El alcalde de San José del Guaviare, Willy Alejandro Rodríguez Rojas, declaró oficialmente la situación de confinamiento en las veredas Cumare, Siberia y Pipiral, así como en los resguardos indígenas Barranco Ceiba y Barranco Colorado, mediante el Decreto No. 065 del 3 de junio de 2026.

La medida responde a las restricciones a la movilidad y a las afectaciones generadas por el accionar de grupos armados ilegales en esta zona del municipio, especialmente, tras los enfrentamientos entre grupos de las disidencias de alias Calarcá y alias Iván Mordisco a finales de mayo, que dejaron un saldo de 48 muertos, entre ellos, 11 menores, de acuerdo con el reporte de Medicina Legal.

Según el más reciente comunicado firmado por el líder municipal, la decisión se adoptó tras la validación del Comité Municipal de Justicia Transicional Extraordinario, que analizó los riesgos para las comunidades en materia de seguridad, abastecimiento de alimentos, acceso a servicios esenciales y garantía de derechos fundamentales.

Mientras tanto, la situación se ha recrudecido. En los primeros días de junio se ha recrudecido la crisis humanitaria que ha llevado a distintas organizaciones a desplegar planes de acción.

De hecho, el martes 2 de junio, desde la Defensoría del Pueblo se comunicó que “el departamento del Guaviare enfrenta una crisis humanitaria que refleja la persistencia de las dinámicas de violencia y vulneración de derechos: hay personas desaparecidas, menores de edad reclutados y asesinados, y hoy más de 10.000 personas están confinadas por confrontaciones”.

De acuerdo con la entidad, las presiones de los frente subversivos han impedido la circulación de misiones médicas y “han generado desabastecimiento de alimentos y bienes esenciales, afectando a toda la población, incluidos estudiantes, docentes, niños, niñas y adolescentes”.

Los objetivos y peticiones de la Alcaldía de San José del Guaviare

Como respuesta a la compleja situación, desde la Alcaldía se informó que la declaratoria tiene como objetivo activar de inmediato las rutas institucionales de atención humanitaria y coordinar acciones entre entidades municipales, departamentales y nacionales.

Entre las principales medidas, el decreto contempla la solicitud al Gobierno nacional y a la Gobernación del Guaviare para instalar un Puesto de Mando Unificado por la Vida (PMU), la activación de la Ruta de Atención Humanitaria y la gestión urgente ante los ministerios y entidades competentes para garantizar la presencia institucional y la atención integral de la emergencia.

También se fortalecerán las acciones de seguridad en coordinación con la fuerza pública y se implementarán estrategias de acompañamiento psicosocial dirigidas a niños, niñas, adolescentes, líderes comunitarios y población vulnerable.

La articulación con la Gobernación del Guaviare permitirá gestionar ayudas humanitarias, proteger la infraestructura educativa y sanitaria, y fortalecer la respuesta institucional.

Por su parte, el alcalde Rojas reiteró su compromiso con la protección de la vida, la integridad y los derechos de las comunidades afectadas, e hizo un llamado al Gobierno nacional y a organismos de cooperación para sumar esfuerzos y atender oportunamente esta situación humanitaria.

Las autoridades locales continuarán con el seguimiento permanente a la evolución de la emergencia y mantendrán informada a la ciudadanía a través de los canales oficiales.

Mientras tanto, organismos internacionales como la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia hicieron un llamado urgente a la Alcaldía de San José del Guaviare y a la Gobernación del Guaviare “a brindar una respuesta humanitaria oportuna y adecuada a las comunidades de los Pueblos Indígenas Jiw y Nukak afectadas por desplazamiento y confinamiento provocados por los enfrentamientos”. A su vez, el llamado también fue para el Gobierno nacional.

A los disidentes los exhortaron para que respeten el derecho internacional humanitario “y todos los derechos de quienes no participan de las hostilidades, en particular de los pueblos indígenas”.

