El consejo general del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa resolvió que la Senadora Imelda Castro Castro incurrió en promoción personalizada, luego de analizar una queja presentada por el Partido Acción Nacional en abril de este año, por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, uso indebido de recursos públicos y posicionamiento electoral adelantado.

Durante una sesión especial virtual, resolvió el procedimiento sancionador ordinario identificado con el expediente SE-PSO-002/2026, derivado de la denuncia interpuesta por el PAN el 7 de abril de 2026.

Como parte de la investigación, la Secretaría Ejecutiva del IEES revisó publicaciones en redes sociales, videos, bardas, lonas y notas periodísticas relacionadas con la legisladora.

Además, verificó información sobre publicidad pagada en Facebook y realizó diligencias para constatar los hechos denunciados.

El instituto informó que de los 67 eventos señalados por el partido denunciante, 41 ya habían sido objeto de procedimientos previos promovidos por el mismo quejoso y que incluso ya habían sido resueltos.

Tras el análisis de las pruebas, el Consejo General concluyó que sí se acreditan los elementos establecidos por la jurisprudencia electoral para configurar promoción personalizada.

Según la resolución, se comprobó el elemento personal debido a que en las publicaciones difundidas en Facebook aparecían el nombre, imagen y cargo de la Senadora.

Asimismo, durante las diligencias se localizaron bardas y lonas con referencias a Castro Castro, incluyendo materiales con una silueta femenina que, según la propia legisladora, aludían a su persona, aunque aseguró desconocer quién ordenó su colocación.

El IEES también consideró acreditado el elemento temporal, al señalar que la mayoría de los mensajes fueron difundidos entre enero y mayo de 2026, es decir, a pocos meses del arranque formal del proceso electoral local 2026-2027.

Respecto al elemento objetivo, el órgano electoral sostuvo que algunas publicaciones evidenciaban una intención de posicionamiento ante la ciudadanía, lo que actualiza la figura de promoción personalizada prohibida por el artículo 134 de la Constitución federal.

No obstante, el instituto descartó que existieran actos anticipados de precampaña o campaña.

En la resolución se establece que ni en las publicaciones, videos, bardas o lonas analizadas se encontraron llamados expresos al voto, solicitudes de apoyo electoral, referencias a plataformas de gobierno o promesas de campaña.

De igual forma, el Consejo General concluyó que no existen elementos para acreditar el uso indebido de recursos públicos.

Aunque se comprobó la contratación de publicidad en Facebook entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, la investigación determinó que la responsable de la cuenta y de la inversión económica era la propia titular del perfil, sin evidencia de que los recursos provinieran de alguna institución pública.

Como consecuencia de la resolución, el IEES determinó existente la infracción por promoción personalizada atribuida a la Senadora y ordenó a la Secretaría Ejecutiva integrar un expediente con copias certificadas de todas las actuaciones para remitirlo a la Cámara de Senadores.

Será esa instancia la que deberá proceder conforme a sus atribuciones legales respecto de la conducta acreditada por la autoridad electoral sinaloense.

El ex mando policial Alberto Jorge Contreras Núñez solicitó un amparo para evitar que las autoridades bloqueen, cancelen o revoquen sus cuentas bancarias por alguna investigación en los próximos días.

El amparo fue presentado el pasado 27 de mayo y recibido el día 28 en el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa contra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Contra la “Orden verbal o escrita para bloquear, cancelar, suspender o revocar la totalidad de las cuentas bancarias del aquí quejoso”, señala el texto.

Contreras Núñez fue jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y está en la lista de los señalados por autoridades de los Estados Unidos de tener presuntamente vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Además de este ex mando policial la lista incluye a su colega Marco Antonio Almanza, el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el Senador Enrique Inzunza Cázarez, y el vicefiscal general con licencia, Dámaso Castro Zaavedra.

También el ex Secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, y el ex Secretario de Seguridad Pública estatal, el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, quien ya se entregó en los Estados Unidos, y otros tres ex mandos policiacos más.

