El Gobierno de Sinaloa impulsará una consulta ciudadana para identificar qué información adicional deberán publicar las dependencias del Poder Ejecutivo estatal, como parte de una iniciativa para fortalecer la transparencia y facilitar la vigilancia del ejercicio de los recursos públicos.

La propuesta fue aprobada por unanimidad el 20 de octubre de 2026, durante una sesión extraordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa, para incorporarla a su Programa de Trabajo Anual 2026-2027.

El proyecto será encabezado por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, en colaboración con el Comité de Participación Ciudadana de Sinaloa, y tendrá como objetivo integrar el Catálogo de Información de Interés Público del Estado.

A través de una consulta abierta, se buscará conocer qué información necesita la población para evaluar la gestión gubernamental, vigilar el destino del presupuesto y exigir cuentas a las autoridades, particularmente sobre aquellos datos que actualmente se encuentran dispersos, son difíciles de consultar o carecen de suficiente actualización y contexto.

Las propuestas ciudadanas serán sometidas a una evaluación técnica y jurídica para determinar cuáles podrán incorporarse al catálogo.

Este documento establecerá los contenidos mínimos que deberán publicar las instituciones, la justificación de su interés público, los formatos abiertos para su consulta y reutilización, los plazos de actualización y los mecanismos para verificar su cumplimiento.

La convocatoria estará dirigida a organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y ciudadanía en general.

También se contempla identificar las necesidades de personas y grupos que enfrentan barreras para acceder a la información pública y cuyas demandas no siempre quedan reflejadas en las solicitudes de transparencia.

El proyecto prevé mecanismos de seguimiento para informar a los participantes cuáles de sus propuestas fueron incorporadas y las razones por las que otras fueron descartadas.

Sin embargo, la metodología para desarrollar la consulta todavía se encuentra en proceso de diseño.

Integrantes de la Red Ciudadana Anticorrupción de Sinaloa, junto con decenas de organizaciones sociales, colectivos ambientalistas y académicos, emitieron un pronunciamiento público para exigir gobernanza democrática, transparencia y rendición de cuentas frente al conflicto socioambiental en la Bahía de Ohuira, en el municipio de Ahome.

A través de un documento fechado este 27 de octubre de 2026, los firmantes señalaron que las decisiones sobre bienes públicos estratégicos y el desarrollo territorial no pueden tomarse sin la participación de la comunidad, recordando la importancia ecológica de la zona como sitio Ramsar y la protección legal que otorga la Constitución al medio ambiente y a los territorios de pueblos originarios.

En el primer eje de su exigencia, las organizaciones demandaron información clara sobre las carpetas de investigación iniciadas por pescadores de las comunidades de Lázaro Cárdenas y Paredones ante la entonces delegación de la Procuraduría General de la República. Dichas indagatorias, identificadas con los números 973/2018 y 771/2023, involucran presuntas irregularidades y operaciones sobre terrenos federales y de bosque de manglar en la Bahía de Ohuira.

Asimismo, exigieron transparencia respecto a una denuncia popular interpuesta en 2023 (expediente PFPA/31.3/2C.28.2/00095-23) por la presunta ocupación de terrenos federales para una planta de amoniaco sin la concesión requerida, cuyas inspecciones por parte de la Profepa se encuentran detenidas debido a un juicio de amparo promovido por la empresa GPO (592/2024 VII), del cual acusan haber sido excluidos.

El pronunciamiento enfatiza la necesidad de respetar de manera irrestricta los derechos colectivos de las comunidades Yoreme-Mayo a su territorio, al agua y a una consulta previa, libre e informada.

Igualmente, exigieron garantías de protección para las personas defensoras del ambiente y del territorio, con el fin de evitar actos de hostigamiento o criminalización, en apego a los lineamientos del Acuerdo de Escazú.

Respecto a las mesas de diálogo instaladas en la región, la REDCA advirtió el riesgo de que estas se conviertan en mecanismos que únicamente busquen administrar el descontento social sin incidencia real, por lo que exigieron que los acuerdos y convenios sean públicos y cuenten con indicadores de cumplimiento.

En materia de ordenamiento territorial, los firmantes urgieron al Ayuntamiento de Ahome y al Gobierno del Estado a iniciar de manera inmediata la elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL), integrando a la ciudadanía y acatando las directrices de alta vulnerabilidad establecidas para la Bahía de Ohuira en el ordenamiento marino del Golfo de California.

El documento está respaldado por organismos como Iniciativa Sinaloa A.C., la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, el Consejo Ciudadano de Ecología del Estado de Sinaloa, la Federación de Cooperativas Pesqueras Siglo 21, el Colectivo Mayo-Yoreme Autónomo, entre otras decenas de asociaciones civiles, colectivos de observación de aves y activistas de Sinaloa y el país.