la impunidad que conduce a la facilidad de disponer de la vida de un periodista… Solo en el par de años que lleva en el gobierno este “segundo piso de la 4-T”, han asesinado cuando menos a una veintena de “aplastateclas”, mujeres y hombres del micrófono… El periodismo crítico continúa siendo un baluarte de la libertad y del equilibrio político, económico y social en nuestro país… No resulta extraño entonces, que un gobierno que camine rumbo a la intolerancia y el totalitarismo, busque acabar con la libertad de expresión, uno de sus peores enemigos.
Si es un proceso interno, ¿por qué MORENA sale a la población?
MUCHOS nos preguntamos las razones por las que los partidos de oposición a MORENA no son más insistentes y eficaces en el combate al partido en el poder… ¿Ocultarán algún propósito mezquino?, porque argumentos sobran en medio de un proceso electoral que se supone —según su convocatoria— es solo interno, lo que quiere decir que sus jornadas promocionales solo deben dirigirse a la militancia del partido… Todos sabemos que no es así y que llevan a cabo una abierta y descarada campaña ante la población abierta que busca posicionar a sus figuras en camino a los tiempos de las postulaciones en el calendario electoral… ¿Por qué no existe una denuncia formal en el Instituto Nacional Electoral con todos los elementos probatorios a la mano para mostrar la ilegalidad de MORENA en su proceso interno?… ¿Por qué la oposición asume un papel de florero ante una real grosería contra la población?
EN SU momento, el entonces presidente Enrique Peña Nieto autorizó reconstruir la carretera de cuatro carriles de Estación Don a Nogales, utilizando concreto hidráulico…
Claudia Pavlovich… Nunca reclamó el concreto hidráulico Hermosillo-Santa Ana.
La obra tardó pero se concluyó a excepción del tramo Hermosillo-Santa Ana, so pretexto de que “ya se había firmado un contrato para rehabilitarlo con asfalto”… Las consecuencias las vivimos ahora… Si usted viaja de norte a sur y ha pasado Santa Ana, se encontrará un tramo en estado muy deplorable, con muchos y profundos baches y no se han registrado más accidentes solo porque Dios es muy grande… Aquí el reproche es para la entonces gobernadora, Claudia Pavlovich, quien prefirió la frivolidad a reclamar al gobierno federal concluir con el proyecto original de hacer de la rúa un camino de concreto… Muy lamentable, sobre todo cuando era inocultable su excelente relación con el presidente López Obrador, tanto así, que le entregó el Estado.
HISTÓRICAMENTE, los gobernadores y presidentes municipales de Sonora —de todos los colores y sabores— han recibido favores del Grupo Larrea, en su momento de don Jorge y desde hace poco más de treinta años, de su hijo Germán Larrea Motavelasco… “Grupo México” ha cambiado dinero y generación de miles de empleos para el beneficio de las regiones donde opera sus minas, a cambio de la contaminación de nuestra tierra… Aquel 2014 y su derrame de material aciduloso sobre el Río Sonora, mantiene hasta ahora sus nefastas consecuencias y después del accidente ferroviario de esta semana en el rancho El Potrero del Cobre, ejido Cuauhtémoc en Naco, -donde fueron derramados casi 60 mil litros de hidrosulfuro de sodio-, apenas muestra el inicio de un daño ambiental sobre las personas, la flora y la fauna… Germán Larrea es el ejemplo de un personaje muy poderoso que está considerado el segundo hombre más rico de México y, por lo tanto, intocable… Sonora es un estado minero por excelencia y el poder lamentará públicamente las contaminaciones de nuestra tierra, pero en privado continuará llegando a acuerdos con “Grupo México”.
¿Dinero público en las precampañas de los aspirantes “morenistas” en Sonora?
ANTES de otra cosa, una disculpa, pero es difícil creer que los seis aspirantes avalados por palacio de gobierno que buscan la coordinación para la defensa de la 4-T y la soberanía nacional en Sonora, estén utilizando dinero de su bolsa en sus recorridos… Lo escribimos hace tres semanas y lo reiteramos hoy… Los recursos saltan a la vista y la verdad, es mucho lo que está frente a nuestros ojos… Actos y más actos multitudinarios en los 72 municipios de la entidad y el rostro sonriente de Célida López Cárdenas en la primera plana del diario “El Universal”, con una encuesta que le favorece y que nomás no es de gratis… Qué tristeza si nuestros impuestos se utilizan para este propósito innecesario, si como se dice, MORENA la gana porque la gana en el 2027… ¿Solicitud de transparencia?… No nos hagan reír.
