Un autobús de pasajeros de la línea Rápidos del Sur y un vehículo de traslado de la Guardia Nacional (GN) chocaron este 15 de agosto en el puente Las Flores, sobre el tramo carretero Ocozocoautla–Cintalapa, en el estado de Chiapas. El accidente dejó una persona fallecida y 15 lesionados que fueron atendidos y trasladados a dos hospitales de la región.

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas reportó el siniestro a las 13:52 horas. En un primer balance, la dependencia contabilizó 16 personas involucradas entre pasajeros del autobús de la línea Rápidos del Sur y elementos de la GN que viajaban en el segundo vehículo. La atención en el lugar comenzó de inmediato con la llegada de elementos de Protección Civil de los municipios de Ocozocoautla y Cintalapa, junto con ambulancias y unidades de emergencia.

A las 14:46 horas, en una segunda actualización, la dependencia confirmó la muerte de una de las personas involucradas. En ese mismo reporte precisó que tres lesionados habían sido trasladados al Hospital Básico Comunitario de Cintalapa y uno más al hospital de Ocozocoautla, mientras los cuerpos de emergencia continuaban con las labores de valoración y atención en el sitio del accidente.

El vehículo de la Guardia Nacional involucrado en el choque era un camión de redilas con número de unidad 33052, del tipo que la corporación emplea para el traslado de personal. La imagen difundida tras el accidente mostró ambas unidades con daños en la parte frontal.

Once pacientes ingresaron al Hospital Básico Comunitario de Cintalapa

En una tercera actualización emitida a las 17:12 horas, Protección Civil informó que 11 pacientes ingresaron al Hospital Básico Comunitario de Cintalapa, adscrito al IMSS-Bienestar, para valoración y atención médica. La cifra representó un incremento respecto al reporte anterior, que registraba únicamente cuatro traslados a ese nosocomio.

El Equipo de Respuesta Inmediata actuó en coordinación con corporaciones de los tres municipios involucrados y con la propia Guardia Nacional. El personal brindó atención prehospitalaria directamente en el puente Las Flores y organizó los traslados. Según los reportes, Protección Civil mantuvo la coordinación interinstitucional para dar seguimiento a la atención de todos los afectados.

Cuatro elementos de la Guardia Nacional fueron evacuados en helicóptero

Cuatro elementos de la Guardia Nacional con lesiones de mayor gravedad no fueron trasladados por tierra. Las autoridades ordenaron su evacuación vía aérea al Hospital Militar de la VII Región Militar, en Tuxtla Gutiérrez, donde continuaron recibiendo atención médica especializada.

La dependencia estatal pidió a la población manejar con precaución en el tramo Ocozocoautla–Cintalapa y atender las indicaciones de las autoridades presentes en la zona. Protección Civil señaló que mantendría coordinación con las instituciones participantes para dar seguimiento puntual a la atención de las personas afectadas.

La identidad y filiación de la persona fallecida no fueron precisadas en los comunicados emitidos por la Secretaría de Protección Civil de Chiapas. Las autoridades no informaron si se trataba de un pasajero de la línea Rápidos del Sur o de un elemento federal.

Un camión de la Guardia Nacional ya había causado una muerte en Ecatepec en febrero

El accidente en Chiapas no fue el primer incidente vial grave protagonizado por un vehículo de la corporación. El pasado mes de febrero, un camión de la Guardia Nacional con placas 303477 arrolló a una pareja en motocicleta sobre la avenida José López Portillo, en la colonia Guadalupe Victoria, Ecatepec, Estado de México. El conductor avanzó por el carril confinado del Mexibús Línea 2 cuando el semáforo marcaba alto para su sentido de circulación.

El impacto mató a un hombre de 43 años en el lugar. Una mujer de 30 años resultó herida y fue trasladada a un hospital.

Videos difundidos en redes sociales registraron el momento exacto del choque, ocurrido minutos antes de las 11:00 horas, y mostraron a ambas víctimas proyectadas sobre el asfalto tras el impacto.

El conductor de la unidad quedó detenido y fue presentado ante el Ministerio Público, donde esperó la resolución de su situación jurídica. Elementos de Protección Civil, policías estatales y municipales aseguraron la zona para permitir las labores periciales.

El percance también afectó el servicio del Mexibús Línea 2, que conecta Las Américas en Ecatepec con La Quebrada en Cuautitlán Izcalli. El sistema reportó retrasos en sus recorridos mientras los equipos de emergencia atendían el incidente en la vía.

Posteriormente, el conductor de la unidad federal fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio, lesiones y daño en los bienes.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) aprehendió a dos policías municipales de Acapulco por su probable responsabilidad en el homicidio calificado de un hombre identificado como Carlos “N”, cuyo cuerpo fue localizado el pasado 10 de agosto de 2026 en la colonia Unidad Ciudadana del mismo municipio donde laboraban.

Los servidores públicos, identificados como Manuel Alejandro “N” y Ricardo “N”, quedaron a disposición del Juez de Control que los requiere, ante quien se determinará su situación jurídica conforme a derecho.

Durante el operativo fue asegurada una patrulla perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Acapulco, presuntamente vinculada con los hechos. La detención se realizó mediante acciones coordinadas entre la FGE, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Estatal.

La FGE acreditó la participación de los imputados mediante actos de investigación

Los actos de investigación de la FGE permitieron establecer la probable participación de Manuel Alejandro “N” y Ricardo “N” en el homicidio y obtener de la autoridad judicial las órdenes de aprehensión correspondientes. La fiscalía no precisó la naturaleza de las diligencias que llevaron a identificar a los dos elementos como probables responsables.

El homicidio de Carlos “N” ocurrió el 10 de agosto de 2026. La víctima fue localizada sin vida en la colonia Unidad Ciudadana, sin que el comunicado oficial revelara las circunstancias exactas del crimen ni la causa de muerte. Cabe señalar que las autoridades tampoco informaron cuál fue la presunta participación de cada elemento en el homicidio.

Tras las capturas, la FGE reafirmó en un comunicado su compromiso con el acceso a la justicia y el combate a la impunidad en el estado de Guerrero.

La SSP Municipal reconoció la gravedad de los hechos y ofreció colaboración plena con la fiscalía

Una hora después de que la FGE confirmara las capturas, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Municipio de Acapulco emitió un comunicado en el que reconoció que los hechos “son graves y no serán minimizados”, aunque aclaró que no representan el actuar de toda la corporación. La dependencia subrayó que en la Policía Municipal no habrá tolerancia para actos de corrupción, abuso de autoridad o complicidad.

La SSP señaló que desde el inicio de la actual administración se estableció como prioridad avanzar hacia una institución transparente y sujeta a procesos de evaluación, supervisión y rendición de cuentas. Bajo esa visión, indicó, se abrieron mecanismos internos para identificar y erradicar conductas que se aparten de los principios de legalidad y honestidad.

La dependencia se comprometió a proporcionar toda la información requerida por la FGE y a mantener colaboración plena durante el desarrollo de las investigaciones, con respeto a las atribuciones de la autoridad ministerial y al debido proceso.

Portar el uniforme, sostuvo la dependencia, “representa la responsabilidad de proteger a la ciudadanía y actuar siempre dentro del marco legal; cualquier elemento que traicione esa encomienda deberá responder ante las instancias correspondientes”.

Quién está al frente de la seguridad en Acapulco

Federico Argumedo Rodríguez asumió la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco el pasado 2 de marzo de 2026, tras recibir el nombramiento oficial con el voto unánime del Cabildo. La presidenta municipal Abelina López Rodríguez tomó protesta al nuevo secretario y destacó su experiencia en seguridad pública como el factor determinante para su elección.

Argumedo Rodríguez relevó en el cargo a Eduardo Arturo Bailleres Mendoza. Cuenta con más de 20 años de experiencia en seguridad pública, según señaló el regidor José Ángel Mejía Álvarez durante la ceremonia de toma de protesta.

El nuevo secretario presentó un plan de trabajo basado en inteligencia territorial, proximidad social, coordinación interinstitucional y respeto a los derechos humanos. Su diagnóstico delictivo para el periodo 2024-2025 identificó como principales problemas el homicidio doloso, la extorsión, el robo con violencia, la violencia familiar y los delitos contra el sector turístico.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró este sábado el ejercicio conjunto de seguridad fronteriza que fuerzas de ambos países realizaron el pasado jueves 13 de agosto a lo largo del Río Bravo, en la zona limítrofe entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas.

“Juntos somos más fuertes frente a los cárteles y las organizaciones narcoterroristas que amenazan a nuestra gente”, escribió Johnson en su cuenta de X. El operativo se realizó en el marco de la designación del Cártel de Juárez como Organización Terrorista Extranjera por parte del Departamento de Estado, formalizada el pasado 16 de julio.

Por su parte, el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos Rodney Scott también reaccionó este sábado desde su cuenta de X. “Se acabaron los días de esperar a que las amenazas nos lleguen”, escribió, junto con un video que muestra a elementos de la Guardia Nacional y del Ejército del lado mexicano.

Scott señaló que el ejercicio del jueves en El Paso buscó preparar a las fuerzas de ambos países para responder con rapidez y neutralizar amenazas desde cualquiera de los dos lados de la frontera. El comisionado advirtió que el Cártel de Juárez se encuentra en estado de alerta tras su designación como Organización Terrorista Extranjera. “Estamos preparados”, remató.

Militares mexicanos y Border Patrol, desplegados frente a frente en el Río Bravo

El ejercicio, organizado en EEUU por el Sector El Paso de la Patrulla Fronteriza, tuvo lugar el jueves 13 de agosto a lo largo del Río Bravo, pasando frente a la escultura conocida como La X, uno de los puntos más reconocibles de Ciudad Juárez. Cada país operó dentro de su propio territorio: no hubo cruce de fronteras ni presencia de fuerzas extranjeras en suelo ajeno. La coordinación fue simultánea y en tiempo real a ambas orillas.