Contreras Núñez tendrá audiencia incidental el próximo día 9 y el 2 de julio tendrá la constitucional.

Al “Cholo”, como se le conoce a este ex mando policiaco, se le señala de haber recibido 300 mil pesos mensuales de parte de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, para permitirles realizar sus operaciones.

Tras manifestar que se realizan las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos, la Fiscal General del Estado de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, precisó que el domingo en el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, fallecieron siete internos y un lesionado, todos por heridas de arma punzocortante y ya está identificado el presunto responsable.

“Se confirma siete personas fallecidas y un lesionado, todos por arma punzocortante, todos hombres”, añadió Sánchez Kondo en entrevista este lunes en Mazatlán tras asistir a la celebración del Día de la Marina Nacional.

Agregó que el domingo 31 de mayo esa dependencia tuvo el reporte de la localización de personas sin vida en un módulo en el interior de dicho Centro Penitenciario y se trabajó toda la parte de la inspección del lugar y levantamiento de cuerpos.

“Son siete personas sin vida y una persona lesionada, todas por armas punzocortante... estamos haciendo todo lo relacionado de acuerdo a la investigación, principalmente los objetos punzocortantes que se aseguraron como indicios son ‘hechizos’, son objetos ahí que estamos investigando la parte del probable ingreso, pero eso va resultar de lo que derive de la investigación”, señaló.

¿Ya están identificados quiénes son los autores?, se le preguntó.

“Sí, ya está identificado el presunto responsable”, contestó la Fiscal sobre esos hechos del domingo en el penal de Culiacán.

Ante la pregunta de si pertenecen a alguna facción del crimen organizado dijo que se está trabajando en eso, lo que arroje la investigación y ya en su momento se informará al respecto.

“Lo estamos investigando, está la parte ahorita de lo que es las entrevistas en lo que es el interior del penal y todo para hilar a como fue la realización del hecho, todo eso va dentro de lo que son los actos de investigación (investigación a personal de seguridad y directivos del penal) para dar con el tema de la materialización del hecho, de cómo sucedió el hecho”.

Desde hace un par de años, los quirófanos han sido testigos de una verdadera revolución médica que busca cambiar radicalmente la experiencia del paciente con el protocolo ERAS, que por sus siglas en inglés significa Recuperación Mejorada Después de la Cirugía.

Este método permite que las personas vuelvan a su hogar en tiempo récord, minimizando el impacto físico de una intervención mayor.

Ricela Guadalupe Atondo Valenzuela, anestesióloga del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Sinaloa, explicó que entrar a cirugía tradicionalmente significaba pasar días en cama, alimentado por suero y enfrentando una recuperación lenta y dolorosa.

“Son directrices, lineamientos y protocolos que se diseñan a partir del estudio sobre el trauma quirúrgico. El trauma va a depender totalmente del tipo de intervención; una vez establecido, se realiza un protocolo o se aplican conocimientos fisiológicos en el pre, trans y posoperatorio para acelerar la recuperación, mejorar la calidad de vida del paciente, regresar a una nutrición en un tiempo adecuado y, obviamente, disminuir el dolor”, apuntó Atondo Valenzuela.

Según la anestesióloga, el éxito de ERAS radica en preparar y tratar al cuerpo de forma óptima para mitigar el estrés metabólico durante la operación.

Compartieron que el plan médico reduce el estrés del cuerpo antes, durante y después de la cirugía, permitiendo que las personas caminen y coman a las pocas horas de salir del hospital.

Aunque este proceso se aplica formalmente desde el año 2001 bajo lineamientos específicos, su implementación en la región busca que más profesionales del sector salud adopten estas prácticas.

El protocolo se divide en tres fases que incluyen menos tiempo de ayuno, al romper con la tradición de largos periodos sin alimento antes de entrar al quirófano.

