TIJUANA, NOVIEMBRE 8, 2026.- Tijuana concentra el 65.58% del personal ocupado del programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) en Baja California, además de 572 de los 884 establecimientos manufactureros activos y el 49.52% de los ingresos provenientes del mercado extranjero en el estado.

Lo anterior informó el Centro Metropolitano de Información Económica y Empresarial (CEMDI), espacio de información económica del Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana (CDT), con base en las cifras de agosto de 2026 publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Dentro del estado, Mexicali reúne el 23.66% del personal ocupado, Ensenada el 5.61% y Tecate el 5.16%. Por establecimientos, después de Tijuana (que incluye Rosarito) siguen Mexicali con 151, Tecate con 99 y Ensenada con 62. En ingresos, Tecate ocupa el segundo lugar con 27.36%, seguido de Mexicali con 19.32% y Ensenada con 3.80%.

A nivel nacional, el personal ocupado en el programa disminuyó 0.01% respecto al mes anterior y 0.25% en comparación anual. Nuevo León concentra la mayor proporción, con 14.67%, seguido de Chihuahua. Baja California ocupa el tercer lugar, con 11.91% del total nacional, y registró una disminución de 0.56% mensual y de 2.81% anual.

En agosto había 5,165 establecimientos activos en el país, 46 menos que el mes anterior y 95 menos que un año antes. Baja California concentra el 17.12% del total, con 884 unidades, la mayor proporción del país, aunque con una disminución de 2.96% mensual y de 6.16% anual. Le siguen Nuevo León con 748 establecimientos y Chihuahua con 493.

Los ingresos provenientes del mercado extranjero sumaron 379,049 millones de pesos a nivel nacional. Esto representa una disminución de 2.47% mensual y un crecimiento de 3.18% respecto a agosto de 2025. Nuevo León concentra el 19.53% y Coahuila el 12.25%.

Baja California ocupa el cuarto lugar con 31,255 millones de pesos, el 8.25% del total nacional, 7.84% menos que el mes anterior. De enero a agosto de 2026, el estado acumuló 245,485 millones de pesos, 4.24% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Para el Lic. Gabriel Camarena Salinas, líder del Eje de Economía del CDT, la concentración de establecimientos y personal ocupado en Tijuana confirma la relevancia de la ciudad dentro de la industria manufacturera de exportación; sin embargo, destacó la importancia de fortalecer las condiciones que permitan mantener su competitividad y generar nuevas oportunidades de crecimiento.

“Los indicadores de IMMEX muestran el peso que tiene Tijuana en la manufactura de exportación de Baja California, pero también nos señalan los retos que debemos atender para sostener esta actividad. Es fundamental fortalecer la infraestructura, garantizar la disponibilidad de agua y energía, e impulsar la formación de talento especializado.

Asimismo, debemos trabajar en el desarrollo de proveedores locales para que más empresas de la región puedan integrarse a las cadenas de suministro y participar en procesos de mayor valor agregado”, señaló.

El análisis reconoce que el programa enfrenta un entorno de presiones externas, como la incertidumbre comercial con Estados Unidos y la desaceleración de la demanda en algunos sectores.

Esto se refleja en la disminución anual de establecimientos y personal ocupado en el estado. También identifica retos internos que siguen en la agenda, como la disponibilidad de infraestructura, agua, energía y talento especializado, condiciones necesarias para sostener la competitividad de la región.

El CEMDI recomienda fortalecer los programas de desarrollo de proveeduría local para que más empresas tijuanenses puedan integrarse a las cadenas de suministro de la industria IMMEX, así como alinear la oferta educativa técnica y universitaria con los perfiles que demandan los procesos de mayor valor agregado.

En este sentido, el CDT dará seguimiento a estos indicadores como parte de su agenda de desarrollo económico, promoviendo acciones que contribuyan a fortalecer la infraestructura, impulsar el talento especializado y consolidar la competitividad de Tijuana.

MEXICALI, NOVIEMBRE 8, 2026.- Con el objetivo de ampliar las oportunidades de empleo para las juventudes bajacalifornianas, el Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley de la Juventud de Baja California para reconocer el servicio social como experiencia laboral acreditable en los procesos de reclutamiento, selección y contratación de personal, tanto en instituciones públicas como en empresas privadas.

La reforma, impulsada por el diputado Diego Alejandro Lara Arregui, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, incorpora el artículo 36 Bis a la legislación estatal. Esta disposición establece que las actividades realizadas durante el servicio social deberán considerarse como experiencia laboral, siempre que guarden relación con el perfil académico y profesional del puesto solicitado.

El legislador señaló que uno de los principales obstáculos para las y los jóvenes que buscan incorporarse al mercado laboral es la exigencia de experiencia previa, pese a que durante su formación académica desarrollan actividades profesionales, adquieren habilidades y asumen responsabilidades a través del servicio social.

Con la modificación legal, ninguna convocatoria o proceso de selección podrá excluir a una persona joven bajo el argumento de falta de experiencia cuando esta se encuentre acreditada mediante una constancia de servicio social expedida por la institución donde realizó sus actividades, y dicho documento deberá especificar las funciones desempeñadas y las competencias adquiridas.

La reforma también fortalece la vinculación entre la formación académica y el ámbito laboral, al reconocer el servicio social como una experiencia que permite aplicar conocimientos y desarrollar capacidades profesionales, con lo que se busca reducir las condiciones de desigualdad que enfrentan las juventudes al solicitar su primer empleo y favorecer su incorporación al sector productivo.

Asimismo, establece que las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal deberán actualizar sus lineamientos de reclutamiento, selección y contratación en un plazo máximo de 60 días, contados a partir de la entrada en vigor del decreto.

Esta reforma incorpora a la Ley de la Juventud un mecanismo para reconocer las capacidades adquiridas y fortalece el derecho de las juventudes a tener acceso a oportunidades de empleo en condiciones de mayor igualdad.