La Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde evitó emitir una postura sobre los citatorios girados por la Fiscalía General de la República a los 10 funcionarios mexicanos acusados por el Gobierno de Estados Unidos de presuntos nexos con el narcotráfico, entre ellos el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

Señaló que se trata de un asunto que corresponde exclusivamente a la Federación y a la Fiscalía General de la República.

“Pues ese tema, todos lo sabemos que es un tema de la Federación, de la Fiscalía General de la República”, expresó.

Bonilla Valverde indicó que no emitiría comentarios personales respecto al caso para no interferir en el trabajo de las autoridades federales encargadas de las investigaciones.

“No quisiera dar ningún comentario de mi persona hacia eso porque pues estaría, como siempre lo he dicho, no podemos entrometernos ni faltar al respeto a esas instituciones como es la FGR que está haciendo su trabajo”, declaró.

Reiteró que será la autoridad federal la encargada de conducir las investigaciones y definir el curso legal de los casos relacionados con los señalamientos realizados por Estados Unidos.

El pasado fin de semana funcionario sinaloenses, entre ellos el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, fueron citados por la Fiscalía General de la República en calidad de testigos por las acusaciones realizadas por el Gobierno de los Estados Unidos que los ubica como una red que favoreció al crimen organizado.

Sobre ello Rocha Moya sostuvo ser un hombre sin temor.

“Le digo a las y los sinaloenses, a las y los integrantes de nuestro movimiento de transformación, a nuestra líder y Jefa del Estado mexicano: soy un hombre probo y que no tiene nada que temer. Mi biografía testimonia lo que soy”, expresó en una publicación vía X.

La Regidora del PRI en Culiacán, Erika Sánchez Martínez, consideró que los citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República a autoridades sinaloenses, entre ellas el Alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, son una muestra de que los señalamientos realizados por el Gobierno de Estados Unidos tienen el peso suficiente para exigir una investigación “a fondo”.

Señaló que tanto Culiacán como Sinaloa requieren respuestas y justicia, debido a los efectos que la violencia ha dejado en la población durante los últimos meses.

“Esa de inicio es la exigencia más importante creo que tenemos todos porque Culiacán en la persona del Alcalde y el Estado en función del Gobernador ocupa respuestas. Y particularmente justicia”, expresó.

Sánchez Martínez afirmó que la ciudadanía ha resentido pérdidas humanas, desapariciones, robo de vehículos y daños patrimoniales, por lo que insistió en que las investigaciones deben realizarse con severidad y llegar hasta las últimas consecuencias.

Indicó además que existe incertidumbre entre la población sobre el actuar de las autoridades federales y el temor de que las comparecencias ante la FGR solo sirvan para deslindar responsabilidades sin profundizar en las acusaciones.

“Lo que queremos en Culiacán y en Sinaloa es que con mucha severidad se atienda este tema, sobre todo no por los implicados, más bien por todas las víctimas que hay en Sinaloa, que merecen respuestas y justicia”, declaró.

Sostuvo que incluso en redes sociales prevalece la percepción de que el proceso podría convertirse en un “montaje”, al señalar que realizó una encuesta donde, dijo, el 98 por ciento de las personas consideró esa posibilidad.

Asimismo, recordó que hasta el momento no se ha concretado el llamado realizado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos para detener a los señalados con fines de extradición, por lo que calificó estos citatorios como el primer movimiento en serio de la FGR.

“Esperamos que efectivamente se siga con esa responsabilidad y con ese compromiso hasta llegar hasta las últimas consecuencias”, añadió.

Desde principios de mayo funcionarios sinaloenses, entre ellos el Gobernador electo Rubén Rocha Moya y el Alcalde electo Juan de Dios Gámez Mendívil, enfrentan señalamientos del Gobierno de Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado.

Entre ello, el Gobierno de México comenzó investigaciones paralelas, en las que se incluyen citatorios ante la Fiscalía General de la República turnados a los funcionarios en cuestión, quienes acudirán para entrevista en calidad de testigos.

El Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó que recibió un citatorio de la Fiscalía General de la República para comparecer ante la dependencia federal y aseguró que no tiene nada que temer ante las investigaciones en curso.

