La declaración de renta 2026 retoma sus vencimientos entre el 18 y el 21 de agosto para personas naturales obligadas a presentar y pagar el impuesto sobre la renta del año gravable 2025.

Entre el 18 y el 21 de agosto deben cumplir los contribuyentes obligados a declarar cuyo Número de Identificación Tributaria (NIT) o cédula, sin contar el dígito de verificación, termine en 07 y 08, 09 y 10, 11 y 12 o 13 y 14. El decreto del Ministerio de Hacienda debido al terremoto del 10 de agosto establece un plazo distinto para personas naturales y sucesiones ilíquidas con domicilio fiscal hasta esa fecha en municipios de Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas, Chocó y Cauca afectados por el terremoto.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) reanuda el cronograma después del puente festivo del 17 de agosto y mantiene el esquema de vencimientos según los dos últimos dígitos del NIT.

Por ejemplo:

• Martes 18 de agosto: 07 y 08.
• Miércoles 19 de agosto: 09 y 10.
• Jueves 20 de agosto: 11 y 12.
• Viernes 21 de agosto: 13 y 14.

Luego el calendario seguirá durante agosto, septiembre y octubre, con 15 y 16 el 25 de agosto y cierre para 99 y 00 el 24 de octubre. La Dian reiteró que “estar dentro del rango de dígitos de la semana no obliga automáticamente al pago, pero sí a verificar si se superó alguno de los topes fijados por la normativa impositiva”. Esa revisión define si existe la obligación formal de presentar la declaración.

Qué personas deben declarar renta en 2026

Deben declarar quienes al cierre de 2025 tuvieran:

• Patrimonio bruto superior a $224.096.000, equivalente a 4.500 UVT.
• Tener ingresos brutos iguales o superiores a $69.719.000, es decir 1.400 UVT.
• Haber hecho compras y consumos totales con tarjeta de crédito y consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras acumuladas durante 2025 mayores a $69.719.000.
• Haber sido responsable del IVA a 31 de diciembre de 2025.

La obligación depende de la situación particular de cada contribuyente y no solo de la fecha asignada en el calendario. La Dian además dispone de una herramienta de consulta con la cédula, aunque la comprobación final sigue a cargo del contribuyente. Las autoridades tributarias pidieron adelantar el trámite mediante la firma electrónica en la plataforma web de la entidad tributaria. La recomendación busca evitar congestiones y reducir el riesgo de incumplir el plazo asignado.

Aplazamiento para contribuyentes en zonas del terremoto

El Ministerio de Hacienda publicó un decreto para aplazar vencimientos tributarios de personas naturales y sucesiones ilíquidas afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026. La medida cobija a las personas que tengan domicilio fiscal en esa fecha en municipios bajo las seccionales de:

• Cali, Palmira, Tuluá y Buenaventura (Valle del Cauca).
• Pereira (Risaralda).
• Armenia (Quindío).
• Manizales (Caldas).
• Quibdó (Chocó).
• Popayán (Cauca).

Según el documento, los vencimientos previstos para agosto, septiembre y octubre pasan a los últimos días de octubre y noviembre de 2026. El nuevo esquema también se organizaría con base en los dos últimos dígitos del NIT registrado en el RUT.

El documento incluye ejemplos para los vencimientos que originalmente caían en agosto:

• 01 y 02: 27 de octubre.
• 03 y 04: 28 de octubre.
• 05 y 06: 29 de octubre.
• 07 y 08: 30 de octubre.

Esta también cobija a personas naturales que se inscriban por primera vez en el RUT y tengan domicilio en los municipios señalados. El texto precisa que estas medidas no aplican a grandes contribuyentes.

El proyecto aclara que quienes cumplan dentro de esos nuevos plazos especiales no pagarían intereses moratorios ni enfrentarían sanciones. También indica que se trata de “un aplazamiento temporal, no de una eliminación, descuento o condonación de las obligaciones tributarias”.

Sanciones, alivios temporales y trámites que deben verificarse

Las medidas especiales también alcanzarían a agentes de retención y autorretenedores con domicilio fiscal en los municipios beneficiados. En esos casos, la declaración y el pago de la retención y autorretención en la fuente de julio de 2026, previstos para agosto, podrían trasladarse a septiembre bajo los plazos fijados para la declaración correspondiente a agosto.

El proyecto plantea además ampliar hasta el 16 de noviembre de 2026 el plazo del impuesto al patrimonio para los contribuyentes cobijados. A eso se suma un segundo proyecto con suspensión de términos para ciertos trámites aduaneros en Pereira, Armenia, Manizales, Buenaventura, Quibdó y Cali entre el 10 de agosto y el 10 de septiembre de 2026.

Fuera de ese escenario excepcional, no presentar la declaración dentro del plazo genera un costo tributario:

• La sanción por extemporaneidad mínima equivale al 5% del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes de retraso y no puede ser inferior a la sanción mínima legal vigente.
• El incumplimiento también puede acarrear intereses de mora, procesos de cobro e inconvenientes para algunos trámites financieros.

Por eso la recomendación es revisar con tiempo los topes, confirmar el día exacto según el NIT y completar el proceso antes del vencimiento.

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, durante alocución presidencial del 17 de agosto, presentó la cifra preliminar de $30 billones en daños materiales tras el terremoto que el lunes 10 de agosto impactó a gran parte del país. Según el mandatario, la emergencia dejó afectaciones en 450 municipios distribuidos en 15 departamentos, con un saldo de 289 fallecidos, 4.187 heridos, 143 desaparecidos y 120.328 familias damnificadas.

De acuerdo con la estimación de una firma privada, el terremoto ocasionó pérdidas directas de 24,5 billones de pesos en edificaciones y 5,5 billones en infraestructura. El presidente precisó la envergadura del desastre al informar que fueron destruidas 26.945 viviendas y se reportaron daños en 285 centros de salud, así como en 2.838 establecimientos educativos.

El propio jefe de Estado advirtió que el costo de la reconstrucción en las regiones y ciudades afectadas podría alcanzar también los $30 billones. Las autoridades mantienen las labores de búsqueda y asistencia en las zonas más afectadas, donde el impacto social y económico exige respuesta urgente del Gobierno nacional y de organismos internacionales.

Más medidas económicas

En materia financiera, el Gobierno activó el desembolso del primer tramo del crédito del Banco Mundial por USD200 millones, recursos que ya están disponibles para atender las necesidades más urgentes de las víctimas. “Quiero agradecer al Banco Mundial por la agilidad con la que respondió a nuestra solicitud, solidaridad con Colombia y confianza en nuestro Gobierno”, expresó el jefe de Estado.

También anunció la creación del Fondo Milagro, inspirado en el modelo del Forec que atendió el terremoto del Eje Cafetero de 1999, y que servirá para estructurar todo el plan de reconstrucción. “Me estoy inspirando con todo el equipo económico en el Forec, que atendió el terremoto del Eje Cafetero, para replicar los aciertos de ese fondo y evitar los errores que se cometieron en ese momento”, explicó.

Apoyo social y transparencia

El mandatario enfatizó la importancia de la solidaridad nacional y el esfuerzo coordinado entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil. Destacó el papel de la primera dama, Ana Lucía Pineda, en la recolección y distribución de ayudas humanitarias a través de la campaña “Colombia, un solo corazón”, canalizando cientos de toneladas de alimentos, agua, medicamentos y ropa.

De la Espriella anunció el Plan Milagro de Reconstrucción, que involucra al Gobierno nacional, constructores, sector financiero, aseguradoras, gobernadores y alcaldes.

“Invito también a los constructores, a todos los empresarios de la construcción a trabajar unidos por Colombia, codo a codo con el Estado, con el Gobierno, donando sus utilidades en los proyectos de vivienda de las zonas afectadas. Invito al sector financiero a bajar sus tasas de interés para que las familias puedan reconstruir o adquirir un techo digno”, exhortó.

De igual manera, confirmó que el Gobierno implementará subsidios de arrendamiento, alivios en servicios públicos y un programa de vivienda nueva y mejoramiento bajo el concepto “Vivienda Milagro”. Se hará un censo y una caracterización de los afectados para entregar soluciones concretas.

Estado de emergencia y control fiscal

El presidente adelantó que se decretará el estado de emergencia económica para facilitar la adopción de medidas extraordinarias. “Voy a decretar el estado de emergencia económica, porque este hecho imprevisible de la naturaleza no tiene otra forma de enfrentarse que tomando medidas extraordinarias y nuestra Constitución nos entrega las herramientas para ese propósito”, puntualizó.

Sobre el manejo de recursos, fue enfático y dijo que “no hay en mi Gobierno tolerancia alguna con la corrupción. El que se atreva a tocar un peso de eso, se las verá conmigo directamente. El que le meta la mano a la plata pública será castigado con severidad, como corresponde”.

Recordó que la situación fiscal del país es frágil. “En los últimos dos años, $1 cada $3 del recaudo se destinó a la deuda. La situación fiscal económica que yo recibo es absolutamente terrible y es fruto de la irresponsabilidad del Gobierno, que gracias a Dios, ya abandonó el poder”, señaló el presidente.

La reforma tributaria en Colombia que prepara el gobierno de Abelardo de la Espriella enfrenta el reto de conseguir recursos en medio de restricciones fiscales y de un debate centrado en si esos recursos deben salir de beneficios tributarios, evasión y ampliación de la base gravable, antes que de nuevas alzas a las tarifas empresariales.

La discusión técnica plantea que los recursos de la nueva reforma deberían salir, ante todo, de ampliar la base gravable, revisar beneficios tributarios y reducir la evasión de IVA y renta.

El enfoque busca recaudar entre $25 y $32 billones en 2027 sin trasladar otra vez el ajuste a empresas y contribuyentes formales que ya pagan impuestos. Ese rango equivale a entre 1,2% y 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB). La senda planteada llevaría el recaudo adicional hasta cerca de 2,5% del PIB en 2030. La referencia inmediata es el faltante de $30,2 billones que enfrenta el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027, cuyo proyecto fue devuelto por las comisiones económicas. Incluso con los recursos de la reforma tributaria que hoy está en trámite, todavía quedarían $8,3 billones por financiar.

Al respecto, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) calcula que, para cumplir la meta de balance primario de -0,5% del PIB en 2027, serían necesarias medidas equivalentes a 3,7% del PIB entre mayores ingresos y menores gastos. Para retornar a la regla fiscal en 2028, el ajuste requerido subiría a 5,5% del PIB. Dicha presión muestra que la necesidad fiscal supera el tamaño de la propia reforma. También empuja la discusión hacia fuentes de recaudo distintas de un nuevo aumento de tarifas.

Beneficios tributarios y límites de subir más la carga empresarial

Una de las principales apuestas consiste en revisar el gasto tributario antes de crear nuevas cargas. Entre 2019 y 2023, los beneficios tributarios pasaron de $68 billones a más de $136 billones. De ese monto, más de $88 billones se concentraron en IVA y más de $25 billones en renta empresarial. Ese universo aparece como una de las mayores fuentes potenciales de ingresos para la nueva reforma.

La directora del programa de Contaduría Pública de la Universidad de San Buenaventura, Sonia Liliana Tejedor, considera que depurar una parte de esos beneficios podría generar más recursos que una nueva sobretasa. El planteamiento apunta a una mayor eficiencia de la estructura tributaria vigente, en lugar de repetir aumentos de tarifas que no necesariamente se tradujeron en un incremento proporcional del recaudo.

Colombia tiene una tarifa de renta corporativa de 35%, frente a un promedio de 24,2% en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) y de 21,2% entre 146 jurisdicciones. Además, las sobretasas llevan la tarifa hasta 40% para los sectores financiero y minero-energético.

Pese a ese nivel de tributación empresarial, el recaudo tributario del país alcanzó 19,9% del PIB en 2024. Dicho registro fue el mismo de 2015 y quedó por debajo del promedio de la Ocde de 34,1%.

Tejedor dice que “subir tarifas dejó de producir recaudo”. La académica plantea que la reforma debería priorizar la ampliación de la base gravable para obtener ingresos adicionales sin trasladar otra vez el peso del ajuste a empresas y trabajadores formales.

Evasión y activos virtuales como frente de recaudo y formalización

El otro frente central es la evasión. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, estima niveles cercanos a 35% en IVA y 40% en renta. Reducir esas brechas requeriría metas verificables, facturación electrónica plena y un mayor cruce de información entre las bases disponibles para la administración tributaria. El punto aparece como otra de las fuentes posibles de recaudo para 2027.

Asimismo, el CEO de Asoblockchain, Camilo Suárez, coincide en que una reforma cercana a $30 billones puede ser realista, pero advierte que “el tamaño de la reforma, cercano a $30 billones, puede ser realista, pero el origen de los recursos resulta más importante que la cifra”.

