MAZATLÁN._ Temas de prevención y solución pacífica de conflictos laborales y organizacionales fueron planteados por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a personal de empresas locales.

La institución participó dentro de las actividades del Comité de Dimensión Social de Canacintra Mazatlán, quien a su vez hizo un llamado a fortalecer la cultura laboral.

La iniciativa es impulsada por empresas del Comité que están certificadas con el Distintivo de Empresa Comprometida con los Derechos Humanos.

Por ello, en la conferencia “Empresa Comprometida con los Derechos Humanos: Lineamientos del Distintivo y sus Beneficios dentro de tu Organización”, Rosario Guadalupe Borrego Gómez, integrante de la CEDH, destacó la importancia de la prevención y resolución de conflictos para consolidar un buen clima de trabajo.

El desarrollo de habilidades socioemocionales en colaboradores y equipos de trabajo, impulsar entornos laborales más productivos, inclusivos y respetuosos, integrar los derechos humanos y la sostenibilidad como ventajas competitivas empresariales, son ámbitos que día a día deben fortalecerse, dijo.

La conferencista agregó que que mediante un programa, que otorga el distintivo como Empresa Socialmente Responsable, puede generarse valor reputacional ante clientes, colaboradores, proveedores e inversionistas y complementar estrategias de Responsabilidad Social Empresarial.

El objetivo de fondo es que las empresas grandes, medianas y grandes trabajen por una cultura organizacional en torno a este distintivo como una oportunidad para fortalecer la organización, mejorar el clima laboral, impulsar prácticas de mejora continua y posicionar a las empresas como referentes de compromiso social y sostenibilidad.

La idea nació de afiliados como Grupo PINSA y Sugar Food, para invitar al personal de la CEDH y ver cómo sí se puede mejorar el clima laboral de las pequeñas, medianas y grandes empresas afiliadas como un distintivo oficial.

Por un lado, Borrego Gómez explicó que el objetivo busca preservar la identidad individual de cada una de las personas que conforman a las empresas y organizaciones, y al mismo tiempo propiciar mejorar el clima laboral.

Además, señaló a aquellas empresas que no cuentan con el Distintivo ESR, que busquen el reconocimiento que depende de cumplir con todo un programa de alternativa accesible y práctica para avanzar en la construcción de una cultura organizacional alineada.

Durante la conferencia también se habló de las principales ventajas de ser un distintivo gratuito y con lineamientos de implementación accesibles para empresas de todos los tamaños.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa informó que capacitó a 108 servidores públicos estatales y municipales en materia de derechos humanos y servicio público con el objetivo de fortalecer el derecho de la ciudadanía a recibir una atención digna por parte de las instituciones públicas.

La actividad se realizó en coordinación con la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, como parte de los trabajos de la Comisión Permanente de Vigilancia y Control Estado-Municipios, integrada por la dependencia estatal y las sindicaturas de procuración de los ayuntamientos.

La capacitación estuvo a cargo de la visitadora general de la CEDH, Reyna Isabel Mendoza Osuna, quien ofreció una sensibilización dirigida a las y los funcionarios convocados con el propósito de reforzar el respeto a los derechos humanos en el desempeño de sus funciones.

Durante la jornada denominada “Derechos humanos en el ejercicio del servicio público”, la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, Sandra Guadalupe Angulo Cázarez, señaló que este tipo de acciones buscan garantizar el respeto, la igualdad y el bienestar colectivo, además de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones que tienen los servidores públicos hacia la sociedad.

En la capacitación participaron representantes de órganos internos de control de diversas dependencias estatales, entre ellas la Secretaría de Educación Pública y Cultura, el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, el Sistema DIF Sinaloa, el Instituto Sinaloense de Cultura, la Universidad de la Policía y la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, entre otras.

También asistieron síndicos procuradores, personal de órganos internos de control y funcionarios municipales de Choix, El Fuerte, Guasave, Juan José Ríos, Mocorito, Sinaloa de Leyva, Angostura, Culiacán, Navolato, Eldorado, Salvador Alvarado, Elota, Mazatlán, Escuinapa y San Ignacio.

De acuerdo con la CEDH, estas acciones forman parte de los esfuerzos institucionales para promover una cultura de respeto a los derechos humanos y mejorar la atención que reciben las y los ciudadanos en las distintas dependencias gubernamentales.

Durante más de dos años, una madre buscó a su hijo desaparecido mientras su cuerpo permanecía bajo resguardo del Servicio Médico Forense en Culiacán.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa concluyó que la Fiscalía General del Estado incurrió en omisiones, dilaciones y negligencia que impidieron identificar oportunamente a la víctima y notificar a su familia.

La historia quedó plasmada en la Recomendación 5/2026 emitida por la CEDH contra la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, luego de analizar el expediente derivado de la queja presentada por la madre de la víctima.

De acuerdo con el documento, la desaparición fue denunciada en septiembre de 2022 ante la Agencia Especializada en Desaparición Forzada de Personas Región Centro.

La madre relató que, tras interponer la denuncia, proporcionó muestras de ADN para realizar confrontas genéticas con cuerpos sin identificar resguardados por el Semefo. Sin embargo, aunque la solicitud para realizar el estudio genético fue emitida desde octubre de 2022, la prueba no fue procesada sino hasta febrero de 2024.

La investigación de la CEDH acreditó que el cuerpo de la víctima había ingresado al Servicio Médico Forense de Culiacán el 8 de septiembre de 2022 y que ese mismo día se tomaron muestras para obtener el perfil genético. Pese a ello, la identificación formal ocurrió hasta septiembre de 2024, prácticamente dos años después.

En su resolución, la Comisión señaló que la Fiscalía incurrió en una “deficiente investigación” al no dar seguimiento a solicitudes periciales, omitir el cruce de información entre áreas y desaprovechar datos que estaban disponibles incluso en plataformas institucionales de cuerpos no identificados.

La CEDH también advirtió que personal ministerial ignoró elementos relevantes para la búsqueda, como la coincidencia entre las prendas descritas en la denuncia de desaparición y las fotografías publicadas por la propia Fiscalía sobre cuerpos no identificados.

“... todo ese tiempo estuvo en poder de la institución investigadora”, señala la recomendación.

Además, sostiene que la falta de coordinación y las omisiones provocaron que la familia no pudiera localizar ni recuperar el cuerpo de la víctima durante más de dos años.

El organismo concluyó que se vulneró el derecho humano a la búsqueda y localización de personas desaparecidas, así como el derecho a la identificación de personas fallecidas. Además, citó estándares internacionales que obligan al Estado a actuar con debida diligencia en casos de desaparición.

La recomendación fue dirigida a la Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, y forma parte de las resoluciones emitidas por la CEDH durante el primer trimestre de 2026.