Del lado mexicano, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano realizaron un patrullaje espejo: un despliegue simultáneo frente al operativo estadounidense. Del lado de Estados Unidos, agentes de la U.S. Border Patrol —incluyendo su destacamento de Operaciones Especiales, trasladados al área en helicóptero de CBP Air and Marine Operations— encabezaron el ejercicio. Helicópteros sobrevolaron la frontera y elementos de fuerzas especiales descendieron al área mediante cuerdas.

La presencia simultánea de efectivos y vehículos oficiales en ambas orillas generó expectación entre quienes circulaban por las inmediaciones, debido a la magnitud del despliegue y al movimiento de personal y equipo especializado.

EEUU designó al Cártel de Juárez como organización terrorista un mes antes del ejercicio

El ejercicio se realizó un mes después de que el secretario de Estado Marco Rubio designara al Cártel de Juárez —y al cártel de Los Viagras— como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados, el pasado 16 de julio. La medida bloqueó el acceso de ambas organizaciones al sistema financiero de Estados Unidos y prohibió cualquier transacción en su favor por parte de ciudadanos o entidades estadounidenses.

En su declaración del 16 de julio, Rubio vinculó la designación con la masacre de 2019 en Sonora, en la que nueve ciudadanos estadounidenses —tres adultos y seis niños— integrantes de la familia Lebarón, fueron asesinados por sicarios de La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez.

“La Administración Trump seguirá utilizando todos los medios a su alcance para proteger a nuestra nación, manteniendo las drogas fuera de nuestras calles y cortando las fuentes de ingresos que financian a los narcoterroristas violentos”, escribió Rubio en la declaración oficial.

El Cártel de Juárez y Los Viagras se sumaron así a una lista que la administración Trump comenzó a construir el 20 de febrero de 2025, cuando designó en bloque a seis organizaciones mexicanas: el Cártel de Sinaloa, el CJNG, el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo, La Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos. Con las dos designaciones del 16 de julio, el total de cárteles mexicanos bajo la categoría de Organización Terrorista Extranjera llegó a ocho.

Ronald Johnson ha enmarcado tanto la designación como el operativo del jueves como resultados directos de la relación entre el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum. “Esta es la cooperación y la coordinación enfocada en resultados”, escribió el embajador este sábado, con el hashtag #JuntosLogramosMás.

La Secretaría de Marina interceptó en el Océano Pacífico una lancha que transportaba 53 bultos con aproximadamente mil 900 kilogramos de cocaína, a 170 millas náuticas —315 kilómetros— al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero. Dos tripulantes fueron detenidos en el operativo.

Según datos publicados en un comunicado conjunto de la institución naval y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el aseguramiento representó una afectación económica de 405 millones 484 mil 480 pesos para los grupos delictivos involucrados. Con esta acción, la Armada de México evitó que más de 3 millones de dosis llegaran a las calles.

Un vuelo de patrullaje localizó la narcolancha

El operativo se originó durante un vuelo de patrullaje y vigilancia marítima. El personal naval avistó la lancha desde el aire, realizó el seguimiento correspondiente y procedió a la intercepción en aguas del Pacífico, en la zona correspondiente a la Octava Región Naval.

La embarcación contaba con dos motores fuera de borda. A bordo viajaban dos tripulantes, quienes fueron detenidos en el momento de la intercepción. Los 53 bultos con la sustancia fueron asegurados en ese mismo punto.

Los dos presuntos infractores fueron trasladados junto con lo decomisado a las instalaciones de la Octava Región Naval en Acapulco, Guerrero. Ahí quedaron a disposición de la SSPC para ser presentados ante la Fiscalía General de la República (FGR), que integrará la carpeta de investigación y determinará su peso exacto.

La Marina actuó a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera

La acción fue ejecutada por personal de la Marina a través de la Armada de México, por conducto de la Octava Región Naval en funciones de Guardia Costera. El vuelo de patrullaje que dio origen al operativo forma parte de las acciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre que realiza la dependencia.

Esas operaciones se realizan en coordinación con los tres órdenes de gobierno. El objetivo declarado por la Marina es inhibir actividades ilícitas en aguas nacionales y debilitar las capacidades operativas y la estructura financiera de los grupos delictivos.

Las autoridades no revelaron en su comunicado a qué organización criminal pertenecería el cargamento ni si existe alguna línea de investigación al respecto. La FGR es la instancia que determinará los cargos contra los dos detenidos.

El aseguramiento eleva a cerca de 90 toneladas el total de cocaína decomisada en mar en esta administración

La Marina y la SSPC señalaron en su comunicado conjunto que este decomiso se suma a los resultados acumulados de las operaciones marítimas en la presente administración, que en conjunto suman cerca de 90 toneladas de cocaína asegurada.

El pasado este 7 de agosto, la Marina informó un operativo de características similares: la intercepción de una lancha a 851 kilómetros al sur de Acapulco con mil 170 kilogramos de cocaína y seis tripulantes detenidos —tres mexicanos y tres ecuatorianos—. La embarcación cargaba además 49 bidones con 2 mil 450 litros de combustible, tres equipos de comunicación satelital y dos radiobalizas, una configuración que apuntaría a una operación con coordinación desde tierra o desde otra nave.

El Pacífico concentra el tráfico marítimo de droga: CJNG y Cártel de Sinaloa son los principales señalados

El almirante secretario Raymundo Pedro Morales señaló el pasado 31 de julio, en la conferencia mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que la mayoría de la droga que circula por mar se concentra en las costas del Océano Pacífico. Identificó al CJNG y al Cártel de Sinaloa como las principales organizaciones detrás de los cargamentos.

Morales describió además un cambio en las tácticas de los grupos criminales: introdujeron polizones —“gente que no trae papeles”— a bordo de barcos de carga grande con la instrucción de lanzar la droga al mar durante la travesía. Una vez en el agua, lanchas menores operaban como recolectoras. Esa modalidad obligó a la Marina a abrir un segundo frente de vigilancia directamente en los puertos.

El litoral del Pacífico mexicano abarca 11 estados y más de 7 mil kilómetros de costa, lo que equivale a 70% del litoral nacional. El grueso de los decomisos documentados en lo que va del año ocurrió frente a las costas de Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Toda la droga asegurada en esa franja correspondió a cocaína que llegaría por vía marítima desde Sudamérica.

Un juez con sede en Ecatepec dictó una sentencia de 40 años de prisión contra Fernanda Elizabeth García Ruiz, una mujer que extorsionó a la propietaria de una obra en construcción en ese municipio del Estado de México. Según datos oficiales, la sentenciada se presentó junto a otra mujer como trabajadora de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y exigió dinero bajo amenaza de clausurar la edificación y llamar a un grupo delictivo para causar daño.

El caso llegó a los tribunales luego de que policías municipales que circulaban por el lugar respondieran al llamado de la víctima y detuvieran a ambas mujeres en agosto de 2025. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) aportó las pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad de García Ruiz, quien además de la pena de prisión recibió la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

Víctima supervisaba construcción de su vivienda cuando fue extorsionada

Según reportes oficiales publicados este 15 de agosto, los hechos ocurrieron cuando la afectada se encontraba en un predio de Ecatepec para supervisar los avances de su casa. Dos mujeres se acercaron y se identificaron como integrantes de la CTM, exigieron ver los permisos de construcción y demandaron el pago de 5 mil pesos como condición para no interferir con la obra.

Ante la negativa de la propietaria, las extorsionadoras escalaron las amenazas: advirtieron que clausurarían la construcción y que llamarían a integrantes de un grupo delictivo para causarle daño físico. La víctima no cedió al cobro y buscó ayuda de inmediato.

Fue en ese momento cuando la afectada solicitó el auxilio de policías municipales que pasaban por el lugar. Los agentes respondieron al llamado, se presentaron en el predio y lograron la detención de ambas mujeres, quienes fueron puestas a disposición de la Autoridad Ministerial.

La FGJEM no aclaró si García Ruiz tenía o no vínculo real con la CTM. La autoridad únicamente señaló que ella y su acompañante se ostentaron como trabajadoras de esa confederación, sin precisar si se trató de una usurpación de identidad gremial o si ambas pertenecían a la organización.

Ministerio Público acreditó responsabilidad con pruebas suficientes ante el juez

Tras su detención fueron presentadas en por la FGJEM en audiencia inicial y posteriormente vinculadas a proceso. El agente del Ministerio Público integró el caso y presentó ante el juez los elementos de prueba necesarios para sostener la acusación por el delito de extorsión agravada. El juzgador los valoró en su conjunto y determinó que acreditaban plenamente la participación de García Ruiz en los hechos.

Con base en esa valoración, el juez declaró la culpabilidad de Fernanda Elizabeth García Ruiz y le impuso una pena de 40 años de prisión. De manera adicional, le suspendió sus derechos civiles y políticos por el mismo periodo.

La fiscalía tampoco informó sobre la situación legal de la segunda mujer detenida junto a García Ruiz.

En un comunicado oficial, autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que, en caso de reconocer a Fernanda Elizabeth García Ruiz como probable implicada en otro hecho delictivo, lo reporte a través de los canales disponibles. La fiscalía habilitó para ello el correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx y el número telefónico 800 7028770.

Edomex evitó el pago de más de 209 millones de pesos por extorsión en lo que va de 2026

El caso de Ecatepec se inscribe en un problema extendido en el Estado de México. Solo entre el 6 y el 12 de agosto, las autoridades estatales impidieron que extorsionadores cobraran 5 millones 578 mil 606 pesos, cifra que se suma a los 209 millones 58 mil 268 pesos bloqueados entre enero y el 15 de julio de 2026.