También incentiva al paciente a levantarse y caminar poco después de la intervención y genera estrategias específicas para que el cuerpo no resienta el trauma quirúrgico de manera severa.

“Está escrito que genera mejorías evidentes para el paciente y que incluso disminuye los costos en la salud pública al reducir la estancia hospitalaria. Casi por lo regular, la aplicación de estos protocolos se da en cirugías programadas; por ello, actualmente hay un hincapié muy importante en las investigaciones para adaptarlo a cirugías de urgencia, que son las que generan un mayor estrés metabólico en los pacientes”, comentó.

Con la implementación de este esquema, el Centro de Investigación busca no solo mejorar la salud de los sinaloenses, sino también reducir la estancia hospitalaria, optimizando los recursos del sector salud y garantizando un pronto restablecimiento para quienes deben someterse a un procedimiento quirúrgico.

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa emitió un exhorto dirigido a las autoridades integrantes del Comité Coordinador para que inicien investigaciones de oficio ante presuntas irregularidades en contratos públicos relacionados con hijos del Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Durante una conferencia de prensa, integrantes del CPC señalaron que existen publicaciones periodísticas, investigaciones ciudadanas y documentación pública que apuntan a posibles conflictos de interés, adjudicaciones irregulares, abuso de autoridad, peculado, negociaciones ilícitas y probables faltas administrativas vinculadas a contratos millonarios en distintas dependencias estatales y municipales.

El exhorto fue presentado durante la segunda sesión ordinaria 2026 del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción y está dirigido a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Poder Judicial.

“Hay señalamientos públicos documentados que ameritan investigaciones oficiales expeditas para deslindar responsabilidades sobre probables actos de corrupción”, señalaron los integrantes del CPC.

Entre los casos mencionados se encuentran presuntas adjudicaciones y contratos otorgados a socios cercanos a familiares del mandatario estatal en áreas como DIF Sinaloa, Servicios de Salud y el Ayuntamiento de Culiacán, además de investigaciones relacionadas con obra pública.

El CPC también hizo referencia a investigaciones realizadas por organizaciones como Iniciativa Sinaloa, donde se han detectado posibles esquemas de simulación de competencia en licitaciones, conocidos como “estrategia colmena”, así como presunto fraccionamiento ilegal de obras y adjudicaciones directas fuera de los límites permitidos.

Durante la conferencia, los integrantes del comité señalaron que este es el segundo exhorto emitido por el organismo; el primero estuvo relacionado con el caso de los viajes de la ex Secretaria de Transparencia.

Además, criticaron la propuesta de reforma conocida públicamente como “Ley Rocha”, a la que calificaron como una “ley tapadera” debido a los vacíos legales que, aseguran, contiene la iniciativa.

Informaron que los trabajos legislativos para su aprobación fueron pausados temporalmente y buscarán abrir mesas técnicas y un parlamento ciudadano junto con organizaciones civiles, academia y especialistas.

Como parte de sus propuestas preventivas, el CPC también impulsa reformas a la Ley de Obras Públicas y Adquisiciones, así como la migración del sistema CompraNet hacia Compras MX, con el objetivo de digitalizar completamente los procesos de licitación y transparentar la información de contratos y obras públicas.

Indicaron que la intención es eliminar procesos físicos y estandarizar digitalmente todas las etapas de contratación pública para reducir riesgos de corrupción en un sector donde se manejan miles de millones de pesos anualmente.

“Yo no serviría de testigo protegido. Hice las cosas bien, yo le doy la cara al que sea. Si hay que ir a Estados Unidos para eso vamos, no tengo problemas con eso”, declaró Marco Antonio Almanza, ex jefe de la Policía de Investigación en Sinaloa, al acudir este martes a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Culiacán.

Almanza fue señalado recientemente por el Gobierno de Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado; sin embargo, aseguró que atenderá cualquier requerimiento de las autoridades.