Suárez plantea que al menos un tercio de la meta de recaudo provenga de beneficios tributarios y evasión. También pide indicadores públicos y auditables año a año para medir si esa promesa se convierte en ingresos.

En esa discusión aparece la economía digital. La Resolución 000240 de 2025 ordena que los proveedores de servicios de criptoactivos reporten a la Dian las operaciones de los usuarios desde el año gravable 2026. El primer informe está previsto para mayo de 2027. El umbral de reporte quedó en $50.000 y las sanciones pueden llegar a 1% del valor no informado.

La medida incluye trazabilidad en un mercado que, según Chainalysis, mueve en Colombia transacciones con activos digitales por USD28.455 millones al año. Suárez sostiene que “el objetivo no debería ser establecer exenciones para este sector, sino generar certeza jurídica”.

Añadió que un marco legal para activos virtuales permitiría convertir parte de la actividad informal en actividad declarante. Bajo esa lógica, la base gravable crecería sin necesidad de aumentar tarifas.

Deuda, reconstrucción y eficiencia del gasto en el debate tributario

La propuesta también incluye una revisión de la administración tributaria. Una de las ideas es que la Dian pase de administrar unos 15 impuestos a concentrarse en tres grandes categorías: renta, IVA interno e IVA externo. El argumento es que 85% del recaudo ya está en dos de esos tributos. Aun así, la propuesta exige determinar cuánto recaudo podría perderse con una simplificación de ese tipo y cómo sería reemplazado.

Las presiones sobre las finanzas públicas no terminan en el recaudo. El servicio de la deuda previsto para 2027 asciende a $118 billones, mientras la inversión pública suma $90 billones.

A eso se agrega el costo de reconstrucción tras el sismo del 10 de agosto. BTG Pactual estima de forma preliminar que esa tarea costaría unos $20 billones, cerca de 1% del PIB, y plantea financiarla con crédito y cooperación, no con impuestos permanentes.

El comportamiento reciente del recaudo muestra señales favorables, aunque no resuelve el desbalance. Entre enero y julio, la Dian recaudó $182 billones, con un crecimiento de 9,7% y una ejecución de 100,2% de la meta fijada para ese periodo.

Tejedor plantea además un compromiso de estabilidad tributaria durante 10 años. La propuesta busca reducir la incertidumbre para las empresas en un escenario en el que el propio ministro ubica la inversión privada en 17% del PIB. Desde Asoblockchain también surge una propuesta sobre el uso de los recursos públicos. El gremio plantea llevar la contratación pública, cercana a $174,8 billones, a registros trazables e inmutables para recuperar recursos y reducir pérdidas sin imponer nuevas cargas.

Ahora, esta visión contrasta con el proyecto del Gobierno saliente, que buscaba $21,9 billones adicionales en 2027. La iniciativa incluía una tarifa máxima de 41%, una sobretasa financiera permanente de 15 puntos y una reducción de la exoneración de aportes de 10 a tres salarios mínimos.

La incertidumbre sobre el proyecto de reforma pensional de Gustavo Petro en Colombia mantiene en suspenso a Colpensiones un año después de la suspensión de la ley, mientras la Corte Constitucional define si la norma entra en vigor, regresa al Congreso de la República o queda habilitada para empezar a regir.

Si la reforma no se aplica de manera definitiva, Colpensiones seguirá como una de las dos opciones del esquema actual y los trabajadores podrán continuar eligiendo entre el fondo público y los fondos privados para hacer sus aportes. El escenario impediría que la entidad concentre cotizaciones obligatorias hasta por 2,3 salarios mínimos ($4.027.081,5) y también evitaría que se convierta en el único pagador de las pensiones en Colombia.

Si la reforma se cae, se mantendría el mecanismo de ahorro que opera hoy y no desaparecería la lógica de competencia entre Colpensiones y los fondos privados. Los aportantes conservarían la posibilidad de escoger el fondo de su preferencia según el componente de ahorro que más se ajuste a su historia laboral. Ese es el modelo que el gobierno de Abelardo de la Espriella dice preferir. Su planteamiento apunta a fortalecer el ahorro individual y evitar que pierda alcance, como considera que ocurriría con la reforma del gobierno Petro.

De la Espriella también dijo en su momento que Colpensiones y el grueso del sistema de jubilaciones necesitan cambios radicales en favor de los pensionados en Colombia. Dentro de las modificaciones que su administración considera prioritarias aparecen lo que pueda pasar con el pago al sistema de aseguramiento y el aumento de la masa de personas que hacen aportes.

Si la Corte avala la reforma, el Gobierno buscará un mecanismo legislativo para revocar lo aprobado y mantener vigente el sistema actual.

Bajo esa ruta, la intención declarada no es eliminar las funciones de Colpensiones, sino reforzar la capacidad del ahorro individual y garantizar recursos para las pensiones del fondo público.

El papel que Colpensiones no asumiría si la reforma se cae

La diferencia con el modelo aprobado hace ya dos años es amplia. Si la ley entra en vigor, Colpensiones pasaría a ser el fondo de jubilaciones más importante del país al recibir los aportes de todos los trabajadores y convertirse en el único pagador de las mesadas a los pensionados en Colombia.

La norma busca eliminar la competencia entre las dos opciones de jubilación, aunque persisten reparos centrados en las garantías financieras. En la práctica, eso desplazaría el sistema de elección que hoy existe entre el fondo público y los administradores privados.

Como se recordará, la reforma se organiza en cuatro pilares:

• Pilar solidario: prevé una renta básica mensual para hombres mayores de 65 años y mujeres mayores de 60 años en pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad, según la clasificación del Sisbén. También incluye a personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad.
• Pilar semicontributivo: plantea una renta vitalicia para quienes alcanzaron la edad de jubilación, pero no completaron las semanas exigidas para una pensión tradicional. Ese ingreso se formaría con lo que esas personas lograron cotizar o ahorrar.
• Pilar contributivo: cobija a trabajadores dependientes e independientes, opera un sistema mixto. Colpensiones recibiría los aportes obligatorios hasta por 2,3 salarios mínimos y los fondos privados administrarían los excedentes en ingresos superiores.
• Pilar de ahorro voluntario: permitiría aportes adicionales para mejorar el monto o las condiciones del ingreso futuro al momento de la jubilación.

Qué dice la Corte sobre la reforma

La definición quedó otra vez en manos de la Corte Constitucional, cuyo debate tomará un par de semanas más. La discusión prevista para el jueves 13 de agosto de 2026 se aplazó después de que el despacho de la magistrada Natalia Ángel pidió la rotación del expediente para estudiarlo a profundidad.

La ponencia de la magistrada Paola Meneses propone devolver por segunda vez la norma al Congreso para corregir vicios en su trámite. Ese reparo cobija tanto la primera aprobación como la repetición del cuarto y último debate que la Corte ya había ordenado.

Según el alto tribunal, en ambos momentos la plenaria de la Cámara no discutió el articulado uno por uno. En lugar de eso, acogió una proposición para aprobar el texto avalado por el Senado, algo que la Corte considera contrario al requisito de la “debida deliberación” previsto en la Ley Quinta.

Por esa razón, Meneses presentó a la Sala un proyecto de auto para que la Cámara realice por tercera vez el último debate. Esa es una de las salidas que siguen abiertas dentro del expediente.

La otra posibilidad es que la Sala declare la exequibilidad de la norma. El pulso interno no está resuelto y los votos aparecen divididos. Hoy hay siete de los nueve magistrados habilitados para participar en la discusión. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez presentó un impedimento que fue declarado fundado y contra el magistrado Héctor Carvajal prosperó una recusación por haber asesorado jurídicamente a Colpensiones sobre la reforma.

De esos siete magistrados, al menos cuatro estarían a favor de avalar la ley con la decisión que adoptó el Congreso en las sesiones extraordinarias del 27 y 28 de junio. Otros tres respaldarían la ponencia de Meneses, de modo que el conjuez Carlos Pablo Márquez podría inclinar la balanza o generar un empate.

Propuesta sobre Colpensiones y el ahorro individual

Para la analista Jerome Sanabria, vocera de No con mi ahorro, dijo que el desenlace que ella esperaba de la reforma pensional ya no está sobre la mesa. “Este no es el escenario ideal. El escenario ideal era que la magistrada Paola Meneses presentase una ponencia que pidiera el archivo definitivo del proyecto de ley, así como había sido el sentido de la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez”.

Sanabria redujo el panorama a dos caminos inmediatos para la Corte. “La primera, que la Corte Constitucional apruebe definitivamente, inmediatamente, el proyecto de reforma pensional del gobierno Petro y que empiece a regir de una vez. O la segunda, que sería la opción de la ponencia de la magistrada Meneses, que la Corte Constitucional devuelva el proyecto de ley a la Cámara de Representantes”, explicó.

Dentro de esas dos opciones, se inclinó por la devolución. “Esta segunda opción, sin duda alguna, entre estas dos opciones, es la mejor opción o mejor dicho, la menos peor”. Argumentó que ese retorno a la Cámara permitiría introducir cambios de fondo en el texto.

Uno de ellos sería, según dijo, “un artículo que acabe definitivamente con el pilar semicontributivo”. Sanabria vinculó esa modificación con la devolución de saldos para afiliados que no cumplan las semanas requeridas. “Que vuelvan a tener el derecho de tener su devolución de saldos, es decir, que en su fondo privado les entreguen la totalidad de su ahorro”, afirmó.

La otra propuesta apunta al pilar contributivo.

“Si logramos introducir un artículo que modifique este pilar contributivo y que lo haga opcional, los colombianos ya no tendríamos la obligación de cotizar en Colpensiones, sino que podríamos volver a como estábamos en la Ley 100 y poder elegir libremente en dónde cotizar”.

Preferencia entre Colpensiones y fondos privados

Con ese cambio, según su planteamiento, quien prefiera un fondo privado podría mantenerse allí y Colpensiones dejaría de ser una estación obligatoria para parte de las cotizaciones. En ese diseño, se mantendría el tope de 2,3 salarios mínimos para quienes opten por Colpensiones. La propuesta encaja con el escenario en que la reforma no entre en vigor o regrese al Congreso para nuevos cambios.

Bajo esa visión, Colpensiones conservaría sus funciones dentro del sistema, pero sin desplazar la libertad de elección ni absorber de forma obligatoria el ahorro que hoy administran los fondos privados. Con dicho análisis, la discusión no se limita a quién recauda o paga, sino al tipo de sistema que seguirá vigente.

El reconocido empresario colombiano David Vélez, dueño de NuBank, reaccionó a la publicación del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en la que confirmó la donación de $100.000 millones para atender a las víctimas del terremoto del 10 de agosto de 2026 y que afectó departamentos como Valle del Cauca, Caldas, Risaralda y Chocó.

“Presidente, es un placer para mi esposa Mariel Reyes Milk y para mí poder ayudar a Colombia, y especialmente al Chocó, en este momento de calamidad”, escribió en X. En ese mismo mensaje, Vélez añadió: “Vamos adelante con todo a sacar adelante nuestro querido país bajo su gran liderazgo”.

Lo hizo al responder a una publicación del presidente Abelardo de la Espriella, quien informó a las 8:10 del 16 de agosto que había hablado “hace un minuto” con Vélez y que este le comunicó su decisión de aportar $100.000 millones. Después, De la Espriella publicó otro mensaje de agradecimiento: “¡Gracias, David, por este inmenso gesto de solidaridad y amor por Colombia!”.

Quién es David Vélez

David Vélez, cofundador y director ejecutivo de Nubank, nació en Medellín (Antioquoa) en 1981 y estudió ingeniería en la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Antes de crear la empresa, trabajó en firmas de Wall Street como Morgan Stanley y Goldman Sachs, además de Sequoia Capital.

Fundó Nubank en Brasil en 2013, después de enfrentar barreras y trámites de la banca tradicional cuando intentó abrir una cuenta. La empresa salió a bolsa en 2021 y después mantuvo su expansión en América Latina.

En la actualidad, es uno de los colombianos más ricos y figura entre las personas más ricas de América Latina y del mundo. De acuerdo con Forbes, su patrimonio está estimado entre USD14.500 millones y USD 14.900 millones. Esa fortuna proviene sobre todo de su participación cercana al 20% en Nu Holdings, la empresa matriz de Nubank.

Tiene una disputa de forma constante con el empresario vallecaucano Jaime Gilinski, que en la actualidad tiene la mayor fortuna del país, con entre USD14.700 millones y USD15.000 millones, figura en el top 200 global de multimillonarios.