En la Mesa de Paz del pasado viernes 14 de agosto, la gobernadora Delfina Gómez subrayó que sin denuncia ciudadana esas cifras no serían posibles. Las autoridades mantienen habilitada la línea 089 para reportes anónimos las 24 horas.

La jornada de ayer dejó una de las noticias más dolorosas de la semana: Viviana Aguilar murió en el Centro Médico Nacional La Raza, luego de una semana hospitalizada por las quemaduras que sufrió al proteger con su cuerpo a su hija durante la explosión de una pipa de gas en Cuernavaca. Su muerte convierte el caso en homicidio y abre una nueva etapa judicial para definir responsabilidades penales e indemnizaciones.

En Michoacán, la Fiscalía General del Estado ejecutó cuatro órdenes de aprehensión contra el director y tres elementos de la Policía Municipal de José Sixto Verduzco por su presunta participación en hechos de desaparición de personas. El operativo fue conjunto con la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

La fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, anunció la captura de Eduardo “N”, alias “El Glenda”, señalado como uno de los principales generadores de violencia en el oriente de la capital. La Policía de Investigación lo localizó en Ixtapaluca, Estado de México, con una orden de aprehensión por homicidio calificado.

En materia de narcotráfico, un juez vinculó a proceso a Diego “N”, de 38 años, tras ser detenido en la autopista México-Cuernavaca con más de 217 kilogramos de cocaína ocultos en el doble fondo de una camioneta. En Guerrero, dos presuntos integrantes de Los Ardillos fueron arrestados por el asesinato de un repartidor de garrafones de 26 años en Chilpancingo.

En Tamaulipas, un juez dictó prisión preventiva contra Sirenio “N”, padrastro acusado de abusar sexualmente de su hijastra de 11 años en Matamoros, cuyo embarazo fue interrumpido legalmente en el IMSS. Mientras que en Baja California, cayó el “Sargento Phoenix” en Mexicali con un fusil, 4 armas cortas y 560 dosis de metanfetamina.

A continuación, las noticias de este sábado.

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Hombre muere tras ser mordido por un perro en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero

Una persona fue hallada muerta tras ser mordida por un perro en la vía pública de la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México. La víctima fue localizada inconsciente en el cruce de las avenidas Insurgentes Norte y Ticomán, en la colonia Residencial Zacatenco, donde llegaron los primeros respondientes.

Según datos oficiales, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron alertados del incidente vía frecuencia de radio y se trasladaron al lugar. Ahí encontraron a la víctima, una persona en posible situación vulnerable, término que las autoridades capitalinas emplean para referirse a personas en situación de calle.

En el sitio también había un perro amarrado a un poste, al que las autoridades señalaron como presunto responsable de las mordeduras en el cuello.

Los efectivos solicitaron los servicios de emergencia de inmediato. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) llegaron al sitio y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por las autoridades y el caso fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público de la Fiscalía capitalina, para que los servicios periciales correspondientes realizaran las diligencias de ley.

Personal de la Brigada de Vigilancia Animal de la SSC acudió al lugar, resguardó al perro, lo colocó en una transportadora y lo trasladó a sus instalaciones para su evaluación y atención médica.

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Elementos de las Fuerzas de Coordinación Institucional encabezadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California detuvieron este viernes 14 de agosto a Edgar “N”, de 52 años, identificado con el alias del “Sargento Phoenix”, y señalado como presunto integrante de un grupo criminal con operaciones en el Valle de Mexicali.

El operativo en su contra resultó en el aseguramiento de cinco armas de fuego, cartuchos, cargadores, dos radios de comunicación y 560 envoltorios con una sustancia con características de metanfetamina, con un peso aproximado de 344 gramos.

El apodo que porta Edgar “N” no es nuevo en el mundo del narco. Lo usó antes René Velázquez Valenzuela, segundo al mando de Los Ántrax —brazo armado del Cártel de Sinaloa— y uno de los sicarios más cercanos a Ismael “El Mayo” Zambada. René Velázquez fue abatido por el Ejército Mexicano el 30 de octubre de 2016 durante un enfrentamiento en la colonia Hidalgo de Culiacán.

Edgar “N” fue localizado a bordo de un Chevrolet Cruze blanco en Guadalupe Victoria

Agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) localizaron a Edgar “N” y a una mujer identificada como Inés Marlén “N”, de 38 años, originaria de Hidalgo, a bordo de un vehículo Chevrolet Cruze blanco sobre avenida Tierra, entre calle Tabachín y Novena, en Ciudad Guadalupe Victoria. Según los datos oficiales, uno de los ocupantes presentaba características de una persona de interés para las autoridades.

Al acercarse al vehículo, los oficiales detectaron lo que parecía ser un arma de fuego. La revisión confirmó la presencia de un fusil abastecido con 31 cartuchos, cuatro armas cortas con cargadores y 23 cartuchos en total, tres cargadores con 25 cartuchos cada uno y una bolsa con 91 cartuchos adicionales.

También se aseguraron dos radios de comunicación.

En el mismo sitio se encontró una bolsa transparente con 560 envoltorios de cierre hermético con una sustancia blanca y granulada con características de metanfetamina, con un peso aproximado de 344 gramos. Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) junto con todo el material asegurado.

Autoridades detallaron que durante el operativo, personal de la Fiscalía de Baja California, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina brindaron seguridad perimetral y resguardo de los detenidos.

Edgar “N”, originario de Michoacán, fue identificado como un elemento de alto perfil dentro de un grupo criminal que opera en la región del Valle de Mexicali, con actividades que van desde el sicariato hasta el patrullaje y la distribución de sustancias ilícitas. También es conocido con el apodo de “La Pulga”. Además, cuenta con varias detenciones previas e internaciones en el sistema penitenciario.

El Sargento Phoenix “original” fue sicario de Los Ántrax, inmortalizado en narcocorridos y abatido en 2016

El alias con el que fue identificado Edgar “N” perteneció también a uno de los sicarios más temidos del Cártel de Sinaloa, René Velázquez Valenzuela.

Según los reportes, Velázquez adoptó el apodo “Sargento Phoenix” por sus años de residencia en Phoenix, Arizona. Dentro de la organización ocupó el segundo lugar en la cadena de mando de Los Ántrax, tras Rodrigo Aréchiga Gamboa, alias “El Chino Ántrax”, detenido en 2014. Extraoficialmente se reportó que el “Sargento Phoenix” fue uno de los sicarios más apreciados por Ismael Zambada García.

Se distinguía por vestir de negro, con la cabeza rapada y una barba larga al estilo de Osama Bin Laden, lo que le valió también los apodos de “El Talibán” y “El Gato Negro”.

Gerardo Ortiz le dedicó el corrido “Entre Dios y el Diablo” en 2011, cuando aún estaba en vida. Lenin Ramírez interpretó “La Caída del Sargento” tras su muerte. En la canción se describe su boina, su barba larga y su vínculo con El Salado, Sinaloa, terrenos vinculados al Mayo Zambada, líder fundador del Cártel de Sinaloa que fue secuestrado y entregado a autoridades estadounidenses el pasado 25 de julio de 2024.

El famoso “Sargento Phoenix” murió el 30 de octubre de 2016 durante un enfrentamiento con militares en la colonia Hidalgo de Culiacán, mientras presuntamente custodiaba a “El Mayito Flaco”.

Reportes señalan que en El Salado descansan sus restos en un mausoleo custodiado por imágenes de demonios y retratos de escoltas caídos.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuvo la vinculación a proceso de un hombre identificado como Ángel “N” por el delito de extorsión agravada, luego de que agentes de la Policía de Investigación (PDI) lo detuvieran en flagrancia en la Central de Abasto de la alcaldía Iztapalapa, cuando acababa de recibir 40 mil pesos de un comerciante al que presuntamente amenazó a nombre de un grupo denominado como “La Empresa”.

El juez impuso prisión preventiva durante los dos meses que dura el plazo para el cierre de la investigación complementaria.

Según autoridades, el caso acumuló cobros por 98 mil pesos entre noviembre de 2025 y agosto de 2026. La detención ocurrió el pasado 6 de agosto, cuando la víctima entregó dinero en la zona de carga y descarga del mercado mayorista y pidió auxilio a los agentes que ya desarrollaban diligencias en el lugar. Junto al imputado, la PDI aseguró un teléfono celular y una motocicleta.

Ángel “N” exigió 100 mil pesos y amenazó a la familia del comerciante desde noviembre de 2025

El primer contacto documentado ocurrió en noviembre de 2025, cuando Ángel “N” se presentó en el negocio de la víctima, para el que trabajaba. En esa visita afirmó actuar en representación de “La Empresa” y, mediante amenazas contra el comerciante y su familia, exigió 100 mil pesos.

La víctima realizó dos pagos parciales que sumaron 50 mil pesos. Sin embargo, la extorsión no se detuvo ahí: en julio de 2026, Ángel “N” retomó las amenazas y exigió un nuevo pago de 100 mil pesos. En esa ocasión, uno de los empleados del comerciante le entregó 8 mil pesos directamente en el establecimiento.

La Fiscalía CDMX activó medidas de protección ante la continuidad de las amenazas

La víctima acudió a denunciar el crimen, por lo que la FGJCDMX le brindó asesoría y, ante la persistencia de las extorsiones, el agente del Ministerio Público dispuso medidas de protección y ordenó a la PDI realizar diligencias en el establecimiento y sus alrededores.

El 6 de agosto de 2026, mientras los agentes trabajaban en la zona, Ángel “N” envió dos mensajes al comerciante para exigirle otro pago. La víctima se trasladó a la zona de carga y descarga de la Central de Abasto, entregó 40 mil pesos al imputado y de inmediato solicitó el auxilio de los agentes, quienes lo detuvieron en flagrancia y recuperaron el dinero.