El ex mando policial confirmó que acudió a rendir declaración en calidad de testigo dentro de una investigación que realiza la FGR en México, la cual es paralela, pero no coordinada con la investigación abierta por autoridades estadounidenses.

A su llegada a las instalaciones federales evitó profundizar sobre las acusaciones en su contra, aunque insistió en que no tiene inconveniente en colaborar con las autoridades mexicanas y estadounidenses.

“Le doy la cara al que sea”, reiteró ante medios de comunicación.

La comparecencia ocurre luego de que distintas autoridades y ex funcionarios de Sinaloa señalados por Estados Unidos fueran citados por la FGR para rendir entrevistas ministeriales en calidad de testigos.

La dirigencia de Morena en Sinaloa manifestó su respaldo en las investigaciones y los procesos llevados a cabo por la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso del Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de presuntos vínculos con el crimen organizado.

“Morena no encubre a nadie, pero tampoco sentencia a nadie, ni propio ni extraño”, sentenció la organización política a través de un comunicado al señalar que confían en las instituciones de investigación y procuración de justicia del país.

El pronunciamiento de Morena Sinaloa ocurre luego de que la FGR informó el sábado que Rocha Moya, y los otros nueve funcionarios están siendo citados para ser entrevistados. En un comunicado, la dependencia mencionó que el objetivo es avanzar en las investigaciones.

“En el marco de las diligencias relativas a la indagatoria aperturada con motivo de la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York de los Estados Unidos de América, relacionada con 10 ciudadanos mexicanos del estado de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia, se da a conocer a la opinión pública que, entre otras acciones, dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad”.

Más tarde, el Gobernador con licencia confirmó que fue citado por la FGR; aseguró que atenderá el requerimiento y que no tiene nada que temer.

“Le digo a las y los sinaloenses, a las y los integrantes de nuestro movimiento de transformación, a nuestra líder y Jefa del Estado mexicano: soy un hombre probo y que no tiene nada que temer. Mi biografía testimonia lo que soy. Atenderé el requerimiento que me ha sido formulado por la FGR con la frente en alto y con la certeza de que la verdad habrá de prevalecer”, dijo en mensaje publicado en sus redes sociales.

A la par de Rocha Moya, el alcalde de Culiacán con licencia, Juan de Dios Gámez y el senador de Morena, Enrique Inzunza, también confirmaron que se presentarán ante la dependencia.

Cabe recordar que el 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra diez funcionarios —actuales y anteriores— de Sinaloa, entre quienes se encuentran, además de Rubén Rocha Moya, sus ex secretarios de Seguridad y Finanzas, Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega. Ambos se entregaron a las autoridades estadounidenses en días pasados.

De acuerdo con la fiscalía estadounidense, los acusados presuntamente conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de drogas a Estados Unidos a cambio de protección política, apoyo institucional y sobornos millonarios.

Dirigencia estatal lanza críticas contra el PRI

En su comunicado, Morena Sinaloa también lanzó críticas contra la oposición al señalar particularmente al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas.

En el documento, la dirigencia estatal del partido guinda acusó a Moreno Cárdenas de “rogar por la injerencia extranjera” y calificó al PRI como “el partido más repudiado de México”.

Respecto a los procesos judiciales, Morena Sinaloa criticó que la oposición quiere ver “juicios sumarios, encarcelamientos y condenas sin investigaciones, como estaban acostumbrados para sus adversarios políticos, porque sus gobiernos eran autoritarios y corruptos”.

Las acusaciones contra el ex Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, deben enfrentarse con transparencia y mediante los procesos legales correspondientes, consideró el coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Miguel Calderón Quevedo.

El representante del organismo señaló que, aunque existen señalamientos públicos, no corresponde adelantar juicios hasta que las investigaciones sean concluidas por las autoridades competentes.

“Nos parece que es una gran oportunidad en esta coyuntura histórica en la que las acusaciones se deben de enfrentar, en el que las acusaciones se deben, en defensa de quienes son acusados, pues aclarar e indudablemente lo que corresponda”, expresó.

