La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa informó que capacitó a 108 servidores públicos estatales y municipales en materia de derechos humanos y servicio público con el objetivo de fortalecer el derecho de la ciudadanía a recibir una atención digna por parte de las instituciones públicas.

La actividad se realizó en coordinación con la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, como parte de los trabajos de la Comisión Permanente de Vigilancia y Control Estado-Municipios, integrada por la dependencia estatal y las sindicaturas de procuración de los ayuntamientos.

La capacitación estuvo a cargo de la visitadora general de la CEDH, Reyna Isabel Mendoza Osuna, quien ofreció una sensibilización dirigida a las y los funcionarios convocados con el propósito de reforzar el respeto a los derechos humanos en el desempeño de sus funciones.

Durante la jornada denominada “Derechos humanos en el ejercicio del servicio público”, la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, Sandra Guadalupe Angulo Cázarez, señaló que este tipo de acciones buscan garantizar el respeto, la igualdad y el bienestar colectivo, además de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones que tienen los servidores públicos hacia la sociedad.

En la capacitación participaron representantes de órganos internos de control de diversas dependencias estatales, entre ellas la Secretaría de Educación Pública y Cultura, el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, el Sistema DIF Sinaloa, el Instituto Sinaloense de Cultura, la Universidad de la Policía y la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, entre otras.

También asistieron síndicos procuradores, personal de órganos internos de control y funcionarios municipales de Choix, El Fuerte, Guasave, Juan José Ríos, Mocorito, Sinaloa de Leyva, Angostura, Culiacán, Navolato, Eldorado, Salvador Alvarado, Elota, Mazatlán, Escuinapa y San Ignacio.

De acuerdo con la CEDH, estas acciones forman parte de los esfuerzos institucionales para promover una cultura de respeto a los derechos humanos y mejorar la atención que reciben las y los ciudadanos en las distintas dependencias gubernamentales.

Durante más de dos años, una madre buscó a su hijo desaparecido mientras su cuerpo permanecía bajo resguardo del Servicio Médico Forense en Culiacán.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa concluyó que la Fiscalía General del Estado incurrió en omisiones, dilaciones y negligencia que impidieron identificar oportunamente a la víctima y notificar a su familia.

La historia quedó plasmada en la Recomendación 5/2026 emitida por la CEDH contra la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, luego de analizar el expediente derivado de la queja presentada por la madre de la víctima.

De acuerdo con el documento, la desaparición fue denunciada en septiembre de 2022 ante la Agencia Especializada en Desaparición Forzada de Personas Región Centro.

La madre relató que, tras interponer la denuncia, proporcionó muestras de ADN para realizar confrontas genéticas con cuerpos sin identificar resguardados por el Semefo. Sin embargo, aunque la solicitud para realizar el estudio genético fue emitida desde octubre de 2022, la prueba no fue procesada sino hasta febrero de 2024.

La investigación de la CEDH acreditó que el cuerpo de la víctima había ingresado al Servicio Médico Forense de Culiacán el 8 de septiembre de 2022 y que ese mismo día se tomaron muestras para obtener el perfil genético. Pese a ello, la identificación formal ocurrió hasta septiembre de 2024, prácticamente dos años después.

En su resolución, la Comisión señaló que la Fiscalía incurrió en una “deficiente investigación” al no dar seguimiento a solicitudes periciales, omitir el cruce de información entre áreas y desaprovechar datos que estaban disponibles incluso en plataformas institucionales de cuerpos no identificados.

La CEDH también advirtió que personal ministerial ignoró elementos relevantes para la búsqueda, como la coincidencia entre las prendas descritas en la denuncia de desaparición y las fotografías publicadas por la propia Fiscalía sobre cuerpos no identificados.

“... todo ese tiempo estuvo en poder de la institución investigadora”, señala la recomendación.

Además, sostiene que la falta de coordinación y las omisiones provocaron que la familia no pudiera localizar ni recuperar el cuerpo de la víctima durante más de dos años.

El organismo concluyó que se vulneró el derecho humano a la búsqueda y localización de personas desaparecidas, así como el derecho a la identificación de personas fallecidas. Además, citó estándares internacionales que obligan al Estado a actuar con debida diligencia en casos de desaparición.

La recomendación fue dirigida a la Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, y forma parte de las resoluciones emitidas por la CEDH durante el primer trimestre de 2026.