La Nueva EPS emitió un pronunciamiento sobre el controversial caso de un bebé de seis meses cuya necesidad de un tratamiento respiratorio de urgencia no ha sido resuelta, pese a que los padres del menor han tramitado solicitudes y una tutela, mientras el menor permanece hospitalizado por un episodio de apnea obstructiva en la Clínica General del Norte de Barranquilla.

El caso, divulgado tras una acción de tutela presentada por la madre del menor para exigir atención urgente —tras un mes en la Unidad de Cuidados Intensivos—, despertó indignación, especialmente, por los riesgosos efectos que puede sufrir el bebé.

El comunicado, conocido por Semana, indicó que desde el ingreso del paciente al centro asistencial barranquillero “se han garantizado las autorizaciones correspondientes requeridas para el manejo integral de su condición médica, incluyendo seguimiento con especialistas en pediatría, neurología, gastropediatría y fonoaudiología”.

Desde la entidad se precisó que el procedimiento médico solicitado es de carácter ambulatorio y cuenta con una cita agendada para el 10 de junio de 2026. No obstante, tras la solicitud de una atención más inmediata “desde la central de referencia y contrarreferencia de Nueva EPS se ha gestionado con instituciones de todo el país que cuentan con esta especialidad, sin tener confirmación a la fecha".

Según la información de la entidad sanitaria que está a cargo de la atención del menor, se gestionó sin éxito la remisión del bebé a 43 clínicas de todo el país que cuentan con la especialidad requerida para su tratamiento.

Desde la EPS se confirmó que no hubo aceptación “en clínicas como Portoazul, Reina Catalina, Hospital Napoleón Pareja de Cartagena; San Rafael de Pereira, Cruz Roja de Manizales, San Vicente Fundación Medellín, Pablo Tobón Uribe, Valle del Lili de Cali, Cardio Infantil, San José Infantil, San Ignacio y Shaio en Bogotá, entre otros”.

Los voceros de la Nueva EPS indicaron que, más allá de autorizar el procedimiento, la atención depende de la disponibilidad real de los centros hospitalarios.

“Más que la autorización de Nueva EPS, es fundamental que la institución que pueda prestar el respectivo servicio cuente con disponibilidad y confirme la recepción”, sostuvieron.

De la misma manera, desde la entidad emitieron un llamado a las instituciones prestadoras de salud del país para colaborar en la atención de menores en condición crítica. Señalaron que el compromiso conjunto permite garantizar la atención especializada que requieren estos pacientes.

La denuncia de la madre del menor: “Me dicen que tengo que esperar”

El testimonio de Aura María Molina Molina, la madre del menor, recogido por Blu Radio, apunta a una responsabilidad de la Nueva EPS que, en sus palabras, “ha sido negligente, indolente con mi bebé”. Comentó que ha buscado acceder a las autorizaciones “de todas las maneras en donde solamente me dicen que tengo que esperar”.

En consecuencia, la progenitora debió acudir a las autoridades a través del mecanismo de tutela para alertar una posible vulneración del derecho fundamental a la salud de su hijo, que sufre de hipertrofia de adenoides del 70% —grado tres—.

Dicha situación significa que el menor suele presentar episodios de apnea obstructiva y central durante el sueño que comprometen su oxigenación y, consecuentemente, su pleno desarrollo neurológico de no tratarse a tiempo.

Por su parte, en la tutela, conocida por Semana, se lee que “La NUEVA EPS S.A. ha omitido generar la correspondiente autorización de remisión a la clínica idónea en la ciudad, así como la aprobación del estudio y los insumos requeridos (...) La omisión por parte de la entidad accionada configura una flagrante vulneración a los derechos del menor, desconociendo que por su condición de lactante es un sujeto de especial protección constitucional (sic)”.