Calderón Quevedo enfatizó que debe prevalecer el principio de presunción de inocencia mientras no existan resoluciones derivadas de los procesos legales.

“Nosotros no podemos hablar de presunción de culpabilidad en tanto no se deriven los procesos que en cada caso se complementen”, indicó.

Añadió que, como ocurre en distintos sectores profesionales, dentro de cualquier institución pueden existir perfiles con distintos desempeños, al referirse a la discusión pública en la que se señala que el caso de Mérida Sánchez puede comprometer a las instituciones militares.

“Indiscutiblemente en cualquier gremio, en el gremio médico, en el gremio de los arquitectos, en el de los abogados, siempre habrá quien tiene un buen comportamiento, un buen desempeño y siempre habrá quien no lo tiene”, comentó.

El titular del CESP sostuvo que, debido al papel que desempeñó el militar durante la crisis de seguridad en Sinaloa, resulta importante que cualquier acusación sea esclarecida.

“Nos parece que es importante que un miembro destacado del Ejército que tuvo un rol determinante en el caso de Sinaloa, hoy aclare cualquier señalamiento que tiene para entonces tener una base y señalar alguna mejora y demás”, dijo.

Asimismo, señaló que hasta el momento el organismo mantiene confianza en la labor de las fuerzas armadas destacadas en la entidad.

“Al día de hoy con quienes nos hemos reunido de los miembros del Ejército, nos han transmitido amplia confianza en la labor que en este momento están realizando”, manifestó.

Sin embargo, reconoció que el desarrollo del caso mantiene la expectativa pública debido a la relevancia del ex funcionario.

“La coyuntura que representa una figura tan importante como el General Mérida, pues nos pone a la expectativa. ¿Qué sucederá? Pues dependerá de los procesos”, expresó.

Calderón Quevedo señaló que, hasta donde tienen conocimiento, los procedimientos relacionados con el caso estarían focalizados en autoridades de Estados Unidos.

“No nos hemos enterado que una autoridad en México tenga algún proceso con eso y si lo tiene, pues ojalá que sea lo suficientemente transparente”, indicó.

También cuestionó la opacidad que suele existir en investigaciones ministeriales.

“Mucho de lo que sucede en las fiscalías son temas reservados, mucho de lo que sucede en las carpetas de investigación, en estas denuncias en particular, pues rara vez son dadas a conocer al público. Esperemos que en este tipo de casos podamos tener algún mayor nivel de transparencia”, añadió.

Durante la entrevista, el coordinador del CESP también se refirió al relevo en la Novena Zona Militar y dio la bienvenida al nuevo comandante, el General Julio César Islas Sánchez.

“Bienvenido a Sinaloa, en particular a la Novena Zona Militar. Tenemos muy buenas referencias del General Islas”, expresó.

Detalló que organismos civiles con presencia nacional y regional, particularmente en Tamaulipas, han compartido referencias positivas sobre su desempeño previo.

“Hemos platicado con algunos organismos de la sociedad civil que tienen alcance nacional y algunos muy focalizados en algunas regiones, en particular Tamaulipas, que es donde estuvo anteriormente, y nos dan una muy buena referencia de lo que él realizó y alcanzó allá”, comentó.

Finalmente, señaló que esperan que la experiencia del mando militar pueda traducirse en resultados concretos en Sinaloa en el corto plazo.

“Esperemos que esa experiencia y que esos factores positivos aterricen acá también con resultados tangibles en el corto plazo”, puntualizó.

Cabe destacar que Mérida Sánchez fue secretario de seguridad en Sinaloa desde septiembre de 2023 hasta diciembre de 2024, y se encuentra dentro de la lista de funcionarios estatales acusados por el Gobierno de los Estados Unidos por nexos con el narcotráfico.

Mérida Sánchez se encuentra en una prisión estadounidense después de entregarse a las autoridades.

El Alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, informó que recibió un citatorio de la Fiscalía General de la República y aseguró que acudirá al llamado con la confianza de haber actuado con legalidad.

A través de una publicación en redes sociales, señaló que fue notificado la mañana de este sábado para comparecer ante el Ministerio Público Federal.

Gámez Mendívil afirmó que atenderá el requerimiento “con la absoluta certeza” de haber actuado siempre con responsabilidad como servidor público.

“Acudiré con la absoluta certeza de que siempre he actuado con apego a la legalidad y responsabilidad, como ciudadano y servidor público que ama a Culiacán, a Sinaloa y a México, un país de instituciones sólidas bajo el liderazgo de la presidenta @Claudiashein”, escribió.

El Alcalde con licencia también expresó confianza en las instituciones mexicanas.

“Tengo confianza en que imperarán la verdad y la justicia”, afirmó.

Horas antes, la Secretaría de Gobernación aclaró que los citatorios emitidos por la FGR a autoridades de Sinaloa y Chihuahua corresponden a comparecencias en calidad de testigos.

Gámez Mendívil fue incluido en la acusación presentada el pasado 29 de abril en la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra funcionarios y ex funcionarios sinaloenses señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó que recibió un citatorio de la Fiscalía General de la República para comparecer ante la dependencia federal y aseguró que no tiene nada que temer ante las investigaciones en curso.

A través de una publicación en redes sociales, Rocha Moya informó que el citatorio le fue entregado durante la mañana de este sábado y señaló que atenderá el requerimiento formulado por la autoridad federal.

“Hoy, en horas de la mañana, recibí citatorio para comparecer ante la Fiscalía General de la República”, escribió.

El mandatario con licencia sostuvo que es “un hombre probo” y afirmó que su trayectoria personal respalda su actuar.

“Le digo a las y los sinaloenses, a las y los integrantes de nuestro movimiento de transformación, a nuestra líder y Jefa del Estado mexicano: soy un hombre probo y que no tiene nada que temer. Mi biografía testimonia lo que soy”, expresó en el mensaje difundido en redes sociales.

Rocha Moya agregó que acudirá ante la FGR “con la frente en alto” y manifestó su confianza en que “la verdad habrá de prevalecer”.

La declaración ocurre horas después de que la Secretaría de Gobernación aclaró que los citatorios emitidos por la FGR a funcionarios de Sinaloa y Chihuahua corresponden a comparecencias en calidad de testigos dentro de investigaciones federales.

La Secretaría de Gobernación aclaró que los citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República a funcionarios de Sinaloa, acusados por Estados Unidos; y Chihuahua, corresponden a comparecencias en calidad de testigos dentro de investigaciones federales en curso.

Mediante el comunicado difundido este sábado, la dependencia federal señaló que las citaciones forman parte de procedimientos ministeriales y no implican acusaciones formales.

“La Secretaría de Gobernación aclara que los citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República a autoridades de los estados de Chihuahua y Sinaloa, es un asunto de procedimiento en las investigaciones para que acudan como testigos”, indicó la dependencia.

El posicionamiento fue difundido horas después de que la FGR informó que citaría a declarar a personas relacionadas con la acusación presentada en Estados Unidos contra 10 sinaloenses señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el Senador morenista Enrique Inzunza Cázarez son dos de los citados.

La Segob añadió que la Fiscalía es un órgano constitucional autónomo y sostuvo que sus actuaciones se realizan “con fundamento en la ley y no tiene interés político”.

CULIACÁN._ El Senador sinaloense Enrique Inzunza Cázarez informó este sábado que recibió una citación para comparecer ante la Fiscalía General de la República y aseguró que acudirá personalmente a atender el llamado de la autoridad.

A través de redes sociales, el legislador de Morena señaló que desde el primer momento manifestó su disposición para colaborar con las autoridades y sostuvo que enfrentará el proceso por cuenta propia.