Conversaciones y videograbaciones sustentaron la vinculación a proceso

La audiencia en su contra se celebró el pasado 13 de agosto. En la diligencia, el agente del Ministerio Público capitalino presentó las conversaciones entre la víctima y el imputado, así como videograbaciones relacionadas con los hechos. Con esos datos de prueba, la FGJCDMX obtuvo la vinculación a proceso ante el juez, quien además impuso prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Cabe señalar que las autoridades no precisaron la identidad ni el origen del grupo denominado “La Empresa”, al que Ángel “N” habría dicho pertenecer al momento de exigir los pagos. El comunicado de la Fiscalía CDMX no establece si se trata de una organización criminal con presencia documentada en la alcaldía Iztapalapa o si el imputado usó el nombre para intimidar a su víctima.

La SSC desmanteló otra red de extorsión en Coyoacán días antes

El caso de la Central de Abasto no fue el único frente contra la extorsión en la capital durante agosto. El pasado día 13, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con la FGJCDMX y fuerzas federales, detuvieron a siete personas vinculadas a un grupo que habría cobrado piso a dueños y gerentes de bares sobre la calzada Acoxpa, en la alcaldía Coyoacán.

El operativo incluyó dos cateos en las colonias Carmen Serdán y CTM Culhuacán Séptima Sección. Las investigaciones revelaron que el grupo habría combinado la extorsión con la venta y distribución de narcóticos en la misma zona. Al término de los cateos, las autoridades aseguraron 651 dosis de droga, un arma larga con munición perforante y varios equipos telefónicos.

Dos presuntos integrantes del grupo delictivo “Los Ardillos” fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) tras ser vinculados con el asesinato de Adolfo “N”, repartidor de garrafones de agua de 26 años, atacado a balazos el 11 de agosto de 2026 en la colonia Lucía Alcocer de Chilpancingo de los Bravo. Los detenidos fueron identificados como William “N”, alias “La Bomba”, y Víctor “N”.

El ataque ocurrió cerca de las 15 horas sobre el andador Caminos. El cuerpo de Adolfo “N” quedó tendido junto a la camioneta repartidora que utilizaba para trabajar.

Medios locales detallaron aquel día que en el lugar se recogieron 16 casquillos de bala. Dos personas más, señaladas extraoficialmente como compañeros de trabajo de la víctima, Irving “N”, de 22 años, y Alberto “N”, de 30 años, resultaron heridos y llegaron por su cuenta a un hospital, sin que se sepa hasta el momento su estado de salud.

La aprehensión de los dos sospechosos fue gracias a un operativo coordinado

La orden de aprehensión fue obtenida tras actos de investigación que permitieron a la Fiscalía General del Estado acreditar la probable participación de ambos imputados en el homicidio. Para ejecutarla, la dependencia coordinó acciones con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Estatal.

William “N” y Víctor “N” quedaron a disposición del juez de control correspondiente para que se determinara su situación jurídica.

“Los Ardillos” surgieron del vacío que dejó el Cártel de los Beltrán Leyva en Guerrero

El grupo criminal al que pertenecerían los supuestos criminales fue fundado a principios de los años 2000 por Celso Ortega Rosas, alias “La Ardilla”, expolicía rural originario de Quechultenango. La organización creció a partir de la fragmentación del Cártel de los Beltrán Leyva, que había construido células locales en Guerrero para el cultivo de amapola y el tráfico de cocaína, de acuerdo con información de InSight Crime, un centro de pensamiento y medio de comunicación sin fines de lucro especializado en crimen organizado en América Latina y el Caribe.

Tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva y el arresto de sus hermanos en 2009, las facciones locales ganaron autonomía. En ese vacío, “Los Ardillos” consolidaron su dominio territorial. Ortega Rosas fue asesinado en 2011 y sus hijos asumieron el mando: Celso Ortega Jiménez, alias “La Vela”, quedó como jefe criminal; Jorge Iván Ortega Sánchez, alias “El Barco”, como segundo al mando y presunto responsable del control financiero; y Antonio Ortega Jiménez, alias “La Parota”, al frente de las operaciones.

Un cuarto hermano, Bernardo Ortega Jiménez, fue diputado del PRD en dos periodos —de 2005 a 2008 y de 2012 a 2015— y presidente municipal de Quechultenango de 2002 a 2005.

El grupo pasó de la amapola a la extorsión, la minería ilegal y el desplazamiento forzado

Según los reportes, conforme el mercado de la heroína se contrajo, “Los Ardillos” diversificaron sus ingresos hacia la minería ilegal, la extorsión al transporte y la venta de alimentos, y el cobro de piso a negocios y autoridades municipales. Guerrero es una zona minera con depósitos de oro y plata que el grupo buscó controlar.

La organización acumuló episodios de violencia contra comunidades indígenas. En 2020 fue señalada como presunta responsable del asesinato de diez integrantes de la comunidad náhua de Alcozacán. El hecho derivó en la difusión de un video de 19 niños de entre 6 y 15 años armados, entrenados por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores para defenderse del grupo.

En mayo de 2026, ataques atribuidos a “Los Ardillos” provocaron el desplazamiento forzado de miles de personas de comunidades indígenas en los municipios de Chilapa, Tula y Xicotlán. Los ataques incluyeron quema de viviendas y el uso de explosivos lanzados desde drones.

Defensor indígena que señaló vínculos del gobierno con “Los Ardillos” fue detenido y permanece en el Altiplano

Jesús Plácido Galindo, dirigente del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), fue uno de los principales voceros que señaló públicamente la presunta complicidad de los tres niveles de gobierno con “Los Ardillos” durante los ataques de mayo de 2026 en la Montaña Baja, que dejaron al menos ocho integrantes del CIPOG-EZ muertos y cerca de 2 mil 200 personas desplazadas.

El 17 de julio de 2026, Galindo fue detenido en el tramo carretero San Marcos–Acapulco por un operativo conjunto de la Fiscalía General del Estado, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Un comunicado conjunto de la Fiscalía y la Defensa lo señaló como presunto responsable del homicidio de José Pablo Xanteco Bartolo, comisario de la comunidad indígena de Xicotlán, ocurrido el 30 de octubre de 2021, y lo vinculó con los grupos criminales “Los Rojos” y “Los Tlacos”.

El CIPOG-EZ, el Congreso Nacional Indígena y la Misión Civil de Observación Sexta calificaron el arresto como arbitrario y lo vincularon con las denuncias públicas de Galindo. Las organizaciones señalaron que se dirigía a una reunión con Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno de Guerrero, quien lo convocó vía mensajes de texto.

El 23 de julio, el juez Ubaldo de la Sancha dictó auto de vinculación a proceso con prisión preventiva oficiosa. Galindo permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Su defensa presentó un recurso de apelación el 28 de julio; la sala penal unitaria tiene entre tres y seis meses para resolver.

Los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denunciaron que la carpeta de investigación contiene testimonios contradictorios y documentos con firmas presuntamente falsificadas, entre ellos uno atribuido a un testigo que habría muerto en mayo de 2022.

Este viernes 14 de agosto un juez de control vinculó a proceso y dictó prisión preventiva justificada contra Sirenio “N”, hombre acusado de abusar sexualmente de su hijastra, una niña de 11 años con residencia en Matamoros, Tamaulipas.

La autoridad judicial fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el que el hombre permanecerá tras las rejas. El delito que se le imputa es violación equiparada agravada.

El Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM) obtuvo la vinculación a proceso tras presentar ante el juez de control los datos de prueba que implicaron al imputado en los hechos. Los presuntos abusos habrían ocurrido en un domicilio de una colonia al sur poniente del municipio.

Sirenio “N” fue detenido el pasado 13 de agosto por elementos de la fiscalía del estado, quienes cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra. Cabe señalar que el ahora procesado y la madre de la víctima habían denunciado en medios de comunicación a terceros como responsables del crimen, el cual también dejó como resultado el embarazo de la niña de 11 años.

Fue la abuela de la menor quien señaló directamente a Sirenio “N” como culpable desde que se dio a conocer la violación.

Niña ingresó al IMSS con embarazo de 20 semanas; médicos no lo detectaron en consultas previas

La situación se hizo pública el pasado 5 de agosto, cuando la menor ingresó al Hospital General de Zona número 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Matamoros por supuestos dolores estomacales. Fue en ese centro médico donde se confirmó que cursaba un embarazo de aproximadamente 20 semanas.

La madre de la niña relató al medio Imagen Noticias que desde cuatro meses antes notaba que su hija vomitaba con frecuencia y su vientre se endurecía, por lo que la llevó al médico.

Según declaraciones, los especialistas le dijeron que no fuera exagerada: “Era cuestión de cambio hormonal, que por eso se inflamaba su pelvis”, recordó.

No fue sino hasta la visita del 5 de agosto al IMSS cuando el personal médico detectó el embarazo y alertó a las autoridades.La madre presentó la denuncia ante la Fiscalía de Tamaulipas ese mismo día.

El fiscal general del estado, Jesús Eduardo Govea Orozco, declaró el 10 de agosto que la investigación estaba “muy avanzada”, aunque precisó que las diligencias debían realizarse sin comprometer la salud de la niña.

DIF Matamoros asumió la custodia de la menor tras la interrupción legal del embarazo

El 11 de agosto, a las 6:00 horas, comenzó el procedimiento para interrumpir legalmente la gestación en el Hospital General de Zona número 13 del IMSS, de acuerdo con reportes previos de Infobae.

La decisión se tomó de forma conjunta entre distintas instancias de justicia, de salud de Tamaulipas y la propia madre de la menor, conforme a la NOM-046-SSA2-2005, que contempla el acceso a la interrupción del embarazo cuando este es consecuencia de una violación.

Hugo Gutiérrez, procurador de la Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Matamoros, confirmó a medios de comunicación que la menor se reportó estable tras el procedimiento.

Según reportes, tras recibir el alta la niña será llevada a la Casa Hogar del Niño Matamorense, donde el DIF mantendrá su custodia legal.