A través de una publicación en redes sociales, Rocha Moya informó que el citatorio le fue entregado durante la mañana de este sábado y señaló que atenderá el requerimiento formulado por la autoridad federal.

“Hoy, en horas de la mañana, recibí citatorio para comparecer ante la Fiscalía General de la República”, escribió.

El mandatario con licencia sostuvo que es “un hombre probo” y afirmó que su trayectoria personal respalda su actuar.

“Le digo a las y los sinaloenses, a las y los integrantes de nuestro movimiento de transformación, a nuestra líder y Jefa del Estado mexicano: soy un hombre probo y que no tiene nada que temer. Mi biografía testimonia lo que soy”, expresó en el mensaje difundido en redes sociales.

Rocha Moya agregó que acudirá ante la FGR “con la frente en alto” y manifestó su confianza en que “la verdad habrá de prevalecer”.

La declaración ocurre horas después de que la Secretaría de Gobernación aclaró que los citatorios emitidos por la FGR a funcionarios de Sinaloa y Chihuahua corresponden a comparecencias en calidad de testigos dentro de investigaciones federales.

La Secretaría de Gobernación aclaró que los citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República a funcionarios de Sinaloa, acusados por Estados Unidos; y Chihuahua, corresponden a comparecencias en calidad de testigos dentro de investigaciones federales en curso.

Mediante el comunicado difundido este sábado, la dependencia federal señaló que las citaciones forman parte de procedimientos ministeriales y no implican acusaciones formales.

“La Secretaría de Gobernación aclara que los citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República a autoridades de los estados de Chihuahua y Sinaloa, es un asunto de procedimiento en las investigaciones para que acudan como testigos”, indicó la dependencia.

El posicionamiento fue difundido horas después de que la FGR informó que citaría a declarar a personas relacionadas con la acusación presentada en Estados Unidos contra 10 sinaloenses señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el Senador morenista Enrique Inzunza Cázarez son dos de los citados.

La Segob añadió que la Fiscalía es un órgano constitucional autónomo y sostuvo que sus actuaciones se realizan “con fundamento en la ley y no tiene interés político”.

CULIACÁN._ El Senador sinaloense Enrique Inzunza Cázarez informó este sábado que recibió una citación para comparecer ante la Fiscalía General de la República y aseguró que acudirá personalmente a atender el llamado de la autoridad.

A través de redes sociales, el legislador de Morena señaló que desde el primer momento manifestó su disposición para colaborar con las autoridades y sostuvo que enfrentará el proceso por cuenta propia.

“He recibido citación para comparecer ante la FGR. Como lo aseguré desde un principio, atenderé personalmente y puntualmente dicho llamamiento. Seré abogado de mí mismo, amparado en mi probidad profesional y mi honradez personal”, expresó.

Inzunza Cázarez afirmó que no recurrirá a las protecciones legales derivadas de su cargo como Senador, pese a que la Constitución contempla inmunidad procesal para ciertos servidores públicos.

“No me prevaldré de la inmunidad procesal que en razón de mi cargo me otorga el artículo 111 de nuestra Constitución, ni de la excepción que prevé para presentarse a la citación el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales”, indicó.

El Senador sostuvo que confía en las instituciones del País y destacó su trayectoria en el servicio público.

“Soy un hombre de la República, de sus leyes y de sus instituciones, a las que he servido con honor, decoro y compromiso”, manifestó.

En su mensaje, concluyó reiterando su confianza en las instituciones democráticas.

La citación de Inzunza Cázarez ocurre en medio de las investigaciones abiertas en México tras las acusaciones formuladas por autoridades de Estados Unidos contra funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa.

El pasado 29 de abril, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el Senador Enrique Inzunza Cázarez; el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, así como otros funcionarios y ex funcionarios estatales, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Este sábado, la Fiscalía General de la República informó que citó a declarar a los señalados, entre ellos el mismo Rocha Moya, quien en días pasado solicitó licencia al cargo.