“He recibido citación para comparecer ante la FGR. Como lo aseguré desde un principio, atenderé personalmente y puntualmente dicho llamamiento. Seré abogado de mí mismo, amparado en mi probidad profesional y mi honradez personal”, expresó.

Inzunza Cázarez afirmó que no recurrirá a las protecciones legales derivadas de su cargo como Senador, pese a que la Constitución contempla inmunidad procesal para ciertos servidores públicos.

“No me prevaldré de la inmunidad procesal que en razón de mi cargo me otorga el artículo 111 de nuestra Constitución, ni de la excepción que prevé para presentarse a la citación el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales”, indicó.

El Senador sostuvo que confía en las instituciones del País y destacó su trayectoria en el servicio público.

“Soy un hombre de la República, de sus leyes y de sus instituciones, a las que he servido con honor, decoro y compromiso”, manifestó.

En su mensaje, concluyó reiterando su confianza en las instituciones democráticas.

La citación de Inzunza Cázarez ocurre en medio de las investigaciones abiertas en México tras las acusaciones formuladas por autoridades de Estados Unidos contra funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa.

El pasado 29 de abril, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el Senador Enrique Inzunza Cázarez; el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, así como otros funcionarios y ex funcionarios estatales, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Este sábado, la Fiscalía General de la República informó que citó a declarar a los señalados, entre ellos el mismo Rocha Moya, quien en días pasado solicitó licencia al cargo.

La Fiscalía General de la República informó este sábado que citó a declarar a los funcionarios y ex funcionarios sinaloenses señalados en la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, entre ellos el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

A través de un comunicado, la dependencia federal detalló que las personas involucradas están siendo llamadas a rendir entrevista ante el Ministerio Público Federal como parte de la investigación abierta tras las acusaciones formuladas en Estados Unidos.

La FGR indicó que las diligencias buscan avanzar “con seriedad y exhaustividad” en el esclarecimiento de los hechos relacionados con el caso que involucra a 10 ciudadanos mexicanos de Sinaloa.

“Dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad”, señaló la FGR.

Entre los acusados aparecen el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el Senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez; y el Alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

La lista también incluye al ex Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez; al ex Secretario de Administración y Finanzas estatal, Enrique Díaz Vega; y al vicefiscal de la Fiscalía General del Estado, Dámaso Castro Saavedra.

Asimismo, fueron señalados el ex director de la Policía de Investigación de la Fiscalía estatal, Marco Antonio Almanza Avilés; el ex comisario de la Policía de Investigación, Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”; el ex mando de la Policía Estatal Preventiva, José Antonio Dionisio Hipólito, conocido como “Tornado”; y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”.

La acusación que detonó la investigación

La acusación contra los funcionarios y ex funcionarios sinaloenses fue dada a conocer el pasado 29 de abril por el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y por el administrador de la DEA, Terrance C. Cole.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los acusados habrían participado en una red de protección política e institucional para favorecer las operaciones del Cártel de Sinaloa y el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Licencias, relevo en el Gobierno y cambios en Culiacán

El 1 de mayo, Rubén Rocha Moya solicitó licencia temporal al Congreso de Sinaloa, horas después de que la propia FGR pidió públicamente al Gobierno de Estados Unidos entregar más pruebas sobre las acusaciones formuladas en Nueva York.

Un día después, el 2 de mayo, el Congreso local designó a Yeraldine Bonilla Valverde, entonces Secretaria General de Gobierno, como Gobernadora interina.

La noche del mismo 1 de mayo, Juan de Dios Gámez Mendívil también pidió licencia temporal a la Presidencia Municipal de Culiacán, argumentando que buscaba agilizar cualquier investigación que tuviera que realizar la FGR.

Tras su salida, el Cabildo designó como Alcaldesa interina a Ana Miriam Ramos Villarreal, quien se desempeñaba como Síndica Procuradora del Ayuntamiento de Culiacán.

