Por presuntas irregularidades en diversos procesos de compra realizados por la administración municipal, la Regidora por el PRI, Maribel Chollet Morán, informó que presentó una denuncia administrativa ante el Órgano Interno de Control contra todos los integrantes del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de Mazatlán.

En rueda de prensa, señaló que la denuncia no se limita a la reciente adquisición de cuatro camiones recolectores de basura, sino que además involucra otros procedimientos relacionados con la compra de medicamentos, pintura, aires acondicionados y la asignación de obras públicas.

“Acabo de presentar la denuncia administrativa ante el Órgano Interno de Control contra todos y cada uno de los integrantes del Comité de Adquisiciones por las compras irregulares que se han venido realizando”, comentó.

La Regidora acusó al comité de conducir los procesos de contratación mediante mecanismos que, desde su perspectiva, vulneran la libre competencia y favorecen decisiones previamente definidas.

Como parte de la denuncia, anunció que solicitará una auditoría general a todas las adquisiciones realizadas por el Ayuntamiento de Mazatlán, al considerar que existen elementos suficientes para revisar la legalidad de los procedimientos y el manejo de los recursos públicos.

Además, adelantó que la próxima semana presentará formalmente estas acusaciones ante la Auditoría Superior del Estado y ante la Unidad de Fiscalización y Transparencia de la Fiscalía General del Estado, con el propósito de que se investiguen las presuntas irregularidades.

“Es un abuso, es un atropello que de manera permanente y reiterada el Ayuntamiento ha venido cometiendo. Los recursos del erario público no pueden estar siendo sujetos de mala administración”, declaró.

“Pediremos una auditoría general a todas y cada una de las adquisiciones”, agregó.

Chollet Morán comentó que uno de los principales señalamientos se relaciona con la compra de cuatro camiones recolectores de basura, donde señala que antes de que se emitiera el fallo oficial de la licitación se conoció la existencia física de las unidades, lo que, a su juicio, evidencia que la adquisición ya estaba definida con anticipación.

“Los camiones ya existían, la compra ya estaba garantizada y con ello sabemos que no hay libre competencia, por lo que hay una violación reiterada y sistemática con la que se está conduciendo este comité”, expresó.

Chollet Morán aseguró que esta situación forma parte de una práctica recurrente que, según dijo, también se ha observado en otros procesos de compra y contratación del gobierno municipal.

Asimismo, sostuvo que existen denuncias relacionadas con la adquisición de medicamentos y otros bienes, algunas de ellas en instancias administrativas, civiles e incluso penales, aunque afirmó que varias no han avanzado debido a la falta de seguimiento por parte de las autoridades correspondientes.

También expresó que existe desconfianza hacia el Órgano Interno de Control, pero afirmó que decidió presentar la denuncia para cumplir con la ruta institucional que establece la ley.

“No confío en el Órgano Interno de Control porque pertenece a la misma rama, a la misma familia de corruptos y corrupciones que se vienen realizando desde el Ayuntamiento de Mazatlán”, comentó.

“Tengo una formación institucional y estamos obligados a seguir cada uno de los procedimientos”, añadió.

En este sentido, declaró que su intención es que las instancias fiscalizadoras revisen el actuar del Comité de Adquisiciones y determinen si existieron responsabilidades administrativas o legales por las decisiones tomadas durante la actual administración municipal.

De esta forma, Chollet Morán rechazó que los señalamientos tengan un trasfondo político y aseguró que su actuación responde a la obligación de vigilar el correcto ejercicio de los recursos públicos y exigir el cumplimiento de la normatividad vigente.

“Esto no es politiquería, esto es exigir que se cumpla con estricto apego lo que marca la ley, No permitiremos que se sigan dando este tipo de excesos, es simple y sencillamente cumplir y hacer cumplir el derecho constitucional por el que protestamos”, puntualizó.

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa emitió un exhorto dirigido a las autoridades integrantes del Comité Coordinador para que inicien investigaciones de oficio ante presuntas irregularidades en contratos públicos relacionados con hijos del Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Durante una conferencia de prensa, integrantes del CPC señalaron que existen publicaciones periodísticas, investigaciones ciudadanas y documentación pública que apuntan a posibles conflictos de interés, adjudicaciones irregulares, abuso de autoridad, peculado, negociaciones ilícitas y probables faltas administrativas vinculadas a contratos millonarios en distintas dependencias estatales y municipales.

El exhorto fue presentado durante la segunda sesión ordinaria 2026 del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción y está dirigido a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Poder Judicial.

“Hay señalamientos públicos documentados que ameritan investigaciones oficiales expeditas para deslindar responsabilidades sobre probables actos de corrupción”, señalaron los integrantes del CPC.

Entre los casos mencionados se encuentran presuntas adjudicaciones y contratos otorgados a socios cercanos a familiares del mandatario estatal en áreas como DIF Sinaloa, Servicios de Salud y el Ayuntamiento de Culiacán, además de investigaciones relacionadas con obra pública.

El CPC también hizo referencia a investigaciones realizadas por organizaciones como Iniciativa Sinaloa, donde se han detectado posibles esquemas de simulación de competencia en licitaciones, conocidos como “estrategia colmena”, así como presunto fraccionamiento ilegal de obras y adjudicaciones directas fuera de los límites permitidos.

Durante la conferencia, los integrantes del comité señalaron que este es el segundo exhorto emitido por el organismo; el primero estuvo relacionado con el caso de los viajes de la ex Secretaria de Transparencia.

Además, criticaron la propuesta de reforma conocida públicamente como “Ley Rocha”, a la que calificaron como una “ley tapadera” debido a los vacíos legales que, aseguran, contiene la iniciativa.

Informaron que los trabajos legislativos para su aprobación fueron pausados temporalmente y buscarán abrir mesas técnicas y un parlamento ciudadano junto con organizaciones civiles, academia y especialistas.

Como parte de sus propuestas preventivas, el CPC también impulsa reformas a la Ley de Obras Públicas y Adquisiciones, así como la migración del sistema CompraNet hacia Compras MX, con el objetivo de digitalizar completamente los procesos de licitación y transparentar la información de contratos y obras públicas.

Indicaron que la intención es eliminar procesos físicos y estandarizar digitalmente todas las etapas de contratación pública para reducir riesgos de corrupción en un sector donde se manejan miles de millones de pesos anualmente.