Sirenio “N” negó su responsabilidad, señaló a terceros

Antes de su detención, Sirenio “N” ofreció declaraciones a Imagen Noticias en las que negó ser el responsable del abuso y argumentó que la niña había mencionado a varios hombres del entorno familiar: “No se sabe quién realmente es. Yo me siento como su papá porque la estoy criando como su papá”, afirmó.

La madre de la menor también señaló a tres personas de su círculo cercano como posibles agresores, mientras que la abuela apuntó directamente a Sirenio “N”. En días previos a su captura, el ahora procesado abandonó el domicilio donde vivía con la víctima y su madre, llevándose todas sus pertenencias.

Además, a Sirenio “N” se le acreditó un antecedente penal en Florida, Estados Unidos: una condena de 2005 en el condado de Lee por un delito sexual contra una menor de 12 años. Tras esa sentencia, fue clasificado como “depredador sexual” conforme a la legislación de ese estado y posteriormente deportado a México.

Durante todo el proceso, las autoridades pidieron a los medios de comunicación manejo cuidadoso del caso y respeto al interés superior de la niñez, en atención también a la familia de la menor.

La fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, anunció este 14 de agosto la aprehensión de Eduardo “N”, alias “El Glenda”, a quien describió como uno de los generadores de violencia más importantes del oriente de la capital. La Policía de Investigación (PDI), adscrita a la fiscalía capitalina, lo localizó en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, tras labores de investigación que derivaron en una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.

Alcalde: “En esta ciudad no hay impunidad para quienes generan violencia”

La fiscal difundió la detención en sus redes sociales y señaló que la PDI localizó y aprehendió a “El Glenda” en el Estado de México. “En esta ciudad no hay impunidad para quienes generan violencia”, escribió. Alcalde también indicó que el detenido estaría relacionado con diversos homicidios y otros delitos de alto impacto, entre ellos narcomenudeo y extorsión, además de la coordinación de integrantes del grupo delictivo que encabezaba en el oriente de la ciudad.

La publicación estuvo acompañada de un comunicado de prensa de la Dirección General de Comunicación Social de la Fiscalía Genera de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). En él, las autoridades también identificaron a Eduardo “N” como el líder de un grupo criminal generador de violencia en el oriente de la capital, principalmente en la alcaldía Iztapalapa, y lo señalaron como responsable de coordinar tanto a los integrantes del grupo como las actividades delictivas en esa zona.

La orden de aprehensión derivó de un homicidio en la colonia Rubén Jaramillo en 2024

El detonante formal de la detención contra “El Glenda” fue un homicidio ocurrido el pasado 4 de junio de 2024 en la colonia Rubén Jaramillo, conocida como predio Yagüelito, en Iztapalapa. De acuerdo con la investigación, la víctima se encontraba en la vía pública cuando Eduardo “N” presuntamente realizó varios disparos de arma de fuego en su contra.

Uno de los proyectiles impactó en el abdomen de la víctima y le causó la muerte. Tras el ataque, “El Glenda” habría escapado a bordo de una motocicleta conducida por otro sujeto.

El agente del Ministerio Público reunió los datos de prueba sobre la probable participación de Eduardo “N” en los hechos y, con base en ellos, solicitó y obtuvo ante un juez la orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.

La PDI desplegó un operativo en el Estado de México para ejecutar la orden

Agentes de la PDI realizaron acciones en el Estado de México mediante las cuales localizaron y aprehendieron a “El Glenda” en el municipio de Ixtapaluca. La detención se realizó fuera del territorio capitalino, lo que implicó coordinación entre las autoridades de la CDMX y las del Estado de México. La Fiscalía no informó si hubo otros detenidos en el mismo operativo.

Asimismo, la FGJCDMX informó que continuarán con las indagatorias para identificar y llevar ante la justicia a otros integrantes de grupos generadores de violencia relacionados con homicidios y delitos de alto impacto en el oriente de la ciudad.

Luego de su traslado a la Ciudad de México, Eduardo “N” será presentado ante la autoridad judicial correspondiente, que determinará en primera instancia si la aprehensión fue legal. De confirmarse, el juez fijará una audiencia inicial en la que el Ministerio Público deberá exponer los datos de prueba en su contra para que se resuelva si es vinculado a proceso. En cumplimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales y del principio de presunción de inocencia, el imputado se considera inocente hasta que una sentencia firme determine su responsabilidad.

Este viernes 14 de agosto la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) ejecutó cuatro órdenes de aprehensión contra el director y tres elementos de la Seguridad Pública Municipal de José Sixto Verduzco, por su presunta vinculación en hechos de desaparición de personas. La operación se realizó de manera conjunta con la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Los arrestos se llevaron a cabo en los municipios de José Sixto Verduzco y La Piedad. Las cuatro personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad jurisdiccional competente, que habrá de resolver su situación jurídica conforme a derecho.

En el caso del director de la policía, se trata de José Manuel Tapia Hernández, quien fue capturado a las 9:40 de la mañana en la colonia Centro del municipio donde se desempeñaba como servidor público.

Operativo conjunto involucró a cuatro instituciones

La acción fue coordinada entre la FGE, la Guardia Civil, el Ejercito Mexicano y la Guardia Nacional. La participación de cuatro instituciones de seguridad reflejó el alcance de las diligencias desarrolladas para el esclarecimiento de los hechos.

Las detenciones se ejecutaron en cumplimiento a los mandatos judiciales correspondientes, lo que implicó que un juez autorizó previamente las órdenes de aprehensión tras valorar los elementos de investigación presentados por la Fiscalía.

En el marco de la misma operación, la FGE anunció que ejecutó cuatro órdenes de cateo en inmuebles ubicados en el municipio de José Sixto Verduzco. En esos inmuebles se realizaron las actuaciones correspondientes como parte de las diligencias para el esclarecimiento de los hechos.

El número de cateos coincidió con el de las aprehensiones: cuatro en total. Ambas acciones se desarrollaron de manera simultánea como parte de un mismo operativo de investigación.

Fiscalía mantiene bajo reserva las líneas de investigación

La FGE informó que, en atención a la naturaleza de las investigaciones y con el propósito de preservar su adecuado desarrollo, mantiene bajo reserva los datos relacionados con las diligencias y las líneas de investigación activas.

En un comunicado publicado este 14 de agosto, Fiscalía de Michoacán reafirmó su compromiso de fortalecer la coordinación interinstitucional para investigar los delitos relacionados con la desaparición de personas, garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias, y llevar ante los tribunales a quienes resulten responsables, con apego al debido proceso.

Hasta el momento no se conocen las identidades de las posibles víctimas relacionadas con el caso.

Información en desarrollo...

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Cae en Morelos presunto responsable de triple homicidio ocurrido en Culiacán en 2025

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa capturaron en Morelos a Jesús Gabriel “N”, de 53 años, señalado como probable responsable del homicidio de tres personas encontradas sin vida en Culiacán el 7 de febrero de 2025. La detención fue ejecutada por la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) en coordinación con autoridades de la entidad morelense.

Según indagatorias, las tres víctimas fueron localizadas con lesiones producidas por arma de fuego. La Inspección General de Investigación de Homicidios Dolosos fue la encargada de conducir las pesquisas que derivaron en la identificación del probable responsable y en la obtención de la orden de aprehensión correspondiente.

La captura fue posible gracias al convenio de colaboración celebrado entre las Fiscalías Generales de Sinaloa y Morelos, mecanismo que permitió la coordinación interestatal para ejecutar la orden fuera del territorio sinaloense.

Tras su detención, Jesús Gabriel “N” fue trasladado a Sinaloa. Las autoridades lo pusieron a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, donde quedó en espera de que se determinara su situación jurídica.

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Policía de la CDMX rescata cinco cachorros abandonados en la basura en Azcapotzalco

Elementos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) rescataron a cinco cachorros que estaban abandonados en un montículo de basura en la calle Ceylán, colonia Industrial Vallejo, alcaldía Azcapotzalco. Un ciudadano alertó a los uniformados durante un patrullaje de seguridad en la zona.

Los policías removieron los desperdicios y extrajeron uno por uno a los animales. Ninguno de los cinco cachorros presentó lesiones físicas al momento del rescate.

Los animales fueron trasladados al Centro de Control Canino ubicado en boulevard Ferrocarriles, colonia Euzkadi, en la misma alcaldía. Ahí recibirán atención médica veterinaria zootecnista.

Los cachorros permanecerán resguardados en el centro hasta que sean adoptados. La SSC informó que el objetivo es encontrarles un hogar permanente.

La institución también recordó en un mensaje en redes que los animales son seres vivos que requieren atención y tiempo, e hizo un llamado a la población a no maltratarlos.

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a seis hombres señalados como probables responsables de agredir y extorsionar a repartidores de aplicación en la alcaldía Benito Juárez. Los presuntos delincuentes habrían exigido pagos diarios en efectivo a a cambio de permitirles hacer entregas en la zona.

En la revisión preventiva que les practicaron los policías, fueron asegurados siete celulares y un aparato electrónico tipo taser. Los seis detenidos, de entre 21 y 39 años, fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), que iniciará la carpeta de investigación correspondiente.

Repartidores estaban reunidos en Insurgentes Mixcoac cuando llegaron los presuntos agresores

Según reportes oficiales, los repartidores se encontraban reunidos en el cruce de las avenidas Extremadura y Patriotismo, en la colonia Insurgentes Mixcoac, para tratar asuntos relacionados con su forma de trabajo. Fue ahí donde, según relataron las víctimas a los policías, llegaron dos vehículos de los que descendieron varios sujetos.

Los presuntos agresores habrían comenzado a intimidarlos y a exigirles una cantidad de dinero diaria a cambio de dejarlos seguir haciendo entregas en esa zona de la alcaldía Benito Juárez. La situación derivó en una riña. Uno de los sujetos habría fingido portar una pistola y, con esa amenaza, habría obligado a uno de los repartidores a subir a uno de los automóviles.