Movimiento de donaciones del sector privado

El aporte anunciado por David Vélez se suma a otros compromisos empresariales después del sismo que ya deja cerca de 300 muertos. Entre ellos están:

• Familia Gilinski: informó una donación de $150.000 millones destinada principalmente a la reconstrucción de hospitales y escuelas en Cali.
• Familia Santo Domingo: por medio de la Fundación Santo Domingo, Valorem y sus empresas vinculadas, destinó $100.000 millones a la atención de víctimas y a la reconstrucción de comunidades afectadas.
• Andi: la campaña #EmpresasUnidasPorColombia reunió $201.637 millones entre empresas afiliadas. Ese recaudo incluyó aportes de Postobón, D1, Ecopetrol, Organización Ardila Lülle, Grupo Éxito y Olímpica, en dinero, productos y alimentos. Grupo Argos, por su parte, planteó usar el mecanismo de Obras por Impuestos y fijó una meta de $1.000 millones a través de su fundación.

• Drummond: comprometió USD1,5 millones para la atención de la emergencia y la reconstrucción. A eso se sumó una colecta interna de sus empleados por 50 millones de pesos. Ese aporte será canalizado por medio de la iniciativa “Colombia, un solo corazón”, encabezada por la primera dama, Ana Lucía Pineda.

El conjunto de anuncios refleja la movilización de grandes familias empresariales y compañías ante la emergencia abierta por el terremoto.

Millonario aporte del Banco Mundial

Otro aporte importante fue el del Banco Mundial, que desembolsó USD200 millones. Además, la entidad puso a disposición del país un financiamiento adicional de hasta USD250 millones, sujeto a solicitud del Gobierno colombiano, para cubrir necesidades en la etapa de reconstrucción.

Asimismo, activó una evaluación global rápida de daños por terremotos (Grade) para ayudar a priorizar las acciones y la asistencia.

El dólar en Colombia siguió cerca de niveles que no se veían desde abril de 2019, después de varios días de baja y de una semana con volatilidad entre el 10 y el 14 de agosto. La divisa cerró la jornada del 14 de agosto en $3.127,20, con una caída de $0,31 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) del día, ubicada en $3.127,51. Durante la sesión tocó un máximo de $3.152,32 y un mínimo de $3.108,60.

Al cierre de esa jornada se habían hecho 1.411 transacciones por USD1.064 millones. Aunque en la semana del 10 al 14 de agosto hubo movimientos mixtos, analistas consideran que esa volatilidad fue normal dentro de una tendencia descendente más amplia. El 17 de agosto operó en modalidad next day, debido al festivo de la Virgen de la Asunción en Colombia, es una operación de compra o venta de divisas en la que el precio se pacta hoy, pero la entrega real del dinero (liquidación) ocurre uno o varios días hábiles después.

Y es que el precio del dólar ya acumula pérdidas en lo corrido del año. Ese retroceso lo dejó en niveles de hace más de siete años y cerca de los $3.125 observados durante 2026.

La baja del dólar en Colombia se explica por una combinación de tasas de interés altas, entrada de capitales, contexto político e ingresos de divisas, según expertos que también consideran que la tasa aún podría bajar hasta $2.750 antes de un eventual rebote. Economistas coinciden en que el movimiento exige cautela, aunque difieren sobre los riesgos y sobre el momento para comprar dólares.

Factores que explican la caída del dólar

Para el economista Jorge Torres, la explicación central no está en un solo detonante. “No es magia, es un cóctel de tasas de interés alta, confianza política y flujo de divisas reales”, afirmó.

Torres situó en primer plano las operaciones de arbitraje de tasas, conocidas como carry trade. Explicó que el Banco de la República mantiene una tasa de interés de alrededor del 12%, mientras la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) opera en un rango inferior (entre el 3.50% y el 3.75%). Dicho diferencial anima a inversionistas a endeudarse en dólares más baratos, traer esos recursos a Colombia, cambiarlos por pesos e invertirlos en títulos locales de mayor rendimiento. “Cada vez que entra ese capital, aumenta la oferta de dólares y el peso se fortalece”, dijo.

También vinculó la caída al contexto político reciente. La posesión de Abelardo de la Espriella como presidente el 7 de agosto, señaló, dejó una lectura favorable sobre el riesgo país, expectativas de ajuste fiscal y mayor apertura al mercado.

A ese entorno sumó la cotización internacional del petróleo, cercana a USD90 por barril. Ese nivel elevó el ingreso de divisas por exportaciones energéticas y reforzó la oferta de moneda extranjera.

Papel del Banco de la República y flujos de divisas

El Banco de la República anunció además un programa de compra de hasta US$4.000 millones para fortalecer las reservas internacionales. Según Torres, esa medida busca evitar que la tasa de cambio caiga “demasiado” y fijar un piso parcial en la baja del dólar frente al peso.

Al respecto, abordó los flujos asociados a economías ilícitas, aunque los dejó en un plano secundario dentro de la coyuntura actual. Señaló que las cifras exactas son difíciles de precisar, pero citó un estudio de la Universidad EAFIT sobre recursos del narcotráfico. Ese trabajo estimó en USD16.500 millones los recursos generados por esa actividad en 2024, equivalentes a cerca del 4,4% del Producto Interno Bruto (PIB).

Añadió que parte de ese dinero retorna al país por criptomonedas, casas de cambio informales o esquemas de lavado, con efecto sobre la oferta de divisas. “No es un factor principal hoy, el carry trade y la confianza pesan más, pero sí un factor estructural”, sostuvo. También rechazó que una moneda fuerte sea, por sí sola, sinónimo de una economía más sana.

“No. Una moneda fuerte puede reflejar buenas políticas, pero también puede ser el resultado de tasas de interés muy altas que enfrían la economía o de un dólar global débil”, afirmó. Según él, el crecimiento debe leerse en variables como el PIB real, la productividad, el empleo formal y la inversión.

Escenario de piso y rebote

Por su parte, el economista Andrés Moreno Jaramillo hizo un análisis distinto sobre la trayectoria que podría seguir la tasa de cambio. Aseguró que el dólar podría caer hasta $2.750, un nivel que no se veía desde abril de 2019.

“Viendo la caída del dólar por debajo de $3.100, niveles que no vemos desde abril de 2019, podemos revisar que entró a un canal que ya mostró en los años 2017, 2018, 2019, que va entre $2.750 y $3.100”, afirmó. Para el analista, ese rango marca una referencia histórica.

Moreno Jaramillo describió ese tramo como un canal amplio, pero advirtió que “para mí es un piso”. También dijo que ver al dólar por debajo de $3.100 abre una oportunidad de compra.

“No importa que baje a $3.000, no importa que baje a $2.900, pero estamos en ese canal y sentiría que es momento de empezar a diversificar en dólares”, recomendó. Añadió que el nivel de $3.000 operó de forma histórica como una barrera psicológica en el mercado colombiano.

Qué recomiendan los analistas a quienes mueven dólares

Moreno Jaramillo identificó factores que podrían impulsar un rebote. Mencionó primero un “déficit fiscal altísimo” y unas finanzas públicas deterioradas tras el último ciclo político.

También advirtió que el Banco de la República podría haber llegado al fin de las alzas de tasas. “Pareciera que el Banco de la República ya no va a subir más las tasas de interés y las expectativas de que las baje el año 2027 y que los demás países las suban un poquito, puede generar alguna salida de flujos internacionales”, dijo.

Su consejo fue entrar al dólar con prudencia y en varias etapas. También habló de un “gran momento para empezar a diversificar en dólares de a poco, de manera escalonada”.

Torres, por su parte, ligó cualquier decisión al uso que se dará a esos recursos y al plazo. Si alguien necesita dólares para viajes, estudios o importaciones en el corto plazo, ve un momento favorable para comprar; si mantiene divisas sin un destino inmediato y necesita pesos, considera razonable vender una parte.

La promesa de ajuste del gasto con la que Abelardo de la Espriella llegó a la Presidencia duró tres días intacta: el terremoto del 10 de agosto de 2026, ocurrido a las 7:34 a. m., obligó a desviar ese plan hacia una reconstrucción que, en sus primeras cuentas, se mueve entre $20 billones y $40 billones.

Ante las consecuencias del fenómeno natural, se cambió el plan del Gobierno porque el ahorro prometido para recortar el tamaño del Estado dejó de tener como único destino la austeridad y pasó a competir con la financiación de la reconstrucción. El nuevo escenario combina una emergencia con costos de hasta $40 billones, un Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027 ya desfinanciado y la decisión oficial de no crear nuevos impuestos.

Y es que De la Espriella se posesionó el 7 de agosto con una consigna de reducción del Estado. Su programa prometía achicarlo 40% en cuatro años, retirar unos 700.000 funcionarios y contratistas, pasar de 19 a 10 ministerios y ahorrar entre $25 y $30 billones anuales.

Costo humano y fiscal del terremoto

El balance oficial de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) al 16 de agosto reportó 289 personas fallecidas, 4.187 heridas y 143 desaparecidas. Los daños se extendieron a cerca de 450 municipios, con más de 185.000 damnificados y 44.000 familias sin casa.

Las primeras cuentas de la reconstrucción arrancan en $20 billones, equivalentes al 1% del Producto Interno Bruto (PIB), según BTG Pactual. Ese cálculo sube hasta $40 billones si el golpe equivale a dos puntos del producto.

El antecedente que aparece en la discusión es el terremoto del Eje Cafetero de 1999. Dicho desastre costó 2,2% del PIB y el Estado asumió dos tercios de la factura. La escala del daño convirtió una agenda de ahorro en una discusión sobre financiación de largo plazo.

Así las cosas, la emergencia ya no se mide solo por la atención inmediata, sino por la capacidad de sostener obras de vivienda, salud, educación y transporte durante varios años.

Por supuesto, el sismo de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, alteró ese libreto. La ruta de recortes siguió en pie, pero el desastre le puso un destino inmediato a cualquier margen fiscal que logre abrir el Gobierno.

Un terremoto sobre unas finanzas ya deterioradas

La reconstrucción encontró al Estado en uno de sus momentos fiscales más estrechos. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) calcula para 2026 un desbalance de 7,4% del PIB y una deuda neta de 61%, la más alta de la historia.

La explicación de ese desequilibrio cabe en una cuenta simple: por cada $100 que produce la economía, el Gobierno gasta $7 más de lo que recauda. Además, $1 de cada $3 del recaudo se va en intereses. A esa presión se suman otros dos datos: la inflación anual cerró julio en 6,03% y la tasa del Banco de la República sigue en 12%.

Precisamente, el Banco de la República pidió reducir la asimetría entre gasto e ingresos. Esa combinación deja poco margen para abrir la billetera pública sin agrandar el déficit o la deuda.

Ante la situación, Infobae Colombia consultó a varios expertos sobre lo que puede pasar en adelante. La decana de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura (sede Bogotá), Lorena Gutiérrez, fue tajante y dijo que “el sismo no modificó el diagnóstico de las finanzas públicas: reordenó las urgencias. Apretar el gasto sigue siendo indispensable, pero el ahorro ya tiene destinatario y fecha”.

De igual manera, marcó la diferencia entre el recorte administrativo y el costo real de levantar de nuevo las zonas afectadas.

“Conviene separar dos cosas que suenan iguales: adelgazar el funcionamiento estatal y financiar obras. Reconstruir es inversión plurianual e inflexible; no se paga recortando viáticos en un semestre”, dijo.

El presupuesto y las fuentes de financiación de la emergencia

El frente inmediato está en el presupuesto. Por ejemplo, el proyecto del PGN de 2027, radicado el 29 de julio por el anterior gobierno por $575,7 billones, fue devuelto por las Comisiones Económicas del Congreso de la República porque los ingresos aforados llegaban a $545,4 billones y el faltante subía a $30,2 billones.

De esta manera, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, informó que lo presentará otra vez el 26 de agosto con partidas para la reconstrucción. El funcionario descartó nuevos tributos y sostuvo que el presupuesto “está lleno de burocracia” y que de allí saldrán los recortes para financiar la emergencia.

Los recursos inmediatos provienen de varias fuentes:

• USD450 millones de una línea contingente del Banco Mundial (USD200 millones ya desembolsados).
• USD300 millones activados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

También entran aportes del sector privado y de entidades sociales.

• La Andi reunió $202.000 millones.
• Las cajas de compensación aportaron $90.000 millones.

A eso se suma la declaratoria de emergencia económica del 12 de agosto, que creó el Fondo Milagro por 30 días.