En la jornada del viernes 5 de junio de 2026, desde la Procuraduría General de la Nación se emitió un llamado a las autoridades e instituciones del departamento del Tolima, con el fin de que implementen medidas de emergencia y prevención durante las tradicionales fiestas de San Juan y San Pedro 2026, que se celebrarán del 12 al 29 de junio.

El mensaje fue dirigido a alcaldes municipales, secretarios de Gobierno, Salud, Ambiente y Tránsito, para anticipar y mitigar riesgos asociados a las celebraciones populares en el sur del país.

Según la comunicación institucional, el llamado resaltó el incremento de riesgos por aglomeraciones en plazas y calles, accidentes de tránsito, incendios forestales y estructurales, emergencias por pólvora, consumo excesivo de alcohol, violencias de género y maltrato animal, situaciones que suelen intensificarse durante la temporada.

Desde la Procuraduría se indicó que los municipios del Tolima deberán asegurar el orden público, la gestión del riesgo, la protección de derechos fundamentales, el bienestar animal, la salud pública y la prevención de violencias.

Pero no solo las entidades departamentales deberán acatar las medidas que esta exhortación implica; los operadores privados y organizadores de los eventos deberán contar con los permisos necesarios, sistemas adecuados de seguridad, planes de movilidad y protocolos de evacuación. También deberán intensificar la inspección de graderías y tarimas, y exigir conceptos de seguridad humana y contra incendios para prevenir incidentes durante las festividades.

En la misiva emitida por el organismo de control también se solicitó a las autoridades locales la actualización de los planes de emergencia y la coordinación con organismos como los bomberos, la Cruz Roja, la Policía y el Ejército.

Dichas solicitudes están asociadas a las estrategias con las cuales las autoridades buscan propiciar festividades sin actividades delictivas. En las celebraciones de 2025, las celebraciones religiosas de mitad de año concluyeron con una reducción notable en los principales delitos, según cifras compartidas por la Gobernación del Tolima.

El balance final, presentado tras un Consejo de Seguridad, resaltó que el hurto a comercio, residencias, automotores y motocicletas bajó un 100% respecto al año anterior.

De acuerdo con datos comunicados por la Secretaría de Convivencia Ciudadana, Seguridad y Orden Público, el despliegue de más de 3.000 uniformados y la vigilancia de la fuerza pública en 16 municipios del departamento respaldaron cerca de 600 eventos. El informe también señaló una disminución del 89% en hurto a personas, 90% en extorsión y 77% en lesiones personales.

Desde la Policía Metropolitana de Ibagué se reportaron resultados favorables en la versión anterior del el Festival Folclórico Colombiano, que es el evento central que se desarrolla en Ibagué en la temporada.

El Pregón Sanjuanero dio inicio el 52° Festival Folclórico Colombiano en Ibagué

Durante la jornada del viernes 5 de junio de 2025, desde la Alcaldía de Ibagué se reportó la apertura de la programación oficial del 52° Festival Folclórico Colombiano con el conocido Pregón Sanjuanero.

Las embajadoras de las comunas y corregimientos comenzaron a recorrer las calles del centro ibaguereño, acompañadas de músicos y comparsas. Este evento es el comienzo de la gran agenda cultural que durante las próximas semanas posicionará a la Capital Musical de Colombia como epicentro de las tradiciones colombianas.

Laura Sofía Cortés, embajadora Municipal de Ibagué, invitó a la ciudadanía a sumarse a la celebración: “¡Llegó el día, mi gente de Ibagué! Hoy arranca con toda el San Juan en nuestra Capital Musical. Así que avísenle a los amigos, traigan a la familia y prepárense para disfrutar. ¡Espero verlos a todos allá para que demostremos por qué mi casa está de fiesta!”.

La programación completa del 52° Festival Folclórico Colombiano está disponible en los canales oficiales de la Alcaldía de Ibagué, donde se pueden consultar fechas, eventos, conciertos y desfiles previstos para la temporada festiva.