Un hombre de 27 años, quien dijo representar a los trabajadores, fue el que se acercó a los uniformados a pedir apoyo y a relatar los hechos.

El C2 Sur activó un cerco virtual y localizó a los sujetos a pocas cuadras del lugar

Con la denuncia a los elementos en campo se informó a operadores del Centro de Comando y Control C2 Sur, quienes activaron un cerco virtual para rastrear a los presuntos responsables. La tecnología de monitoreo permitió ubicarlos en el cruce de las avenidas Patriotismo y Holbein, en la colonia San Juan, dentro de la misma demarcación.

Ahí fueron detenidos por efectivos de la SSC. Las víctimas los reconocieron como quienes los habrían agredido e intimidado.

Las autoridades también retuvieron los dos vehículos que habrían sido utilizados por los presuntos agresores: un taxi en color rosa con blanco y un automóvil, un Volkswagen color café.

Otros golpes contra la extorsión en la capital del país

El operativo de la alcaldía Benito Juárez no fue un caso aislado en el centro de la república, debido a que las autoridades reportaron este mismo 13 de agosto que efectivos de la SSC, en coordinación con la FGJCDMX, la Guardia Nacional, la Marina y el Ejército Mexicano, detuvieron a siete personas señaladas de haber realizado cobro de piso contra dueños y gerentes de bares ubicados en la calzada Acoxpa, alcaldía Coyoacán.

Las investigaciones establecieron que el grupo habría operado dos líneas delictivas de manera simultánea: el cobro de extorsiones a negocios sobre la calzada Acoxpa y la venta y distribución de narcóticos en la misma alcaldía. Una de las mujeres detenidas registraba un ingreso previo al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en 2022 por delitos contra la salud y portación de arma de fuego.

Los trabajos de inteligencia de gabinete y campo llevaron a los policías a identificar dos domicilios en las colonias Carmen Serdán y la Unidad Habitacional CTM Culhuacán Séptima Sección, que habrían funcionado como centros de acopio y distribución de droga. Un agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba ante un juez de control, quien libró las órdenes de cateo.

En el primer inmueble, ubicado en el Andador María Luisa Martínez de la colonia Carmen Serdán, detuvieron a una mujer de 25 años. Ahí aseguraron un arma de fuego larga con tres cartuchos de punta verde —munición perforante capaz de atravesar chalecos antibalas de nivel bajo—, 166 dosis de probable cocaína, 100 envoltorios de aparente marihuana y un celular.

En el segundo domicilio, en la calle Conchita Urquiza de la colonia CTM Culhuacán Séptima Sección, cayeron cuatro hombres y dos mujeres. Ahí decomisaron 100 dosis de posible metanfetamina, 115 dosis de probable cocaína, aproximadamente 50 gramos de la misma sustancia, 170 dosis de aparente marihuana y ocho equipos telefónicos. En total, el operativo dejó 651 dosis de droga aseguradas.

Los siete detenidos fueron identificados como Sheyla Michelle, Rogelio, Sebastián, José Ramón, María Alejandra, Roberto y Claudia, todos con apellidos reservados por las autoridades en apego a la presunción de inocencia.

Este jueves 13 de agosto, elementos de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Veracruz detuvieron a Jhonny Cristian “N”, comandante de la Policía Municipal de Pánuco, acusado de delitos contra las instituciones de seguridad pública por presuntos vínculos con un grupo delictivo. La orden de aprehensión derivó de una investigación tras la agresión a balazos contra integrantes de una corporación de seguridad el pasado 10 de agosto de 2026.

Datos oficiales revelaron que durante el desarrollo de las diligencias tras el ataque, el comandante Jhonny Cristian “N” se presentó en el lugar portando un radio bidireccional a través del cual, de manera simultánea, habría recibido comunicaciones de un grupo delictivo.

Agresión del 10 de agosto detonó la investigación contra el mando policial

Los hechos ocurrieron en la colonia Revolución Mexicana, en el municipio de Pánuco. Esa tarde, agentes detuvieron a una persona señalada de participar en la agresión contra elementos policiales y le aseguraron un arma de fuego y un radio bidireccional.

Durante esas diligencias, Jhonny Cristian “N” se presentó en el lugar e informó que era el comandante de la policía municipal. El ahora detenido portaba un equipo de radiocomunicación de características similares al ya asegurado al primer detenido.

La carpeta de investigación señala que, a través de ese dispositivo, habría recibido de manera simultánea comunicaciones relacionadas con un grupo delictivo, del cual no se ha revelado el nombre hasta el momento.

Radio bidireccional, evidencia que vinculó al comandante con el crimen

Según la Fiscalía del Estado, el equipo de radiocomunicación del comandante fue resguardado y puesto a disposición de la autoridad ministerial para la integración de las investigaciones, junto con el arma de fuego y el radio asegurado al primer detenido.

Un radio bidireccional es un dispositivo de comunicación portátil que opera en una frecuencia fija, a diferencia de los radios de múltiples canales. Permite enviar y recibir mensajes de voz de manera simultánea entre quienes comparten esa misma frecuencia, sin necesidad de una red telefónica. Las autoridades deberán determinar si los dispositivos asegurados estaban vinculados entre sí.

Jhonny Cristian “N” quedó a disposición de la autoridad judicial, que resolverá su situación jurídica en el marco del debido proceso y con respeto a sus derechos humanos.

La Fiscalía subrayó mediante un comunicado su compromiso de investigar los hechos que pudieran constituir delitos sin distinción del cargo o función pública de las personas involucradas.

Otras acciones en Pánuco: autoridades aseguraron cámaras de videovigilancia usadas para extorsionar

En el mismo municipio, la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS), de la fiscalía estatal, desplegó un operativo en siete establecimientos de Pánuco tras denuncias ciudadanas sobre la presunta instalación de cámaras por parte de un grupo delictivo dedicado a la extorsión.

Las diligencias, anunciadas este 13 de agosto, se realizaron de manera coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

Como resultado del operativo, fueron asegurados diversos dispositivos de videovigilancia presuntamente instalados y utilizados para monitorear a comerciantes de la zona. Según el comunicado oficial, el grupo delictivo -del que no se conoce el nombre- habría usado esas cámaras para identificar los movimientos y rutinas de sus víctimas con fines de extorsión.

Los equipos asegurados quedaron a disposición para determinar su procedencia, funcionamiento y posible vínculo con actividades delictivas. Las investigaciones buscan establecer quiénes instalaron los dispositivos, desde cuándo operaban y a cuántos comerciantes habrían vigilado.

La FGE Veracruz, a través de la UECS, informó que continuará con acciones de investigación y coordinación interinstitucional para combatir la extorsión en todo el territorio estatal.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) reaprehendió a Alejandro Mazatán Sahagún, hombre sentenciado por el delito de abuso sexual en agravio de una menor de cuatro años de edad en el municipio de Atizapán de Zaragoza. La detención se concretó el pasado 11 de agosto en el estado de Querétaro, donde el sentenciado se había refugiado para evadir la acción de la justicia.

En audiencia de revisión de medidas cautelares, una autoridad judicial determinó la prisión preventiva oficiosa como nueva medida cautelar y fijó el 18 de agosto como fecha para la audiencia de individualización de sanciones. Mazatán Sahagún fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla.

¿Por qué estaba en las calles a pesar de la sentencia?

Según las indagatorias, los hechos ocurrieron en febrero de 2022 al interior de un domicilio en Atizapán de Zaragoza, donde Alejandro Mazatán Sahagún habría realizado tocamientos de índole sexual a una menor de entonces cuatro años de edad. La Fiscalía inició la investigación correspondiente tras la denuncia, lo que derivó en su detención y posterior presentación ante la autoridad judicial.

En marzo de 2023, un juez determinó su vinculación a proceso y le impuso como medida cautelar el uso de localizador electrónico. En febrero de 2024, un juez dictó sentencia absolutoria al considerar que existía insuficiencia probatoria para justificar el delito de abuso sexual, por lo que el dispositivo le fue retirado.

Ante ese fallo, la FGJEM y la defensa de la víctima interpusieron un recurso de apelación en marzo de 2024. En mayo de ese mismo año, el Segundo Tribunal de Alzada de Tlalnepantla revocó la sentencia absolutoria, dictó fallo de condena y ordenó que prevaleciera la medida cautelar de localizador electrónico.

Mazatán Sahagún interpuso un amparo, le fue negado y se fugó

Frente a la condena, Alejandro Mazatán Sahagún interpuso un juicio de amparo. El recurso le fue negado, momento a partir del cual se sustrajo de la acción de la justicia, lo que obligó a la Fiscalía a solicitar una orden de reaprehensión en su contra.

Según reportes oficiales, la localización del sentenciado fue resultado de labores de investigación, seguimiento y vigilancia. Las autoridades refirieron que durante su evasión, Mazatán Sahagún se desplazó y permaneció en diferentes zonas residenciales, mantuvo un bajo perfil y utilizó estrategias para dificultar su localización.

Coordinación entre fiscalías de Edomex y Querétaro permitió la detención

El 11 de agosto, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Querétaro, cumplimentaron la orden de reaprehensión. Mazatán Sahagún fue detenido en aquella entidad, donde se había refugiado con el fin de evadir la justicia.

En el mensaje oficial que dio a conocer el caso, la FGJEM puso a disposición de la ciudadanía el correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, el número telefónico 800 7028770 para que cualquier persona que reconozca a Alejandro Mazatán Sahagún como probable implicado en otro hecho delictivo pueda denunciarlo.