Este año ya se había usado una declaratoria en febrero, de modo que el Ejecutivo vuelve a una herramienta extraordinaria para abrir espacio financiero. Gutiérrez puso un límite a ese mecanismo. Anotó que “la declaratoria sirve para arrancar y montar la financiación, no para reconstruir. Lo estructural pasa por ley y presupuesto, bajo control de la Corte Constitucional y del Congreso”.

Austeridad, deuda e inversión para pagar la reconstrucción

Como se recordará, la meta oficial de bajar el déficit del 6,4% al 4,8% del PIB en el primer año quedó más difícil de cumplir. Sin embargo, según la experta, el problema es que el ahorro prometido de $25 a $30 billones alcanzaría para cerrar el hueco presupuestal o para atender el desastre, pero no para las dos cosas al mismo tiempo.

Dicha presión también llega a la reforma tributaria que el Gobierno llevará al Congreso en septiembre. Así las cosas, la discusión sobre austeridad ya no gira solo alrededor del tamaño del Estado, sino sobre qué gastos se recortan y cuáles se preservan.

Gutiérrez llevó ese debate al terreno político y presupuestal. “A este Gobierno lo van a medir por la composición del gasto, no por su tamaño. Si el tijeretazo cae en burocracia y el ahorro se ve en viviendas, colegios y hospitales, la promesa se cumple. Si es solo un traslado de partidas, la cuenta la paga el contribuyente”, anotó.

Emergencia no elimina la necesidad de disciplina fiscal

Por su parte, el CEO de Lumen Economic Intelligence, Luis Fernando Mejía, exdirector ejecutivo de Fedesarrollo y exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP), planteó que “la emergencia no elimina la necesidad de disciplina fiscal”.

Ante esto, apuntó que “el terremoto obliga al Gobierno a replantear el ritmo del ajuste del gasto, pero no debería llevarlo a abandonar la idea de la austeridad fiscal. Colombia llega a esta emergencia con unas finanzas públicas muy deterioradas y, por eso, tiene poco espacio para simplemente adicionar gasto y financiarlo con más déficit y más deuda”.

Añadió que el desastre, lejos de diluir la exigencia de recortar, la hace más estricta en otras partidas. Señaló que “la tragedia puede hacer todavía más urgente la austeridad en otras áreas”.

Asimismo, remarcó que “cada peso que se gaste en burocracia innecesaria, contratos prescindibles o programas de baja efectividad es un peso que no está disponible para la reconstrucción”. Agregó que “el desafío para el gobierno será demostrar que puede atender una emergencia de enormes proporciones sin renunciar a la recuperación de la sostenibilidad fiscal”.

La respuesta que exige la emergencia

Por su parte, el exviceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño describió primero el tamaño de la respuesta que exige la emergencia. “El país tiene que hacer un vuelco para llegar a las zonas afectadas, para atender a todos los damnificados, para reconstruir la infraestructura de transporte, de salud, de educación, la infraestructura pública”, dijo.

Planteó que la salida también pasa por diseñar “una senda de deuda creíble”. Agregó: “Nos vamos a endeudar más, vamos a recortar los gastos que no son, vamos a disminuir el tamaño del Estado y vamos a mostrar una senda de convergencia de la deuda pública”.

De igual manera, el exfuncionario insistió en que el mayor endeudamiento debe ir acompañado de señales claras de ajuste.

“Todo el mundo entenderá que nos tenemos que endeudar, pero también tiene que mostrarse ese esfuerzo del Gobierno nacional por recortar lo que no se debe hacer, por focalizar mucho mejor los subsidios, por focalizar el gasto público, por pagar la deuda en salud”, precisó.

Londoño también puso el foco en el nuevo presupuesto que deben rearmar el Congreso y el Gobierno. “Uno no puede gastar más de lo que tiene”, afirmó. Su propuesta no se limita a los recursos estatales. Detalló que “lo importante es centrarse en buscar la inversión no solo pública, sino también privada. Que los empresarios, como lo han mostrado, le ayuden al país en invertir, en generar empleo, en generar empresas, en generar crecimiento”.

El empresario colombiano David Vélez, CEO de NuBank, hizo un aporte de $100.000 millones para apoyar a las personas afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026 en Colombia. La noticia fue divulgada por el presidente Abelardo de la Espriella por medio de su cuenta en X, donde destacó el gesto de solidaridad de Vélez, fundador de la plataforma financiera Nubank. De la Espriella informó que mantuvo una conversación directa con el banquero, que le comunicó su decisión de canalizar la donación para asistir a los damnificados.

De acuerdo con el mensaje publicado por el mandatario, la contribución representa uno de los mayores gestos de apoyo privado ante la emergencia que enfrenta el país. “Gracias, David, por este inmenso gesto de solidaridad y amor por Colombia”, escribió al resaltar la magnitud del compromiso asumido por el empresario.

En la publicación también hace un llamado a la unidad nacional ante situaciones adversas. “Cuando nos unimos alrededor de un mismo propósito, demostramos que somos capaces de levantarnos ante cualquier adversidad. Así construimos juntos nuestra Patria Milagro”, afirmó de la Espriella en su mensaje.

Donación de la familia Gilinski

La donación de Vélez se suma a otros esfuerzos de colaboración entre el sector privado, como los de la familia Gilinski y Santo Domingo, y la sociedad civil destinados a atender emergencias en el país.

Con anterioridad, De la Espriella difundió el anuncio con un mensaje en el que precisó el destino inicial de la ayuda. “Acabo de hablar telefónicamente con Jaime Gilinski y su esposa, Raquel. Me informaron de la decisión que han tomado de donar $150.000 millones de pesos para la reconstrucción de hospitales y escuelas en Cali”, escribió en su cuenta de X. Luego, el jefe de Estado agradeció el aporte y lo presentó como un gesto de solidaridad con el país. “En los momentos más difíciles se conoce a los mejores ciudadanos”, afirmó.

Asimismo, el jefe de Estado publicó una carta de la familia Gilinski en la que confirmó la donación. Allí, la familia señaló que“nuestra nación sufrió un terremoto de gran magnitud” y describió la tragedia como “una crisis que requiere de la acción decidida y respuesta efectiva de toda la sociedad”.

Por su parte, la Familia Santo Domingo, a través de la Fundación Santo Domingo, Valorem y sus empresas vinculadas, dio a conocer que hará una millonaria contribución para respaldar a las personas que resultaron afectadas por el terremoto y que perdieron a sus seres queridos y sus casas.

La fundación donará $100.000 millones “para contribuir a la atención de las víctimas e intentar aliviar su sufrimiento apoyando en la reconstrucción de las comunidades afectadas”.

Según precisó, todos los esfuerzos serán coordinados por la organización para que la ayuda llegue de manera efectiva a las personas que así lo requieren. “Ninguna donación puede devolver las vidas perdidas ni borrar el dolor de tantas familias. Pero queremos estar presentes, acompañar a Colombia en este momento tan difícil y ayudar a levantar nuevamente los hogares, las comunidades y la esperanza. Hoy más que nunca, somos un solo país”, añadió.

La fundación expresó su solidaridad a las familias que perdieron a sus seres queridos, que tienen personas heridas o que ya no cuentan con un hogar donde vivir. Reconoció que están atravesando un momento complejo y doloroso, por lo que también resaltó el trabajo de las personas que están apoyando las labores de búsqueda, rescate y asistencia de las víctimas.

Empresas unidas por Colombia

La campaña #EmpresasUnidasPorColombia, liderada por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y sus empresas afiliadas, alcanzó una recaudación de $201.637 millones destinada a la atención de la emergencia y la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. El anuncio se hizo durante el cierre del 11.º Congreso Empresarial Colombiano en Cartagena, evento que este año centró sus esfuerzos en la respuesta a la crisis.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, presentó la iniciativa y detalló que el gremio destinó como aporte inicial la mitad de los recursos obtenidos por las inscripciones al Congreso, con una base de $2.000 millones. Las donaciones aumentaron con rapidez: en la primera hora de la campaña se superaron los $4.500 millones y, al concluir la primera jornada, el total ascendía a $9.100 millones. Dos días después, la cifra ya superaba los $50.000 millones.

Según Mac Master, los fondos serán gestionados mediante mecanismos que permitan el seguimiento de su uso. Se prevé la constitución de una fiducia, con el objetivo de garantizar transparencia y control para los donantes sobre la administración de los recursos.

Los exámenes médicos repetidos podrían representar un costo de hasta $91.600 millones al año para el sistema de salud de Colombia, según un estudio por la firma Biofile sobre el funcionamiento del sector. El escenario parte de la posibilidad de que al menos el 1% de las 458.000.000 de atenciones anuales registradas en el país corresponda a pruebas ya practicadas.

El documento vincula ese problema con la falta de interoperabilidad de la historia clínica entre instituciones.

Si ese 1% equivale a 4.580.000 de repeticiones y cada una tiene un costo mínimo de $20.000, el resultado asciende a esa suma anual. El informe presentado por Biofile añade que repetir un estudio puede costar desde $20.000 hasta más de $3.000.000. Esos reprocesos también pueden agregar entre dos y seis semanas al diagnóstico o al inicio de un tratamiento. El documento compara esa cifra con los recursos destinados a la interoperabilidad de la historia clínica.

Según este, conectar la historia clínica de todo el país tuvo un costo de $36.391 millones en 2025. Ese monto equivale a menos de la mitad del valor proyectado en el escenario de repeticiones.

Cifras que encendieron alertas en el sistema

Entre 2024 y 2025, las EPS reportaron un aumento de:

• 79,7% en las radiografías.
• 77,9% en los exámenes de laboratorio.

En el mismo periodo, el número de médicos generales habría aumentado 3,1% y el de consultorios, 3,6%. El análisis indica que esos incrementos no guardarían relación con el comportamiento de otros indicadores del sector. La revisión la hizo el Ministerio de Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) en el análisis de las cifras utilizadas para establecer cuánto recibe cada EPS por afiliado.

También se señala que uno de los elementos identificados está relacionado con la disponibilidad de información clínica entre diferentes instituciones y sistemas de salud. La señal apareció en el uso de servicios, sin un cambio equivalente en otros indicadores del sector.

Falla de interoperabilidad detrás de las repeticiones

Al respecto, el CEO de Biofile, Dorian Rallón, explicó que el problema estaría relacionado con la falta de interoperabilidad entre los sistemas. “El problema no es que resultado se pierda, sino que la información no viaje con la persona”, afirmó.

Rallón indicó que un laboratorio puede tener un resultado, una EPS saber que el examen fue autorizado y un consultorio no tener acceso al documento. Esa situación podría llevar a que el médico vuelva a solicitar la prueba.

Aclaró que esas cifras no corresponden a un promedio nacional. Según explicó, provienen de más de 20 millones de resúmenes clínicos procesados en la plataforma de Biofile.

Brecha entre la obligación legal y la cobertura real

La interoperabilidad de la historia clínica ya cuenta con una obligación normativa. El plazo establecido por la Resolución 1888 de 2025 venció el 15 de abril y cada consulta debe dejar un resumen digital con diagnósticos, medicamentos, alergias y resultados relevantes disponible para médicos autorizados en otras instituciones.

Sin embargo, la cobertura reportada sigue siendo parcial. A julio, el Ministerio registraba 6.300.000 de pacientes con información conectada, frente a 39.520.000 de personas atendidas durante 2025, lo que equivale a aproximadamente 1 de cada seis pacientes.

En cuanto a las instituciones, el documento reporta:

• 1.332 hospitales y clínicas conectados.
• 4.505 sedes operando.
• 3.894 en pruebas.
• 46% de las sedes aún no había iniciado el proceso de conexión.

La mejora comenzará a reflejarse cuando en un número mayor de consultas el personal médico tenga acceso a la información clínica antes de atender al paciente. Ese cambio marcaría una señal operativa en la atención.

Ante el terremoto en Colombia del 10 de agosto de 2026 que ya deja casi 300 muertos, muchas familias enfrentan una duda inmediata: qué ocurre si la casa sufrió daños graves y el propietario murió.

La respuesta es que la familia sí puede reclamar la cobertura de una vivienda afectada por un terremoto aunque el propietario haya muerto, siempre que exista una póliza vigente que ampare ese riesgo. La Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) precisó que los “derechos del contrato de seguro no se extinguen con la muerte del asegurado, sino que se integran a la masa sucesoral del fallecido para ser entregados a sus herederos legítimos”.

Así las cosas, la muerte del titular no cancela por sí sola la protección sobre el inmueble. Para saber si hay lugar a indemnización, la aseguradora debe revisar la vigencia del contrato, los riesgos amparados, el valor asegurado, los deducibles, las exclusiones y las personas con derecho al pago. El pago no es automático, porque la compañía debe establecer si el siniestro corresponde a un riesgo cubierto por la póliza.

