Presentan iniciativa “Libertad para Morir” que busca permitir eutanasia en CDMX ¿Firmas su aprobación?
Con el firme propósito de garantizar que el final de la vida humana sea transitado en un contexto de respeto a la autonomía, los derechos humanos y la dignidad, integrantes del Comité Promotor Libertad para Morir presentaron públicamente una propuesta medular: expedir la Ley de Asistencia Médica para Morir en la Ciudad de México.
Esta iniciativa ciudadana busca que se legalice de forma definitiva la eutanasia en la CDMX, abriendo canales digitales para que la población se sume y firme en apoyo a su aprobación.
La propuesta es promovida de manera laica e interdisciplinaria por los especialistas María Asunción Álvarez del Río, Beatriz Vanda Cantón, Jorge Enrique Linares Salgado y Pedro Isabel Morales Aché, asociados de Libertad para Morir AC.
El proyecto plantea que la ayuda médica para morir sea integrada formalmente como un derecho y un servicio público de salud gratuito dentro de la CDMX, permitiendo que pacientes con sufrimientos físicos o mentales intolerables por enfermedades graves e incurables decidan el momento de su deceso.
Para que el Congreso de la Ciudad de México analice y vote esta iniciativa con el carácter de preferente, el comité promotor requiere recabar de manera electrónica las firmas de por lo menos el 0.25% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores local, utilizando la aplicación móvil del Instituto Nacional Electoral (INE). Con este mecanismo democrático, se busca que la capital mexicana se convierta en punta de lanza en el país, basándose en el artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México, el cual mandata explícitamente que el derecho a una vida digna contiene de forma implícita el derecho a una muerte digna.
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Aunque la eutanasia activa y el auxilio al suicidio siguen penalizados en los códigos locales del país con distintas atenuantes por piedad o razones humanitarias, la Constitución de la CDMX modificó el panorama en 2017 al blindar el derecho a la autodeterminación personal. Incluso, tras una impugnación de la entonces Procuraduría General de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la constitucionalidad de la muerte digna en la Carta Magna capitalina.
A nivel nacional, el debate ha tomado fuerza en el Congreso de la Unión mediante foros y la presión social de campañas como la Ley Trasciende, impulsada por la activista Samara Martínez, reuniendo más de 128 mil firmas de apoyo.
No obstante, los promoventes de Libertad para Morir AC aclaran que la vía idónea es el ámbito local, dado que la regulación de los delitos contra la vida y la salud es competencia directa de los congresos locales. Asimismo, el Comité argumenta que el artículo 166 Bis 21 de la Ley General de Salud federal, que prohíbe explícitamente la eutanasia, invade las facultades de los estados y resulta inconstitucional bajo los principios de progresividad y derechos humanos.
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