A más de una década de haber sido separado de la Secretaría de Salud de Sinaloa tras una investigación por presunto desvío de recursos y falsificación de firmas, Cuitláhuac González Ortega volvió a aparecer en la administración pública estatal, ahora como proveedor y contratista de distintas instituciones gubernamentales.

Documentos públicos, contratos y registros oficiales muestran que, entre 2016 y 2025, el ex funcionario de la Secretaría de Salud de Sinaloa acumuló adjudicaciones y obras por más de 16 millones de pesos, pese a que en 2012 autoridades estatales reconocieron públicamente irregularidades relacionadas con su desempeño dentro del Gobierno estatal.

El caso de González Ortega salió a la luz en junio de 2012, durante la administración del Gobernador Mario López Valdez, cuando la Secretaría de Salud estatal confirmó una investigación en su contra por la presunta falsificación de firmas en contratos de obra.

En ese momento se desempeñaba como jefe del área de Mantenimiento de la Secretaría de Salud.

El entonces Secretario de Salud estatal, Ernesto Echeverría Aispuro, informó públicamente que la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas investigaba el presunto desvío de más de 10 millones de pesos mediante documentos con firmas apócrifas.

“Lamentablemente se encontraron documentos con firmas apócrifas en diversos contratos de obras”, declaró el funcionario estatal en junio de ese año de acuerdo a registros periodísticos de Noroeste, durante 2012.

Tras darse a conocer el caso, el Gobierno estatal le limitó funciones y posteriormente confirmó su salida de la dependencia, mientras se le aplicaban sanciones administrativas.

Sin embargo, lejos de desaparecer del ámbito gubernamental, años después comenzó a figurar nuevamente, esta vez como contratista y proveedor de instituciones públicas de Sinaloa.

El regreso como proveedor

Los registros oficiales muestran que desde 2016, cuatro años después del caso de presunta corrupción, González Ortega comenzó a obtener contratos relacionados con mantenimiento, remodelaciones y obra pública.

Ese año obtuvo dos contratos para acondicionamiento de locales del Hospital Civil de Culiacán, por montos de 66 mil 700 pesos y 133 mil 400 pesos.

En 2017 aparece un contrato para trabajos de tablaroca en el Instituto Sinaloense del Deporte por 90 mil 068 pesos con 20 centavos. Aunque existe evidencia del procedimiento en la Plataforma Nacional de Transparencia, el documento fue retirado posteriormente de la red.

Durante 2018 acumuló varios contratos con la Auditoría Superior del Estado y el Congreso de Sinaloa, incluyendo obras de construcción, remodelación y mantenimiento.

Tan solo ese año aparecen: 433 mil 434 pesos en construcciones para la ASE; 221 mil 884 pesos en mantenimiento; 46 mil 980 pesos en trabajos adicionales de mantenimiento; y una remodelación en el Congreso del Estado por 276 mil 756 pesos.

Para 2020 continuó recibiendo adjudicaciones de la Auditoría Superior del Estado y del Congreso local, incluyendo trabajos de albañilería, instalaciones hidráulicas y eléctricas, adecuaciones y desazolve de drenaje.

En 2021 también obtuvo un contrato para reparación de falso plafón en la ASE por casi 50 mil pesos.

Contratos millonarios

Los montos crecieron de manera importante en los años recientes.

En 2024 obtuvo un contrato por 73 mil 080 pesos para elaboración de planos en el Hospital Civil de Culiacán.

Ese mismo año consiguió la adjudicación más alta en la revisión documental: un contrato por 13 millones 028 mil 285 pesos con 16 centavos para construir una parte del Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana, conocido como panteón forense, de Los Mochis.

En dicho procedimiento registró como domicilio fiscal una propiedad ubicada en Valle Alto 5308, sobre la calle Valle de Piaxtla.

En 2025 también aparece relacionado con la construcción del panteón de Batequitas, lugar de origen del Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, obra financiada por el Gobierno de Sinaloa por un millón 793 mil 628 pesos con 12 centavos.

Además, intentó obtener la licitación para el malecón de Guamúchil, en Salvador Alvarado, en asociación con las empresas Inmobiliaria Vieca y Ake Irrigación. El proyecto superaba los 50 millones de pesos, pero la propuesta fue desechada a falta de un documento.

Presencia en padrones oficiales

Pese a los antecedentes administrativos documentados desde 2012, González Ortega continuó apareciendo en registros oficiales de proveedores gubernamentales.

En 2023 figuró dentro del padrón de proveedores y contratistas de la Secretaría de Obras Públicas.

En 2025 también apareció en el padrón de proveedores del Ayuntamiento de Culiacán.

Y en enero de 2026 fue dado de alta en el padrón de proveedores del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, utilizando como domicilio fiscal una dirección ubicada en Cerrada Justo Sierra número 1359, en la colonia Las Quintas, en Culiacán.

Más de $16 millones en contratos

La suma de los contratos y adjudicaciones detectadas en documentos oficiales suma 16 millones 546 mil 225.24 pesos.

Con el objetivo de cerrar el paso a la discrecionalidad y garantizar que el presupuesto estatal no sea utilizado como un botín político, la Diputada Paola Gárate Valenzuela presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley de Obras Públicas, diseñada para transparentar la ruta del dinero y sancionar con rigor los actos ilícitos.

La propuesta, que surge de un frente común entre los partidos PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y organizaciones de la sociedad civil, busca responder a las cifras de concentración de contratos en la entidad.

Según diagnósticos de Iniciativa Sinaloa, actualmente 14 empresas y 11 grupos empresariales acaparan el 57 por ciento de los recursos destinados a la infraestructura estatal.

Uno de los puntos centrales de la reforma es terminar con el anonimato de quienes se benefician de los contratos públicos.

La legisladora priista advirtió que la ley vigente facilita ocultar a los verdaderos dueños de las constructoras, por lo que propone la identificación obligatoria del beneficiario controlador en el padrón de contratistas.

Asimismo, la iniciativa contempla establecer un tope máximo del 20 por ciento del presupuesto para este rubro, el cual actualmente carece de restricciones, permitiendo la asignación de obras sin competencia.

También prohíbe la participación de licitantes catalogados por el SAT como emisores de facturas falsas y obligar a la publicación de plazos exactos de pagos reales, facturación y subcontrataciones para rastrear el destino final de cada peso.

La propuesta no solo busca prevenir, sino castigar y plantea el fortalecimiento del testigo social a través de un órgano ciudadano de vigilancia con acceso a información en tiempo real.

En cuanto a las sanciones, se tipifican ocho nuevas infracciones que incluyen multas de hasta el 15 por ciento del monto del contrato, inhabilitaciones de hasta cinco años y la nulidad absoluta de los contratos en casos graves.

Gárate Valenzuela detalló que la urgencia de estos cambios se evidencia en casos donde solo tres agrupaciones de contratistas lograron absorber más de 850 millones de pesos del financiamiento para infraestructura municipal.

Durante la presentación, la Diputada lanzó un llamado directo a la bancada de Morena y sus aliados, quienes mantienen la mayoría legislativa, para que respalden la iniciativa y demuestren su voluntad de combatir la corrupción en la práctica.

“Estamos en un momento clave para el futuro de la transparencia y del combate a la corrupción en Sinaloa. Aquí tienen una propuesta fundada para combatir la corrupción; no pueden seguir negándose a ver el problema”, expresó.

Finalmente, sostuvo que el Congreso del Estado enfrenta la decisión de permitir que continúen prácticas de opacidad y desvío de recursos o respaldar iniciativas.