Qué cubre cada seguro y qué no debe confundirse

De acuerdo con Fasecolda, en Colombia, los inmuebles hipotecados a favor de entidades vigiladas deben contar con seguro contra incendio y terremoto sobre la parte destructible de la vivienda mientras siga vigente el crédito hipotecario. La cobertura protege la edificación, no necesariamente todo lo que estaba dentro del inmueble.

Eso significa que muebles, electrodomésticos y otros enseres no quedan incluidos de forma automática. La misma fuente señaló que esos bienes solo pueden reclamarse si existía una protección adicional para los contenidos de la vivienda o si así lo indicaban las condiciones contratadas.

Fasecolda añadió que el tipo de seguro “define cómo se distribuyen los recursos y distinguió entre la póliza del inmueble, las pólizas voluntarias de hogar y la protección en propiedad horizontal”. Aclaró que en edificios o conjuntos opera el seguro obligatorio de bienes comunes que exige la Ley 675 de 2001.

La entidad también señaló que en pólizas individuales de hogar la cobertura puede amparar la estructura e incluso los contenidos, según lo contratado por el fallecido. Esa precisión evita confundir el seguro del inmueble con otras coberturas que cumplen finalidades distintas.

El papel de la hipoteca y de la entidad financiera

Cuando la vivienda seguía ligada a un préstamo, entra en juego otro contrato distinto: el seguro de vida deudores. El gremio señaló que esta póliza puede cubrir el saldo de la obligación financiera cuando muere el deudor asegurado, de acuerdo con las condiciones contratadas.

Dicho seguro no reemplaza la cobertura por terremoto ni cumple la misma función. La primera protección se refiere a la deuda con la entidad acreedora y la segunda a los daños físicos del inmueble por los riesgos contemplados en la póliza.

Aquí aparece uno de los puntos en los que las fuentes hacen matices distintos. Fasecolda afirmó que, “en inmuebles con crédito hipotecario vigente, hay 2 coberturas obligatorias: el seguro de vida deudores, que cancela el saldo pendiente del crédito, y el seguro de incendio y terremoto, que cubre la edificación”.

Anotó que el seguro del inmueble sí es exigible para bienes hipotecados, mientras que el seguro de vida deudores puede entrar en consideración según las condiciones contratadas. También advirtió que la hipoteca no desaparece automáticamente por la muerte del propietario y que la entidad financiera puede tener derechos sobre la indemnización hasta el monto de la garantía.

Documentos y pasos para reclamar la indemnización

Dentro de los pasos para reclamar la indemnización están:

• Presentar un aviso preliminar a la aseguradora: el reporte no exige entregar toda la documentación legal de inmediato, además de informar que las compañías activaron protocolos extraordinarios de atención telefónica y digital.
• Reunir los soportes del fallecimiento, del parentesco y de la propiedad: entre ellos están el Registro Civil de Defunción, copias de las cédulas, actas de nacimiento o matrimonio, el certificado de tradición y libertad, el número de la póliza si se tiene y pruebas del daño, como fotos, videos o concepto técnico de habitabilidad de las autoridades de gestión del riesgo.

Si hay sucesión, el trámite debe iniciarse o acreditarse por vía notarial o judicial. Al respecto, el presidente de Seguros Bolívar, Álvaro Carrillo Buitrago, dijo a Pulzo que “ese es un activo, pues no soy abogado, pero corresponde a la sucesión. Entonces, los recursos que se generen por esa indemnización le corresponden a los herederos del beneficiario de la persona que, desafortunadamente, falleció”.

Señaló el ejecutivo que ese proceso permite establecer quiénes son los herederos y cómo debe manejarse una eventual indemnización. También aconsejan consultar a la entidad financiera si existían pólizas asociadas tanto al inmueble como al deudor, y revisar quién figura como beneficiario en cada una.

En Colombia, un proyecto de ley busca que la conducción de servicio público de carga y pasajeros por carretera sea catalogado como un empleo de alto riesgo con el fin de abrir condiciones pensionales especiales para estos trabajadores. La propuesta la expuso el representante a la Cámara Héctor David Chaparro, del Partido Liberal, durante el 10° Congreso de la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga).

La iniciativa plantea que los conductores de carga y pasajeros por carretera puedan acceder a una pensión bajo reglas distintas a las del resto de trabajadores si esa labor recibe dicha categoría. De acuerdo con lo explicado por Chaparro, eso permitiría reducir semanas cotizadas o facilitar una jubilación más rápida como compensación por la exposición a riesgos en carretera, físicos y de salud mental.

Chaparro dijo que el proyecto se trabaja junto con la Federación y que apunta a reconocer de manera formal las condiciones en que se desarrolla esa labor. Afirmó que “esto permitiría que se pudiera generar una serie de condiciones especiales en términos pensionales para estos conductores y que, de esta manera, podamos garantizar que dada la exposición que existe a riesgos en la carretera, a riesgos en los temas físicos, incluso en órdenes de salud mental, estas personas puedan tener un beneficio”.

Precisó que no se trata de un cambio vigente, sino de una propuesta que aún debe surtir el trámite legislativo. Dentro de las opciones mencionadas está el acceso a una pensión con requisitos distintos, ya sea por una rebaja en el número de semanas exigidas o por una jubilación en menor tiempo.

Cuántos conductores podría impactar la propuesta

El alcance potencial de la iniciativa se relaciona con el tamaño del parque automotor de carga y con la necesidad de más mano de obra si la actividad crece. Según dijo el presidente de Fedetranscarga Arnulfo Cuervo a Portafolio, en Colombia existen alrededor de 620.000 camiones entre vehículos de carga liviana y tractomulas.

Dicha cifra no equivale a un número cerrado de beneficiarios, pero sí da una medida del sector sobre el que busca incidir el proyecto. La discusión también incluye la necesidad de volver más atractiva una ocupación que, según el gremio, requiere más trabajadores para responder a una eventual expansión del movimiento de mercancías.

Cuervo sostuvo que unas mejores condiciones laborales podrían influir en la permanencia y el regreso de trabajadores al oficio. “Muy seguramente vamos a hacer que quienes lo están realizando lo hagan con más ganas y que muchos que en un momento dado llegaron a pensar hacerlo o se han retirado, retomen nuevamente la intención de volver a lo mismo”, expresó al medio.

Argumento del sector para atraer y retener conductores

Desde Fedetranscarga, el respaldo al proyecto también se apoya en la competencia por mano de obra con otros mercados laborales. Voceros del sector señalaron que algunos operadores son atraídos por oportunidades de trabajo en otros países, de modo que mejores condiciones podrían ayudar a retener personal y a sumar nuevos conductores.

Cuervo dijo que la Federación aporta elementos sobre la realidad del sector y aspectos técnicos para la construcción del proyecto. También planteó que la acción gremial no debe concentrarse solo en las empresas, sino extender beneficios a operadores y conductores que hacen parte de la cadena de transporte.

Sobre las necesidades del sector, el dirigente dijo que “necesitamos conductores responsables, necesitamos conductores bien de una u otra manera, adecuadamente remunerados y de igual manera que tengan algunos otros elementos de juicio como este proyecto de ley que está planteando”. La propuesta también se conecta con expectativas de reactivación económica del sector. Desde la Federación se pidió incentivar la industria y aumentar la producción nacional bajo la idea de que un mayor movimiento de mercancías exigiría más conductores en las carreteras del país.

Sustento legal y el camino legislativo del proyecto

Chaparro explicó que la iniciativa se enmarca en las normas que permiten reconocer determinadas ocupaciones como actividades de alto riesgo. Según indicó, el proyecto estaría sustentado en la Constitución Política, en el Decreto 1490 de 2003 y en el Decreto 1435, que prorrogó ese marco sobre labores que pueden poner en riesgo la salud de los trabajadores.

Como antecedente, el representante mencionó el reconocimiento de la actividad de los oficiales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), incorporado en la legislatura pasada. A su juicio, ese caso abrió la puerta a condiciones pensionales especiales y sirve como referencia para impulsar una consideración similar en el transporte por carretera.

De igual manera, el congresista vinculó además la propuesta con la necesidad de hacer más atractivo ese mercado laboral ante cambios en la demanda. Señaló que “lo que estamos buscando es que tengamos un mercado laboral que sea atractivo, que sin duda alguna a nivel mundial estamos viendo que es una actividad que va en crecimiento, las compras en línea, la nueva tendencia que existe a hacer las compras a través de redes está modificando”.

Por ahora, la iniciativa sigue en trámite y aún no cambia las reglas de pensión para los conductores. Sus promotores sostienen que, si prospera en el Congreso, podría apoyar la disponibilidad de trabajadores para una actividad que articula producción, comercio y abastecimiento en Colombia.

La sequía generada por el fenómeno de El Niño 2026-2027 podría afectar el empleo, reducir los ingresos y empeorar las condiciones laborales en Colombia y en el resto de América Latina hasta 2027, con un golpe mayor sobre trabajadores informales y rurales, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El fenómeno, que se extenderá hasta 2027 en las costas del Pacífico Tropical, puede repercutir sobre el empleo en América Latina por su impacto en sectores como agricultura, pesca, energía y logística. También puede agravar la inseguridad alimentaria, elevar los precios de alimentos y energía y aumentar el riesgo de trabajo infantil. En Colombia, la ley laboral prevé mecanismos para preservar el empleo ante caídas temporales de la operación, mientras las empresas deben incorporar la prevención de estos riesgos en su sistema de seguridad y salud en el trabajo.

La OIT explicó que la alteración de los patrones de precipitación asociada a El Niño repercute sobre distintas actividades económicas y supone un desafío para el empleo y el trabajo decente en la región. Su nota de políticas, denominada “El Niño 2026-2027 y el mundo del trabajo en América Latina: una cadena causal desde el clima hasta el empleo y las instituciones laborales”, plantea esa cadena de efectos desde el clima hasta las instituciones laborales.

Al respecto, el director regional adjunto de la OIT para América Latina y el Caribe, Fabio Bertranou, advirtió sobre el peso de la respuesta pública frente a este escenario. “La magnitud de sus impactos dependerá de la capacidad de los países para anticiparse con instituciones laborales sólidas, sistemas de protección social y diálogo social que protejan a las personas más vulnerables”, anotó.

Qué deben hacer los empleadores ante los riesgos laborales de El Niño

Ante riesgos como calor extremo, sequías o incendios, la abogada Karla Gómez, de la Unidad Derecho Laboral y Seguridad Social en Scola Abogados, sostuvo que la respuesta debe partir de la prevención. Dijo que “los empleadores deben identificar y evaluar, dentro de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, los riesgos asociados a las condiciones climáticas”.

Aclaró el alcance de esa obligación con una definición más amplia. “Los empleadores deben identificar y evaluar, dentro de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), los riesgos asociados a las condiciones climáticas que puedan presentarse con ocasión del fenómeno de El Niño, e implementar las medidas de prevención y control que resulten necesarias de acuerdo con los peligros propios de cada actividad laboral y las condiciones en las que esta se desarrolla”.

Gómez también puntualizó que Colombia puede reforzar su marco regulatorio para sectores con mayor exposición a estos eventos. “Se podría fortalecer el marco normativo en materia de seguridad y salud en el trabajo”, afirmó.

Luego añadió que ese posible ajuste incluiría la obligación de identificar e incorporar los riesgos asociados al cambio climático y a fenómenos como El Niño dentro del SG-SST. También señaló que esas medidas podrían ser adoptadas de manera voluntaria por los empleadores como parte de sus acciones de prevención y gestión de riesgos laborales.

Qué medidas permite la ley para sostener el empleo

Frente a disminuciones temporales en la operación por causas climáticas, Gómez afirmó que la legislación laboral ya contempla alternativas para intentar conservar los puestos de trabajo. “La norma laboral contempla diferentes alternativas que pueden ser evaluadas por los empleadores para preservar el empleo ante disminuciones temporales en la operación derivadas de situaciones climáticas”, agregó.

Dentro de esas opciones, mencionó acuerdos con los trabajadores para la suspensión temporal del contrato de trabajo o para modificar determinadas condiciones laborales. Según explicó, esas salidas exigen consentimiento del trabajador y respeto de los derechos mínimos.

La abogada también fijó el límite legal para los casos en que la actividad se vea interrumpida por hechos extraordinarios. “Los eventos climáticos extremos pueden justificar la suspensión temporal del contrato de trabajo en caso de que se configure una situación de caso fortuito o fuerza mayor que temporalmente impida la ejecución de las actividades laborales, de conformidad con lo previsto en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo”, apuntó.

Añadió que en esos casos la medida solo puede extenderse mientras subsista la circunstancia que impide ejecutar el contrato. La referencia legal se limita, por tanto, al tiempo de duración de la causa que originó la suspensión.