Posteriormente, el 5 de mayo, Dámaso Castro Saavedra también solicitó licencia temporal a su cargo como vicefiscal estatal.

El caso Gerardo Mérida y la entrega de Enrique Díaz Vega

Gerardo Mérida Sánchez, de 66 años, aparece registrado en la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos y fue trasladado a una prisión federal en Brooklyn, luego de entregarse a autoridades estadounidenses el pasado 11 de mayo tras cruzar por la garita de Nogales.

El ex Secretario se declaró no culpable de los cargos que le imputan autoridades estadounidenses, relacionados con presuntos sobornos recibidos del Cártel de Sinaloa a cambio de no interferir en sus operaciones mientras estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Ese mismo viernes, el periodista Joaquín López-Dóriga informó que Enrique Díaz Vega también se entregó a autoridades estadounidenses.

Según el reporte, el ex funcionario habría cruzado hacia Estados Unidos dos semanas después de ser incluido por el Departamento de Justicia en el mismo expediente que involucra a Rocha Moya, Mérida Sánchez, Inzunza Cázarez, Gámez Mendívil y otros funcionarios y ex funcionarios sinaloenses señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

En esta misma información difundida por la FGR dio a conocer que también fueron citadas a comparecer, en calidad de testigos, la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván y el ex Fiscal General de esa entidad, César Jáuregui Moreno, como parte de la indagatoria por el operativo realizado en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril.

La dependencia explicó que las entrevistas ministeriales derivan de la cadena de mando de los servidores públicos que participaron en dicho operativo, sobre el cual ya se habían informado previamente algunas diligencias.

La FGR aseguró que en ambos asuntos actúa conforme a sus atribuciones constitucionales y legales, además de mantener apego al debido proceso.

La Fiscalía General del Estado informó que el asesinato de dos mujeres registrado en la Colonia Emiliano Zapata, en Culiacán, es investigado bajo el protocolo de feminicidio, mientras que en lo que va de mayo se han contabilizado siete casos de este delito en Sinaloa.

La Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, señaló que ambas carpetas de investigación fueron iniciadas como feminicidio y que ya existen líneas de investigación abiertas, principalmente en torno a una de las víctimas.

“Está registrada la carpeta de investigación como feminicidio para ambas. Lamentablemente las dos fallecieron ahí en el lugar y sí hay línea de investigación ahí, principalmente con una de ellas donde empieza el hecho”, declaró.

Aunque fue cuestionada sobre si existe alguna relación sentimental, de pareja o familiar detrás del crimen, la funcionaria indicó que hasta el momento esa hipótesis no ha sido confirmada.

“Hasta este momento no tenemos esa línea de investigación sobre lo que se está integrando”, dijo.

La Fiscal evitó proporcionar mayores detalles sobre el avance de las indagatorias al señalar que la información continúa en integración.

Respecto a la incidencia de violencia contra las mujeres, informó que durante mayo se han registrado siete feminicidios en la entidad.

“En este mes en lo que va de estos días se han registrado siete feminicidios”, expuso.

Añadió que la Fiscalía mantiene el procesamiento de las escenas y la clasificación de los delitos conforme avanzan las investigaciones.

Sobre la posible relación de estos hechos con la ola de violencia que enfrenta Culiacán por la disputa entre grupos criminales, indicó que algunos feminicidios recientes no han tenido vínculo con el conflicto delincuencial, aunque otros sí presentan características relacionadas con actividades del narcomenudeo.

“Algunos se han estado resolviendo en donde no han estado relacionados a la situación del conflicto delincuencial que vive Culiacán, pero algunos otros han tenido algún tipo de especificación o característica relativa al narcomenudeo”, comentó.

Sin embargo, precisó que aún es prematuro establecer si el caso de las dos mujeres asesinadas en la Colonia Emiliano Zapata tiene relación con el contexto de violencia criminal.

“Hasta este momento es muy pronto para determinar una posible confirmación sobre que si tuviera algo que ver”, puntualizó.