MEXICALI, B.C, AGOSTO 5, 2026.- La diputada Santa Alejandrina Corral Quintero presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado de Baja California para incorporar un modelo permanente de gestión integral de riesgos, con el propósito de proteger la infraestructura de los planteles educativos y garantizar que las actividades escolares no se interrumpan por robos, actos vandálicos o contingencias.

La propuesta contempla una reforma para que la Autoridad Educativa Estatal, en coordinación con las instancias competentes, implemente mecanismos permanentes para prevenir, atender y mitigar los riesgos, con el objetivo de proteger el patrimonio destinado a la educación y asegurar la continuidad del servicio público educativo.

La legisladora señaló que el derecho a la educación no depende únicamente de los planes de estudio y del personal docente, sino también de que las escuelas cuenten con instalaciones seguras y funcionales, sin embargo, en Baja California diversos planteles han sufrido robos, daños en instalaciones eléctricas e hidráulicas, sustracción de equipo y actos vandálicos que, en algunos casos, han obligado a suspender clases durante semanas o meses.

Indicó que mientras se realizan los procedimientos administrativos y presupuestarios para reparar los daños, se perjudica directamente a miles de estudiantes, por ello, considera necesario establecer un esquema preventivo que permita reducir los tiempos de respuesta institucional y fortalecer la capacidad del Estado para atender estas contingencias.

La iniciativa establece que las autoridades deberán identificar y evaluar los riesgos; diseñar estrategias preventivas; implementar mecanismos para atender oportunamente los daños; incorporar instrumentos administrativos, financieros o presupuestarios conforme a la disponibilidad de recursos; y promover la coordinación entre las dependencias responsables para fortalecer la resiliencia de los planteles educativos.

Asimismo, la diputada precisó que la reforma no invade las atribuciones del Poder Ejecutivo ni obliga a contratar seguros o realizar un gasto específico y explicó que la propuesta únicamente incorpora un principio rector dentro de la Ley de Educación, dejando a la administración pública la definición de las herramientas técnicas y financieras más adecuadas para su implementación.

Corral Quintero destacó que la iniciativa prevé que la implementación de este modelo se realice de manera progresiva, con cargo a los recursos autorizados para las dependencias competentes y sin crear estructuras administrativas adicionales ni generar erogaciones extraordinarias, con el fin de consolidar una política pública que fortalezca la seguridad y operatividad de los planteles educativos de Baja California.

MEXICALI, JULIO 26, 2026.- Ante la crisis que enfrentan cientos de familias que continúan buscando a un ser querido desaparecido, la diputada Santa Alejandrina Corral Quintero presentó un exhorto para que la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Judicial de Baja California informen al Congreso cuáles son las necesidades operativas, técnicas, científicas y presupuestales que impiden fortalecer los procesos de identificación humana y reducir el rezago de cuerpos y restos sin identificar.

En la propuesta, la legisladora manifestó la disposición del Congreso del Estado para impulsar las medidas legislativas que contribuyan a fortalecer las capacidades del Estado en materia de identificación humana y atención a familias de personas desaparecidas. Asimismo, solicitó que la información requerida sea entregada en un plazo no mayor a 30 días naturales, con el objetivo de avanzar hacia una respuesta institucional más efectiva.

En la exposición de motivos, Santa Alejandrina Corral Quintero recordó que, en diversos casos documentados en el país, personas reportadas como desaparecidas permanecieron durante años bajo resguardo institucional sin ser identificadas, lo que evidenció fallas en los procesos forenses y prolongó el sufrimiento de sus familiares.

La diputada señaló que la iniciativa cobra especial relevancia en Baja California, donde recientemente colectivos de búsqueda localizaron al menos 44 cuerpos y restos humanos en fosas clandestinas de la zona de Miguel Alemán, en el Valle de Mexicali. Indicó que este hallazgo refleja la magnitud del reto que enfrentan las autoridades para procesar, analizar, resguardar e identificar los restos humanos, además del rezago existente en confrontas genéticas y expedientes pendientes.

Corral Quintero subrayó que el Congreso ya había aprobado anteriormente un exhorto para solicitar información sobre el número de cuerpos sin identificar, el estado de las confrontas genéticas y las acciones implementadas para fortalecer la identificación humana; sin embargo, señaló que esa petición no ha sido atendida en los términos solicitados, por lo que consideró necesario insistir en obtener información que permita construir soluciones de fondo.

El exhorto también solicita a ambas instituciones remitir un informe detallado que incluya las necesidades de contratación y capacitación de especialistas en medicina, genética, antropología, odontología y criminalística forense; los requerimientos de infraestructura, laboratorios y tecnología; el estado del rezago en los procesos de identificación; los recursos presupuestales indispensables y las reformas legales que consideren necesarias para fortalecer estas tareas.