POR CIERTO, un bien posicionado de MORENA y aliados en la carrera rumbo a la candidatura para buscar la alcaldía de Hermosillo —Norberto Barraza Almazán— visitó este martes palacio de gobierno y conversó con el titular en la oficina más refrigerada del histórico inmueble… De lo que hablaron solo ellos lo saben.
En entrevista exclusiva, el presidente del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores advierte riesgos para la libertad de expresión
Por Redacción
El Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores manifestó su rechazo a la consulta pública nacional impulsada por el Gobierno Federal para analizar posibles mecanismos de regulación de los medios de comunicación, al considerar que representa un riesgo para la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en México.
En entrevista para el Noticiero De Primera Mano con Ruiz Quirrín, el presidente del organismo, Iván Duarte, informó que la organización mantiene reuniones con representantes de distintos estados del país para definir una postura común ante la iniciativa, la cual, aseguró, ha generado preocupación entre periodistas de diversas entidades.
“Estamos en constantes reuniones con los compañeros a nivel nacional y el ánimo coincide en el mismo tenor: existe preocupación porque estas consultas pueden convertirse en un instrumento de opinión que eventualmente sea utilizado a favor del gobierno”, señaló.
Duarte sostuvo que el Foro respalda el derecho de las audiencias a recibir información con transparencia, ética y respeto; sin embargo, se pronunció en contra de que el Estado asuma funciones de regulación sobre los contenidos periodísticos.
“Condenamos totalmente que exista el Estado como rector o juez y parte para determinar qué es correcto o incorrecto en el ejercicio periodístico, e incluso promover sanciones. Eso desplaza la libertad de expresión», afirmó.
El dirigente consideró que una regulación de esta naturaleza podría inhibir la crítica hacia las autoridades y limitar la función del periodismo como mecanismo de vigilancia del poder público.
Asimismo, recordó que la legislación mexicana ya contempla mecanismos para sancionar conductas como la extorsión, la difamación —en las entidades donde aplica— y el daño moral, por lo que estimó que no sería necesaria una nueva figura que, desde su perspectiva, pudiera utilizarse para restringir el trabajo de los medios de comunicación.
La entrevista completa:
Acá la entrevista del maestro @rquirrin con Iván Duarte, presidente del Foro Nacional de Periodistas.
Por Redacción
La pista de aterrizaje ubicada en el municipio de Bavispe fue rehabilitada con una carpeta de asfalto de un kilómetro gracias a la inversión de cuatro empresas constructoras que participaron en la edificación de la carretera Bavispe–Nuevo Casas Grandes, y no con recursos de alguno de los tres órdenes de gobierno.
En conferencia de prensa, el Gobernador Alfonso Durazo, aportó detalles sobre esta obra de infraestructura que ha llamado la atención, por estar en medio de la sierra a más de 300 kilómetros de Hermosillo. Máximo Moscoso, delegado estatal de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transporte, señaló que la intervención respondió a las necesidades logísticas y las complicaciones de traslados de las compañías encargadas de construir la nueva carretera Bavispe-Casas Grandes, Chihuahua.
El funcionario federal apuntó que ninguna de las constructoras era de Sonora y enfrentaban dificultades para movilizar personal y equipo, por lo que optaron por mejorar la pista de aterrizaje para facilitar la llegada de aeronaves que rentaban en Hermosillo.
«Fue un regalo»
Precisó que la rehabilitación consistió en la colocación de una carpeta asfáltica de un kilómetro. “Fue un regalo que le dieron al municipio y esa pista le viene a servir en toda el área de Bavispe”, dijo.
Destacó que la pista también favorece las operaciones de una empresa minera que inició actividades en la zona hace aproximadamente seis meses, además de brindar mejores condiciones para las personas que utilizan avionetas para trasladarse a esa parte de la sierra sonorense.
Las autoridades enfatizaron que la obra no representó una inversión del Gobierno Federal, del Gobierno del Estado ni del Ayuntamiento de Bavispe, sino que fue una aportación realizada por las cuatro empresas constructoras como parte de sus necesidades operativas durante la ejecución de la carretera.
