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Inzunza se reincorpora al Senado tras licencia de menos de un día

El Senador de Morena por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, notificó formalmente su reincorporación al cargo el 29 de mayo, mediante un oficio dirigido a Laura Itzel Castillo Juárez, Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, con sello de recibido a las 2:58 horas.

La licencia, solicitada para ausentarse durante la sesión extraordinaria convocada los días 28 y 29 de mayo, tuvo una duración de menos de 24 horas.

El senador había asegurado el jueves, a través de sus redes sociales, que se encontraba en Ciudad de México, en el Senado de la República, desde donde presentó su solicitud de licencia.

Sin embargo, no hubo registro de su ingreso al recinto legislativo ni de que acudiera a sus oficinas durante esa jornada.

Los trabajos del periodo extraordinario se extendieron durante toda la noche y madrugada.

Para cubrir su ausencia en el pleno, tomó protesta como Senador suplente a Omar López Campos, quien solicitó una licencia de dos días a su cargo como Secretario de Bienestar y Desarrollo Social de Sinaloa.

López Campos es considerado un cercano colaborador del Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, también señalado por autoridades estadounidenses.

El Senador Inzunza Cázarez fue incluido el 29 de abril en una lista difundida por autoridades de Estados Unidos, junto a Rocha Moya, el Alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez y siete ex funcionarios de Sinaloa, todos señalados por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Desde entonces, Inzunza Cázarez no había realizado apariciones públicas, limitando sus posicionamientos a publicaciones en redes sociales.

Según el Reglamento del Senado de la República, para solicitar una licencia el legislador solo está obligado a presentar un escrito con firma autógrafa, el cual puede ser entregado a la Junta de Coordinación Política por conducto de un auxiliar, sin que sea necesaria la presencia física del Senador en el recinto.

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Senado avala nulidad de elecciones por injerencia extranjera; reforma va a congresos estatales

El Senado de la República aprobó una reforma constitucional que permitirá anular elecciones cuando autoridades electorales acrediten la intervención de personas, organizaciones o gobiernos extranjeros en los procesos democráticos del país.

La modificación incorpora una nueva causal de nulidad al artículo 41 de la Constitución. Además, faculta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para invalidar elecciones cuando determine que una intervención extranjera influyó en los resultados.

Morena defiende la medida

Legisladores de Morena afirmaron que la reforma fortalecerá la soberanía nacional y protegerá los procesos electorales de influencias externas.

El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara explicó que la iniciativa permitirá atender casos relacionados con campañas de desinformación, financiamiento irregular, propaganda extranjera o manipulación digital.

También señaló que las autoridades deberán presentar pruebas para acreditar cualquier intervención denunciada.

Por su parte, el senador Raúl Morón aseguró que la reforma no otorga facultades discrecionales para invalidar elecciones. Agregó que el Tribunal Electoral será la única instancia encargada de resolver estos casos.

Oposición cuestiona alcances

Senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra de la propuesta.

Los legisladores argumentaron que la reforma no establece criterios claros para determinar cuándo existe injerencia extranjera ni cómo se medirá su impacto en una elección.

El senador Luis Donaldo Colosio consideró que la iniciativa deja espacios para interpretaciones amplias. En tanto, legisladores de otras bancadas advirtieron que futuras autoridades podrían aplicar la norma de manera discrecional.

Reforma pasará a congresos estatales

Tras su aprobación en el Senado, la iniciativa continuará su proceso legislativo en los congresos estatales.

La reforma requerirá el respaldo de al menos 17 legislaturas locales para incorporarse a la Constitución.

Si obtiene ese aval, las autoridades deberán elaborar reglas específicas para definir los procedimientos y criterios de aplicación.

La propuesta forma parte del paquete de reformas electorales y judiciales que actualmente analiza el Congreso de la Unión.

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