La Fiscalía General de la República informó este sábado que citó a declarar a los funcionarios y ex funcionarios sinaloenses señalados en la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, entre ellos el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

A través de un comunicado, la dependencia federal detalló que las personas involucradas están siendo llamadas a rendir entrevista ante el Ministerio Público Federal como parte de la investigación abierta tras las acusaciones formuladas en Estados Unidos.

La FGR indicó que las diligencias buscan avanzar “con seriedad y exhaustividad” en el esclarecimiento de los hechos relacionados con el caso que involucra a 10 ciudadanos mexicanos de Sinaloa.

“Dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad”, señaló la FGR.

Entre los acusados aparecen el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el Senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez; y el Alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

La lista también incluye al ex Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez; al ex Secretario de Administración y Finanzas estatal, Enrique Díaz Vega; y al vicefiscal de la Fiscalía General del Estado, Dámaso Castro Saavedra.

Asimismo, fueron señalados el ex director de la Policía de Investigación de la Fiscalía estatal, Marco Antonio Almanza Avilés; el ex comisario de la Policía de Investigación, Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”; el ex mando de la Policía Estatal Preventiva, José Antonio Dionisio Hipólito, conocido como “Tornado”; y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”.

La acusación que detonó la investigación

La acusación contra los funcionarios y ex funcionarios sinaloenses fue dada a conocer el pasado 29 de abril por el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y por el administrador de la DEA, Terrance C. Cole.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los acusados habrían participado en una red de protección política e institucional para favorecer las operaciones del Cártel de Sinaloa y el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Licencias, relevo en el Gobierno y cambios en Culiacán

El 1 de mayo, Rubén Rocha Moya solicitó licencia temporal al Congreso de Sinaloa, horas después de que la propia FGR pidió públicamente al Gobierno de Estados Unidos entregar más pruebas sobre las acusaciones formuladas en Nueva York.

Un día después, el 2 de mayo, el Congreso local designó a Yeraldine Bonilla Valverde, entonces Secretaria General de Gobierno, como Gobernadora interina.

La noche del mismo 1 de mayo, Juan de Dios Gámez Mendívil también pidió licencia temporal a la Presidencia Municipal de Culiacán, argumentando que buscaba agilizar cualquier investigación que tuviera que realizar la FGR.

Tras su salida, el Cabildo designó como Alcaldesa interina a Ana Miriam Ramos Villarreal, quien se desempeñaba como Síndica Procuradora del Ayuntamiento de Culiacán.

Posteriormente, el 5 de mayo, Dámaso Castro Saavedra también solicitó licencia temporal a su cargo como vicefiscal estatal.

El caso Gerardo Mérida y la entrega de Enrique Díaz Vega

Gerardo Mérida Sánchez, de 66 años, aparece registrado en la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos y fue trasladado a una prisión federal en Brooklyn, luego de entregarse a autoridades estadounidenses el pasado 11 de mayo tras cruzar por la garita de Nogales.

El ex Secretario se declaró no culpable de los cargos que le imputan autoridades estadounidenses, relacionados con presuntos sobornos recibidos del Cártel de Sinaloa a cambio de no interferir en sus operaciones mientras estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Ese mismo viernes, el periodista Joaquín López-Dóriga informó que Enrique Díaz Vega también se entregó a autoridades estadounidenses.

Según el reporte, el ex funcionario habría cruzado hacia Estados Unidos dos semanas después de ser incluido por el Departamento de Justicia en el mismo expediente que involucra a Rocha Moya, Mérida Sánchez, Inzunza Cázarez, Gámez Mendívil y otros funcionarios y ex funcionarios sinaloenses señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

En esta misma información difundida por la FGR dio a conocer que también fueron citadas a comparecer, en calidad de testigos, la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván y el ex Fiscal General de esa entidad, César Jáuregui Moreno, como parte de la indagatoria por el operativo realizado en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril.

La dependencia explicó que las entrevistas ministeriales derivan de la cadena de mando de los servidores públicos que participaron en dicho operativo, sobre el cual ya se habían informado previamente algunas diligencias.

La FGR aseguró que en ambos asuntos actúa conforme a sus atribuciones constitucionales y legales, además de mantener apego al debido proceso.