Informales, rurales y salarios bajo presión climática

Sobre los grupos más expuestos, Karla Gómez situó la respuesta en el papel del Estado. Remarcó que “el Estado debe fortalecer las medidas de protección laboral y de seguridad social dirigidas a los trabajadores informales y rurales”.

Agregó que esa protección debe apoyarse en mecanismos que faciliten el acceso al sistema de seguridad social y permitan atender condiciones particulares de vulnerabilidad derivadas del fenómeno climático. El enfoque apunta a una cobertura más amplia para los trabajadores que quedarían más expuestos a los efectos laborales de El Niño.

Y en materia salarial, la experta adujo que un episodio climático no altera por sí mismo el piso legal de remuneración en Colombia. “El salario mínimo legal se fija cada año por disposición legal y no cambia como consecuencia de situaciones climáticas”, enfatizó. Aun así, las condiciones concretas de cada caso sí pueden repercutir sobre la jornada, el tiempo efectivamente trabajado y el pago de conceptos asociados a ese tiempo, como horas extras o recargos.

La adopción de la tecnología blockchain (base de datos digital compartida y segura que guarda información en grupos llamados bloques) en la contratación pública ingresó en la agenda del gobierno de Abelardo de la Espriella, que recibió una propuesta de la Asociación Colombiana de Blockchain (Asoblockchain) para definir antes del 15 de noviembre la aplicación de este sistema en los contratos estatales y avanzar en una prueba piloto antes de que termine 2026.

El objetivo se enfoca en modernizar procesos que en 2025 movilizaron $174,8 billones. Asoblockchain le propuso al Gobierno una ruta de 100 días con cinco decisiones previas para llevar la cadena de bloques a la contratación pública en Colombia.

La hoja de ruta plantea:

• Respaldar “Blockchain 2030”.
• Abrir una discusión con sectores interesados.
• Dejar el liderazgo en el Ministerio TIC
• Crear un comité técnico para escoger una red existente.
• Definir un primer caso de uso, con el Plan de Alimentación Escolar (PAE) como posible piloto antes de fin de año.

La iniciativa se presentó en Bogotá, una semana después de la posesión de Abelardo de la Espriella. El presidente de Asoblockchain, Camilo Suárez, dijo que “la primera decisión del Gobierno no debe ser solo técnica, también es política”.

Ese primer caso de uso podría concentrarse en el PAE por el impacto que tiene sobre millones de estudiantes y por sus antecedentes de irregularidades. El gremio plantea que la primera prueba esté en marcha antes del 31 de diciembre, después de dejar definiciones listas antes del 15 de noviembre.

Tamaño del sistema que se busca blindar

El alcance de la propuesta se explica por el volumen de contratación que ya pasa por plataformas estatales. Al cierre de 2025, el 89,7% de las contrataciones y compras públicas se gestionó mediante Secop II y la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Dichas operaciones sumaron $174,8 billones, de acuerdo con Colombia Compra Eficiente. El dato corresponde a lo tramitado durante ese año y no describe una bolsa futura ni implica que todo ese dinero presente irregularidades.

Qué hace Helios y por qué sus cifras no se comparan

El Estado ya tiene un antecedente de uso tecnológico para vigilar la contratación. El Ministerio de Defensa presentó el 6 de agosto a Helios, una herramienta que procesa información de Secop I y Secop II e identifica:

• Oferentes únicos.
• Adjudicaciones rápidas.
• Concentración de contratos.
• Modificaciones aparentemente injustificadas.

Durante 2025, Helios analizó 1.050.850 contratos de 4.056 entidades, adjudicados a 581.741 proveedores por cerca de $182,7 billones. El planteamiento aclara que esa cifra no debe sumarse ni compararse con los $174,8 billones tramitados por Secop II y la Tienda Virtual.

Lo que se puede y no se puede evitar

Suárez explicó que la cadena de bloques añadiría una huella digital inalterable de cada documento, modificación, responsable y fecha. Esa marca permitiría detectar y comprobar con facilidad una alteración posterior. A su vez, el directivo marcó un límite técnico que el gremio no oculta: “Decir que vuelve imposible cualquier cambio sería exagerado: pueden incorporarse correcciones y nuevas versiones, dependiendo del diseño”. La propuesta no plantea un sistema sin ajustes, sino un registro con trazabilidad.

También fijó la principal restricción del modelo. Anotó que “hace casi imposible cambiar un dato después, pero no impide que alguien reporte desde el principio un avance que no existe”. Si la información entra falseada desde el origen, la tecnología conservará esa falsedad y la verificación seguirá en manos de supervisores, entidades y organismos de control.

Dicha propuesta coincide con un mayor escrutinio sobre la contratación estatal. El equipo de empalme radicó cuatro denuncias y una de ellas cuestionó un acuerdo marco de ciberseguridad estimado en $300.000 millones. Ese proceso no era un contrato adjudicado. Colombia Compra Eficiente lo suspendió durante 30 días ante requerimientos de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y 5.652 observaciones.

Costos pendientes y el antecedente que debe explicarse

La propuesta aún no calcula cuánto costaría integrar el blockchain con Secop, operar la red, auditar su seguridad y prestar soporte. Asoblockchain sostiene que no haría falta construir una red desde cero y que podrían usarse recursos destinados a tecnología.

Antes de cualquier piloto, todavía deben:

• Conocerse el presupuesto, los responsables y las reglas para corregir errores.
• Publicarse los criterios para escoger la red.
• Evitar dependencia de un proveedor y garantizar continuidad si cambia el operador tecnológico.

Colombia ya tuvo un antecedente en 2020 con la Procuraduría, la Universidad Nacional, el Foro Económico Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para seleccionar proveedores del PAE. Ese ejercicio se presentó como prueba de concepto, no como sistema nacional, y la nueva propuesta deberá explicar qué dejó, por qué no escaló y qué cambiaría seis años después.

Asoblockchain promete medir el resultado con tres señales:

• Más empresas participantes.
• Menos modificaciones injustificadas.
• Más alertas investigadas.

La jornada laboral en Colombia quedó en 42 horas semanales desde mediados de julio de 2026, en el tramo final de la reducción ordenada por la Ley 2101 de 2021. El cambio mantiene el salario de los trabajadores y obliga a las empresas a recalcular el valor de la hora ordinaria, las horas extra y los recargos. En Colombia, la reducción de la jornada máxima de 48 a 42 horas modifica la distribución de turnos y la liquidación de pagos por trabajo adicional, sin recortar salario ni prestaciones.

La norma se aplica a trabajadores del sector privado, es decir, a personas con contrato laboral en empresas privadas. También cobija a empleados de empresas del Estado cuyas relaciones laborales se rijan por el Código Sustantivo del Trabajo (CST). El recorte total fue de 6 horas, al pasar de 48 a 42 cada semana. Ese es el último ajuste previsto por la ley, al menos hasta que el Congreso de la República discuta y apruebe un nuevo proyecto de ley, confirmaron expertos.

Esta reducción busca dar más tiempo libre a los trabajadores y garantizar la compensación económica por laborar por encima de la jornada ordinario. No obstante, las propuestas para bajar el límite a 40 horas se rechazaron en su momento por el riesgo que, según empresarios, implicaba para los costos laborales.

Por supuesto, la nueva jornada también trae efectos para lo que resta del año. Entre ellos figura la eliminación del Día de la Familia en la segunda mitad del calendario. Por su parte, los empleadores deben recalcular el valor de la hora para liquidar horas extra y recargos nocturnos, dominicales y festivos, con respeto al principio de favorabilidad.

Por ahora, el gobierno de Abelardo de la Espriella no anunció ajustes de ese tipo. Las modificaciones laborales vigentes corresponden a las establecidas en la Reforma Laboral, que incluyó incrementos en el pago de horas extra, cambios en la jornada nocturna y la incorporación de nuevos permisos remunerados.

La abogada Laura Pérez, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social de Scola Abogados, señaló que “la disminución de la jornada no implica una reducción del salario ni de las prestaciones sociales”. Añadió que el cambio obliga a las empresas a reorganizar la distribución del tiempo de trabajo dentro del nuevo límite legal.

Cómo se pueden repartir las 42 horas de trabajo

La ley permite distribuir la jornada en cinco o seis días a la semana, siempre con al menos un día de descanso. Esa organización depende de acuerdos entre empleadores y trabajadores.

Ese margen obliga a revisar:

• Turnos.
• Procesos críticos.
• Cargas de trabajo.
• Descansos.

Asimismo, en sectores con operación por turnos, puede ser necesario rediseñar ciclos de trabajo y adoptar esquemas de rotación más uniformes. Las partes pueden:

• Pactar, de forma temporal o indefinida, turnos sucesivos de hasta seis horas al día y 36 a la semana. En esos casos no hay pago de recargo nocturno ni de trabajo suplementario.
• Acordar jornadas diarias flexibles de mínimo cuatro y máximo nueve horas, siempre que la suma no supere las 42 semanales. Bajo ese esquema tampoco hay lugar al pago de trabajo suplementario.

De igual forma, la ley prohíbe que el empleador programe dos turnos en un mismo día, incluso con consentimiento del trabajador. La excepción cubre al personal de dirección, confianza y manejo.

Calendario con el que bajó la jornada laboral

La aplicación de la norma fue gradual.

• 15 de julio de 2023: la jornada ordinaria pasó a 47 horas semanales.
• 15 de julio de 2024: bajó a 46 horas.
• 15 de julio de 2025: quedó en 44 horas.
• 15 de julio de 2026: la jornada laboral quedó regulada de forma definitiva en 42 horas semanales.

La gradualidad era facultativa para el empleador desde la entrada en vigencia de la ley.

Según Laura Pérez, la medida no altera las demás obligaciones laborales existentes. Así las cosas, lo que cambia de forma directa es la jornada máxima legal y el ajuste aplica sin distinción de la modalidad de trabajo, incluidas las jornadas especiales. La especialista también sostuvo que la ley reduce el tiempo máximo de trabajo, pero mantiene flexibilidad para distribuir esas horas dentro de la operación.

Qué dice el gobierno de Abelardo de la Espriella sobre el trabajo por horas

El equipo de Abelardo de la Espriella desmintió que su administración planee decretar o reglamentar un modelo de trabajo o cotización por horas en Colombia. La aclaración surgió después de declaraciones de un asesor del equipo de empalme que sugirió cambios normativos.

La respuesta oficial sostuvo que no existe ninguna decisión ni propuesta en marcha para modificar el sistema de contratación tradicional. También indicó que el colaborador que emitió esas opiniones, Charles Chapman López, fue apartado del equipo de empalme para evitar confusiones en el sector laboral y empresarial.

Ese episodio se sumó al debate por los cambios laborales aprobados en la Reforma Laboral mencionada. Entre ellos aparecen:

• Aumentos en pagos por horas extra.
• Ajustes a la jornada nocturna.
• Otros permisos remunerados.

El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, en medio de las consecuencias que vive el país por el terremoto del 10 de agosto de 2026, envió un mensaje al empresariado nacional. Desde Chocó, epicentro del sismo, el funcionario grabó en video su intervención para el Congreso Empresarial Colombiano de la Andi en Cartagena y agradeció las donaciones para los afectados.

Restrepo dijo a los empresarios que el gobierno de Abelardo de la Espriella será “amigo de la iniciativa privada”, que buscará impulsar el crecimiento de la inversión privada con garantías, confianza y seguridad física y jurídica, y que mantendrá el llamado al sector productivo para apoyar la atención inmediata y la reconstrucción en las zonas golpeadas por el sismo.

Restrepo se excusó por no asistir en forma presencial al evento y a la 82ª Asamblea General del gremio y explicó que cumple instrucciones directas del presidente y que se encuentra en Chocó al frente del recorrido por los municipios afectados.

“Estoy aquí en el departamento del Chocó. Estamos recorriendo prácticamente todos los municipios del departamento para conocer la realidad que están sufriendo”, afirmó. Añadió que las comunidades atraviesan un momento crítico y que algunas familias cambiaron radicalmente su forma de vida, mientras otras perdieron por completo sus viviendas y su patrimonio.

Ayuda inmediata y cifras de las donaciones

El vicepresidente Restrepo centró una parte de su mensaje en las necesidades más urgentes y en el apoyo del sector privado. “Hoy, prioritariamente, se necesita la ayuda de la nación. Se necesitan también frazadas, se necesitan colchones, se necesita tener esa atención básica que necesita hoy la familia de estos pueblos afectados para poder subsistir, para poder sobrevivir”, señaló.