El gobernador Durazo dijo en su conferencia de prensa semanal que la FGR también atrajo la investigación.
Por Antonio López Moreno
Son las autoridades estatales quienes atienden el derrame de hidrosulfuro de sodio y será la PROFEPA quien emita el dictamen del caso donde se determinen posibles afectaciones, indicó el gobernador del estado Alfonso Durazo Montaño.
En su conferencia de prensa semanal, anotó que la FGR también atrajo la investigación.
“Actuaron de inmediato en el punto del accidente estas instituciones, asumiendo la responsabilidad que les corresponde, el dictamen final recae en PROFEPA y yo espero que sea muy pronto”, dijo.
El mandantario estatal también abundó en los avances de la remodelación del estadio de beisbol en Navojoa. También comentó sobre la implementación de un cerco de seguridad para frenar el avance del gusano barrenador.
NO PODEMOS adentrarnos a la causa penal en la que está envuelto el exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, porque no tenemos información, lo que sí podemos exponer sin duda alguna, es que continúa en esta “4-T”, vigente, la frase de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos la Ley a secas”.
De hecho, Ruffo es ahora un preso político por tres razones fundamentales: El régimen acusa como resultado de una investigación por “huachicol fiscal”, a una figura de la oposición y de esa manera busca golpear a dos partidos, al PAN y al naciente “SomosMX”. Aparte, convertir el hecho en una “caja china” para desviar la atención en escándalos como el de Marina del Pilar, actual gobernadora de Baja California y sus contactos clandestinos con agentes de seguridad de los Estados Unidos.
Ruffo fue el primer gobernador de la oposición del entonces hegemónico PRI en 1989, abriendo con ello una fisura que al paso del tiempo creció hasta sacar a ese partido gobernante de Los Pinos en el año 2000. Sin embargo, para “MORENA” y sus jefes, todo aquel que no piense como ellos es un enemigo y de ahí su visión de que existe solo un “PRIAN” opositor.
Quizá y ahora esta Fiscalía General de la República haya encontrado elementos certeros para meter a la cárcel al exgobernador, pero ese no es el punto. El cuestionamiento ahora es por qué, si teniendo elementos en sus manos, el gobierno federal no solo no ha actuado contra algunas de sus prominentes figuras, sino por los hechos, los ha perdonado.
López Obrador… Los caminos de corrupción e impunidad conducen a Palenque.
Tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum, han repetido mil veces que “no se protegerá a nadie, trate de quien se trate”. Eso es una mentira. Los hechos están a la vista.
El mismo AMLO reconoció el fraude cometido en Segalmex, el más grande en la historia de México en ese momento y que alcanzó los 15 mil millones de pesos en detrimento del patrimonio nacional. Sin embargo, para el presidente entonces, el director de ese organismo, Ignacio Ovalle Fernández, “había sido engañado”. Éste último dio el primer trabajo en el gobierno para el tabasqueño en el sexenio del presidente José López Portillo. Eso convirtió a Ovalle en “intocable”.
¿Y qué decir de los hijos de López Obrador, envueltos en “tráfico de influencias” para hacer negocios con sus amigos? ¿Y un hermano del mismo presidente, recibiendo dinero público enviado por el gobierno de Chiapas? ¿Y los jugosos contratos obtenidos por una prima del presidente y por un hijo de Manuel Bartlett Díaz, “pegándole a la tesorería” de la Comisión Federal de Electricidad? ¿Hubo alguna investigación sobre ellos? Ninguna.
Escándalos mayores se han presentado en el gobierno asumido por la señora Sheinbaum a partir del 2024 y habrá qué decirlo con claridad, como consecuencia de los excesos cometidos por su antecesor.
¿Por qué no se ha investigado acerca de las ligas de Pedro Carmona, llamado el “rey del huachicol”, de sus aportaciones a las campañas de candidatos de “MORENA” y asesinado hace tres años? ¿Acaso el gobierno federal no tiene conocimiento de las operaciones llevadas a cabo con Carmona por parte del dirigente del partido oficial, Mario Delgado, o del ahora gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal?
¿Por qué el gobierno de la “4-T” guarda silencio y protege al almirante Rafael Ojeda, —exsecretario de la Marina Armada de México y tío de los hermanos Farías Laguna, considerados operadores del “huachicol” fiscal—, cuyas ganancias en el pasado sexenio representaron un desfalco a la nación por 600 mil millones de pesos?
