La próxima semana podrían retomarse las mesas de trabajo entre colectivos y organizaciones en defensa del acceso a la información pública y el Congreso del Estado, con el objetivo de analizar posibles cambios y modificaciones a la iniciativa de una nueva Ley de Transparencia.

La Presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerra Ochoa, informó que tras una conversación reciente con Lucia Mimiaga del Comité de Participación Ciudadana se acordó dar continuidad a estos espacios de diálogo, los cuales buscan incorporar las propuestas de las organizaciones participantes.

Guerra Ochoa señaló que la intención del Congreso es escuchar a los colectivos y considerar ajustes a la iniciativa, con el fin de construir una propuesta legislativa con la que exista mayor coincidencia.

Asimismo, lamentó que la última reunión entre legisladores y organizaciones haya derivado en un intercambio de posturas confrontativas.

“Yo lamento que en esta mesa de trabajo que se dio, porque era una mesa de trabajo que se fue haciendo más extensiva y extensiva, la invitación terminó siendo también una mesa con mucho tinte político, yo creo que la idea era abrir los canales para escuchar”, expresó.

Este posicionamiento surge luego de que colectivos y organizaciones señalaran durante la última mesa de trabajo que las reuniones podrían tratarse de un ejercicio de simulación y no de una verdadera apertura al diálogo ciudadano.

Las mesas de trabajo entre diputados y colectivos ciudadanos sobre la posible nueva Ley de Transparencia en Sinaloa quedarán suspendidas mientras no exista apertura para llegar a acuerdos entre ambas partes, informó la Diputada local María Teresa Guerra Ochoa, Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.

La legisladora señaló que algunos ciudadanos han asumido una postura en la que consideran que no existe disposición del Congreso para escuchar sus planteamientos, situación que ha complicado el avance de los diálogos.

La declaración surge luego de la mesa de trabajo realizada recientemente entre diputados e integrantes de colectivos y organizaciones civiles defensoras del acceso a la información pública, donde nuevamente se registraron confrontaciones por la iniciativa de reforma impulsada por el Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

Durante el encuentro, representantes de organizaciones civiles exigieron que la iniciativa fuera desechada en su totalidad, al considerar que vulnera derechos relacionados con el acceso a la información y la transparencia gubernamental.

Además, integrantes de los colectivos manifestaron su inconformidad debido a que fueron convocados con poca anticipación y, según señalaron, se les informó que la propuesta no podía ser retirada completamente, lo que generó molestia entre las y los asistentes.

Sobre esto, María Teresa Guerra Ochoa aseguró que la iniciativa no será sometida a votación ni dictaminada hasta que se realicen modificaciones derivadas de las propuestas que puedan presentar los colectivos.

La Diputada explicó que la ley no puede desecharse en su totalidad debido a que responde a lineamientos de carácter federal; sin embargo, sostuvo que sí existe posibilidad de realizar cambios mediante las mesas de trabajo.

“Nosotros pusimos a consideración que es lo que se puede reformar en el marco de una reforma constitucional que ya hubo y ver la posibilidad de que se puede hacer, era para hacer cambios, pero ellos quieren que entremos a deshacer una reforma federal”, señaló.

Asimismo, indicó que aún no se tiene certeza sobre la realización de nuevos encuentros, ya que consideró necesario que exista disposición al diálogo por parte de los colectivos.

Señalamientos de organizaciones civiles

En los últimos días, organismos como el Comité de Participación Ciudadana e Iniciativa Sinaloa han advertido que la nueva propuesta de Ley de Transparencia contempla retrocesos y elimina áreas fundamentales que actualmente garantizan el acceso a la información pública.

Las organizaciones sostienen que algunos cambios podrían debilitar mecanismos de vigilancia ciudadana y limitar la rendición de cuentas por parte de las autoridades.