Dijo que los recursos se destinan a kits de alimentación, frazadas, colchones y otros elementos básicos. También mencionó alimentos y bebidas para las familias que perdieron sus viviendas y sus medios de subsistencia.

“Su generosidad va a permitir mitigar parte de este dolor y sufrimiento. El hecho de haber recolectado cerca de $10.000 millones hasta el momento en que yo conocí, es un acto de generosidad y solidaridad”, dijo Restrepo al agradecer la suma a donar.

Reconstrucción ante la pérdida de decenas de miles de viviendas

José Manuel Restrepo advirtió que la emergencia humanitaria es solo la primera etapa. “Vamos a necesitar, además, todos sus impulsos, todos sus esfuerzos, porque superado este primer momento viene la fase de reconstrucción, y esta fase es compleja, porque fueron decenas de miles de casas las que se perdieron”, afirmó.

Añadió que no solo se perdieron viviendas. Señaló que hay familias que se quedaron sin hogar y otras sin sus comercios, que en muchos casos eran su única fuente de ingresos.

También sostuvo que la tragedia dejó al descubierto la capacidad de reacción solidaria del país. “Muestra también la solidaridad que siempre ha tenido Colombia, sin distingo de colores, de facciones, de ideologías, en momentos difíciles como el que hoy vive el país”, expresó.

Cuatro frentes de la respuesta empresarial

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, explicó que el sector empresarial trabaja en varios frentes para responder a la situación:

• Emergencia humanitaria, con provisión de alimentos y bebidas mediante una alianza con bancos de alimentos.
• Suministro de medicamentos para hospitales y puestos de salud a través de un banco de medicamentos.
• Creación de un banco de materiales de construcción para apoyar la fase posterior de reconstrucción.

Mac Master agregó que la Andi coordina estas acciones con distintas organizaciones para distribuir responsabilidades. El objetivo, según expuso, es asegurar trazabilidad y uso efectivo de los recursos.

Dentro de las entidades con las que avanzan conversaciones mencionó a la Fundación Mario Santo Domingo y al equipo que trabaja alrededor del despacho de la primera dama. El dirigente empresarial resumió que la respuesta busca cubrir la urgencia inmediata y preparar el siguiente paso en las zonas afectadas.

Mensaje del Gobierno al sector privado

Restrepo sostuvo que el Gobierno es “amigo de la iniciativa privada”. También afirmó que “cree en la necesidad de que la inversión privada tiene que crecer”. El vicepresidente dijo que para lograrlo se deben ofrecer garantías, confianza y seguridad física y jurídica a los empresarios. Sumó a eso la necesidad de promover “más empresarialidad” y de abrir espacio para nuevas inversiones en los próximos cuatro años.

Restrepo enumeró los sectores que, a su juicio, deben impulsar la economía:

• Agroindustria.
• Industria.
• Servicios basados en conocimiento.
• Energía.
• Turismo sostenible.
• Infraestructura.
• Minería.
• Hidrocarburos.
• Construcción.

“Que haya posibilidades para crecer más, para desarrollar sectores estratégicos como el sector agroindustrial, la industria, los servicios basados en conocimiento, la energía, el turismo sostenible, donde activemos de nuevo la infraestructura, la minería, los sectores de hidrocarburos, el sector de la construcción, entre otros”, expresó.

El vicepresidente cerró su intervención con un nuevo agradecimiento al empresariado. “Hoy de corazón quiero agradecerles y decirles que ese gesto muestra la resiliencia de Colombia, de su sector empresarial, pero muestra la solidaridad que siempre ha tenido Colombia sin distingo de colores, de partidos, de ideologías en momentos difíciles como este que hoy vive”, afirmó.

El mensaje final dejó planteado un trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el sector productivo. La apuesta oficial, según expuso el vicepresidente, es atender la emergencia y sostener después un esfuerzo compartido para la recuperación del país.

El dólar estadounidense cerró la jornada del 12 de agosto de 2026 en Colombia en un promedio de $3.127,78, lo que representó una subida de $4,52 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.123,28 . Según informó la plataforma Set-FX, durante el día se negociaron más de USD1.095 millones en 1.894 transacciones, con un precio de apertura de $3.126,51, un mínimo de $3.116,36 y un máximo de $3.137,00.

En la última semana, el dólar estadounidense registró una bajada del -1,29%, mientras que su variación interanual se sitúa en un -16,81%. El tipo de cambio del dólar estadounidense a peso colombiano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos tres días, reflejando una presión creciente sobre la moneda local.

Por su parte, tiene una volatilidad actual del 4,3%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 13,74%, el mercado muestra señales de estabilidad en este par de divisas.

Inflación en Estados Unidos

Dicho movimiento se dio debido a que, a nivel internacional, se conoció una baja de la inflación en Estados Unidos al 3,4%, dato que los mercados financieros consideraban como el más relevante de la semana. Según reportó Bloomberg, la cifra se ubicó en línea con las expectativas de los analistas y marcó un alivio para los inversionistas, quienes venían anticipando un comportamiento volátil de la moneda ante la publicación de los indicadores.

Terremoto en Colombia

A nivel nacional, los mercados colombianos enfocan su atención en los primeros días de gestión de Abelardo de la Espriella, que asumió la Presidencia de Colombia el 7 de agosto.

La Administración enfrenta el reto de la emergencia debido al terremoto del 10 de agosto de 2026, situación que llevó al Gobierno a declarar una emergencia económica y anunciar medidas de apoyo a las zonas afectadas, priorizando la reconstrucción. A las 5:00 p. m. del 13 de agosto, el terremoto dejaba 273 muertos.

Al mismo tiempo, la relación bilateral con Estados Unidos adquirió protagonismo ante la confirmación del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, sobre la solicitud de operaciones conjuntas contra el narcoterrorismo.

Dólar en casas de cambio

El precio del dólar en Colombia bajó de manera considerable en 2026 en el mercado regulado, debido, principalmente, a la emisión de deuda del Gobierno y los resultados de las elecciones presidenciales, así como la guerra entre Estados Unidos e Irán, lo que hizo que en el mercado cambiario, es decir, en las casas de cambio del país, el dólar se compre y se venda, en la mayoría, entre $3.300 y $3.500.

Con exactitud, el precio promedio de compra a nivel nacional, el 13 de 2026, fue de $3.308,57, mientras que el de venta resultó de $3.424,29.

Lo hacen de la siguiente manera:

• Money Max: compra: $3.200. Venta: $3.300.
• Cambios Kapital: compra: $3.250. Venta: $3.330.
• Nutifinanzas: compra: $3.150. Venta: $3.330.
• Smart Exchange: compra: $3.270. Venta: $3.330.
• Cambios Vancouver: compra: $3.260. Venta: $3.330.
• Cambios y Divisas Chipichape: compra: $3.200. Venta: $3.350.
• Cambios El Poblado: compra: $3.830. Venta: $4.000.

Dólar por ciudades

De igual forma, el precio promedio en las casas de cambio en las ciudades estuvo en $3.380 para compra y en $3.420 para venta. Exactamente estuvo así:

• Bogotá D.C.: compra: $3.200. Venta: $3.340.
• Medellín: compra: $3.330. Venta: $3.5480.
• Cali: compra: $3.200. Venta: $3.350.
• Cartagena: compra: $3.750. Venta: $3.980.
• Cúcuta: compra: $3.270. Venta: $3.310.
• Pereira: compra: $3.730. Venta: $3.800.

Por qué está más barato el dólar en las casas de cambio

El hecho de que el dólar se compre y venda más barato en casas de cambio se registra porque el mercado de las divisas extranjeras en Colombia se divide en regulado y cambiario.

En el primero se hacen todas las operaciones por medio de intermediarios, bancos y entidades financieras. Por tal motivo, funciona en grandes cantidades o “al por mayor”. Las divisas en este mercado se transan en el sistema de negociación electrónica Set-FX, en donde se fija el precio del dólar por oferta y demanda.

Por otra parte, está el mercado cambiario, que no está regulado e incluye remesas, giros y compra de monedas en casas de cambio, que son hechas por personas naturales. Se trata de un mercado minorista. Aquí se negocia en dólares fijos y de manera directa, por eso sus precios varían.

Hay que tener en cuenta que la TRM es fijada de acuerdo con el resumen contable de las operaciones reguladas que pasaron por todos los intermediarios, como los bancos, entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m. en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc). Por su parte, las operaciones en casas de cambio no se pueden medir diariamente porque responden a fluctuaciones del mercado de billetes físicos.

El impacto del terremoto del 10 de agosto de 2026 en Colombia puso bajo presión una gran parte del aparato productivo de cinco departamentos del país, donde se concentran 269.786 empresas y 1.396.020 empleos formales potencialmente afectados. En esas zonas predominan los negocios de menor tamaño.

Las zonas más afectadas por el sismo de magnitud de 7,4 concentran 269.786 empresas responsables de 1.396.020 empleos formales, el 15% del empleo formal del país, según la línea base de la Red de Cámaras de Comercio. El análisis abarca 127 municipios de Chocó, Quindío, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas, donde viven cerca de 7,98 millones de personas y funcionan 237.774 establecimientos potencialmente afectados.

La base de referencia se elaboró con información del Registro Único Empresarial y Social (Rues) y la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila). Por actividad económica, el comercio es el principal sector empresarial en las zonas analizadas, seguido por los servicios, la industria manufacturera y las actividades profesionales y técnicas.

Microempresas y empleo, en la zona de mayor riesgo

Del total de compañías identificadas, 250.628 son microempresas, equivalentes al 93% del tejido empresarial de los departamentos con mayor afectación. Según la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras), este segmento tiene menor capacidad para absorber pérdidas, mantener el empleo y reanudar con rapidez sus operaciones ante una emergencia.

La composición aumenta el riesgo de una interrupción prolongada de la actividad económica. “En una emergencia de esta magnitud es tan importante atender a las personas como proteger las empresas que generan empleo y sostienen la economía de las regiones”, afirmó el presidente de Confecámaras, Nicolás Botero-Páramo Gaviria.

Sobre esto, el dirigente gremial dijo que “se evidencia que una eventual interrupción prolongada de la actividad económica tendría efectos sobre el empleo, el abastecimiento y la dinámica productiva regional”.

Cali, Pereira, Manizales y Armenia concentran la mayor exposición

Las jurisdicciones de las cámaras de comercio de Cali, Pereira, Manizales y Armenia reúnen 189.754 empresas. Esa cifra equivale al 70% del tejido empresarial de los departamentos más afectados. En esas mismas zonas se registran 1.152.119 empleos formales. El volumen representa el 83% del empleo de las regiones evaluadas.

Cali concentra el mayor peso, con 106.342 empresas y 790.746 empleos formales. Le siguen:

• Pereira: 31.229 empresas y 152.785 empleos.
• Manizales: 27.203 empresas y 120.946 empleos.
• Armenia: 24.980 empresas y 87.642 empleos.

Por actividad económica, el comercio es el principal sector empresarial en las zonas afectadas por el terremoto, seguido por:

• Servicios.
• Industria manufacturera.
• Actividades profesionales y técnicas.

Una interrupción prolongada de estas actividades podría afectar el empleo, el abastecimiento y la dinámica productiva regional.

La densidad empresarial revela brechas en la recuperación

El análisis fija en 34 empresas por cada 1.000 habitantes la densidad empresarial promedio de los territorios priorizados. Pereira registra 46 y Armenia 45, las cifras más altas entre las zonas destacadas. En el otro extremo aparecen Chocó, con 16 empresas por cada 1.000 habitantes, y Buenaventura, con 21. Esa diferencia refleja un tejido productivo con menor densidad empresarial frente a otros territorios incluidos en el análisis.

La comparación muestra que algunos territorios enfrentan el proceso de recuperación con una base empresarial más débil. Esa condición incide en la capacidad de recuperar la actividad económica.

Caracterización de daños buscará orientar la reactivación

Ante ese panorama, la Red de Cámaras de Comercio habilitó un proceso de caracterización de afectaciones para empresarios y comerciantes de las zonas impactadas.

El objetivo es:

• Identificar daños.
• Estimar pérdidas económicas.
• Aportar información para coordinar acciones de recuperación entre las autoridades nacionales y territoriales.
• Apoyar la continuidad de las actividades productivas.

Según la organización, durante 2026 esa estructura ha apoyado a más de 360.000 unidades productivas. La información recogida en esta etapa busca servir de base para definir prioridades y focalizar las medidas de recuperación.

El tamaño del desafío en las zonas afectadas no se limita a la infraestructura. La salida de la emergencia también depende de cuántos negocios logren retomar operaciones y de cuántos puestos de trabajo puedan sostenerse.