En Michoacán y Guadalajara, otros casos de violencia sexual contra menores derivaron en detenciones esta semana

El 10 de agosto, la Fiscalía General del Estado de Michoacán detuvo a Edgar Abdiel “N”, maestro señalado de haber almacenado y distribuido material de abuso sexual infantil a través de plataformas digitales durante más de cinco años.

La investigación tuvo su origen en un reporte del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), organismo con sede en Estados Unidos, canalizado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México. Entre las víctimas identificadas figuró una adolescente de 12 años. El delito imputado es trata de personas en la modalidad de explotación sexual.

Un día después, el 11 de agosto, la Fiscalía de Jalisco logró la vinculación a proceso y prisión preventiva contra Eva Isabel “N”, acusada del presunto delito de trata de personas en la modalidad de almacenamiento de pornografía infantil en Guadalajara. Ese caso también partió de una alerta del NCMEC, canalizada en México por la Dirección General Científica de la Guardia Nacional. Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa por la duración total del proceso y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) abrió una carpeta de investigación por el presunto envenenamiento de perros y gatos en la colonia Simona Robles, en Juchitán de Zaragoza, luego de que fuera presentada una denuncia formal el pasado 12 de agosto de 2026.

El caso involucraría dos hechos distintos: reportes de envenenamiento de animales que datan de mayo de 2026 y una presunta captura masiva de perros callejeros ocurrida el 9 de agosto, días antes de que la denuncia llegara a la Fiscalía. En los hechos estaría involucrada la secretaría de las Mujeres en el estado, Rogelia González Luis, quien ya publicó un mensaje al respecto.

El fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla confirmó la apertura de la carpeta al medio Oaxaca Directo y adelantó que la institución llegará “a las últimas consecuencias”. En el último año, la FGEO aperturó más de 30 carpetas de investigación de oficio por maltrato animal en el estado, y al menos cinco personas fueron detenidas por ese delito.

Vecinos denunciaron el envenenamiento de perros desde mayo de 2026

El 26 de mayo de 2026, un vecino de la colonia Simona Robles escribió en el grupo de WhatsApp de la colonia para denunciar el envenenamiento de perros callejeros. En su mensaje expresó su indignación y advirtió el riesgo que representaba para los niños que jugaban en la calle. Adjuntó una foto de un perro muerto tendido en la tierra y un video de 17 segundos con imágenes de otro animal afectado.

Otros vecinos reaccionaron en el mismo hilo. Una habitante exigió que quien envenenó a los animales recogiera los cuerpos. Otra vecina se sumó al reclamo en los mismos términos. Ninguno de los mensajes señaló a una persona en particular como responsable del envenenamiento.

Estos hechos son anteriores a la presunta captura de animales que se denunció públicamente este mes de agosto.

“Maestra Rogelia” convocó una “redada” contra perros callejeros el domingo previo a la denuncia

En capturas del mismo grupo de WhatsApp de la colonia Simona Robles, difundidas el 11 de agosto por la periodista Sofía Valdivia, aparece una persona registrada en contactos como “Maestra Rogelia” quien convocó a vecinos a capturar perros sueltos.

En un mensaje enviado a las 11:49 a.m. del domingo 9 de agosto, escribió: “Ya voy a comprar los guantes y el mecate para subir los perros sueltos, para que me ayuden y se vayan resolviendo los temas en nuestra colonia por favor, de una vez antes de regresarme a la ciudad de Oaxaca”.

A las 11:52 a.m. del mismo día, el nombre “Maestra Rogelia” aparece en el grupo con un mensaje eliminado. Minutos después, otro mensaje convocó: “Los espero en 10 minutos por favor”.

Al día siguiente, un lunes por la noche, Rogelia escribió en el grupo en respuesta a una vecina que se quejó de la cantidad de perros en la calle: “Buenas noches, ayer domingo encabecé la acción del tema de los perros callejeros, ya no supe si pudieron continuar con la tarea del acuerdo que tuvimos. Si no se hizo será bueno retomarlo”.

Activistas y organizaciones defensoras de animales identificaron que la persona que escribe como “Maestra Rogelia” es Rogelia González Luis, quien funge como secretaria de las Mujeres del estado de Oaxaca.

González Luis negó haber ordenado una redada y acusó descontextualización

La mañana de este 13 de agosto, Rogelia González Luis publicó en Facebook un mensaje en el que negó los señalamientos. “Eso es completamente falso”, dijo sobre la acusación de haber organizado una redada para envenenar animales. Lamentó que la situación “se haya salido fuera de contexto” y pidió que los hechos sean investigados y sancionados conforme a la ley.

González Luis explicó que el fragmento del chat del domingo 9 de agosto se difundió “de manera descontextualizada”. Sostuvo que esa conversación era sobre organizar una jornada de esterilización para atender responsablemente la presencia de perros en la colonia vecinal, y que relacionar ese intercambio con el envenenamiento previo, omitiendo fechas y contexto, dio origen al señalamiento en su contra.

La funcionaria se dirigió directamente a quienes publicaron las acusaciones: “Utilizar una causa tan sensible como la protección animal para acusar públicamente a una persona sin elementos que lo sustenten no solo es grave, sino profundamente lamentable”. Les exigió presentar las pruebas correspondientes o rectificar “con el alcance con el que difundieron la información”.

González Luis invocó su trayectoria de más de 30 años como defensora de derechos humanos y servidora pública. “Jamás he ordenado, respaldado ni participado en ningún acto de crueldad animal”, afirmó. También se dirigió en lengua indígena a su comunidad y aseguró que quienes la conocen y han seguido su caminar saben que no sería capaz de cometer una crueldad contra los animales.

Fiscalía investiga sin considerar cargos ni nombres de funcionarios

Rodríguez Alamilla subrayó ante Oaxaca Directo que la FGEO no orienta sus investigaciones por el nombre o el cargo de las personas involucradas. “Nosotros no nos guiamos por nombres de funcionarios o por actividades particulares que cada uno de ellos tenga, sino más bien si hay una responsabilidad en torno a los hechos”, dijo el fiscal.

Personal especializado de la Fiscalía realiza trabajos de campo para integrar los elementos de prueba. La institución señaló que las diligencias se desarrollan con apego a la ley y que la autoridad ministerial determinará responsabilidades a partir de los datos obtenidos.

En cuanto al historial de detenciones por maltrato animal, Rodríguez Alamilla precisó que en la mayoría de los casos los imputados enfrentaron el proceso en libertad, conforme al tipo penal vigente.

Defensores de animales pidieron esterilización en lugar de capturas

Organizaciones defensoras de animales lanzaron un llamado a las autoridades municipales de Juchitán para intervenir y verificar el destino de los animales presuntamente capturados el domingo 9 de agosto. La pregunta que circuló entre habitantes de la colonia fue qué ocurrió con los perros y gatos que habrían sido retirados de las calles.

Como alternativa a las acciones de captura, los activistas propusieron campañas permanentes de esterilización y ofrecieron colaborar con vecinos y autoridades para organizar jornadas gratuitas.

Autoridades de Estados Unidos detuvieron a Jorge Octavio Cortés Jiménez, empresario inmobiliario de Mazatlán, Sinaloa, en San Diego, California, luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuviera una orden de aprehensión en su contra por el delito de feminicidio en grado de tentativa. La víctima es una recepcionista del hotel Park Life Paradox, en Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa, a quien el imputado habría agredido física y verbalmente el pasado 29 de junio de 2026.

La FGJCDMX solicitó una ficha roja a la Interpol y mantuvo intercambio directo de información con autoridades migratorias estadounidenses. Esas gestiones derivaron en la detención de Cortés Jiménez, quien permanece bajo custodia de Estados Unidos mientras se tramita su deportación a México.

Bertha Alcalde, fiscal general de la Ciudad de México, confirmó con un mensaje en sus redes sociales que las gestiones para traer al agresor a México están en curso y que, una vez deportado, quedará a disposición de la autoridad judicial.

La Fiscalía solicitó ficha roja de Interpol

Según datos de la investigación revelados, ante indicios de que el imputado había cruzado la frontera, la Fiscalía amplió la búsqueda al exterior. Solicitó la emisión de una ficha roja de la Organización Internacional de Policía Criminal y pidió la activación de alertas migratorias en coordinación con autoridades federales de ambos países. Esas alertas fueron las que permitieron identificarlo cuando intentaba moverse por territorio estadounidense.

Una vez confirmada su identidad, las autoridades migratorias de Estados Unidos procedieron a la detención. Hasta el momento no se conoce el sitio exacto donde se encuentra resguardado.

La FGJCDMX señaló que la coordinación con autoridades nacionales e internacionales forma parte de su política para fortalecer la investigación de violencias contra las mujeres y evitar que imputados por delitos graves eludan la acción de la justicia.

El altercado en el hotel quedó registrado en cámaras de seguridad

Las cámaras del hotel Park Life Paradox captaron a Cortés Jiménez golpeando el mostrador de recepción, arrojando teléfonos y tratando de arrebatarle el celular a la trabajadora mientras ella grababa. Después vino la agresión física, acompañada de insultos. Un segundo video difundido días después permitió identificar con claridad el rostro del presunto agresor.

La recepcionista presentó su denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que abrió la carpeta de investigación y reunió los datos de prueba necesarios para obtener la orden de aprehensión.

Cortés Jiménez acumulaba señalamientos previos en Sinaloa

El empresario figuraba como representante legal y administrador de Grupo Universal Inmobiliario y de Industrias, firma ligada a proyectos como Torre Triana y Coto Munich en Mazatlán. Compradores e inversionistas lo señalaron en procedimientos civiles, mercantiles y penales por presunto incumplimiento en la entrega de departamentos vendidos en preventa.

En 2025 se reportó un arresto contra Jorge Octavio en Sacramento, California, por un presunto caso de violencia familiar, sin que existiera resolución condenatoria. Cortés Jiménez no ha emitido postura pública sobre ninguno de los señalamientos en su contra.