¿Por qué se ha protegido al senador Adán Augusto López, a pesar de sus evidentes relaciones con bandas delincuenciales, empezando por el detenido Hernán Bermúdez, quien fuera secretario de seguridad durante el gobierno de Adán en Tabasco?
Rosario Robles… Víctima de una venganza.
¿Por qué la extraordinaria protección al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a pesar de las evidencias conocidas por todos de sus ligas con el crimen organizado en su entidad?
¿Por qué la presidenta ha exonerado a la gobernadora de Baja California, a pesar de que Marina del Pilar ha protagonizado un inocultable escándalo al contactarse con funcionarios de oficinas de seguridad de los Estados Unidos, ofreciendo información que le permita recuperar su “visa”?
Desde luego hay múltiples “botones” más de muestra, pero con los expuestos aquí podemos concluir que aquella frase de “todos los caminos conducen a Roma”, podría aplicarse aquí al señalar que “todos los caminos conducen a Palenque” y que la presidenta Sheinbaum ha tomado la decisión de proteger a su antecesor.
¿Hay más enemigos de la “cuarta transformación” perseguidos por el régimen? Claro.
Está el caso de Rosario Robles Berlanga, encarcelada dos años por López Obrador para saciar una venganza que tenía guardada desde que se filtraron los videos de su secretario René Bejarano recibiendo fajos de dinero de un empresario argentino.
Tenemos ahora el acoso político contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos. Si tuviera mayores elementos para actuar contra ella, le habrían dado luz verde a la iniciativa de iniciarse un juicio de procedencia y quitarle el fuero para meterla a la cárcel.
Finalmente, no está de más señalar que son decenas de periodistas que al ejercer su crítica al gobierno, les ha sido colocada la cachucha de enemigos.
¿Recuerdan las dos principales banderas de AMLO en su campaña para llegar a la Presidencia: “Contra la corrupción y la impunidad”?
Ahora el régimen es el más corrupto de la historia y la impunidad cabalga por todo lo largo y ancho del país.
Los avisos y advertencias de Estados Unidos, continúan
Terry Cole, director de la DEA… Otra advertencia a la “4-T” de México.
HA SIDO ahora Terry Cole, director de la DEA (agencia antidrogas de los Estados Unidos) quien se ha encargado de reiterar los mensajes dirigidos al gobierno de México acerca de la posibilidad de actuar contra los políticos coludidos con el narcotráfico… Sus declaraciones se agregan a las múltiples expresiones del presidente Donald Trump, de Marco Rubio, secretario de Estado y del secretario de seguridad, Markwayne Mullin, responsabilizando a la presidenta Claudia Sheinbaum porque —dicen— está dominada por los cárteles de la droga, “que son los que mandan en México”… La mandataria de nuestro país niega esa aseveración desde luego y asegura que la relación con el presidente Trump es muy buena, tanto así que la invitó a estar presente en el juego de fútbol en el que España se convirtió en campeón mundial al vencer a Argentina… La verdad es que nada es previsible con el presidente de los Estados Unidos… A ese juego estelar también fue invitado el primer ministro de Canadá, Mark Carney y horas después recibió la noticia de la imposición del 50 por ciento de aranceles en las importaciones canadienses a suelo norteamericano… A lo anterior deberá agregarse la enérgica reacción estadounidense al anuncio del dictador comunista de Nicaragua, Daniel Ortega, quien se atrevió a anunciar una reforma legislativa para eliminar las elecciones en su país de manera permanente… A través de Marco Rubio, la administración Trump advirtió a Ortega que ante los hechos no se quedarán con los brazos cruzados… Esta respuesta significa que no solo mueve a Trump el propósito económico en América Latina, sino también se preocupa por la forma de gobierno de sus vecinos… Pero de regreso a México, quien apueste a la continuación de estos escándalos en los que están envueltos políticos de la “cuarta transformación” en relación con Estados Unidos, tiene altas probabilidades de ganar, sobre todo porque el próximo mes de noviembre habrá elecciones para renovar el Congreso en Washington y urge al jefe de la Casa Blanca y al Partido Republicano, conservar sus controles en las cámaras… Eso quiere decir que no extrañará a nadie algún anuncio del Departamento de Justicia dando a conocer nombres de políticos mexicanos ligados con el crimen o bien, atreverse a detener a alguna figura dentro de nuestro país… ¿Cuándo? ¿En septiembre? ¿En octubre?
