El diputado local Sergio Ricardo Huerta Leggs encendió el debate en el Congreso del Estado al denunciar públicamente la existencia de presiones políticas y económicas que buscan frenar la iniciativa ciudadana para consolidar a Cabo San Lucas como el sexto municipio de Baja California Sur. Durante la sesión ordinaria de este 2 de junio de 2026, el legislador afirmó que personajes del sector empresarial han comenzado a utilizar sus influencias en los partidos políticos para congelar el dictamen que pretende bajar el umbral de participación del electorado, un paso indispensable para que la comunidad decida de forma democrática su autonomía administrativa.

La confrontación legislativa escaló cuando el presidente de la comisión especial, plural y coadyuvante señaló de manera directa al presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Julio Castillo, de enviar mensajes e intervenir de manera cupular para retirar el tema de la orden del día. Sergio Huerta advirtió que la delegación sanluqueña padece un rezago social histórico insostenible en sus colonias periféricas, el cual contrasta drásticamente con la opulencia de la zona hotelera y turística, una disparidad que fundamenta la urgencia de otorgarle facultades presupuestales propias a la demarcación.

Para la base de ciudadanos iniciadores que acudieron a la alta tribuna, la creación del nuevo municipio representa un acto de justicia social y financiera. El representante popular argumentó que la actual distribución de los recursos públicos castiga el desarrollo de las familias locales, toda vez que de cada peso generado en la delegación, solo se regresa un porcentaje mínimo para obra pública e infraestructura básica. La propuesta se mantiene bajo análisis de la comisión dictaminadora que preside la diputada Alondra Torres, donde los legisladores locales definirán si ceden ante los intereses comerciales o respaldan el mandato popular.

“Si las cosas estuvieran bien en la delegación de Cabo San Lucas, esta iniciativa no tendría razón de ser… El Poder Legislativo es autónomo, hasta donde yo me quedé, somos autónomos, que no nos falten las ganas de venir a defender a quien juramos defender.” — Sergio Ricardo Huerta Leggs, diputado local en Baja California Sur.

La justificación técnica de la iniciativa ciudadana radica en la enorme disparidad entre la recaudación fiscal y la inversión pública gubernamental. El legislador Sergio Huerta expuso estadísticas contundentes al señalar que Cabo San Lucas produce el 57 por ciento de los ingresos totales que recauda el municipio de Los Cabos. Sin embargo, la infraestructura urbana de colonias como la 4 de Marzo, Vista Azul, Caribe Bajo y Real Unidad refleja un abandono sistémico por parte de las autoridades municipales, situación que ha posicionado este conflicto en las principales tendencias de búsqueda de la plataforma de Google en la media península.

“Cabo San Lucas produce el 57 por ciento de todo lo que recauda el municipio de Los Cabos… ¿Y qué le devuelven? No le devuelven nada, le devuelven por cada peso que produce, 20 centavos. Entonces, es por eso el desequilibrio que hay, tanto rezago.” — Sergio Ricardo Huerta Leggs, diputado local en Baja California Sur.

Aunado al debate de la municipalización, el legislador aprovechó su intervención en el recinto parlamentario de La Paz para fijar una postura enérgica respecto a los recientes hechos delictivos de alto impacto ocurridos en San José del Cabo. El diputado envió sus condolencias a las familias de las personas que perdieron la vida en dichos ataques y arremetió contra los servidores públicos coludidos con la delincuencia organizada. Exigió que las corporaciones policiacas y la fiscalía general apliquen todo el peso de la ley contra los “malditos corruptos” que debilitan las estrategias de pacificación estatales, un tema que mantiene bajo alerta al Ayuntamiento de La Paz a través de operativos preventivos.

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El cargo Diputado Sergio Huerta acusa presiones empresariales contra el sexto municipio en Los Cabos apareció primero en Tribuna de México.

La Regidora por el PRI en el Cabildo de Culiacán, Erika Sánchez Martínez, acusó irregularidades en el manejo de la obra pública municipal y señaló que existen inconsistencias millonarias en los presupuestos aprobados, por lo que insistió en la necesidad de una auditoría al Ayuntamiento.

aseguró que desde el inicio de la actual administración han solicitado revisiones por presuntos subejercicios y falta de transparencia, particularmente en el área de obra pública.

“A ver, esa es una auditoría que hemos solicitado nosotros desde que llegamos a esta administración. Lo primero es el tema de los subejercicios. Esta ha sido la administración, sin lugar a dudas, más opaca en la historia del municipio. No se cuenta con información y particularmente en tema de obra pública, no existió un un documento que es el programa anual de obra pública que debe de estar expuesto en redes sociales en función de transparencia que te indique cuántos recursos se va a invertir y en qué se va a invertir ese recurso”, declaró.

Destacó que durante 2024 y 2025 no existió un Programa Anual de Obra Pública aprobado por Cabildo ni publicado conforme a las obligaciones de transparencia.

Explicó que dicho documento es indispensable porque establece cuánto recurso se invertirá y en qué proyectos será aplicado, además de que debe ser avalado por el Cabildo.

“En todo el 2024 no hubo programa anual de obra pública, en todo 2025 tampoco y ahora en el 2026, gracias a una solicitud que presenté como regidora, se aprueba pasa por Cabildo. Pero esto es bien importante, esto no nada más se trata de un documento que se tenga que transparentar. Tiene que pasar por Cabildo”, dijo.

“Al no haber pasado por Cabildo toda la obra pública de los dos años anteriores, eso implica una irregularidad este que debió haber primero detectado el órgano interno de control y segundo debió haberlo detectado la Auditoría Superior del Estado”.

Sánchez Martínez cuestionó además que ni el Órgano Interno de Control ni la Auditoría Superior del Estado detectaran la ausencia de este documento durante dos años consecutivos.

“Está muy extraño que durante todo este tiempo no se habían dado cuenta que un documento tan importante donde se transparenta el uso del recurso público no haya tenido el ojo de la autoridad”, expresó.

Sobre el programa correspondiente a 2026, indicó que el presupuesto total contemplado para obra pública ronda los 575 millones de pesos; sin embargo, el documento aprobado por la mayoría oficialista solo contempla 223 millones de pesos.

Sánchez Martínez afirmó que existen inconsistencias entre lo presupuestado y lo que realmente se ejecutará en materia de infraestructura, además de criticar que diversos asuntos sean aprobados “fast track” en Cabildo sin suficiente respaldo documental.

También retomó el caso del reloj monumental instalado recientemente en Culiacán, al asegurar que el costo real fue cercano al millón de pesos y no de 290 mil pesos, como inicialmente se informó.

“Fueron 290 mil pesos de la infraestructura, de las flores y del mecanismo del reloj, pero se gastaron más de 600 mil pesos en la instalación eléctrica”, afirmó.

Añadió que este tipo de gastos contrastan con las necesidades actuales de la ciudad.

“Imagínense lo que representa para Culiacán ahorita en este momento con tantas necesidades, ver cómo los recursos se diluyen entre las manos por caprichos y ocurrencias de las autoridades en turno”, señaló.