La Vicepresidencia de Colombia se refirió a la información que trascendió en varios medios de comunicación sobre el posible retiro forzado de pensionados que trabajan como funcionarios: negó que promueva, prepare o haya propuesto un decreto para sacar a estos, incluidos docentes.

La entidad también aseguró que no impulsa esa medida, que no tiene competencia para expedir decretos del Gobierno nacional y que tampoco es cierto que el vicepresidente José Manuel Restrepo haya hecho las declaraciones que algunas versiones le atribuyeron sobre esa supuesta iniciativa.

Con exactitud, la Vicepresidencia afirmó a medios como Portafolio y Valora Analitik que “ni ha propuesto ningún decreto para ordenar el retiro de funcionarios públicos pensionados, incluidos los docentes”. También señaló que “no se ha impartido instrucciones, adelantado gestiones o formulado una propuesta en ese sentido”.

Los medios añadieron que la Vicepresidencia sostuvo que Restrepo no está promoviendo ni preparando una norma de esa naturaleza. Además, reiteró que esa oficina no expide decretos del Ejecutivo.

Así las cosas, la entidad negó igualmente que Restrepo hubiera pronunciado las declaraciones que algunos medios le atribuyeron. La aclaración surgió después de la circulación de versiones sobre una eventual norma para retirar del cargo a servidores pensionados. Con esto, hay un alivio para los docentes, ya que serían los más golpeados con una medida de esta magnitud.

Qué decían las versiones sobre el retiro de pensionados

Las versiones que motivaron el pronunciamiento hablaban de una medida para sacar del servicio a empleados públicos que ya reciben pensión y siguen vinculados al Estado. La supuesta iniciativa se presentaba como una vía para facilitar el relevo generacional en la administración pública y abrir espacios para nuevos profesionales.

Dentro del rumor se decía que el texto oficial todavía no se había divulgado y tampoco se conocía la fecha de expedición. Además, que sindicatos, gremios educativos, el magisterio y Fecode seguían el tema por su posible impacto jurídico.

Qué dice la ley sobre retiro forzoso y permanencia

El marco legal distingue entre el retiro forzoso por edad y la permanencia voluntaria en el cargo de quien ya reúne condiciones para pensionarse. La Ley 1821 de 2016 elevó la edad máxima de retiro forzoso de 65 a 70 años para quienes ejercen funciones públicas. Dicho apartado de la norma en estos términos: “La edad máxima para el retiro del cargo de las personas que desempeñen funciones públicas será de setenta (70) años. Una vez cumplidos, se causará el retiro inmediato del cargo que desempeñen sin que puedan ser reintegradas bajo ninguna circunstancia”.

Ese supuesto no equivale al caso de un servidor que ya obtuvo o tramita su pensión. El Departamento Administrativo de la Función Pública indicó que quien haya cumplido o cumpla los requisitos para pensionarse y cuente con resolución de reconocimiento o trámite en curso puede optar por seguir en el puesto hasta los 70 años.

La entidad explicó que “el empleado que haya cumplido o cumpla los requisitos para adquirir el derecho a la pensión de jubilación y cuente con resolución de reconocimiento de pensión o se encuentre en trámite, podrá acogerse a la opción voluntaria de permanecer en el cargo hasta la edad de retiro forzoso (70 años), siempre y cuando informe tal situación al empleador para que se postergue el pago de la respectiva pensión, en este caso la entidad deberá respetar la opción voluntaria del empleado”.

Recordó que hay servidores que alcanzaron la edad de jubilación sin completar los aportes requeridos para pensionarse. En Colpensiones, el requisito mencionado por ese medio es de 1.300 semanas.

Aclaración sobre la desvinculación

El punto distinto es la desvinculación de quien ya obtuvo pensión y fue incluido en la nómina de pensionados. El Concepto 139191 de 2023 de Función Pública dice que “constituye causal para desvincular a un empleado público el haber obtenido la pensión de jubilación o vejez, siempre y cuando además de la notificación del reconocimiento de la pensión, se le notifique debidamente su inclusión en la nómina de pensionados correspondiente”.

Dicho criterio se apoya en la Ley 797 de 2003 y la Ley 100 de 1993. Ambas permiten terminar la relación laboral o reglamentaria cuando la pensión ya fue reconocida y el servidor entra en la nómina de pensionados.

Además, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-1037 de 2003, fijó un límite para ese procedimiento. Entonces, el retiro solo procede cuando la entidad competente notifica formalmente la inclusión del trabajador en la nómina de pensionados.

Función Pública también precisó que no define casos concretos dentro de cada entidad. El concepto aclara que esa decisión corresponde a la autoridad empleadora y nominadora, en ejercicio de su autonomía administrativa y presupuestal. Bajo ese criterio, la salida del cargo debe ocurrir cuando el pago de la pensión ya puede hacerse efectivo. Así, el paso entre el fin de la relación laboral y el inicio de la mesada pensional no debe dejar al trabajador sin ingreso.

El economista Ricardo Valencia fue designado por el gobierno de Abelardo de la Espriella como nuevo director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Se espera que el nombramiento quede en firme en las próximas horas, lo que supondrá un relevo clave en la entidad encargada de la información estadística en Colombia.

Con una trayectoria de más de 20 años en gerencia de impacto, analítica avanzada y políticas públicas, Valencia ha ocupado posiciones de liderazgo en distintos organismos. Entre 2018 y 2022, acompañó al exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo como subdirector de la entidad, donde coordinó operaciones estadísticas vinculadas a la economía circular, según registros institucionales.

Valencia es economista de la Pontificia Universidad Javeriana, donde también cursó estudios de maestría. En la actualidad, lidera como CEO y cofundador la firma Algebra Labs, especializada en asesoría para la estructuración de ecosistemas de datos, de acuerdo con su perfil profesional.

Durante su gestión anterior en el Dane, Valencia estuvo a cargo de la gerencia de la cadena de valor de producción estadística, abarcando procesos como la recolección de información en campo, procesamiento de datos, planeación de censos y desarrollo de encuestas nacionales. Además, ha desempeñado funciones como director estratégico en iniciativas de cooperación internacional, consultor en gestión de datos y coordinador de programas de análisis económico, lo que refuerza su perfil para asumir el liderazgo de una de las entidades clave para la toma de decisiones económicas y sociales en Colombia.

En desarrollo...

Un terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto de 2026, hacia las 7:34 a. m.. Tuvo epicentro en San José del Palmar, Chocó, y se sintió en distintas regiones y dejó afectaciones sobre todo en Chocó, Risaralda, Caldas y Valle del Cauca. El sismo volvió urgente una obligación que ya pesaba sobre edificios y conjuntos residenciales. Ante los daños reportados en viviendas, edificaciones y copropiedades, la Ley 675 de 2001 cobró de nuevo importancia por exigir cobertura sobre bienes comunes ante incendio y terremoto.

Y es que los conjuntos residenciales en Colombia están obligados a tener pólizas que cubran incendio y terremoto sobre los bienes comunes susceptibles de aseguramiento. Si un sismo causa daños, la administración debe revisar la póliza vigente, informar el siniestro a la aseguradora, pedir inspección y valoración, y actuar con soporte técnico antes de autorizar el ingreso a inmuebles con afectación estructural.

Con exactitud, la norma regula la propiedad horizontal y, en el artículo 15, señala que los edificios o conjuntos “podrán constituir pólizas de seguros que cubran los riesgos de incendio y terremoto y que garanticen la reconstrucción total de los inmuebles”.

Dicho artículo, en su parágrafo primero, añade que “será obligatoria la constitución de pólizas de seguros que cubran los riesgos de incendio y terremoto sobre los bienes comunes susceptibles de ser asegurados”. La coexistencia no extiende de manera automática la cobertura a cualquier bien del edificio. La obligación estricta recae sobre los bienes comunes que puedan asegurarse, mientras la ley además prevé pólizas orientadas a respaldar la reconstrucción total del inmueble.

La ley también fija el destino principal del pago que surja de ese seguro. “La indemnización debe destinarse, en primer término, a la reconstrucción del edificio o conjunto cuando esta sea procedente”, dice.

Qué exige la ley a las copropiedades y a sus administradores

Dentro de la copropiedad, la responsabilidad operativa recae primero sobre la administración. Dentro de sus funciones está conservar y proteger los bienes comunes, de modo que la gestión de la póliza, la contratación, su vigencia y la revisión de coberturas forman parte de sus deberes.

Así las cosas, el Consejo de Administración también tiene tareas concretas. Debe:

• Ejercer control y seguimiento para verificar que la protección de los bienes comunes sí se atienda y que la copropiedad no deje vencer sus coberturas.
• Los bienes comunes incluyen elementos necesarios para la estabilidad, la conservación y la seguridad del edificio o conjunto. Allí entran estructuras, cimientos, fachadas, cubiertas y otras áreas e instalaciones comunes.

Ese alcance importa porque, después de un terremoto, la revisión no puede limitarse al interior de cada apartamento. La administración debe establecer si hay afectaciones en esos componentes y definir, con las evaluaciones del caso, cuáles requieren intervención. La póliza colectiva tampoco reemplaza la protección de los bienes privados de cada propietario. Los dueños pueden contratar seguros adicionales para sus bienes particulares con el fin de complementar la cobertura de las áreas comunes.

Qué deben hacer los conjuntos si el sismo causa daños

Tras un evento sísmico, es necesario:

• Revisar de inmediato la póliza vigente.
• La administración debe identificar qué amparos están activos y qué procedimiento exige la aseguradora para informar un eventual siniestro.
• Si aparecen daños, corresponde informarlos a tiempo a la compañía y solicitar inspección y valoración.
• La existencia de una póliza no significa que cualquier afectación quede cubierta, porque la respuesta depende de condiciones, exclusiones y valores asegurados.
• Debe verificarse si existen coberturas adicionales útiles en la emergencia. Entre ellas pueden figurar, si están expresamente pactadas, gastos de alojamiento temporal para familias afectadas.
• La administración además debe mantener informados a los copropietarios sobre las gestiones hechas, el estado de las reclamaciones y las medidas de seguridad adoptadas. En paralelo, debe adelantar las reparaciones y obras necesarias para restablecer condiciones adecuadas de seguridad.

Al respecto, la presidenta ejecutiva de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, Lina María Torrado, pidió actuar con rapidez, pero con prioridad en la integridad de las personas.

“En momentos como este, nuestra prioridad debe ser la vida y la seguridad de las personas, pero también debemos actuar rápidamente para proteger los hogares y el patrimonio de miles de familias. Hacemos un llamado a los administradores y órganos de administración de las copropiedades para que activen los mecanismos de protección con los que cuentan y adelanten las gestiones necesarias frente a las aseguradoras”, dijo.

Cuando hay daños estructurales, la recomendación es más estricta. No debe autorizarse el ingreso o la permanencia de personas sin conceptos y evaluaciones técnicas previas.

Cuántos inmuebles están asegurados ante terremoto en Colombia

El sismo también activó los protocolos del sector asegurador para atender a personas, empresas y copropiedades afectadas. La Federación de Aseguradoresde Colombia (Fasecolda) informó que las compañías habilitaron canales para recibir reclamaciones por medio de líneas telefónicas, páginas web, aplicaciones y puntos de atención oficiales.

Quienes tengan una póliza y hayan sufrido afectaciones en su integridad, salud o bienes deben:

• Comunicarse con su aseguradora y seguir las instrucciones para presentar la reclamación.
• Registrar los daños con fotos o videos, siempre que hacerlo no implique riesgo, y evitar reparaciones definitivas o desechar elementos dañados antes de recibir indicaciones, salvo que sea indispensable para proteger la vida, evitar nuevos daños o cumplir una orden de la autoridad.

En todo el país hay 2.258.594 viviendas aseguradas contra terremoto. En las zonas de mayor afectación, que abarcan 105 municipios de siete departamentos, hay 442.514 riesgos asegurados.

De ese total en las áreas más golpeadas:

• 277.308 corresponden a hogares.
• 8.510 a copropiedades.
• 128.359 son riesgos privados.
• 28.337 son riesgos públicos.

Fasecolda aclaró que esas cifras describen inmuebles asegurados, no daños confirmados en todos ellos. Los riesgos privados incluyen inmuebles empresariales, también industriales y pequeñas y medianas empresas, mientras los públicos abarcan parte de la infraestructura crítica, como hospitales y colegios.

Después de la urgencia inmediata, administradores, consejos y propietarios tienen otra tarea pendiente: revisar protocolos de prevención, mantenimiento, gestión del riesgo y aseguramiento puede definir la capacidad de una copropiedad para responder cuando otro sismo deje de ser una hipótesis y se convierta en un costo sobre su patrimonio compartido.