Su nombre apareció en narcovolantes que lo señalaban como presunto socio inmobiliario de Los Chapitos

El 27 de septiembre de 2024, miles de folletos fueron arrojados desde avionetas en Culiacán, Mazatlán, Guamúchil y Los Mochis. En ese material, Cortés Jiménez apareció con el alias “El Acapulco” y fue señalado como presunto vínculo inmobiliario de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa que se disputa el control con Los Mayos en la entidad.

Los volantes incluían números de contacto de la Novena Zona Militar, la Marina, la Defensa y la DEA de Estados Unidos, como si se tratara de un material oficial. Sin embargo, fue identificado como una estrategia de los grupos del crimen organizado.

El material anónimo llevaba la frase “Cártel Los Sapitos. ¿Los conoces? Denúncialos” y, en el reverso, enumeraba presuntas conductas como cobro de piso, extorsión, secuestro, tortura y fraudes inmobiliarios. Entre los nombres que acompañaban al de Cortés Jiménez figuraban Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Joaquín Guzmán López y el entonces gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, entre otros funcionarios y empresarios.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero detuvo a dos presuntos integrantes de la célula delictiva “Los Chabelos” por el secuestro de una persona en Iguala de la Independencia, ocurrido el 7 de agosto de 2026, en el que exigieron 400 mil pesos a los familiares de la víctima a cambio de su liberación.

José Antonio “N” fue arrestado en flagrancia el 9 de agosto durante un operativo de la Fiscalía Especializada contra el Secuestro y Combate a la Extorsión. José Isabel “N”, alias “Chabelo”, fue capturado dos días después mediante orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado.

José Antonio “N” cayó en flagrancia; le aseguraron dinero, celular y una motoneta

El operativo del 9 de agosto permitió detener a José Antonio “N” en el momento en que presuntamente participaba en los hechos. Durante la intervención, agentes de la Fiscalía le aseguraron dinero en efectivo, un teléfono celular y una motoneta.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente para la integración de la carpeta de investigación. La Fiscalía desarrolló actos de investigación a partir de la denuncia presentada por los familiares de la víctima, cuya identidad se mantuvo en reserva.

“Chabelo” fue detenido el 11 de agosto mediante orden de aprehensión por secuestro agravado

Dos días después de la primera detención, agentes de la Policía Investigadora Ministerial cumplimentaron una orden de aprehensión contra José Isabel “N”, alias “Chabelo”, el 11 de agosto de 2026. Su captura se logró a partir de los datos obtenidos durante la continuidad de las investigaciones.

José Isabel “N” fue puesto a disposición del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal que lo requería, a efecto de que se determinara su situación jurídica conforme a derecho.

De acuerdo con la información recabada, “Los Chabelos” era una célula señalada no solo por secuestro, sino también por cobro de cuotas y préstamos con altos intereses en la zona de Iguala. En ambas detenciones la fiscalía estatal contó con la con la coordinación del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Estatal.

La FGE Guerrero llamó a comerciantes, empresarios y ciudadanos que hubieran sido víctimas de estas personas a presentar su denuncia al número 747 165 8355, con garantía de confidencialidad.

FGE Guerrero detuvo a seis presuntos integrantes de “Los Tlacos” por extorsión en Chilpancingo

Las acciones de la FGE Guerrero contra grupos delictivos dedicados a la extorsión se han extendido más allá de Iguala. El pasado 11 de agosto, un día antes de la captura de los presuntos integrantes de “Los Chabelos”, la fiscalía detuvo en flagrancia a seis personas vinculadas con “Los Tlacos” en Chilpancingo de los Bravo.

Las personas aprehendidas fueron identificadas como Daniel “N”, Víctor “N”, Eloy “N”, Vianey “N”, Marcela “N” y Blanca “N”.

Todo derivó de una denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada contra el Secuestro y Combate a la Extorsión por una víctima de identidad reservada, propietaria de un establecimiento comercial en Chilpancingo de los Bravo, a quien presuntamente le exigían el pago de 300 mil pesos.

A partir de la denuncia, agentes de la Policía Investigadora Ministerial desarrollaron actos que permitieron implementar el operativo en coordinación con autoridades federales y estatales.

Durante la intervención se recuperaron 100 mil pesos correspondientes al pago de la extorsión. También fueron asegurados un arma de fuego calibre .380 abastecida con cinco cartuchos útiles, siete teléfonos celulares y dos vehículos. Los detenidos y los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación.

De acuerdo con las investigaciones, los seis presuntos integrantes formaban parte de una célula del grupo delictivo “Los Tlacos”, dedicada al cobro de extorsiones en la capital del estado. Las autoridades no descartaron su probable relación con otros hechos de extorsión registrados en Chilpancingo.

Un juez federal vinculó a proceso este 12 de agosto a Guadalupe Hernández Hinojosa, apoderada legal de Ingemar S.A. de C.V., empresa ligada al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, por su probable participación en los delitos de contrabando, delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos e ilícitos en esta misma materia.

La decisión del juez llegó luego de reanudarse la audiencia inicial este día. En la sesión, se decretó prisión preventiva oficiosa a cumplirse en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur, y se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La FGR identificó un esquema de declaraciones falsas ante aduanas

En sus canales oficiales, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que obtuvo la vinculación a proceso en contra de Guadalupe Hernández y reafirmó que la red criminal, de la cual formaría parte, usaba cargamentos declarados ante las autoridades con volúmenes muy inferiores a los que realmente transportaban. En otros casos, los integrantes de la estructura habrían declarado que se trataba de productos distintos para evadir el pago de impuestos.

Esos datos ya los había revelado previamente la fiscal general Ernestina Godoy, el mismo día que señalaron a Ernesto Ruffo como líder de la mayor red de tráfico de huachicol detectada hasta el momento en el país. En el mensaje de este 12 de agosto, la FGR señaló que el objetivo de las investigaciones es combatir el contrabando de combustible, resarcir el daño y procurar que el ilícito no quede sin castigo.

De acuerdo con información extraoficial sobre los datos de prueba presentados ante el juez, Hernández Hinojosa habría tenido acceso directo a las finanzas de Ingemar como firmante autorizada de sus cuentas bancarias. Además, dentro de los señalamientos en su contra están las supuestas gestiones ante aduanas para liberar mercancías con documentación irregular y la firma de contratos relacionados con la distribución de hidrocarburos.

Con la vinculación a proceso de Guadalupe Hernández, suman nueve las personas aprehendidas en el marco de la investigación por el huachicol fiscal ferroviario. Además de la apoderada legal de Ingemar, las autoridades tienen bajo proceso a:

1. Ernesto Guillermo Ruffo Appel, en el Cefereso 1 “El Altiplano”
2. Ricardo Thompson Navarro, en el Cefereso 1 “El Altiplano”
3. Juan Hermilo Chávez Rodríguez, en el Cefereso 1 “El Altiplano”
4. Guillermo de la Peña Rosales, en su domicilio por motivos de salud
5. José María de la Peña Ramos, en su domicilio por motivos de salud
6. Luis Antonio Barrientos Juárez, en el Cefereso 1 “El Altiplano”
7. Adriana Magali Bárcenas Guillén, en el Cereso Nezahualcóyotl Sur
8. José Merino Valdés Cuervo, en el Cefereso 1 “El Altiplano”.

Ruffo Appel busca salir del Altiplano vía amparo

Este mismo 12 de agosto se reveló que el abogado Santiago Villareal Boullosa presentó ante un Juzgado de Distrito en Materia Penal del Estado de México un juicio de amparo en nombre de Ruffo Appel, con el que impugna tanto su vinculación a proceso del 19 de julio como la prisión preventiva oficiosa que cumple en el penal del Altiplano. La defensa también reclamó la negativa de la jueza de Control de Almoloya de Juárez de permitir que la medida cautelar se cumpliera en su domicilio.

El juez federal concedió parcialmente la suspensión provisional solicitada, pero descartó el traslado a prisión domiciliaria. Determinó que ordenarlo en esta etapa equivaldría a otorgar efectos restitutorios a la suspensión, facultad reservada para la resolución definitiva de fondo. Ruffo Appel permanece en el Altiplano mientras el juzgado resuelve si concede o niega la suspensión definitiva.

La defensa de Ruffo Appel aportó como pruebas un informe médico sobre riesgos del internamiento, un expediente ortopédico, electrocardiogramas, notas de Scripps Clinic y Scripps Green Hospital, y recetas suscritas por su cardiólogo el 17 de julio de 2026, cuando Ruffo ya estaba detenido.

La red declaraba el 10% del volumen real ante las aduanas

Según la FGR, Ingemar y las empresas vinculadas a la red cruzaban combustible desde refinerías en Texas por las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas, declarando ante las autoridades apenas 10 mil litros por ferrotanque cuando en realidad transportaban hasta 110 mil. En otros cargamentos, simplemente registraban un producto distinto al hidrocarburo para evitar las obligaciones fiscales correspondientes.

Una vez en territorio nacional, la mercancía ingresaba sin revisión aduanera y se descargaba en espuelas ferroviarias. Desde ahí, sin permisos de la autoridad reguladora del sector energético, el combustible pasaba a pipas y tractocamiones de siete empresas distribuidoras. El producto se comercializaba principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas.

La fiscal general Ernestina Godoy reveló que la investigación identificó 162 carros tanque y 4 mil 238 operaciones de importación irregular entre enero y julio de 2025. La evasión de IEPS e IVA sumó más de 106 millones de pesos en una parte de los cargamentos analizados, mientras que el daño total a la hacienda pública superó los 4 mil millones de pesos.

De manera paralela, la FGR rastreó movimientos por más de 3 mil 75 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales y operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares. Las cuentas recibían recursos y los transferían casi de inmediato hacia empresas extranjeras, manteniendo saldos mínimos, patrón que los investigadores identificaron como cuentas puente.