¿Hospital en Ures?, a casi 12 años de la contaminación del Río Sonora
COMENZARÍAMOS por lanzar un reproche porque la licitación para construir el hospital prometido por el gobierno federal en Ures como parte del proyecto de remediación de la contaminación del Río Sonora en 2014, no fue otorgada a una empresa sonorense, a pesar de que la capacidad de los contratistas locales estuvo plasmada en la presentación de la oferta… Finalmente, la obra de 452 millones de pesos fue otorgada a una empresa con socios ligados a España, en coordinación con una compañía de Monterrey… “ASCH” S.A de C.V., es la nueva razón social de “Hispánica”, la misma empresa que logró en el sexenio de López Obrador jugosos contratos de obra pública y quizá cambió de nombre al recibir varios señalamientos de irregularidades por parte de auditorías del gobierno federal… En participación conjunta con “Regiomontana de Construcción y Servicios”, será la encargadas de edificar este hospital que en abril del 2027 espera ser inaugurado bajo el dominio del programa “IMSS-Bienestar”… Por cierto, esas mismas firmas fueron beneficiadas en la designación directa para la construcción del acueducto yaqui, dentro del plan de justicia de esa etnia implementado por AMLO… Así que saque sus propias conclusiones… Es reveladora por los datos que ofrece la investigación periodística del director editorial de nuestro Semanario “Primera Plana”, Rigo Gutiérrez Escalante, tanto por las precisiones del monto de la licitación, como por sus antecedentes de abandono en obra negra de un primer proyecto iniciado y jamás terminado… Es lógico pensar que los pobladores del Río Sonora mantienen su desconfianza en el gobierno federal, luego de las desesperanzadoras mentiras que a través de los años han dejado los presidentes Peña Nieto, López Obrador y sus funcionarios… Ahora se espera que con Claudia Sheinbaum se aterricen dichas promesas, las que contemplan no solo un nuevo hospital, sino también la construcción de potabilizadoras y el uso de un fondo especial para aplicarlo en la remediación de la zona, incluida una clínica de desintoxicación y la conservación de la flora y la fauna… Ya veremos… Por lo pronto no hay fecha para la ceremonia en la que se colocará la primera piedra del hospital, aunque el contrato entre los representantes legales de las empresas y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, fue firmado el pasado 14 de julio.
La danza de las “corcholatas sonorenses”
Célida López Cárdenas… Su arrastre será muy bien aprovechado.
EL GOBERNADOR Alfonso Durazo está alcanzando su propósito de posicionar a sus proyectos políticos rumbo al 2027… Sus seis propuestas trabajando formalmente para buscar la candidatura de MORENA al Gobierno del Estado y este proceso que no tiene nada de interno del partido oficial, le está brindando muy buenos resultados… Sobre el escritorio tendrá los nombres de las y los aspirantes y la relevancia en la elección de la candidata o candidato a presidente municipal de Hermosillo… Será como un tablero de ajedrez… Para el movimiento en el “sixpack morenista” esperaría la decisión final de la presidenta Claudia Sheinbaum: Insistir en Javier Lamarque o cambiar de opinión… A partir de ahí tendrá a su disposición figuras para la postulación de diputaciones federales, diputados locales y más allá de todo eso, la alcaldía “naranjera”, la que no pudo tener en sus manos en todo el sexenio… La trascendencia de dominar el palacio municipal de la capital de 2027 al 2030, es que tendría a la mano a la o el futuro aspirante a llegar a palacio de gobierno… También deberá esperar a que la oposición designe a su candidata o candidato… Célida López Cárdenas y su arrastre podría ser contemplada en caso de que Alejandro López Caballero sea el elegido por el PAN y aliados… También contará con Lorenia Valles en caso de que no sea candidata a la gubernatura, aunque ella insista en rechazar esa posibilidad y aún tiene varias cartas para elegir, entre Paulina Ocaña, Fernando Rojo de la Vega, Froylán Gámez y Omar de Valle, porque difícilmente repetiría en la candidatura María Dolores del Río… Por lo pronto, será la última semana de agosto cuando se decida a la coordinadora o coordinador “para la defensa de la cuarta transformación y la soberanía nacional” en Sonora… La elegida o elegido, tendrá un pie en la candidatura al Gobierno del Estado.
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Acá la entrevista del maestro 
